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sábado, 9 de enero de 2021

IU denuncia la “abusiva e injustificable” subida de la electricidad y reclama “tomar medidas para que la energía sea un derecho irrenunciable en un sistema donde prevalezca el control público”


Izquierda Unida denuncia la “abusiva e injustificable” subida del precio de la electricidad por parte de las grandes compañías de la energía que operan en España “hasta alcanzar niveles récord y convertirnos en uno de los países con la electricidad más cara de toda la Unión Europea. Lo llevan a la práctica precisamente en plena ola de frío y nieve, y cuando buena parte de la ciudadanía debe sumar esta escandalosa subida a la vulnerabilidad que arrastra por las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, entre otros problemas”.
Para Sira Rego, responsable federal de Acción Política de IU y portavoz de esta formación en el Parlamento Europeo, “hemos llegado a una situación insoportable, que es consecuencia de los intereses económicos particulares del oligopolio eléctrico”. La dirigente de Izquierda Unida considera “imprescindible” que “las distintas administraciones e instituciones competentes, entre ellas el Gobierno, analicen con detalle este grave problema y actúen de inmediato para que la energía sea un derecho básico irrenunciable, en su sistema de distribución y uso donde prevalezca el control público de la mayoría”.
Recuerda que IU siempre ha defendido “romper este dañino oligopolio” y apuesta por crear “una empresa pública y unas nuevas normas que contribuyan a adecuar el mercado para garantizar precios máximos a determinadas unidades familiares más vulnerables y garantizar cupos mínimos vitales de energía para, desde luego, alcanzar otro tipo de composición y usos energéticos”.
Para Rego, “aunque esta ola de frío aumente, como es lógico, la demanda eléctrica y la meteorología no esté siendo muy propicia para la generación de las renovables, incluso con un mercado del gas con precios en aumento por coyunturas externas, no se pueden justificar unos precios mayoristas que sobrepasan cualquier límite, como ocurrió ayer viernes, algo que no tiene un equivalente así en los países de nuestro entorno”.

Ante la magnitud del problema, Izquierda Unida plantea un conjunto de medidas, entre las que destaca:
1.Cumplir con el punto 3.2 del Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE para acometer una profunda reforma del mercado eléctrico que evite estas situaciones de precios extremadamente elevados.
2.Que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abra de forma efectiva y hasta las últimas consecuencias como organismo regulador y supervisor del sector energético una investigación para dilucidar con transparencia cómo han operado los productores en estos últimos días, para aclarar cualquier sospecha sobre posibles actuaciones anticompetitivas de algunos agentes del mercado, como se ha demostrado que ha ocurrido en otras ocasiones por parte de algunas compañías.
3.Que en virtud de la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica intervenga de forma temporal, al menos hasta el final del estado de alarma, los precios de acuerdo a las excepciones que prevé el artículo 5 de dicha directiva.
4.Que se diseñe una tarifa regulada real que sustituya a la actual (PVPC), y no desregulada y bajo los exclusivos criterios del mercado como ocurre en la actualidad.
Izquierda Unida considera que “de forma racional, serena y tras un adecuado análisis de los múltiples estudios profesionales existentes, debe modificarse un sistema de fijación de tarifas mayoristas del mercado eléctrico que en estos momentos está basado en una subasta que fomenta la especulación”. La responsable federal de Acción Política de IU apunta que “lo que se pone de manifiesto de forma recurrente es que la configuración actual del mercado eléctrico y su excesiva concentración lo hacen ineficiente. Una vez más queda demostrado que se debe actuar para evitarlo”.
Izquierda Unida respaldó de forma clara en el Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE un compromiso para reformar el actual mercado eléctrico, tal y como se plasmó en el punto 3.2.
“Desde IU entendemos -señala Sira Rego- que es el momento para que el PSOE cumpla con sus compromisos y se pueda abrir una mesa de trabajo para abordar el diseño del nuevo modelo de mercado eléctrico. Las actuales distorsiones solo benefician a las empresas productoras de electricidad y al oligopolio que lo controla de forma mayoritaria, en claro perjuicio de los consumidores, especialmente los más vulnerables”.
Rego recuerda también que más de 10 millones de consumidores domésticos están acogidos a la tarifa regulada (PVPC) y que para solicitar el bono social, además de acreditar la condición de vulnerabilidad, “se debe estar incluido en esa tarifa, que consiste básicamente en una indexación de la evolución del mercado eléctrico, es decir, está sometida a la volatilidad del mercado, por lo que el riesgo del precio no lo asumen las compañías comercializadoras, sino los propios consumidores”.

