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domingo, 24 de marzo de 2013

Eduardo Zorrilla: “La necesaria municipalización de LIMASA”


Eduardo Zorrilla, Coordinador Local y portavoz del Grupo IULV-CA en el Ayuntamiento de Málaga

Finalmente, y afortunadamente, ha sido desconvocada la anunciada huelga de limpieza durante la Semana Santa, una huelga no deseada por nadie y que hubiese perjudicado a tantas personas que encuentran un pequeño alivio a su situación económica gracias a un empleo temporal o a una actividad económica en estas fechas.
La huelga se ha evitado merced al esfuerzo y los sacrificios realizados por la plantilla de LIMASA, y a costa del desempleo de l@s eventuales, y provocará el empeoramiento del ya deficiente servicio de limpieza.
Con la modificación de vacaciones, descansos en domingos y festivos, etc, la empresa se ahorrará seis millones de euros enviando al paro a 300 trabajadores/as eventuales. Además, supondrá retirar unos 160 operari@s diarios de la calle, provocando un empeoramiento del servicio de limpieza de la ciudad, ya bastante deficiente como demuestran todas las encuestas, en las que la ciudadanía opina mayoritariamente que Málaga está sucia o muy sucia. Y ello a pesar de ser la ciudad de España que más gasta en limpieza por habitante (163,4 €/año), por encima de ciudades como Barcelona (161,7 €) o Sevilla (139,8€), esta última íntegramente municipal.
¿Cómo será ahora ese servicio de limpieza con 160 efectivos menos cada día? El Gerente de LIMASA ha llegado a plantear la posibilidad de suprimir la recogida diaria de la basura en algunas zonas, reducir la flota de vehículos entre un 5% y un 7%, y la recogida de contenedores diaria del 80 al 60%. Todo ello se notará especialmente en los barrios y en la periferia.
Como ocurrió en febrero del 2012, el conflicto se ha cerrado en falso, y deja sin resolver el problema de fondo del servicio de la limpieza en Málaga, es la necesaria revisión de un modelo de gestión del servicio ruinoso para la ciudad. Es falso que la causa del alto precio de la limpieza sea el “alto” coste salarial de la plantilla, como pretenden hacernos creer el Alcalde y el PP. La causa está en los beneficios de la parte privada que vampirizan las arcas municipales, además de la irresponsable gestión empresarial, y la absoluta falta de control por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga.
En 2001, tras quedar desierto el concurso para elegir los socios privados de LIMASA, el Alcalde instó a los concursantes FCC, URBASER y SANDO a constituir una UTE que convirtió por adjudicación directa en socios mayoritarios de LIMASA III, con el 51% de las acciones. En 2003 se firmó un nuevo acuerdo por el cual se garantizaba a los socios privados unos beneficios no inferiores al 2% de la cifra de negocios, sin el IVA.
De esta forma insólita, sea cual sea la gestión empresarial y los resultados, los socios privados aseguran sus beneficios millonarios. Por supuesto, si se sobrepasa ese porcentaje de beneficios, no hay contraprestación alguna al Ayuntamiento. A estas cantidades hay que añadir las obtenidas en concepto de “Asistencia Técnica” y “Costes de estructura”, y “Costes Financieros”; lo que ha supuesto para FCC, SANDO y UBASER unos beneficios de más de 50 millones de euros en los últimos ocho años (según datos de su propia Memoria).
El año pasado, el Alcalde anunciaba su Plan de Ajuste Municipal, en el que planteaba rebajar 6 millones de euros en la factura del servicio de la limpieza (de 192 a 186 millones de euros). El conflicto ha surgido este año, tras el incumplimiento de los acuerdos firmados en 2012, y cuando FCC, SANDO y URBASER, y el propio alcalde, han pretendido que la rebaja de 6 millones en la factura de la limpieza a pagar por el Ayuntamiento, recayera únicamente en el coste salarial. Sin embargo, el contrato con los socios privados no se ha modificado, ni hay intención de hacerlo.
Desde IZQUIERDA UNIDA siempre hemos defendido que la municipalización de LIMASA es la única solución para tener un servicio de limpieza en Málaga más barato para l@s contribuyentes, y más eficiente. Pero no lo decimos sólo nosotros: un informe interno de LIMASA fija un ahorro de hasta 47 millones de euros si se municipalizara ahora la empresa (eliminación del IVA, rebaja del coste de los alquileres, además de los beneficios y costes de la parte privada). Así, la factura de LIMASA podría bajar de los 86,8 millones actuales a los 40 millones, un 54% menos. El informe abogaba por llegar a un acuerdo de rescisión del contrato con los privados, vigente hasta 2017, sin coste alguno para el Ayuntamiento.
FCC, URBASER y SANDO guardan silencio, y el Alcalde rechaza la municipalización, porque tendría que abonar los 40 millones de euros adelantados por FCC al Ayuntamiento, a cuenta de la factura de 2012, según se refleja en las cuentas anuales de 2012.
Desde IZQUIERDA UNIDA planteamos la necesidad inaplazable de la municipalización del servicio de limpieza, situando como prioridad el interés general: un servicio de limpieza más económico para la ciudadanía, y una Málaga más limpia.
Lo hemos vuelto a plantear como moción en el Pleno del Ayuntamiento de 21 de marzo pasado, y el PP lo ha vuelto a rechazar, pareciera que menos preocupado por la limpieza de la ciudad y el bolsillo de la ciudadanía, que por no contrariar a SANDO, FCC y URBASER. Casualmente, por supuesto, SANDO y URBASER aparecen entre los presuntos principales donantes del PP en los papeles contables atribuidos al extesorero del PP, Luís Bárcenas.

sábado, 23 de marzo de 2013

Declaración Política del Partido Comunista de Andalucía ante la XIX Asamblea de IULV-CA


