viernes, 15 de marzo de 2013

Izquierda Unida de Andalucía manifiesta ‘alegría’ tras conocer la sentencia del Tribunal Europeo sobre desahucios y exige la paralización inmediata de los desahucios


Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, insta al Gobierno a dar respuesta “política y jurídica” a los 80.000 andaluces que han perdido su vivienda “ilegalmente”.
José Antonio Castro, portavoz del Grupo parlamentario de IULV-CA, anuncia medidas en la Cámara andaluza para forzar la aprobación de la ILP presentada en el Congreso.
Castro ha manifestado la “alegría” del conjunto de la organización tras conocer la sentencia del Tribunal de la UE a la vez que el “estupor” porque “hoy sabemos de manera fehaciente que los sucesivos gobiernos de España han tenido escondida una Directiva europea de obligado cumplimiento” mientras se han ejecutado más de 400 mil desahucios a la vez que también ha denunciado que haya habido otras directivas que "sí se han aplicado en España de manera firme llevando al sufrimiento y a los recortes" a la gran mayoría de ciudadanos.
El portavoz de IULV-CA ha insistido en que desde Andalucía "se va a empujar" para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy comience "inmediatamente" a tramitar la referida ILP y por tanto ha anunciado ya que en el mes de abril IULVCA presentará una proposición no de ley por la que se inste al Congreso a aprobar dicha iniciativa “en su totalidad” tras haber declarado recientemente Rajoy su negativa a la dación en pago retroactiva.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, por su parte ha instado hoy al Gobierno de España a dar “respuesta política y jurídica” a los cientos de miles de familias “desahuciadas ilegalmente, tal y como ha puesto de relieve la sentencia” del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea. “Sólo desde el inicio de la crisis, en 2007, unas 400.000 familias han sido desahuciadas en España, 80.000 de ellas en Andalucía. Es urgente que el Gobierno de España les dé una respuesta, porque han visto violado su derecho humano a la vivienda, al no garantizarse su tutela judicial efectiva”, ha señalado Cortés, que también ha instado al Gobierno a aprobar Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios “como punto de partida” para “empezar a restituir” los derechos de cientos de familias que han sido objeto de “violencia” por parte del Estado al haber sido privadas de sus viviendas “ilegalmente”.
Cortés ha animado a las familias en riesgo de desahucio a acudir a las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento han evitado 956 desalojos en toda Andalucía. “Con esta sentencia, que el Gobierno no puede eludir, las oficinas adquieren más poder y pueden prestar un servicio aún mejor. Seguiremos exprimiendo nuestras competencias para dar respuesta a las víctimas de esta estafa económica, política y social, pero ahora lo haremos con una herramienta más, con el pleno aval de la justicia europea”, ha afirmado Cortés, para quien la aplicación de la sentencia comunitaria “debe ser retroactiva”.
Tras 400.000 desahucios ilegales, el Gobierno se quedado ya sin ninguna excusa para no decretar la paralización de los desahucios, impulsar el alquiler social y aceptar la quita de las hipotecas con cláusulas abusivas”, ha señalado Cortés, que ha recordado que el Gobierno andaluz está ofreciendo un “modelo alternativo que demuestra que sí se pueden cambiar las cosas”, poniendo como ejemplos el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, la paralización de los desahucios en el parque público de vivienda en caso de empobrecimiento sobrevenido y la elaboración, por parte de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que dirige Diego Valderas, de una ley de protección de consumidores de productos hipotecarios, que permitirá “establecer garantías” para los ciudadanos que firmen hipotecas y evitar así “nuevos abusos”.
“Esta sentencia supone la muerte de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil, que han consagrado un sistema de desahucios absolutamente injusto y violento, como llevamos años denunciando”, ha afirmado Cortés, que ha afirmado que la directiva de protección de los consumidores de la UE debió haber sido traspuesta al Estado español en 1994, por lo que “los sucesivos Gobiernos de España se lavaron las manos, miraron para otro lado y antepusieron los intereses de las entidades financieras a la protección de los derechos humanos”.
“El discurso de la culpabilización de la víctima, según el cual los firmantes de los contratos hipotecarios eran los culpables de su situación, ha quedado definitivamente desmontado. Las familias desahuciadas o en riesgo de desahucio no deben permanecer en silencio. Tienen la razón y la justicia está de su parte”, ha concluido Cortés.
Alberto Garzón valora que la sentencia europea sobre los desahucios es una "victoria espectacular de la presión de los movimientos sociales"
Por otro lado, el diputado y portavoz económico de IU en el Congreso, Alberto Garzón, ha mostrado su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea conocida hoy que considera contrarios a la legislación europea las medidas que regulan los procesos de desahucios en España. Para Garzón, este fallo judicial “da la razón a los movimientos sociales y supone una victoria espectacular de la presión que han realizado”.
“Está claro que ahora la pelota está totalmente en el lado del Gobierno –aseguró en declaraciones en los pasillos del Congreso-, que tiene que decidir qué va a hacer con la ley. Vamos a ver hasta qué punto quiere avanzar”.
Garzón trasladó su confianza para que el Ejecutivo incorpore las recomendaciones expresadas de esta instancia judicial europea a la legislación española y que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en fase de tramitación parlamentaria, pueda mantener en su plasmación legislativa “todo el núcleo de lo que contenía, especialmente en lo relacionado con la dación en pago de carácter retroactivo”.
El diputado de Izquierda Unida por Málaga valoró que esta importante sentencia demuestra que toda la defensa a ultranza hecha por el PP de su política de vivienda y en contra de las propuestas políticas y de los movimientos sociales a favor de parar los desahucios y aprobar medidas que favorezcan a los afectados por la ‘burbuja inmobiliaria’ es “anacrónica”. Reconoció, no obstante, que estamos sólo ante “un alivio y no la solución” definitiva, que sólo puede venir de una “ley justa” que salga del Congreso de los Diputados.
Alberto Garzón recordó en que desde el grupo parlamentario al que pertenece IU se ha “insistido continuamente en que esto iba a ocurrir” y que ahora “ahora vamos a ver cómo reacciona el Gobierno”.

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