domingo, 20 de diciembre de 2020

El PCE e IU amplían la #QuerellaBorbón tras la regularización fiscal para que se investiguen todos los casos ante evidentes “indicios de actividades ilícitas”


Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, hemos registrado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una ampliación de su querella inicial sobre las actividades presuntamente delictivas protagonizadas por el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, ayudado por personas de su confianza, para que se incluya en la causa especial 21092/2018 que lleva el Alto Tribunal.
En el escrito, incorporamos los casos que han saltado a la luz pública en las últimas semanas, desde la regularización fiscal que el todavía rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria hace tan solo unos días para evitar una investigación más exhaustiva, al uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro para pagar distintas actividades tanto suyas como de su entorno familiar, pasando por el movimiento de elevadas cantidades de dinero a través de paraísos fiscales y Estados opacos a las investigaciones fiscales. De esta forma, los querellantes amplían sustancialmente el objeto de su acción ante el Alto Tribunal, iniciada en 2018, por el presunto cobro de comisiones ilegales por la intermediación de Juan Carlos de Borbón en la adjudicación de la AVE a La Meca.
En el señalamos que “De la lectura de la presente ampliación de querella, y puesta en correlación con la inicial querella presentada en diciembre de 2018, se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados y, en particular, del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo”.
Recordamos que existen evidentes “indicios de actividades ilícitas relatados y documentados en ordinales anteriores que como mínimo se remontan al año 2002, siendo las conductas descritas durante todo este iter temporal concatenadas las unas con las otras, teniendo como nexo de unión la conducta de Juan Carlos de Borbón a la hora de recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda Pública española de la percepción de estos pagos ni de la existencia de cuentas, inversiones o instrumentos financieros en las que se han ido depositando millonarias cantidades de dinero”.

La querella iba inicialmente dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, contra su amante Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón. Ahora se completa con los nombres del ya citado empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y del teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas.
Tanto los hechos delictivos recogidos desde un primer momento como los que se detallan ahora en el texto de ampliación de la querella corresponden a 13 delitos -siete de ellos vinculados directamente con el ex jefe del Estado-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
Entre los nuevos casos que incorporamos ahora está el referido a la segunda investigación abierta en la Fiscalía del Supremo -no judicializada aún, igual que la primera- por la utilización por parte de Juan Carlos de Borbón y otras personas de su familia de fondos que habría donado el empresario Sanginés-Krause. Esta actuación se habría realizado con tarjetas de crédito a nombre del coronel Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito durante casi una década.
Apuntamos a que “los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del rey y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el año 2014 en el ejercicio de sus funciones constitucionales”.
Estos hechos obligaron al rey emérito hace unos días a presentar ante el departamento de Hacienda de la Comunidad de Madrid una regularización de 678.393 euros por lo que habría dejado de pagar al fisco debido a las donaciones de su amigo mexicano.
La ampliación de querella apostilla que “según numerosas informaciones periodísticas que no han sido cuestionadas, el ciudadano mexicano ha reconocido en su declaración ante la Fiscalía que abonó 113.000 euros de viajes y estancias de Juan Carlos de Borbón en los años 2016 y el 2017, así como 270.000 euros al coronel en los años 2017 y 2018. Además, Allen Sanginés-Krause estaría relacionado igualmente con el movimiento de otros 500.000 euros que Juan Carlos de Borbón habría dispuesto gracias al uso de una tarjeta bancaria”.