Ante la XIX Asamblea de IULV-CA declaramos que:
1. Las clases dirigentes utilizan la crisis como excusa para socavar los derechos sociales y el poder político del pueblo trabajador. En esta situación de estado de emergencia económica permanente, constatamos el empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las capas populares, a la vez que aumenta la conciencia de clase ante los problemas que el Capital genera. Una buena expresión de la misma es la progresiva consolidación del apoyo popular al proyecto programático de IU, especialmente a las propuestas elaboradas en base a la movilización popular que responde a las necesidades reales del pueblo y a la denuncia democrática de los límites de la soberanía.
2. Compartimos la “necesidad de pasar de la confrontación y la resistencia a la elaboración de una alternativa que organice la rebelión democrática de la mayoría social contra el orden neoliberal”, a la que se refiere la “Declaración de Madrid” de la X Asamblea Federal de IU: “El proyecto programático de IU se basa en expresar esta alternativa a través de un Bloque Social y Político con capacidad de articular voluntades en torno a un Programa Político transformador y que esté dispuesto a gobernar desde el interés de la mayoría social trabajadora para que el pueblo tome en sus manos su propio destino”.
3. El dolor, la humillación y desesperación de las personas que están en paro , que agotaron todas sus prestaciones sociales , que se las amenaza con perder su vivienda, que se las obliga , en el caso de la juventud mejor formada a emigrar, es el resultado de las políticas impuestas por la Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario Internacional (Troika) que sobre la base del principio de des-regular el mercado , principal pilar de la construcción de la UE pactado por la socialdemocracia, liberales y la derecha europea, azota a las personas trabajadoras y se convierte en una calamidad para el bienestar de la mayoría social. Ese azote persigue acumular el capital en muy pocas manos reduciendo salarios, haciendo trabajar más años, más horas semanales liquidando las conquistas sociales y los servicios públicos .La desregulacion ha conseguido desactivar a la democracia, a los autogobiernos, dejando sin efecto la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía .La desregulacion impide el desarrollo del principio que todos los hombres y mujeres nacen iguales y libres aumentando la desigualdad y la iniquidad.
4. Para acabar con esta dolorosa iniquidad el PCA sostiene que es posible poner en marcha una gran respuesta popular desde la base de la sociedad, los sindicatos, las instituciones, la cultura para construir una Alternativa al actual Consenso de Bruselas desde la participación popular con más democracia y más autogobierno: Andalucía supo levantarse para defender su autogobierno y Andalucía se levantará para contribuir a poner fin a la calamidad neoliberal .
5. El PCA adquiere un compromiso firme para converger con todas las personas y organizaciones dispuestas a construir esa alternativa en el próximo horizonte de las elecciones europeas (junio 2014) para refundar la UE al servicio de las personas.
6. La situación de emergencia social provocada por el desmantelamiento de los ya débiles mecanismos de justicia social, debe hacernos concentrar nuestro interés en la respuesta a las necesidades del pueblo, huyendo de prácticas politiqueras o personalistas que nos alejen del sentir ciudadano.
7. Debemos ser capaces de transformar la rabia y la indignación en rebeldía, y también de, como rezaba el lema de la Conferencia política del PCA, contribuir a organizar la rebeldía. La rabia que nace al ver como las medidas que PSOE y PP han venido adoptando, han sido para salvar a los responsables de la crisis en vez de para rescatar a las personas del naufragio neoliberal.
8. Esta Asamblea es, sobre todo, para el debate estratégico y no sólo para el análisis coyuntural. Pero haciendo nuestra la necesidad de organizar el control democrático de nuestra acción colectiva, nos comprometemos a defender que las conclusiones organizativas de la XIX Asamblea incluyan el establecimiento de espacios de análisis colectivo y debate participativo, con carácter estatutario, que de manera sostenida y periódica permitan la rendición de cuentas, así como la toma de decisiones cruciales, en virtud del proyecto estratégico de IU. Este modelo participativo de funcionamiento no atañe tan solo a nuestro papel en las instituciones trucadas del sistema imperante, sino a nuestro papel en la movilización, la acumulación de fuerzas y la convergencia programática. Así mismo, este modelo debería incluir mecanismos de participación y consulta a los sectores aliados y no solo a la militancia de IU.
9. Queremos subrayar la importancia del debate por la base del informe político del Comité Central del 27 de enero. El debate asambleario debe llenar de contenido la premisa del cómo gobernar que aparece en dicho informe, como superación dialéctica del gobernar o no. El PCA no quiere anticipar ninguna propuesta de conclusiones del debate sobre cómo gobernar. Al contrario, quiere contribuir a que el conjunto de la militancia ejerza su derecho, y sienta como obligación, a participar en dicho debate. Pero antes debemos hacer hegemónico en el seno de IULV-CA este enfoque para la XIX Asamblea de IULV-CA.
10. La legitimidad del Partido Comunista de Andalucía para impulsar procesos de convergencia emana de nuestra trayectoria y de nuestro compromiso. En el pasado, nuestro partido ha crecido cuando hemos encarnado, mejor que ningún otro sujeto político, las necesidades del pueblo. En el pasado más reciente, hemos sostenido, casi en soledad, la idea de que la historia no se había terminado. Por eso estamos tan orgullosas y orgullosos de haber contribuido al nacimiento de un proyecto como fue el de Convocatoria por Andalucía, pero sobre todo de haber mantenido vivos los rescoldos de la lucha colectiva a través del compromiso militante y organizado. Gracias a ese esfuerzo y gracias a ese compromiso colectivo que encarna el hilo rojo en IU, estamos hoy afrontando los retos que tenemos por delante.
11. El proyecto de construir un movimiento político y social, anticipo del Bloque Social y Político que derrote al bipartidismo neoliberal, tiene hoy más sentido que nunca. Un
potente Movimiento Político y Social es la fórmula política y organizativa que hace compatible la unidad programática de la izquierda, su pluralidad ideológica y la coexistencia activa de los movimientos sociales y los partidos políticos. La desafección política crece, y no nos sentimos responsables en absoluto. Pero ello implica que IULV- CA debe ser diferente, y no como opción estética, sino ideológica y organizativa.
12. El objetivo prioritario es sostener la movilización y evitar las agresiones contra el pueblo, y para ello el mejor instrumento es la construcción del movimiento político y social que IU debe ser. En Andalucía se dan las condiciones para que, de nuevo, la izquierda andaluza sea la avanzadilla de otras formas de hacer política.
13. Para reforzar estos principios desde el comienzo del proceso asambleario, queremos apostar por un método que sitúe el debate político y organizativo en primer lugar, abordando de manera paralela la conformación del equipo que dirija colectivamente IULV-CA. Una vez que se vayan concretando ambos aspectos será el momento de concretar responsabilidades.
14. Reparto de responsabilidades significa reparto de tareas bajo una dirección colectiva. Y en ese reparto, el reforzamiento organizativo de IULV-CA juega un papel central. Porque nuestra corta trayectoria nos ha enseñado que la institucionalización de nuestro trabajo político se termina pagando caro. Y esto se evita con una organización siempre en la calle que a su vez construya poder popular.
15. IULV-CA debe contribuir al proyecto estratégico de IU mejorando los mecanismos de participación y centrando su trabajo en la elaboración colectiva y en la movilización, haciendo de IU una fuerza que lucha en el gobierno y lucha en la calle”. 
Esta declaración está firmada por la Comisión Permanente del PCA en sesión ampliada a las siguientes personas:
José Manuel Mariscal Cifuentes. Secretario General PCA
Diego Valderas Sosa. Coordinador general de IULV-CA
José Luis Centella. Secretario General PCE
Manuel del Pino. Secretario Provincial Almería
Fernando Macías. Secretario Provincial Cádiz
Alba Doblas. Secretario Provincial Córdoba
Julio Bernardo. Secretario Provincial Granada
Juan Félix Camacho. Secretario Provincial Huelva
Luis Segura. Secretario Provincial y Coordinador IULV-CA de Jaén
Efraín Campos. Secretario Provincial Málaga
Carlos Vázquez. Secretario Provincial Sevilla
Anabel García. Secretaria general UJCE-A
Manuel Morales. Coordinador IULV-CA Granada
José Antonio Castro. Coordinador IULV-CA Málaga y portavoz Grupo Parlamentario de IULV-CA
Pedro Jiménez. Coordinador IULV-CA Huelva
Rosalía Martín. Coordinador IULV-CA Almería
Manuel Cárdenas. Coordinador IULV-CA Cádiz

viernes, 22 de marzo de 2013

Izquierda Unida de Málaga inicia una campaña de información sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el comercio ambulante para darle estabilidad


Izquierda Unida ha iniciado esta mañana, viernes 22 de marzo, una campaña en la provincia de Málaga para ofrecer información a vendedores y usuarios de los mercadillos sobre las reformas legales introducidas desde el Gobierno andaluz que permiten a los comerciantes ambulantes obtener sus licencias por un periodo mayor al estipulado hasta ahora.
La transposición de la directiva Bolkestein a la normativa española dejaba a esta parte del tejido económico en una situación precaria, ya que las licencias tenían una vigencia de entre uno y cuatro años, algo irracional, en palabras de la diputada andaluza de IULV-CA por Málaga, Dolores Quintana. “¿A qué negocio le ponen esta caducidad?”, explicó la también portavoz del consejo provincial de IULV-CA en Málaga quién ha añadido que lo que ha hecho el gobierno andaluz modificando la normativa es acabar con la inseguridad de los comerciantes, de las familias que dependen del sector, a la vez que se amortiza la inversión, se crea empleo y se permite el relevo generacional.
Izquierda Unida se había comprometido con las asociaciones del sector a cambiar la normativa y eso ha hecho desde sus responsabilidades de gobierno modificando el texto de la Ley de Comercio Interior, lo que permite que las licencias tengan un plazo de quince años prorrogables a otros quince.
Ahora, IULV-CA inicia una campaña informativa bajo el lema “Izquierda Unida cumple con el comercio ambulante”, que ha comenzado en el mercadillo de  Los Corazones de la capital, junto a concejales del Grupo municipal y militantes de la asamblea del distrito donde tiene lugar.
El portavoz del Grupo municipal de Málaga, Eduardo Zorrilla, ha destacado el compromiso de la izquierda que representa con el pequeño comercio y el ambulante, cumpliendo con un acuerdo electoral que permite “despejar incertidumbres” entre estos profesionales. Zorrilla ha enfrentado este modelo que promueve IULV-CA en el gobierno andaluz con el del PP en el Ayuntamiento de la capital y el propio Estado,  “que parece querer favorecer únicamente a las grandes superficies comerciales”.
En Andalucía viven del comercio ambulante entre 35.000 y 40.000 familias y se estima que una 15.000 están en Málaga, que es también la provincia que más mercadillos tiene de los 841 que hay en nuestra Comunidad.

jueves, 21 de marzo de 2013

Alberto Garzón propone medidas para generar empleo, salir de la crisis y acabar "con un experimento neoliberal como en Chipre que prioriza a los bancos por encima de las personas"

