CC.OO. ha presentado en Málaga la campaña de movilización social y sensibilización en defensa del Correo público, que tendrá su inicio en marzo y concluirá con una Huelga General en mayo si el Gobierno continúa por la senda de la pasividad y el abandono de Correos y no garantiza su viabilidad. Durante el acto, el responsable de dicho sindicato en Correos de Málaga, José Luis Martín, ha acusado al Gobierno de promover el "apagón postal" en la Comunidad Andaluza al recortar el presupuesto para el presente año de cerca del 50%, lo que se traduce en 22 millones de euros, y más de tres en la provincia de Málaga. Además, la organización sindical ha denunciado que Málaga ha perdido durante el pasado año 71 puestos de trabajo en Correos.
"El Gobierno castiga a Correos en Málaga con una disminución presupuestaria para el presente año de 3 millones de euros. Además, este recorte viene aderezado con una reducción del presupuesto destinado a la construcción, mejora y adaptación, compra y alquiler de locales", ha criticado el responsable de CC.OO. en Correos de Málaga, José Luis Martín.
En consecuencia, este apagón postal "está repercutiendo gravemente en una pérdida de empleo entre el 3 y el 8%". En Andalucía ya se han perdido cerca de 400 puestos de trabajo, de los cuales, 71 de ellos han sido en Málaga. Martín ha criticado que "en el último año no se han realizado obras de mejora ni de adaptación a pesar de las deficiencias en numerosos locales de la provincia de Málaga, entre ellos destacan el edificio de la jefatura provincial de Málaga, Ronda, Cártama Estación y Nueva Andalucía".
"El recorte económico es también visible en el parque automovilístico en el que nos podemos encontrar automóviles y motocicletas en mal estado que atentan contra el desempeño de las condiciones laborales, en Málaga hay afectados ya un camión y 20 motocicletas", ha destacado el representante sindical.
Las propuestas de CCOO pasan por la moratoria de la Directiva de la UE y, en su caso, una transposición negociada que contemple, entre otros puntos, la regulación de la competencia poniendo "barreras" a la entrada indiscriminada del sector privado, la designación por ley de Correos como prestador del Servicio Postal Universal (SPU) durante al menos 15 años, el establecimiento de garantías para el empleo, la creación de un sistema de financiación del SPU y de un plan estratégico que garantice la viabilidad económica de Correos.
Por otro lado, el Secretario general del Sector Postal de CC.OO., Regino Martín, y su homólogo en Andalucía Oriental, Manuel Garzón, han afirmado que esta política "está poniendo en claro riesgo la prestación del servicio postal universal y la sostenibilidad de la empresa". Por ello, la central sindical ha anunciado movilizaciones durante los próximos meses sin descartar una huelga general.
Según CC.OO., el proceso de liberalización postal al que Correos tendrá que hacer frente en enero de 2011 sigue su curso en un claro contexto de recesión económica y en un marco de abandono del operador postal por parte del Gobierno que ejerce su responsabilidad con Europa y "desatiende las postales en el ámbito nacional certificando con su falta de regulación y financiación la muerte del operador postal".
El sindicato señala que este recorte "viene aderezado con una reducción en la partida presupuestaria destinada a la construcción, mejora y adaptación, compra y alquiler de locales, cercana al 67,2%, (19 millones de euros)". Este descenso en la inversión ha producido que a lo largo del año pasado "no se haya producido en toda la Comunidad ninguna obra de adaptación y/o mejora a pesar de las deficiencias de locales y oficinas, como son los casos llamativos de Aznalcóllar y Pinomontano en Sevilla", ha apuntado CC.OO.
Este hecho demuestra, en opinión de los dirigentes sindicales, "el claro abandono y la política económica reactiva que está desarrollando la empresa, basada en la reposición de productos de primera necesidad, renunciando a las inversiones para modernizar Correos e iniciando la supresión de oficinas y puntos de atención al ciudadano como demuestra la absoluta paralización de la compra de locales y adjudicación de obras en el último año".
En este sentido, Martín ha ofrecido los datos a nivel estatal, que muestran un déficit en 2009 de 64 millones de euros y de 151 para 2010, un recorte aplicado por el Gobierno en la inversión productiva de más de un 43% (de 236 millones en 2008 a 140 en 2010) y una reducción de la financiación del Servicio Postal Universal (SPU) que ha pasado de los exiguos 94 millones de 2007 a los 75 millones actuales, cuando este Servicio "tuvo un coste real en 2007 de más de 240 millones de euros". Todo ello está provocando la "asfixia económica" de Correos, "poniendo en serias dudas su viabilidad, provocando el cierre de oficinas y cuestionando miles de empleos".