Para Izquierda Unida y el PCE esta regularización no cumple con el criterio de espontaneidad que requiere el Código Penal para eludir la responsabilidad penal, ya que se produjo un mes después de que hubiese sido informado por la Fiscalía sobre la existencia de una investigación contra él, aparte de la “extensa publicación en prensa nacional e internacional” de esas diligencias.
Los querellantes abordamos también la supuesta inviolabilidad de la que gozaría Juan Carlos de Borbón en sus acciones, defendiendo que “aún pudiendo apreciarse la inviolabilidad del rey emérito durante los años en que estaba en el ejercicio pleno del cargo de jefe de Estado ésta no debe ser óbice para la apertura de una investigación judicial una vez ya no está en el ejercicio del cargo, y menos aún por hechos delictivos que se perpetúan una vez traspasado el periodo de inviolabilidad, como es la defraudación a la Hacienda Pública, por hechos delictivos cometidos una vez extinguida la inviolabilidad, como es el afloramiento de los efectos delictivos o blanqueo de capitales”.
Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda depositamos la semana pasada la fianza de 12.000 euros impuesta a finales de noviembre por el Tribunal Supremo para ejercer la acusación popular en la tramitación de esta causa especial, recaudada gracias a la colaboración de cientos de personas.
El Supremo decidió reactivar las diligencias después de que los querellantes solicitaran su reapertura a finales de julio pasado. A partir de ahora, y una vez registrada la ampliación, la Sala Segunda que se ocupa de esta causa deben resolver finalmente si la reabren o no, tras haberla desestimado por primera vez a toda prisa en el verano de 2019.

domingo, 6 de diciembre de 2020

Para que seamos iguales en derechos. ¡Es tiempo de república! Manifiesto del PCE


En el 42 aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, el Partido Comunista de España rinde, en primer lugar, homenaje a las mujeres y hombres que con su lucha, compromiso y sacrificio trajeron la democracia y la libertad a España.
A todas las personas que lucharon en defensa de la legalidad constitucional, la republicana, contra el golpe de Estado y contra la intervención extranjera del fascismo internacional.
Es de justicia recordarlo, cuando el fascismo vuelve a emerger a nuestro alrededor a consecuencia de unas políticas económicas neoliberales que no permiten un futuro digno a ningún pueblo.
La democracia no la trajeron los que sustentaron la dictadura hasta el último día y aún hoy se niegan a reprobarla, ni el heredero Borbón impuesto por el dictador fascista en la Jefatura del Estado, ni los llamados “padres de la Constitución”.
La democracia la trajo la clase trabajadora, los hombres y mujeres del pueblo que con sus luchas y movilizaciones, con años de cárcel sobre sus espaldas y las de sus familias, con el sufrimiento soportado por el hambre, los asesinatos, las torturas y el exilio, conquistaron las libertades democráticas.
El PCE trabajó y luchó por la construcción de un acuerdo que permitiera una Constitución democrática y el fin de la dictadura fascista, por una norma que, en ese momento histórico y a la vista de la correlación de fuerzas existente, permitiera un Estado social y democrático de derecho.
También cedimos, aplazando reivindicaciones que forman parte de nuestra identidad política como el Estado federal y la República como expresión de la soberanía popular, aceptando la monarquía. Con el tiempo la falsa imagen que habían montado se desmoronó y apareció un rey que ha sido todo menos ejemplar, amparado por la medieval inviolabilidad que permite todo tipo de delitos y que ha utilizado los servicios del Estado para sus fines de lucro privados.

El acuerdo constitucional del 78 fue incumplido de forma sustancial y reiterada por la burguesía y sus partidos políticos, especialmente en todos lo relativo a los derechos básicos. Se vulneraron todos los títulos y artículos de derechos sociales, económicos y ambientales, se recortaron las libertades políticas y la calidad de nuestra democracia bajó a mínimos. Las políticas neoliberales de los distintos gobiernos impidieron la soberanía y las condiciones de vida dignas para nuestro pueblo. Ante esta situación el Partido Comunista de España dio por roto el pacto constitucional (y se desvinculó de la Constitución de 1978) y exige un nuevo texto constitucional que garantice la totalidad de derechos fundamentales contemplados en la Declaración Universal de DDHH.
Cuarenta y dos años después varias generaciones, la mayoría de las españolas y españoles, no han sido nunca consultados ni han intervenido para decidir cuál es el pacto de convivencia entre personas y pueblos, cuál es el modelo social y económico y el modelo de libertades que necesita España.
El carácter monárquico de la Constitución es hoy impugnado por cada vez más amplios sectores de la población.
Es necesaria un nuevo pacto constitucional que garantice todos los derechos sociales y políticos y todas las libertades. Una Constitución que garantice un gran acuerdo de convivencia solidaria de los pueblos y naciones que forman España, en un Estado federal y republicano unido en torno a la construcción de un proyecto de progreso colectivo. Reivindicamos un estado federal y republicano como patria de convivencia de los pueblos libres, que quieren y pueden elegir a todos sus representantes e instituciones.