Intervención del portavoz económico de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ante el Pleno del Congreso en defensa de esta iniciativa que será votada hoy jueves
"Parafraseando a dos grandes, podríamos decir perfectamente que ‘un fantasma recorre Europa’. En este caso es el fantasma de Chipre y el fantasma de Grecia. Chipre está siendo en estos días un laboratorio, un experimento de las políticas económicas más neoliberales, de ese liberalismo existente que consiste en socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, en dar prioridad absoluta a los bancos por encima de cualquier otro tipo de sujeto, incluidas las personas, por encima de cualquier derecho y de cualquier conquista social.
La prioridad en el pago de los intereses de la deuda, la prioridad en el pago a los grandes acreedores del sistema financiero internacional es lo que está marcando la política de la Europa de la periferia (de España, Portugal, Grecia, Italia y Chipre). Es una política absolutamente suicida. Hemos tenido ocasión de debatirlo en esta Cámara en numerosas ocasiones, siempre con el rechazo del Partido Popular a nuestra interpretación pero siempre, desgraciadamente, con los datos corroborando que tenemos razón. La tenemos cuando decimos que esta política nos lleva a mayor crisis, a mayor desigualdad, a mayor desempleo, a mayor miseria y a más estallidos sociales que pueden ser canalizados por la extrema derecha, como estamos viendo en los países vecinos.
Fruto de esta prioridad surgió la reforma constitucional del Partido Popular y del Partido Socialista de agosto de 2011, en la que se priorizaba el pago de los intereses de la deuda, en este caso de la deuda pública, los intereses de las entidades financieras. Como decía, estas medidas no solo nos parecen absolutamente equivocadas, sino que además nosotros venimos a plantear una alternativa.
La moción que hoy presentamos aquí marca los puntos fundamentales, cruciales, de nuestra alternativa para servir un debate sano, sereno y necesario pero, sobre todo, urgente, porque urgente es la situación en que nos encontramos y desesperada es la situación de las familias.
Hay que apoyar una cuestión que creo que es fundamental -hemos tenido oportunidad de hacerlo-, que es el papel de la deuda pública. Parece que dicho papel no se entiende del todo bien, porque cuando nosotros decimos que es impagable no sólo lo decimos por una cuestión de tipo moral, de que no es nuestra deuda y nosotros no la pagamos -que evidentemente-, sino que lo decimos también por una cuestión de tipo económico, porque pensamos que económicamente es impagable la deuda pública, tanto en España como en Grecia, en Italia o en Chipre. Esta constatación es la que llevó a una reestructuración de la deuda en Grecia, a una reestructuración dirigida en este caso por las instituciones supranacionales.
Así que no hay que alertarse de nada cuando decimos que no se puede priorizar el pago de la deuda pública por encima de cualquier otro tipo de pago o de gasto social. Además, esto es fruto de no entender que el sistema financiero es parasitario, que gravita sobre la estructura productiva y, por tanto, priorizar todos los pagos al sistema financiero conduce a echar dinero en un agujero negro que carcome todos los recursos y que va destrozando la economía productiva. No sirve de nada si no hay una economía productiva y si no hay una economía real y nosotros proponemos recuperar esa economía productiva, recuperar esa economía de las personas, de las pequeñas y medianas empresas en vez de seguir sirviendo al ‘lobby’ de las entidades financieras y en vez de seguir siendo el consejo de administración de los grandes bancos especulativos internacionales como son los Gobiernos actualmente de la periferia europea, incluido el Gobierno de España.
En este sentido, es claro que sólo se puede salir de la crisis y sólo podemos generar empleo a través de planes de estímulo suficientemente fuertes que consigan romper la dinámica de desapalancamiento financiero en la que estamos inmersos. Esta es una cuestión obvia que la experiencia histórica refleja perfectamente en el Japón de los años noventa. Sólo influyendo, sólo poniendo dinero en la economía productiva se pueden devolver las deudas y sólo de esa forma se puede evitar el alto nivel de desempleo actual. Para eso necesitamos dinero y para tener dinero necesitamos una reforma fiscal altamente progresiva y no esas reformas fiscales que hace este Gobierno con las instituciones supranacionales que permiten, toleran y promueven los paraísos fiscales, que permiten, toleran y promueven instrumentos que sirven para eludir impuestos y que permiten que el Estado del bienestar, los servicios públicos fundamentales de los que nos beneficiamos como sociedad sean cada vez de peor calidad y de peor estatus.
Es obvio que hay que hablar del Banco Central Europeo. Proponemos que se defienda con toda la fuerza posible la reestructuración del Banco Central Europeo. Necesitamos tener una política monetaria al servicio de la economía productiva, al servicio de las personas y no al servicio de los grandes bancos que es actualmente lo que el Banco Central Europeo hace. En este sentido necesitamos que se financie la economía productiva, los planes de estímulo, pero necesitamos esa política monetaria por parte del Banco Central Europeo, porque acudió a esta Cámara, a este Congreso y todos recordamos su ‘comisión clandestina’, su comparecencia infame en esas formas y, sobre todo, lo peor de todo, es que recomendaba la reforma laboral, esa reforma laboral que nosotros pedimos derogar. Porque no es una reforma laboral para crear empleo, pero sí es una reforma laboral que está funcionando. Es una reforma que está funcionando porque su objetivo real, el que se explicita por los organismos internacionales, incluido el Banco de España, es reducir los salarios.
Ese es el objetivo real del Banco de España y ese es el objetivo real del Gobierno de España. Obviamente lo enmascaran con retórica, con márquetin y con todo tipo de recursos metafóricos para decir que se va a crear empleo, pero estamos viendo que no sirve y por eso hay que derogarla, porque hay que dar un cambio radical en la forma de entender el mercado laboral, en la forma de entender la economía productiva.
No sólo somos no competitivos por una cuestión de tecnología, sino que tampoco lo somos  por una cuestión de estructura productiva. Si no se entiende esto, no podremos construir ninguna Unión Europea sólida. Si no se entiende que Alemania tiene una estructura productiva muy diferente y mucho más tecnológica y mejor desarrollada que nosotros, si no se entiende que la salida es no bajar salarios, si no se entiende que la salida tiene que ser redistribuir la renta, la riqueza y cambiar el modelo productivo, entonces seguiremos esta senda totalmente absurda y de suicidio económico, como insistía antes.
Por eso nuestra moción tiene una serie de puntos amplios que vamos a pedir que se voten por separado para que puedan servir para un debate sereno sobre cuestiones fundamentales y, como decía antes, urgentes y necesarias. Muchas gracias."

martes, 19 de marzo de 2013

José Luis Centella, anuncia que IU exigirá al Gobierno de Rajoy en el Congreso que termine “la política de acoso y derribo contra la Junta de Andalucía”


El Secretario General del PCE y diputado de IU por Sevilla, José Luis Centella  ha anunciado diversas iniciativas sobre cuestiones andaluzas que serán defendidas por IU en el Congreso de los Diputados. La de mayor relevancia es una Propuesta No de Ley (PNL) en la que se insta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro a que rectifique en su política de “acoso y derribo contra el Gobierno andaluz”. Para Centella, “el Gobierno del PP está usando el déficit como un instrumento para torpedear las actuaciones del gobierno de la Junta de Andalucía”.
Asimismo, esta PNL exigirá al Gobierno que retire el bloqueo a la posibilidad de que la Junta de Andalucía imponga una tasa a la banca, lo que permitiría aumentar los ingresos de la administración autonómica, y por otro lado reclamará una reforma del sistema de financiación autonómica para que cumpla con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, frente al incumplimiento sistemático de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Andalucía. Para Centella, el Gobierno debe dejar de presionar y facilitar el gobierno, señalando el trato desigual que supone que mientras el gobierno incumple el déficit se obliga a cumplir bajo amenazas de intervención a las Comunidades autónomas, lo que en su opinión es inviable.
IU considera que la Defensora del Pueblo no tiene porque intervenir a favor de la financiación pública de la educación segregada por sexo
Por otro, Centella ha explicado que IU expresará su posición contraria al apoyo que viene dando la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril a las reclamaciones que piden que se mantenga la financiación pública de centros en los que se separa por sexos al alumnado en Andalucía, ante la presentación de su informe anual. La Defensora del Pueblo está actuando como una disciplinada militante del sector más reaccionario del Partido Popular”, ha criticado Centella.
Para Centella este es un debate de “prioridades” y debe ser el Gobierno andaluz quien decida la distribución del gasto educativo, entendiendo que no es prioritario mantener la financiación de estos centros segregadores.
Para la aplicación inmediata de la sentencia de la UE sobre los desahucios
Otra iniciativa consiste en instar al Gobierno mediante una PNL para que la Fiscalía paralice los desahucios cuando se trate de cláusulas abusivas y de impagos motivados por la crisis. “Entre la acción de la Consejería de Vivienda de la Junta y esta sentencia se pueden parar el 80% de los desahucios que se dan en nuestra tierra”.
Contra el fracking
Por último IU llevará al Congreso una iniciativa contra el fracking, por ser un método “agresivo y contaminante” para la obtención de hidrocarburos en el subsuelo, que en la actualidad supone una “amenaza” para al menos las provincias de Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla.

lunes, 18 de marzo de 2013

Izquierda Unida de Málaga denuncia el abandono y deterioro del antiguo convento de San Andrés, como ejemplo de la política cultural ruinosa del PP de Málaga