Asimismo CC.OO. advierte que la falta de financiación está provocando que la empresa esté reduciendo plantilla en Andalucía, especialmente en el ámbito urbano, donde en el último año se han eliminado 393 puestos de trabajo, cuya traducción es la reducción de la calidad de la prestación del servicio postal universal provocando que "muchos barrios se queden sin repartir o se repartan uno o dos días a la semana". La empresa "está haciendo juegos de malabares con las contrataciones sobredimensionando las zonas, sobrecargando a los trabajadores y obligándoles a repartir zonas anexas", según Garzón.
En el ámbito rural, y tratándose de una comunidad cuya densidad de población es muy baja, el cartero rural "cubre un papel de cohesión fundamental, y el hecho de que en el último año se hayan recortado 20 puestos perjudica notablemente el derecho de los ciudadanos a la prestación del servicio postal universal del que Correos es garante", explica Garzón.
Ante esta situación de "fehaciente abandono", CC.OO. ha propuesto al Ministerio de Fomento y Economía un Pacto de Estado por un servicio postal y operador público sostenible en el que plasma propuestas sobre regulación y financiación para hacer frente a la ausencia de modelo postal. Las propuestas del sindicato pasan por la moratoria de la Directiva y, en su caso, una transposición negociada que contemple entre otros puntos la regulación de la competencia poniendo "barreras" a la entrada indiscriminada del sector privado, la designación por ley de Correos como prestador del SPU durante al menos 15 años, el establecimiento de garantías para el empleo, la creación de un sistema de financiación del SPU y de un plan estratégico que garantice la viabilidad económica de Correos. CC.OO. reclama al Gobierno los más de 400 millones que dejará de ingresar en el periodo 2007-2009, así como, al menos, otros 800 para el periodo 2010-2012 para asegurar el servicio universal a la ciudadanía. Igualmente reclama un plan de inversiones plurianual 2010-2012 de 1.200 millones de euros para asegurar la competitividad y viabilidad empresarial del operador.
Finalmente tanto Martín como Garzón han anunciado que el sindicato impulsará una campaña de movilización social y sensibilización en defensa del correo público, que tendrá su inicio en febrero, y que en la comunidad se traducirá en concentraciones, paros parciales, movilizaciones en marzo y abril para que, con carácter inmediato, se tomen medidas y así evitar que Correos caiga en vía muerta, garantizar su viabilidad en el actual escenario y evitar la pérdida de miles de empleos. Del mismo modo, CC.OO. no descarta una huelga general en el sector para el mes de mayo si el Gobierno no atiende sus demandas.
"El Gobierno castiga a Correos en Málaga con una disminución presupuestaria para el presente año de 3 millones de euros. Además, este recorte viene aderezado con una reducción del presupuesto destinado a la construcción, mejora y adaptación, compra y alquiler de locales", ha criticado el responsable de CC.OO. en Correos de Málaga, José Luis Martín.
En consecuencia, este apagón postal "está repercutiendo gravemente en una pérdida de empleo entre el 3 y el 8%". En Andalucía ya se han perdido cerca de 400 puestos de trabajo, de los cuales, 71 de ellos han sido en Málaga. Martín ha criticado que "en el último año no se han realizado obras de mejora ni de adaptación a pesar de las deficiencias en numerosos locales de la provincia de Málaga, entre ellos destacan el edificio de la jefatura provincial de Málaga, Ronda, Cártama Estación y Nueva Andalucía".
"El recorte económico es también visible en el parque automovilístico en el que nos podemos encontrar automóviles y motocicletas en mal estado que atentan contra el desempeño de las condiciones laborales, en Málaga hay afectados ya un camión y 20 motocicletas", ha destacado el representante sindical.
Las propuestas de CCOO pasan por la moratoria de la Directiva de la UE y, en su caso, una transposición negociada que contemple, entre otros puntos, la regulación de la competencia poniendo "barreras" a la entrada indiscriminada del sector privado, la designación por ley de Correos como prestador del Servicio Postal Universal (SPU) durante al menos 15 años, el establecimiento de garantías para el empleo, la creación de un sistema de financiación del SPU y de un plan estratégico que garantice la viabilidad económica de Correos.
Por otro lado, el Secretario general del Sector Postal de CC.OO., Regino Martín, y su homólogo en Andalucía Oriental, Manuel Garzón, han afirmado que esta política "está poniendo en claro riesgo la prestación del servicio postal universal y la sostenibilidad de la empresa". Por ello, la central sindical ha anunciado movilizaciones durante los próximos meses sin descartar una huelga general.