Es tiempo de una Constitución que garantice los derechos básicos: trabajo, vivienda, ingresos mínimos vitales y servicios públicos esenciales (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales). Que establezca de forma real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.
Una norma suprema del ordenamiento jurídico que garantice el autogobierno de los pueblos en un Estado federal solidario y plurinacional y que instaure una democracia plena, transparente, participativa, laica y republicana.
Una Constitución marco jurídico de la planificación económica democrática y de la propiedad común de los sectores estratégicos, para que la economía esté al servicio de la mayoría social y no de la minoría oligárquica. Un nuevo modelo económico con objetivos de desarrollo social, innovación y sostenibilidad.
Para ello se tiene que abrir un Proceso Constituyente, entendido como un proceso de movilización popular y democracia participativa, con el objetivo de abolir la monarquía, devolver la plena soberanía política, social y económica a la ciudadanía y a los pueblos, y construir la nueva Constitución.
Un Proceso Constituyente que abra las puertas a un futuro digno para la juventud, para las personas mayores y para el conjunto de la población.
Llamamos a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales y culturales democráticas y republicanas a ponerse en marcha, movilizarse, organizarse, para conseguir abrir un Proceso Constituyente que construya colectivamente otro modelo de sociedad, donde los derechos no se “promuevan” sino que se garanticen, máxime cuando de ello dependen la vida y el futuro de la clase trabajadora y el pueblo.

sábado, 5 de diciembre de 2020

Ernesto Alba, Secretario General del PCA: “Andalucía con futuro”


Hoy se cumplen 43 años de uno de los hitos más importante en la conciencia colectiva andaluza. El 4 de diciembre de 1977 cerca de dos millones de andaluces y andaluzas tomaron las calles de cada una de las ocho capitales andaluzas en defensa de la autonomía de Andalucía. Fue una constatación de que los derechos hay que conquistarlos.
Desde aquella ola de movilización popular muchas cosas han cambiado en nuestra tierra, pero otras se mantienen igual. 43 años después Andalucía sigue siendo la periferia de la periferia. El resultado de las distintas fases históricas que se han dado en nuestra tierra ha sido idéntico: Andalucía continúa siendo un satélite del capitalismo desarrollado.
Estos 43 años no han sido fáciles para Andalucía y, más de cuatro décadas después, enfrentamos una crisis sanitaria, social y económica cuyos daños aún son incuantificables. Lo hacemos, eso sí, con la experiencia reciente de otra crisis económica, la de 2008, de la que los andaluces y las andaluzas salimos mal, y tarde. La situación en la que Andalucía afronta esta nueva crisis es, por la falta de respuesta desde entonces de los gobiernos andaluces –anteriormente del PSOE y actualmente de PP y C’s, con el apoyo de Vox-, similar: Andalucía encabeza los índices de desempleo, pobreza y desigualdad de todo el país, su modelo productivo se asienta en sectores de bajo valor añadido y la reconversión industrial ha golpeado ciudades enteras –véase Linares, la localidad con más paro de España- y grandes comarcas –véase la Bahía de Cádiz-. Además, las inversiones europeas y las grandes infraestructuras planteadas en torno a estas no han propiciado la necesaria convergencia de Andalucía con el resto de España.
La respuesta a aquella crisis, que señaló las contradicciones del sistema de acumulación capitalista, fue la austeridad (a través de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española) y los recortes en los servicios públicos. Las consecuencias de aquella crisis son conocidas: fue la clase trabajadora quien cargó a sus espaldas el coste de la crisis y el Estado del Bienestar quedó herido de muerte. Mientras, los ricos se hacían más ricos.