El Grupo municipal de Izquierda Unida (IULV-CA) ha denunciado la nula política de gestión de los espacios culturales y arquitectónicos públicos, lo que está  poniendo en peligro el patrimonio histórico municipal del pueblo de Málaga. Esta denuncia la realizaron junto al activista vecinal Antonio Espejo el pasado viernes ante el antiguo Convento de San Andrés, “paradigma de esa política cultural”, en palabras de su portavoz, Eduardo Zorrilla.
Este edificio está en evidente estado de abandono a pesar de que el Ayuntamiento aprobó en 2008 y por unanimidad una moción de IULV-CA para la realización de un proyecto integral de rehabilitación. Desde entonces hasta ahora, ha denunciado Zorrilla, lo único que se ha hecho ha sido una obra para evitar que se cayera, algo que no consiguieron puesto que pocos meses después se derrumbó el muro medianero del convento.
Los representantes de la Izquierda municipal recuerdan que fueron los propios vecinos y vecinas los que frenaron la demolición del antiguo convento y que la Junta de Andalucía lo declarara Bien de Interés Cultural en 2001, pero no han tenido el respaldo del consistorio para proteger este patrimonio, que se perderá irremediablemente, como otros tantos edificios históricos de la ciudad, ante el pertinaz abandono y la destructiva política cultural de la derecha.
El último asalto de esta “errática política cultural” ha sido rechazar en comisión informativa una moción que volvía a reclamar el plan de rehabilitación ya acordado. Desde IULV-CA se recuerda que el Ayuntamiento de Málaga es el titular del edificio y por lo tanto el responsable de su conservación y mantenimiento.
El mal estado del inmueble es tan sólo un ejemplo del modelo cultural del PP que se basa en la privatización y cuando la iniciativa privada falla, los edificios públicos se caen en el olvido.
Así, la concejala de IULV-CA Toni Morillas, ha enumerado una serie de edificios de titularidad municipal que están sin uso, cerrados y deteriorados. Es el caso de la casa de Gerald Brenan, del museo del Císter, “cerrado a pesar de la venta que se nos hizo y con los cuadros cogiendo polvo”; el Cubo del Puerto; el cine Astoria o el antiguo edificio de Tabacalera. Sobre este último, Morillas ha aludido al denominado proyecto Bolt que se pretende instalar en estas instalaciones públicas. La edil de IULV-CA dice no entender la razón de usar este inmueble para tal fin cuando su destino era uso cultural y ciudadano y cuando ya existe una incubadora de empresas en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA). También ha reclamado las distintas ofertas que dice el alcalde que hay para ubicarse en Tabacalera.
“El PP no deja de exigir a otras administraciones compromisos económicos, pero su firmeza se tambalea cuando es el Ayuntamiento el que debe actuar”. Morillas ha recordado que prueba del escaso interés del PP es que los presupuestos de 2013 no dedican partida alguna a inversión para los equipamientos culturales de la ciudad.
El Grupo municipal de Izquierda Unida presenta al pleno de la próxima semana una moción en la que  exige al equipo de gobierno que cumpla los acuerdos del 2008 sobre el convento de San Andrés, así como sus compromisos respecto al edificio de la esquina del puerto, la casa Gerald Brenan, el uso cultural del convento de Cister o la casa nata del Cánovas.
También insta al equipo de gobierno a que libere el espacio que ocupan los edificios de los antiguos cines Victoria y Astoria, mientras que estudian las diferentes opciones sobre el solar que ocupan.

domingo, 17 de marzo de 2013

COAG y CCOO, con el apoyo de IULV-CA y el PCA, ocupan unas tierras en desuso de la Junta en Peñarrubia y exigen su arrendamiento a jóvenes y desempleados


Más 300 agricultores y desempleados asistieron ayer sábado 16 de marzo a una "ocupación" de tierras, bajo el lema “La tierra ¡Para cultivarla!”, organizada por la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y las CCOO de Málaga en una finca de Peñarrubia, situada en la carretera de Ardales a Campillos, que pertenece a la Junta de Andalucía y que actualmente está en desuso. Esta movilización que reivindica el arrendamiento de tierras públicas a colectivos de jóvenes, desempleados y pequeños agricultores, así como la derogación de la ley autonómica que posibilita la venta del patrimonio agrario del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), así como la creación del banco público de tierras contaba con el apoyo de IULV-CA, la UJCE-A y el PCA de Málaga.
A esta movilización asistieron el Coordinador de la COAG, Juan Antonio García; el Secretario provincial de CCOO, Antonio Herrera; el portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro que estuvo acompañado de la parlamentaria andaluza Lola Quintana, los alcaldes de Campillos, Teba y Cuevas del Becerro, además de militantes y concejales de Izquierda Unida de la comarca, así como María Antonia Domínguez, edil de Campillos y Secretaria de organización del Comité Provincial del PCA y Efraín Campos, Secretario general del PCA de la provincia de Málaga. Según los organizadores, el arrendamiento de las cerca de 22.000 hectáreas públicas que hay en Andalucía permitiría generar más de 2.000 empleos vinculados al sector agroalimentario.
Juan Antonio García, Secretario general de COAG ha manifestado que “Se está tratando este importante tema con la Junta de Andalucía y creemos en la importancia de una reforma agraria que de verdad sea beneficiosa para el trabajador, no podemos estar de brazos cruzados cuando hay miles de hectáreas en toda Andalucía que pertenecen al poder público y que la tiene sin explotar”,
"Lo que pedimos es que la tierra pública no se privatice. Tenemos que poner en valor la agricultura, que es nuestro máximo activo por la tierra y por el clima", ha argumentado Juan Antonio García, quien ha explicado que se ha escogido la finca de Peñarrubia para esta reivindicación por ser el terreno público agrario de mayor extensión en la provincia de Málaga, con unas 800 hectáreas. García agregó que tienen previsto repetir estas concentraciones periódicamente en esta misma finca y en otras en la misma situación.
“Es una reivindicación para recordarle al señor Griñán que las tierras andaluzas no son suyas, sino de todos los ciudadanos andaluces” y denunció que su discurso está “vacío”, pues mientras ahora “Critica al gobierno central porque está privatizándolo todo cuando él- Griñan- intentó lo mismo al poner en subasta numerosas tierras públicas”.
Antonio Herrera, Secretario general de CCOO de la provincia de Málaga por su parte señaló la necesidad de “mover al pueblo con el propósito de controlar estos espacios públicos por medio de economías sociales donde el trabajo es un bien para el propio trabajador”.
Por otro lado, José Antonio Castro Román, Portavoz del Grupo parlamentario y Coordinador provincial de IULV-CA apuntó que “Esta es la consecuencia de la estafa inmobiliaria que los parados vuelvan al campo y que quieran trabajar una tierra que está sin explotar y baldía por la propia Junta, ya que gran parte de las propiedades de Andalucía están en manos de unas pocas de familias que reciben subvenciones de miles de euros”.
“Es un crimen de lesa humanidad que haya tierras abandonadas y baldías mientras haya parados que quieran trabajarlas”, afirmó Castro, al tiempo que se mostró convencido de la "oportunidad" que existe en estos momentos para lograr este objetivo, aunque “nos la tenemos que labrar”.
Castro, aseguró ante los presentes que la Junta creará un banco público de tierras “con toda seguridad”, pero al mismo tiempo pidió que “no se pare la movilización ciudadana”.

sábado, 16 de marzo de 2013

Amanda Meyer, responsable de Vivienda de IU, exige al Gobierno "medidas urgentes para paralizar de forma inmediata los desahucios"


La responsable de Vivienda de la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, señala tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que “estábamos en lo cierto quienes hemos defendido que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”
La responsable de Vivienda de la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, ha exigido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que “tome medidas urgentes, incluso antes de que culmine la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de Deudores Hipotecarios y de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyos plazos parlamentarios están paralizados, para frenar de forma inmediata los desahucios que están en marcha debido a las cláusulas abusivas aplicadas por las entidades financiera, desautorizadas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) conocida ayer.
Amanda Meyer ha profundizado en las valoraciones de alcance hechas ayer por IU sobre este tema. Señala que el fallo del alto tribunal europeo “es fruto de la constante movilización de la sociedad civil organizada en la lucha por una vivienda digna” y “por fin” da la razón a “quienes, como Izquierda Unida, venimos reclamado desde el inicio de la crisis que los desahucios masivos son ilegales”.
“Estábamos en lo cierto –afirma- quienes hemos defendido que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”.
La responsable federal de Vivienda de IU reclama al Ejecutivo del PP que “vote favorablemente a las enmiendas elaboradas por nuestro grupo parlamentario, después de dos legislaturas en las que ha tumbado –uniendo sus votos al PSOE- todas las propuestas que presentamos sobre esta materia, que recibían por su parte los calificativos de ‘populistas’ o ‘descabelladas’. Ahora se ve que no era así. Nuestras enmiendas van en el mismo sentido que el contenido de la ILP que el PP aceptó tramitar a regañadientes y que IU apoyó y contribuyó a impulsar”.
Meyer insiste en que “el PP tiene en sus manos garantizar ahora la seguridad jurídica de quienes han perdido sus viviendas desde 1994 debido a que en los sucesivos mandatos bipartidistas miraron para otro lado a la hora de proteger a la ciudadanía hipotecada. Es hora de reformar en profundidad la obsoleta Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil para decretar la paralización universal de los desahucios y la retroactividad de la dación en pago. Es necesario revisar los desahucios ilegales producidos y restituir el daño producido a las familias”.
Amanda Meyer anima a los jueces a “aplicar de manera directa y urgente los contenidos que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para contribuir desde todas las instancias judiciales a la paralización de los desahucios en marcha”.
Constata también la “responsabilidad directa que PP y PSOE tienen a sus espaldas en los más de 400.000 desahucios contabilizados desde 2007, una inmensa parte de ellos gestionados judicialmente gracias a una legislación que se ha demostrado ahora ilegal y que no ha protegido a la ciudadanía hipotecada. Ha habido sucesivos gobiernos bipartidistas desde mediados de los 90 que podrían haber transpuesto la directiva europea de protección de los consumidores, pero no lo hicieron. Todos ellos apostaron por liberalizar el sistema financiero y dejaron que las entidades de crédito vulnerarán derechos fundamentales de forma sistemática”.