Según CC.OO., el proceso de liberalización postal al que Correos tendrá que hacer frente en enero de 2011 sigue su curso en un claro contexto de recesión económica y en un marco de abandono del operador postal por parte del Gobierno que ejerce su responsabilidad con Europa y "desatiende las postales en el ámbito nacional certificando con su falta de regulación y financiación la muerte del operador postal".
El sindicato señala que este recorte "viene aderezado con una reducción en la partida presupuestaria destinada a la construcción, mejora y adaptación, compra y alquiler de locales, cercana al 67,2%, (19 millones de euros)". Este descenso en la inversión ha producido que a lo largo del año pasado "no se haya producido en toda la Comunidad ninguna obra de adaptación y/o mejora a pesar de las deficiencias de locales y oficinas, como son los casos llamativos de Aznalcóllar y Pinomontano en Sevilla", ha apuntado CC.OO.
Este hecho demuestra, en opinión de los dirigentes sindicales, "el claro abandono y la política económica reactiva que está desarrollando la empresa, basada en la reposición de productos de primera necesidad, renunciando a las inversiones para modernizar Correos e iniciando la supresión de oficinas y puntos de atención al ciudadano como demuestra la absoluta paralización de la compra de locales y adjudicación de obras en el último año".
En este sentido, Martín ha ofrecido los datos a nivel estatal, que muestran un déficit en 2009 de 64 millones de euros y de 151 para 2010, un recorte aplicado por el Gobierno en la inversión productiva de más de un 43% (de 236 millones en 2008 a 140 en 2010) y una reducción de la financiación del Servicio Postal Universal (SPU) que ha pasado de los exiguos 94 millones de 2007 a los 75 millones actuales, cuando este Servicio "tuvo un coste real en 2007 de más de 240 millones de euros". Todo ello está provocando la "asfixia económica" de Correos, "poniendo en serias dudas su viabilidad, provocando el cierre de oficinas y cuestionando miles de empleos".
Asimismo CC.OO. advierte que la falta de financiación está provocando que la empresa esté reduciendo plantilla en Andalucía, especialmente en el ámbito urbano, donde en el último año se han eliminado 393 puestos de trabajo, cuya traducción es la reducción de la calidad de la prestación del servicio postal universal provocando que "muchos barrios se queden sin repartir o se repartan uno o dos días a la semana". La empresa "está haciendo juegos de malabares con las contrataciones sobredimensionando las zonas, sobrecargando a los trabajadores y obligándoles a repartir zonas anexas", según Garzón.
En el ámbito rural, y tratándose de una comunidad cuya densidad de población es muy baja, el cartero rural "cubre un papel de cohesión fundamental, y el hecho de que en el último año se hayan recortado 20 puestos perjudica notablemente el derecho de los ciudadanos a la prestación del servicio postal universal del que Correos es garante", explica Garzón.
Ante esta situación de "fehaciente abandono", CC.OO. ha propuesto al Ministerio de Fomento y Economía un Pacto de Estado por un servicio postal y operador público sostenible en el que plasma propuestas sobre regulación y financiación para hacer frente a la ausencia de modelo postal. Las propuestas del sindicato pasan por la moratoria de la Directiva y, en su caso, una transposición negociada que contemple entre otros puntos la regulación de la competencia poniendo "barreras" a la entrada indiscriminada del sector privado, la designación por ley de Correos como prestador del SPU durante al menos 15 años, el establecimiento de garantías para el empleo, la creación de un sistema de financiación del SPU y de un plan estratégico que garantice la viabilidad económica de Correos. CC.OO. reclama al Gobierno los más de 400 millones que dejará de ingresar en el periodo 2007-2009, así como, al menos, otros 800 para el periodo 2010-2012 para asegurar el servicio universal a la ciudadanía. Igualmente reclama un plan de inversiones plurianual 2010-2012 de 1.200 millones de euros para asegurar la competitividad y viabilidad empresarial del operador.
Finalmente tanto Martín como Garzón han anunciado que el sindicato impulsará una campaña de movilización social y sensibilización en defensa del correo público, que tendrá su inicio en febrero, y que en la comunidad se traducirá en concentraciones, paros parciales, movilizaciones en marzo y abril para que, con carácter inmediato, se tomen medidas y así evitar que Correos caiga en vía muerta, garantizar su viabilidad en el actual escenario y evitar la pérdida de miles de empleos. Del mismo modo, CC.OO. no descarta una huelga general en el sector para el mes de mayo si el Gobierno no atiende sus demandas.
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