La crisis económica que ahora afrontamos ya está golpeando fuertemente a nuestra tierra y mermando todavía más las condiciones de vida de la clase trabajadora andaluza, todavía sin que hayamos superado esta maldita pandemia. La crisis del Covid-19 ha vuelto a evidenciar la fragilidad de un modelo productivo asentado en el turismo, como hace no tantos años ocurría con la construcción, así como la necesidad imperiosa de contar con servicios públicos de calidad, bien dotados y financiados, para sostener a la población más vulnerable. Superar esta crisis requiere de servirse de los aprendizajes de la crisis de 2008 –es necesario llevar a cabo políticas expansivas, incrementar el gasto público para que nadie se quede atrás, pero además es necesario abordar decididamente las fallas estructurales de nuestra comunidad. Son muchos, en definitiva, los desafíos a los que se enfrenta el pueblo trabajador andaluz.
En juego está un futuro de dignidad para Andalucía y para los andaluces y las andaluzas. Solo a través de una decidida propuesta política, transformadora y de izquierdas, es posible una Andalucía con futuro. Un futuro en que seamos capaces de dotarnos de los mejores servicios públicos, en el que modernicemos nuestro modelo productivo para garantizar estabilidad y calidad en el empleo y así unas condiciones de vida dignas para las nuevas generaciones. Una Andalucía en la que le ofrezcamos a las nuevas generaciones la posibilidad de ser felices en sus pueblos y sus ciudades, en lugar de que se vean obligadas a emigrar. Una Andalucía con una fuerte industria verde, que apueste por las energías renovables, la investigación y el desarrollo científico, para que seamos capaces de convertir la potencialidad geográfica y territorial que posee Andalucía en bienestar para el conjunto de sus habitantes. Un nuevo sistema productivo donde el medio rural tenga un papel determinante, a través de una reforma agraria integral donde, más allá del necesario cambio de la estructura de propiedad de la tierra hacia formas más colectivas, avance en la propuesta de medidas de transformación de las estructuras de financiación, producción, transformación, comercialización y distribución de los productos agroalimentarios promoviendo la agroecología.

Es necesario, también, construir un futuro de igualdad entre mujeres y hombres, avanzando hacia un nuevo sistema de cuidados que reparta equitativamente los tiempos y el trabajo que suponga. Tenemos que poner la vida en el centro y superar la doble explotación, capitalista y patriarcal, que sufren las mujeres trabajadoras andaluzas.
Hemos de comenzar a construir, desde ya, una Andalucía verde para las generaciones futuras. Andalucía posee un rico patrimonio natural que se ve amenazado por la voracidad del sistema capitalista. La agricultura ultra intensiva, la sobreexplotación de los acuíferos, el fracking o el urbanismo sin control en las zonas de costa deben de ser cosas del pasado. Toda la sociedad y, sobre todo, todas las instituciones públicas, deben ser conscientes del reto crucial al que se enfrenta nuestra especie e implementar medidas para empezar a parar el desastre ecológico.
Tenemos que avanzar hacia un nuevo sistema de justicia fiscal y laboral, que redistribuya la riqueza y que penalice a los especuladores. La nueva economía digital necesita ser regulada y poner fin a la uberización de las relaciones laborales. No podemos permitir que empresas exploten a la clase trabajadora andaluza sin cumplir la legislación laboral y que, además, tributen en paraísos fiscales.
Hemos de fomentar una cultura emancipadora, que recoja el amplio bagaje cultural andaluz, desde sus tradiciones, el mestizaje entre culturas y la innovación de las propuestas culturales más rompedoras. Todo ello debe estar al servicio del pueblo del que emanan.
Esa es la Andalucía con futuro que hoy tiene su mayor peligro tras los muros de San Telmo. El Gobierno de las derechas, apoyado por Vox, está hipotecando el devenir de Andalucía y su pueblo trabajador: la pandemia ha servido para acelerar una hoja de ruta que pasa por desguazar nuestros servicios públicos, que ya habían sufrido importantes recortes en la última década, otorgar más privilegios fiscales a las grandes fortunas y normalizar el discurso agresivo e intolerante de la ultraderecha.

Frente al avance de las derechas, como en aquel 4 de diciembre, el andalucismo debe erigirse como defensor de lo colectivo, de lo común, de lo que es de todos y de todas. La verde, blanca y verde debe servir para lo que entonces sirvió: unir a los de abajo frente a los de arriba. Sin caer en la tentación de copiar modelos políticos importados, de convertirse en una simple reivindicación nacionalista que contraponga sus intereses a los de otros pueblos y territorios de España. Andalucía nunca ha participado de la “guerra de banderas” tantas veces usadas para engañar a la gente trabajadora, y trabajaremos para que así siga siendo. El reto del andalucismo es hacer de la forma de vida que tiene nuestro pueblo un proyecto político que no pone sus límites en Despeñaperros, sino que como dice nuestro himno, lo es "por la Humanidad".
La autonomía política de Andalucía va de la mano de la lucha por la República Federal en el conjunto del estado español. Una república plurinacional que establezca un sistema competencial efectivo y que permita a los territorios autogobernarse desde la plena soberanía. Toca hacerlo desde la lucha, codo a codo, con el resto de organizaciones hermanas del conjunto del estado, empujando por la consecución de la tercera república española. Hay esperanza para construir una Andalucía con futuro en un marco republicano y federal. Como aquel lema del XI Congreso del PCA, una Andalucía libre en una España republicana.
Ernesto Alba
Secretario general del Partido Comunista de Andalucía y portavoz de la Dirección Colegiada de IULV-CA
https://www.eldiario.es/andalucia/en-abierto/andalucia-futuro_132_6479260.html