viernes, 15 de marzo de 2013

Izquierda Unida de Andalucía manifiesta ‘alegría’ tras conocer la sentencia del Tribunal Europeo sobre desahucios y exige la paralización inmediata de los desahucios


Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, insta al Gobierno a dar respuesta “política y jurídica” a los 80.000 andaluces que han perdido su vivienda “ilegalmente”.
José Antonio Castro, portavoz del Grupo parlamentario de IULV-CA, anuncia medidas en la Cámara andaluza para forzar la aprobación de la ILP presentada en el Congreso.
Castro ha manifestado la “alegría” del conjunto de la organización tras conocer la sentencia del Tribunal de la UE a la vez que el “estupor” porque “hoy sabemos de manera fehaciente que los sucesivos gobiernos de España han tenido escondida una Directiva europea de obligado cumplimiento” mientras se han ejecutado más de 400 mil desahucios a la vez que también ha denunciado que haya habido otras directivas que "sí se han aplicado en España de manera firme llevando al sufrimiento y a los recortes" a la gran mayoría de ciudadanos.
El portavoz de IULV-CA ha insistido en que desde Andalucía "se va a empujar" para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy comience "inmediatamente" a tramitar la referida ILP y por tanto ha anunciado ya que en el mes de abril IULVCA presentará una proposición no de ley por la que se inste al Congreso a aprobar dicha iniciativa “en su totalidad” tras haber declarado recientemente Rajoy su negativa a la dación en pago retroactiva.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, por su parte ha instado hoy al Gobierno de España a dar “respuesta política y jurídica” a los cientos de miles de familias “desahuciadas ilegalmente, tal y como ha puesto de relieve la sentencia” del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea. “Sólo desde el inicio de la crisis, en 2007, unas 400.000 familias han sido desahuciadas en España, 80.000 de ellas en Andalucía. Es urgente que el Gobierno de España les dé una respuesta, porque han visto violado su derecho humano a la vivienda, al no garantizarse su tutela judicial efectiva”, ha señalado Cortés, que también ha instado al Gobierno a aprobar Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios “como punto de partida” para “empezar a restituir” los derechos de cientos de familias que han sido objeto de “violencia” por parte del Estado al haber sido privadas de sus viviendas “ilegalmente”.
Cortés ha animado a las familias en riesgo de desahucio a acudir a las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento han evitado 956 desalojos en toda Andalucía. “Con esta sentencia, que el Gobierno no puede eludir, las oficinas adquieren más poder y pueden prestar un servicio aún mejor. Seguiremos exprimiendo nuestras competencias para dar respuesta a las víctimas de esta estafa económica, política y social, pero ahora lo haremos con una herramienta más, con el pleno aval de la justicia europea”, ha afirmado Cortés, para quien la aplicación de la sentencia comunitaria “debe ser retroactiva”.
Tras 400.000 desahucios ilegales, el Gobierno se quedado ya sin ninguna excusa para no decretar la paralización de los desahucios, impulsar el alquiler social y aceptar la quita de las hipotecas con cláusulas abusivas”, ha señalado Cortés, que ha recordado que el Gobierno andaluz está ofreciendo un “modelo alternativo que demuestra que sí se pueden cambiar las cosas”, poniendo como ejemplos el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, la paralización de los desahucios en el parque público de vivienda en caso de empobrecimiento sobrevenido y la elaboración, por parte de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que dirige Diego Valderas, de una ley de protección de consumidores de productos hipotecarios, que permitirá “establecer garantías” para los ciudadanos que firmen hipotecas y evitar así “nuevos abusos”.
“Esta sentencia supone la muerte de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil, que han consagrado un sistema de desahucios absolutamente injusto y violento, como llevamos años denunciando”, ha afirmado Cortés, que ha afirmado que la directiva de protección de los consumidores de la UE debió haber sido traspuesta al Estado español en 1994, por lo que “los sucesivos Gobiernos de España se lavaron las manos, miraron para otro lado y antepusieron los intereses de las entidades financieras a la protección de los derechos humanos”.
“El discurso de la culpabilización de la víctima, según el cual los firmantes de los contratos hipotecarios eran los culpables de su situación, ha quedado definitivamente desmontado. Las familias desahuciadas o en riesgo de desahucio no deben permanecer en silencio. Tienen la razón y la justicia está de su parte”, ha concluido Cortés.
Alberto Garzón valora que la sentencia europea sobre los desahucios es una "victoria espectacular de la presión de los movimientos sociales"
Por otro lado, el diputado y portavoz económico de IU en el Congreso, Alberto Garzón, ha mostrado su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea conocida hoy que considera contrarios a la legislación europea las medidas que regulan los procesos de desahucios en España. Para Garzón, este fallo judicial “da la razón a los movimientos sociales y supone una victoria espectacular de la presión que han realizado”.
“Está claro que ahora la pelota está totalmente en el lado del Gobierno –aseguró en declaraciones en los pasillos del Congreso-, que tiene que decidir qué va a hacer con la ley. Vamos a ver hasta qué punto quiere avanzar”.
Garzón trasladó su confianza para que el Ejecutivo incorpore las recomendaciones expresadas de esta instancia judicial europea a la legislación española y que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en fase de tramitación parlamentaria, pueda mantener en su plasmación legislativa “todo el núcleo de lo que contenía, especialmente en lo relacionado con la dación en pago de carácter retroactivo”.
El diputado de Izquierda Unida por Málaga valoró que esta importante sentencia demuestra que toda la defensa a ultranza hecha por el PP de su política de vivienda y en contra de las propuestas políticas y de los movimientos sociales a favor de parar los desahucios y aprobar medidas que favorezcan a los afectados por la ‘burbuja inmobiliaria’ es “anacrónica”. Reconoció, no obstante, que estamos sólo ante “un alivio y no la solución” definitiva, que sólo puede venir de una “ley justa” que salga del Congreso de los Diputados.
Alberto Garzón recordó en que desde el grupo parlamentario al que pertenece IU se ha “insistido continuamente en que esto iba a ocurrir” y que ahora “ahora vamos a ver cómo reacciona el Gobierno”.

jueves, 14 de marzo de 2013

Exigir responsabilidad y justicia para Iraq. Manifiesto 10 años de guerra en Iraq


En apoyo de las legitimas reivindicaciones del pueblo iraquí
El próximo 20 de marzo se cumplirán diez años de la guerra y ocupación ilegal de Iraq perpetrada por la Coalición internacional liderada por Estados Unidos y Reino Unido, que ha acabado con la vida de más de un millón y medio de iraquíes, y que ha provocado cinco millones de desplazados internos y externos, un millón y medio de viudas y cinco millones de huérfanos, cifras todas ellas extraídas de los documentos A/HRC/19/NGO/145 y 143 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicados el 28 de febrero de 2012.
También hace diez años, las plazas y las calles de Andalucía y de toda España, fueron protagonistas de las  más grandes movilizaciones de la historia, contra la guerra y la ocupación de Irak; un clamor popular se levantó para denunciar la política imperialista de la Administración Bush y la implicación del gobierno de Aznar. A lo largo de esta década, se han cometido probados crímenes de guerra y contra la humanidad, como atestiguan diversas organizaciones de Derechos Humanos, los testimonios de las propias víctimas, varios estudios académicos, filtraciones de documentos gráficos y secretos, además de sentencias judiciales como la del Tribunal Kuala Lumpur de Crímenes de Guerra. Entre estos crímenes se encuentran los ataques deliberados contra la población civil, el uso de armamento prohibido por las convenciones internacionales tales como la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenaje y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción de la que los Estados integrantes de la Coalición son suscriptores, y la Convención sobre Munición en Racimo, que EEUU no firmó. Conforman tales armas el armamento convencional revestido de uranio empobrecido, las bombas de fragmentación o en racimo, y agentes químicos como el fósforo blanco o el agente naranja.
La destrucción del país ha ido acompañada de un proceso político sectario y corrupto, bajo una constitución impuesta por la ocupación, lo que viola la Convención de Ginebra, la cual establece que el país ocupante no puede modificar el régimen político establecido. Todo ello ha situado a Iraq  entre los diez primeros puestos de la lista de Estados fallidos junto a países como Chad, la República Democrática del Congo y Somalia. Hoy, en Iraq todos los servicios públicos han quedado destruidos, los derechos sociales han desaparecido y se produce una violación sistemática de todos los aspectos de los Derechos Humanos, incluido el derecho a la vida y garantizados por la legislación internacional.
A pesar de la retirada ‘oficial’ de las fuerzas de ocupación en diciembre de 2011, apenas un año después se ha producido la vuelta en secreto de cerca de 3.000 tropas estadounidenses, por lo tanto, Iraq no es una nación independiente al seguir presa del cruce de intereses de EEUU e Irán además de otras potencias regionales. La política, la economía y los aparatos de la seguridad del Estado están marcados por la injerencia de Irán, tanto de manera directa como a través de los partidos sectarios en el poder, y por la presencia aún palpable de EEUU mediante los mercenarios a los que se contrata para la seguridad privada, asesores civiles y militares además de la presencia de compañías petrolíferas de EEUU e internacionales. Por otro lado, la defensa aérea de Iraq depende completamente del ejército estadounidense.
Entre las violaciones más flagrantes de los Derechos Humanos cometidas por el gobierno del primer ministro iraquí Nuri al-Maliki destaca el número de ejecuciones que se llevaron a cabo en Iraq en 2012 y que ascienden a un mínimo de 65 personas (el doble de 2011 y seis veces más que en 2010), y que obligó a Navi Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a exigir una moratoria. Además, hay que añadir los procesos judiciales que se celebran sin que existan las mínimas garantías procesales; la carencia de los derechos de los detenidos; la tortura de las presas y presos políticos; las muertes a consecuencia de la tortura y los abusos sexuales y las violaciones, hechos todos ellos confirmados por organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos.
Estos sucesos, además de las políticas sectarias, la corrupción o la falta de servicios esenciales, han reactivado las protestas ciudadanas que, desde el 25 de diciembre de 2012, no han dejado de inundar diariamente y de manera pacífica plazas y espacios públicos en varios puntos del país, a pesar de la manipulación mediática del gobierno, las amenazas, las detenciones y los asesinatos selectivos de los miembros del movimiento ciudadano. Uno de los resultados de estas movilizaciones ha sido el reconocimiento por parte de Shahristani, uno de los representantes del gobierno, de la existencia de 6.500 presos, entre ellos 97 mujeres, acusados de ‘terrorismo’ y de 6.000 detenidos sin juicio previo, entre los que hay 95 mujeres, dejando aparte la cifra de más 15.800 presos, de ellos 500 mujeres, que están condenados por otros motivos. Hay razones fundadas para creer que las cifras reales de presos y detenidos son mucho más altas.
Por estas razones, la ciudadanía que condenamos la guerra de agresión a Iraq
EXIGIMOS
1. Que todas las fuerzas de ocupación extranjeras, civiles y militares, que entraron en Iraq con o durante la Ocupación salgan del país, y que todos los acuerdos, las estructuras políticas y las leyes introducidas bajo la ocupación, que violan las Convenciones de Ginebra y la legalidad internacional, sean derogados.
2. La liberación inmediata de todos los detenidos sin cargos, ni juicio; el fin de las detenciones arbitrarias y una moratoria inmediata de la pena de muerte en Iraq.
3. La OMS debe analizar los efectos de la munición revestida con uranio empobrecido de las armas empleadas en Iraq, así como la de otras armas prohibidas, utilizadas probadamente contra la población iraquí. EEUU y el resto de los países que invadieron y ocuparon Iraq deben asumir la plena responsabilidad del coste de la eliminación de la munición y de la limpieza de todas las zonas contaminadas.
4. De todos y a cada uno de los países que han participado en la invasión y ocupación de Iraq la reparación y reconstrucción de la infraestructura iraquí, así como la restitución de la propiedad privada y la compensación moral y económica a la población civil, de acuerdo con la legalidad internacional.
5. A la Corte Penal Internacional que cumpla con su obligación legal de investigar, juzgar y sentenciar con todas las garantía de la ley, a todos y cada uno de los responsables —individuales o colectivos— de la comisión de los crímenes de guerra que desde 2003 se han perpetrado y se siguen perpetrando en Iraq. Los máximos responsables políticos de todos los países que lideraron y apoyaron la invasión y ocupación de Iraq deben asumir legalmente la responsabilidad de sus mentiras y de las políticas que condujeron a estos crímenes contra Iraq y su pueblo.
6. El reconocimiento de la soberanía del pueblo iraquí, afirmando el derecho que le asiste de determinar su propio futuro sin injerencias externas, así como el reconocimiento y apoyo al levantamiento ciudadano y a sus legítimas reivindicaciones.
7. Que el Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Iraq debe ser paralizado hasta que Iraq recupere su plena soberanía y existan unas garantías políticas de democracia y transparencia. Además, se han de  revisar los términos económicos de este Acuerdo bajo el criterio de equilibrio y sostenibilidad en las relaciones comerciales al servicio del bienestar y el progreso de la diezmada población iraquí. 

miércoles, 13 de marzo de 2013

Alberto Garzón, diputado de IU por Málaga, exige una auditoría de la deuda pública y no pagar la ilegítima

“Somos ciudadanxs, no clientes”


Ana García Sempere
Concejal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Málaga y Secretaria de Organización del Comité Local del PCA
No hace aún un mes que el Ayuntamiento de Málaga se posicionó contra la iniciativa de declarar el agua como derecho humano fundamental, en la línea de lo que recoge la ONU, que presentó Izquierda Unida en el pleno.
Y es evidente por qué lo hizo: la implicación del Ayuntamiento en unas jornadas organizadas por Aquagest y con el escandaloso título de "Beneficios para el cliente", lo dejan claro. Para el PP somos clientes, no ciudadanos y ciudadanas. Y por tanto, el agua es un negocio, no un derecho humano que hay que garantizar.
El programa de las jornadas, además, es un despliegue de ejemplos de gestión privada en sectores estratégicos; Agua, Energía, Comunicación, Gas....dejando muy poco espacio a las experiencias de gestión pública. Además, la empresa AQUAGES, coorganizadora del evento, está en estos momentos en el punto de mira con uno de sus gerentes imputado y en prisión `provisional sin fianza, acusado del pago de sobornos a cargos municipales para hacerse con servicios municipales. Se le imputan los delitos de cohecho (soborno), tráfico de influencias y revelación de secretos. Desde izquierda Unida no nos parece que sea este el ejemplo de gestión que haya que mostrar, desde luego.
Tampoco la presencia de Aqualia es muy ejemplarizante después de los últimos sucesos sobre irregularidades en el caso GIAHSA.
Desde Izquierda Unida seguimos defendiendo el reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental, así como garantizar el acceso de hasta 20 litros de agua por persona y día como un derecho de las familias con escasos recursos, ya que esta es la cantidad que Naciones Unidas fija como gratuita para aquellos que carecen de recursos suficientes para pagarla”.
Asimismo, defendemos el estudio de una fórmula para que las familias con escasos ingresos puedan acogerse a un sistema que prácticamente les eximiera del pago mientras las condiciones económicas no lo permitiera.
Para Izquierda Unida el primer punto es “la defensa del carácter público del agua” porque “resulta difícil que los mercados sean capaces de garantizar los derechos humanos”. Estas jornadas que nos trae el gobierno del ayuntamiento de Málaga, con su apuesta decidida por mostrar el panorama privatizador español, no hace más que incrementar nuestra preocupación por el futuro de la Empresa Municipal de Aguas de nuestra ciudad.

martes, 12 de marzo de 2013

La Contrarreforma de la administración local: privatizaciones, eliminación de servicios y recorte de la democracia