miércoles, 25 de noviembre de 2020

25N Día contra las violencias machistas. ¡Jaque al patriarcado y al capital! ¡Vivas nos queremos! Manifiesto del PCE


Este 25 de noviembre que se da en el contexto de la crisis social y económica fruto de la pandemia del Covid-19, las mujeres sufrimos la violencia machista en nuestros hogares más silenciadas, más invisibilizadas y más agudizadas. El confinamiento, la pérdida de empleo y el teletrabajo nos ha recluido en casa, muchas a merced de maltratadores y otras que como cabezas de familia se han visto desamparadas por la falta de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: administraciones, empresas y hogares.
Durante las primeras seis semanas de cuarentena se realizaron más de 4.000 detenciones por violencia machista. Aumentaron en más del 50% las llamadas al 016 y más de un 100% su uso online. Y en lo que llevamos de año 37 mujeres han sido asesinadas víctimas de violencia machista.
Asimismo, la pandemia del COVID-19 ha agudizado la desigualdad entre mujeres y hombres y de clase que sufrimos las mujeres. Fuimos las protagonistas con un gran riesgo de contagio en el ámbito sanitario y de los cuidados (empleadas del hogar y atención domiciliaria). Incluso en otros servicios esenciales como el comercio, la alimentación y la limpieza de hospitales. Y desde que se ha iniciado el curso escolar también es esencial otro sector feminizado, el del profesorado que ha reanudado las clases sin medidas suficientes que reduzcan el riesgo de contagios.
Por otro lado, se estima que la nueva crisis económica va a afectar potencialmente a las mujeres más vulnerables que, en muchos casos, dependen económicamente de sus parejas.
La alianza del sistema capitalista y patriarcal se hace más estrecha en condiciones de crisis y nos sitúan aún más indefensas ante las violencias que sufrimos las mujeres, una cruel realidad que viene reflejada en el resultado de la macro encuesta presentada recientemente por el Ministerio de Igualdad, al desvelar que en España más de 11’5 millones de mujeres hemos sufrido violencias por el hecho de serlo.

La macro encuesta refleja las limitaciones y las insuficiencias de una ley de violencia de género que no abarca todas las violencias machistas que sufrimos las mujeres, que permite interpretaciones de sesgo patriarcal y que cuestiona a las víctimas. A eso añadimos la Justicia Patriarcal, misógina y reaccionaria contra las mujeres que sufren violencias machistas, hijos e hijas.
¡Basta ya de violencia institucional! Es imprescindible la reversión de los servicios privatizados a públicos de calidad que garanticen la atención, el buen trato y la protección de las víctimas de violencias machistas.
Sin embargo, hoy las mujeres unidas, podemos ganar a la alianza criminal del sistema capitalista y patriarcal. Por ello quienes la defienden nos temen, nos amenazan y nos criminalizan con falsas acusaciones al feminismo y a las feministas.
Ellos nos quieren en casa, ellos nos quieren sometidas a las violencias y a la desigualdad, ellos nos quieren para su servicio sexual, prostituidas y esclavizadas. Para sus deseos que no derechos reproductivos, utilizadas como incubadoras. Por ello no podemos aceptar ni tolerar más discursos que provengan del trifachito de VOX, de C’s o del PP, que niegan las violencias machistas y acusan a las mujeres feministas de feminazis.
Hoy las mujeres unidas, podemos ganar a la alianza criminal porque tenemos en Unidas Podemos un altavoz en el gobierno y en el Ministerio de Igualdad.
Desde el PCE reconocemos que es un avance el anteproyecto de ley de libertad sexual que inició su tramitación el pasado 3 de marzo y al que el Ministerio de igualdad ha incorporado más de 70 alegaciones.
Vemos con satisfacción las medidas que hacen referencia a la infancia como víctimas de violencia sexual y la incorporación de otras violencias, en la prevención, atención y reparación. La futura ley considera violencias sexuales las recogidas en el Título VIII del Código Penal: agresión, exhibicionismo y provocación, prostitución y corrupción de menores, mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acecho y la trata con fines de explotación sexual, así como la difusión digital de actos de violencia sexual, pornografía no consentida y extorsión sexual. Y se recogerá también como violencia en la reforma de la ley del aborto “los úteros de alquiler”.
Desde el PCE vamos a seguir en la lucha contra este sistema capitalista y patriarcal que explota, maltrata y mata. Llamamos a la unidad, porque juntas somos más fuertes. Tenemos las piezas a favor, podemos ganar la partida.
¡Jaque al patriarcado y al capital! ¡Vivas nos queremos!