Antonia Morillas
Portavoz del Grupo de IULV-CA en la Diputación Provincial de Málaga
El anteproyecto de ley de reforma de la administración local lleva meses dando tumbos. Mucho se ha especulado sobre esta y muchas han sido las negociaciones entre PP y PSOE para alcanzar un acuerdo, con el sonido de fondo del malestar generado entre fuerzas políticas como Izquierda Unida. Finalmente, el anteproyecto de ley llega sin consenso y conteniendo los extremos más radicales que temíamos, con la pretensión de reducir al mínimo la capacidad de acción y decisión política de los ayuntamientos, imponer la privatización de servicios y continuar desarrollando el artículo 135 de la Constitución y la sacrosanta ley de Estabilidad Presupuestaria.
La reforma de la administración local forma parte de la ruta trazada para la  economía española por la Troika  con la connivencia del partido del gobierno. Viene a desarrollar los principios de la Ley de Estabilidad presupuestaria, con el ánimo de reducir al mínimo la administración pública y abrir nuevos nichos de mercado, para mejor negocio de unos pocos y privaciones para la inmensa mayoría. En contra de lo mucho que se escucha en estos días entre las filas del PP, esta reforma no elimina duplicidades, lo que elimina es la posibilidad de que servicios esenciales puedan ser prestados, y más aún, que estos puedan ser prestados desde lo público y por ende, accesibles y universales. Su aprobación, significaría dejar a miles de ciudadanos privados del acceso a servicios públicos como guarderías, bibliotecas, consultorios médicos, centros de información y prevención de violencia de género e incluso sin mercados municipales. Esa es la principal consecuencia de la aprobación de esta reforma: la eliminación de servicios que atienden las necesidades sociales más básicas desde la administración más próxima y accesible, que representan los ayuntamientos.
El establecimiento de un coste estándar por cada servicio, coste mínimo, que condicionará la capacidad de prestación de servicios por parte de los ayuntamientos, muy especialmente entre los menores de 20.000 habitantes, implicará en unos casos la supresión de servicios  y en otros, su prestación por parte de las Diputaciones provinciales, que en cualquier caso, no podrán prestarlo desde lo público, pues no tienen estructuras administrativas adaptadas a las nuevas competencias municipales que van a asumir. Por tanto, privatizaciones y alejamiento de los servicios de la ciudadanía. Casualmente el grueso de los gobiernos provinciales está en manos del Partido Popular: sobra decir el entusiasmo con el que están acogiendo esta reforma, que otorga a las diputaciones un poder desmedido, incluso en lo referente al establecimiento de tasas y precios públicos, por ejemplo, el del agua.
Desaparecen las competencias complementarias en materia de salud, educación, igualdad o participación, entre otras. En materia de servicios sociales, mantenimiento de centros sanitarios y mantenimiento y gestión de guarderías, las competencias quedan reservadas en exclusiva para las comunidades autónomas, que podrán delega  a los municipios mayores de 20.000 habitantes, no a los menores, siempre y cuando realicen la oportuna transferencia económica. Ahora bien, la transferencia económica se computará en base al coste estándar o coste mínimo, lo que en la práctica significa en la mayoría de casos, imposibilitar la prestación del servicio, y en cualquier caso, la prestación del servicio desde lo público. Competencias complementarias en materia de igualdad de género, que venían a desarrollar el articulado de la Ley de igualdad, que atribuye funciones concretas a las entidades locales, son eliminadas de un plumazo, pasando, de nuevo, la igualdad de género a la cola de la agenda política y provocando un problema existencial a los centros y servicios municipales en materia de igualdad y prevención,  que en su gran mayoría han venido a paliar el déficit de atención de otras administraciones, y que con esta reforma se verán abocados a su cierre.
Asimismo, la asunción de competencias municipales por parte de las Diputaciones provinciales, abocará a muchos servicios a su privatización e implicará el alejamiento de los servicios de la ciudadanía. Sobra decir que las diputaciones provinciales no son precisamente la institución más transparente ni más accesible para la ciudadanía, ni siquiera sus diputados y diputadas son elegidos de manera directa por los ciudadanos. Hace apenas un año, el debate pivotaba en torno a la supresión de las diputaciones y la articulación de estructuras supramunicipales de proximidad comarcalizadas. Pues bien, con esta reforma, la Diputación va a tener más poder que cualquier ayuntamiento menor de 20.000 habitantes y en el caso de los menores de 5.000, que representan el 80% de los municipios andaluces, tendrá también la capacidad, por mayoría simple de sus miembros, de intervenir los ayuntamientos, con la retirada real de los cargos electos de los mismos. Es decir, lo que ponen los ciudadanos, lo podrán quitar las Diputaciones provinciales. Los ayuntamientos pasarán a ser oficinas administrativas de entes superiores. Un ejercicio absoluto de atropello democrático que sitúa en una clara situación de desigualdad e indefensión a los y las ciudadanos que habitan los municipios menores de 5.000 habitantes.
Ni que decir tiene, el impacto en términos de empleo que va a suponer. En los municipios mayores, la imposición del objetivo de déficit y la merma de competencias, implicará sin duda reestructuraciones, cuando no supresiones, de empresas y entes públicos de gestión, que repercutirán en la prestación de servicios, e irremediablemente en despidos de empleados públicos. El  personal laboral de los ayuntamientos pende ahora, más que nunca, de un hilo. La prestación de servicios que hasta ahora eran prestados por los ayuntamientos, por parte de las diputaciones, implicará también un ataque a la empleabilidad de los ciudadanos de los municipios más pequeños, cuestión que se suma a la eliminación de la capacidad de los municipios de emprender iniciativas económicas de desarrollo propias.
En síntesis, recentralización y por tanto alejamiento de la ciudadanía de los espacios de toma de decisiones sobre lo público, carrera desaforada hacia la eliminación y privatización de servicios esenciales para la ciudadanía (guarderías, bibliotecas, limpieza, agua…), destrucción de empleo público y control e intervención política de los ayuntamientos elegidos democráticamente por los ciudadanos. Esta reforma, bien vale una movilización, mil movilizaciones. Hay que pararla.

sábado, 9 de marzo de 2013

José Gámez, Alcalde de Almachar:”Los pueblos pequeños pagamos los platos rotos de la crisis”


Carta abierta sobre la reforma local
“S.O.S” LOS PUEBLOS PEQUEÑOS PAGAMOS LOS PLATOS ROTOS DE ESTA CRISIS, “NO EN NUESTRO NOMBRE”.
-REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL O MEJOR DICHO GOLPE DE ESTADO A LA AUTONOMIA LOCAL Y SECUESTRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE RECIBEN LOS VECINOS
Soy alcalde de Almáchar, 1900 habitantes, tengo excedencia en mi trabajo en una empresa privada, donde cobraba sólo 350 € menos; como alcalde trabajo, SÍÍÍ TRABAJO, más de 10 horas diarias, todos, prácticamente todos los días del año, por buscar lo mejor para mis vecinos, NO PARA MÍ, somos un Ayuntamiento solvente, tenemos pagados todo a fecha de 31 de diciembre, cumpliendo la ley, no tenemos deudas (ni con hacienda, Seguridad Social ni otras administraciones), prestamos servicio de guardería, que nos quitaran por la cara por ser competencia impropia y que no será rentable si lo hace otra administración, ídem el conserje, las dos cocineras del comedor escolar y la limpiadora, al gestionar nosotros todo esto tenemos la suerte de que 140 niños coman todos los días comida tradicional hecha “in situ” limpieza de calidad y conserje que con su labor hace que la calidad educativa del centro mejore, al ser competencia impropia lo gestionará la Junta, que probablemente instale la línea fría, no pondrá conserje y subcontratará la limpieza con una empresa privada que busca beneficio antes que calidad del servicio, además los cuatro puestos de trabajo locales y toda la compra de suministros al comedor a los comercios locales los perderemos, en la guardería tres cuartos de lo mismo, si es que la Junta la mantiene, porque si el municipio tiene menos de 5.000 habitantes no está obligada a mantenerla y nosotros aunque queramos no podremos hacerlo por imperativo legal, otros dos puestos de trabajo locales en el aire al igual que este servicio,  el bibliotecario que está a media jornada tendrá que irse a la calle si la Junta decide que no es viable su continuidad, pues no somos suficientes habitantes para este servicio, etc., etc...
Ante este panorama, que no acaba solo aquí,…Que se metan los sueldos por donde les quepan, ahí no está el problema, vaya por delante que soy partidario de regularlos, yo estoy dispuesto a llevar la alcaldía desde mi trabajo, pero no a que mis vecinos tengan que ser ciudadanos de tercera en cuanto a servicios básicos que deben recibir, y mucho menos ciudadanos al servicio del diputado de turno, y que cuando este venga al pueblo haya que hacerle mil reverencias para que no se enfade y nos trate bien.
Con este populismo que el PP y los medios venden logran confundir a todos y la realidad es que al erario público le va a costar más prestar los servicios obligatorios que tengan que prestar las demás administraciones, pues estos quedaran en manos privadas que priman antes el beneficio que la calidad del servicio, OS ESTAN ENGAÑANDO Y ESTÁIS PICANDO.
En fin que no es de justicia que los ciudadanos de un pueblo tengan menos derechos a ser representados dignamente por el político que los propios vecinos decidan elegir directamente en las elecciones municipales y no por el diputado de turno que le impongan desde el aparato del partido que gobierne la Diputación.
ES INDIGNANTE, lo que quiere el PP es volver a los tiempos de antes donde visitaba el pueblo el gobernador, AHORA SERÁ EL DIPUTADO DE TURNO QUE ELIJA EL PARTIDO DE TURNO, y habrá que recibirlo a la entrada del pueblo con la banda de música, regalarle la caja de uvas o la botella de aceite, para que se vaya contento y nos trate bien en el reparto discrecional de las prestaciones que tenga a bien darnos, y no nos quejemos mucho porque sino se lo dará a otro pueblo.
Reflexionen antes de atacar y vilipendiar tan libremente a los cargos políticos y concejales de los municipios pequeños, donde el 85% de estos políticos no cobran un euro. El objetivo de la reforma es este, el que os acabo de comentar, y no el otro que es el que os están vendiendo.
Para terminar dejaría dos preguntas o reflexiones en el aire:
1.-Muchos se preguntan ¿se pueden mantener tantos Ayuntamientos?, pero sin embargo no se han preguntado ¿Se pueden mantener las diputaciones sin los pueblos?, que son las que ahora se van a llevar más financiación.
2.- ¿Es justo que los impuestos indirectos, que son la mayoría de la recaudación del Estado, IVA, ….que pagamos los vecinos de los pueblos, vaya a cubrir cargos políticos que designará el partido de turno en diputación y no pueda ir al cargo político que el vecino decide votar democráticamente?, ¿donde echan gasolina, compran ropa, alimentos, coches, etc… los vecinos de los pueblos pequeños y por ende dejan su parte impositiva en los ayuntamientos de las grandes ciudades, ¿NO SE PODÍA MANTENER EL AYUNTAMIENTO DEL PUEBLO TAMBIÉN CON ESTO? Al final es el mundo al revés el pequeño financiando al grande, por desgracia como siempre.
Atte.: José Gámez Gutiérrez
Alcalde de Almáchar (Málaga) por Izquierda Unida (IULV-CA)

viernes, 8 de marzo de 2013

Izquierda Unida de Andalucía apuesta por una consulta al pueblo andaluz si el gobierno del PP se "empecina" en exigir más recortes a Andalucía


El portavoz en el Parlamento andaluz y Coordinador Provincial de IULV-CA de Málaga, José Antonio Castro, ha afirmado que la formación de izquierdas va a hacer "todo lo posible" para regular las consultas populares en la comunidad andaluza garantizando que la futura Ley de Participación Ciudadana, un proyecto que se está elaborando a través de un proceso de participación con la ciudadanía, contemple esta posibilidad.
José Antonio Castro ha advertido que, en caso de que el Gobierno central intentase obligar a Andalucía a hacer recortes por el incumplimiento del déficit, IULV-CA defenderá una consulta a la ciudadanía. En los mismos términos ya se expresó el pasado lunes el Coordinador general de IULV-CA y también Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, quien defendió la necesidad de esta convocatoria en el caso de que el Gobierno central exigiera a la Junta más recortes.
En una rueda de prensa, ayer jueves 7 de marzo, en sede Parlamentaria, Castro ha dedicado las primeras palabras para expresar el pesar del Grupo de IULV-CA por la muerte de Hugo Chávez y trasladando el "aliento y solidaridad con el proceso bolivariano" a la vez que se ha mostrado convencido de que "va a seguir consolidándose con el apoyo del pueblo de Venezuela", tal y como ya ayer señalaba el Consejo Andaluz de la formación a través de un comunicado (http://www.iuandalucia.org/pueblo-venezuela-la-revolucion-bolivariana-la-muerte-del-presidente-chavez)
Ante las clamorosas declaraciones de perfil  antidemocrático del PP que ha calificado la propuesta de consulta ciudadana de Izquierda Unida de Andalucía de “ocurrencia" y una "pamplina", el diputadod e la izquierda andaluza ha señalado  que "Consultar a la ciudadanía no es ninguna pamplina, es algo muy serio, es democracia con mayúsculas”. Además Castro, también ha anunciado que IULV-CA, llegado el caso, se dirigirá al conjunto de organizaciones sociales movilizadas en defensa de la Autonomía el pasado 28-F para plantear una Consulta Popular sobre la imposición de nuevos recortes” a nuestro pueblo.
En estos términos le ha respondido el portavoz de IULV-CA al PP, por su actitud antidemocrática y ha llamado la atención sobre el desgraciado concepto de democracia de la derecha en España. "Qué concepto tienen de la democracia, si tienen ese sentido patrimonialista del dinero público y consideran que consultar a los ciudadanos es una pamplina"  ha señalado Castro, que ha reafirmado que a lo que IULV-CA aspira y reivindica es una “democracia plena", de empoderamiento de la ciudadanía frente a un PP que llama "responsabilidad democrática a hacer lo que diga Merkel en un despacho". Y anunció una campaña para que "el pueblo andaluz esté informado y participe con todo el criterio"
La procedencia de los ingresos de Andalucía y la incapacidad a la que está sometida la Junta de Andalucía para obtener nuevos ingresos son los principales motivos que plantea IULV-CA para emprender una campaña de comunicación "para que el pueblo andaluz esté informado” y "para que se sepa de dónde proceden nuestros ingresos y la incapacidad de tener recursos propios" porque, según se denuncia desde IULV-CA, "el Estado nos quita la posibilidad de establecer el impuesto a la banca o la subasta de medicamentos y nos impone medidas para el desmantelamiento del Estado del bienestar".
De hecho Castro ha señalado que la intención de IULV-CA no es sólo "preguntar al pueblo andaluz" sino también invitar a la "guardia pretoriana de la Troika", en referencia al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro a que como andaluz venga a Andalucía “a explicar los recortes a los interinos de educación, al personal de sanidad, a los promotores y asesores de empleo o a los cuidadores de dependencia".
También ha criticado el portavoz la actitud del PP en Andalucía ante las medidas de ajuste, actitud que Castro ha definido como  "la obsesión 'peperiana' por trasladar a la ciudadanía e intentar convencer a la Junta de que Andalucía debe tener más recortes y reducción de servicios públicos" por lo que ha concluido señalando que IULV-CA está en la Junta para que “se cumpla primero con los ciudadanos y para que esperen los mercados".

jueves, 7 de marzo de 2013

Antonio Romero: “Hugo Chávez ha muerto rodeado del cariño de su pueblo y de la solidaridad de la izquierda mundial"


Carta abierta a  la ciudadanía
Ganó seis elecciones, la ultima con más del 60% de los votos. El imperialismo y sus lacayos le llamaban dictador. Que gran divorcio entre la Venezuela real y la campaña virtual del pensamiento único neoliberal.
Estimados ciudadanos, estimadas ciudadanas:
Hugo Chávez Frías ha muerto en el hospital militar de Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante de la Revolución ganó seis elecciones, las últimas con más del 60% de los votos, y el imperialismo y sus lacayos le llamaban  dictador. Que gran divorcio entre la Venezuela real y la campaña virtual del pensamiento único neoliberal. Hugo Chávez ha muerto rodeado del cariño de su pueblo y de la solidaridad de la izquierda mundial.
Venía ejerciendo cada vez mas un liderazgo en América latina y en el mundo como  un referente del socialismo del siglo XXI, en 14 años de gobierno revolucionario, estas son algunas cifras a tener en cuenta de Venezuela:
-El desempleo en 2009 era del 14,5% y el 2012 es del 7,5%.
-La población ha crecido de los 23.867.000 habitantes en el año 2009 hasta los cerca de 30 millones en 2012.
-El PIB per capita se ha incrementado extraordinariamente desde 5.095 euros anuales en 2009 hasta 13.405 euros en 2012.
-La pobreza descendió de manera notabilísima, en 1999 el 24% de la población estaba bajo el umbral de la pobreza extrema y en el 2012 queda en esa situación solo el 8,5%
-La mortalidad infantil en el año 1999 era de 20 por mil y en 2012 era de 13 por mil.
-El gobierno repartió mas de 2.300.000 hectáreas expropiadas a los grandes terratenientes entre los campesinos  indígenas y los  trabajadores.
-Se construyeron miles de viviendas para las familias pobres.
-La exportación de petróleo aumento de forma espectacular paso de 14,400 millones de euros en 1999 a 70.000 millones de euros en 2012.
-Los maestros y los médicos llegaron a los barrios pobres de Caracas y de todo el país para alfabetizar y prestar atención sanitaria a los que estaban marginados de todo, eran los invisibles. Aquí jugo un papel clave los acuerdos con Cuba, petróleo por médicos y maestros, habrá un trueque o  un acuerdo mas hermoso y mas limpio que este, en otros lugares los petrodólares son para lujos, palacios de oro, monarquías corruptas y teocracias y compra de armamento.
Todo esto hizo que los pobres, los invisibles, los patas en el suelo, defendieran a Hugo Chávez frente al golpe de Estado de Carmona, en el que por cierto no quedó claro el papel del entonces presidente del gobierno Don José María Aznar.
Hugo Chávez devolvió la dignidad y la soberanía a Venezuela frente al Imperio, hoy Venezuela es respetada a nivel internacional y su voz en estos años se elevo con fuerza en la ONU y en otros foros internacionales contra la guerra de Iraq contra la guerra de Libia y fue uno de los poquísimos gobiernos que retiro al embajador de Israel por la matanza en Gaza del pueblo palestino.
Venezuela además esta jugando un papel de claro referente para Latinoamérica que rechaza hoy seguir siendo el patio trasero de los EEUU. Chávez y sus gobiernos se han enfrentado al FMI, al Banco Mundial, a sus organizaciones en América Latina, tildando la política de estos  organismos de criminales y genocidas, culpables de las deudas impagables y del saqueo de sus recursos, y hoy la mayoría de los gobiernos en América Latina están en mejores condiciones de afrontar la crisis mundial y con mejores garantías que los países desarrollados.
Las campañas contra Hugo Chávez en España las han emprendido los que defienden a los bancos, a los terratenientes españoles, a los medios de comunicación de la derecha venezolana, al neoliberalismo, el PP y también el PSOE de Felipe González, Aznar y el Rey. El Borbón que no lo ha elegido nadie, se perpetua en el poder, que dejará en herencia como si fuese un cortijo privado en una institución caduca que no pasa por las urnas, por lo que carecía y carece de toda autoridad moral y política para mandar callar a Chávez.
El homenaje más leal, mas sano a la obra de Hugo Chávez es la unidad del pueblo venezolano para continuar con la Revolución, impidiendo la vuelta de la oligarquía corrupta y asesina. La historia la hacen las masas, los pueblos, pero algunas personas juegan un papel clave por su especial liderazgo, y entre ellas está Hugo Chávez Frías, que ilusos aquellos que hablan en sus medios de comunicación “El caudillo calló”, su voz y su obra estarán mas presentes ahora que nunca, que equivocados están y que miserables son.
El pueblo venezolano ganara el futuro, gracias por haber dado un hijo que ha echo una contribución tan grandiosa en la lucha contra el imperialismo y el neoliberalismo sentando las bases de la construcción en su país del socialismo del siglo XXI.
Antonio Romero Ruiz
Ex parlamentario de I.U., Presidente de honor del PCA y coordinador de municipios por la III República