martes, 24 de noviembre de 2020

¡Stop desahucios ya! Por derecho, por salud, por humanidad.

Durante la declaración del anterior estado de alarma se suspendieron los lanzamientos de las viviendas por la suspensión de la actividad judicial, pero a partir de finales de agosto se han reanudado y se están ejecutando aceleradamente miles de resoluciones judiciales de desalojo.
Pese a las inmensas dificultades que ya existían en nuestro país para garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución y en la Carta de las Naciones Unidas, la situación se torna draconiana para aquellas familias y personas que se pueden ver privadas de su primera y única vivienda por cumplirse los plazos de sus contratos de alquiler, o por la imposibilidad de afrontar las cuotas hipotecarias.
La paradoja se produce cuando la protección social, la protección de la salud, requiere de manera generalizada la permanencia en los domicilios como mecanismo de contención de la propagación de la enfermedad, es decir para la protección de la salud.
Ante esta situación reclamamos que el Gobierno adopte las siguientes medidas:
- Impedir los lanzamientos de vivienda habitual mientras esté vigente la declaración del estado de alarma.
- Establecer la prórroga forzosa de la duración de los contratos de alquiler que puedan vencer antes de mayo de 2021.
- No computar las cuotas hipotecarias impagadas como causa de ejecución.

En la actual situación, es necesario poner en marcha las medidas que sean precisas para fortalecer y mejorar el Escudo Social que proteja a las capas populares y la clase obrera de nuestro país: es imprescindible mientras dure la situación excepcional que atraviesa nuestro pueblo.

domingo, 15 de noviembre de 2020

En el 99 aniversario del nacimiento del PCE. Apuntes de su historia en Málaga (1921-1930).


La Revolución en Rusia en 1917, impulsada por los bolcheviques, despertó una ola de entusiasmos y esperanzas entre los trabajadores de todo el mundo, favoreciendo el desarrollo de movimientos de carácter revolucionario. En España coincidiendo con este periodo se producen movimientos huelguísticos de obreros y campesinos, es el denominado “trienio bolchevique” (1917-1920).
Así mismo, aparecieron en las organizaciones obreras existentes grupos o fracciones que se adherían al proceso revolucionario iniciado por V.I. Lenin.
La fundación de la Internacional Comunista (I.C.), en 1919, junto al surgimiento en nuestro país de una fuerte tendencia revolucionaria en el PSOE, los denominados “terceristas”, y ocasiona que la Federación de Juventudes Socialistas en su Congreso Nacional se rebelen contra la actitud conservadora del partido y el 15 de abril de 1920, durante la celebración de su Congreso Nacional, decidan constituirse en Partido Comunista Español, llamado el de “los cien niños”. Eligen a Ramón Merino Gracia como su Secretario General, maestro y miembro de la Escuela Nueva, y el 1º de mayo aparece su órgano de prensa El Comunista.
Apenas un año después con ocasión de un Congreso Extraordinario del PSOE, el 19 de abril de 1921, donde se rechaza ingresar en la I.C., un grupo de 34 delegados encabezados por el histórico sindicalista Antonio García Quejido, tipógrafo y fundador junto a Pablo Iglesias de la UGT y el PSOE, se reunieron en la Escuela Nueva y constituyen el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), designan a García Quejido como su Secretario general y su órgano de prensa se llamará Guerra Social.
Si bien durante un tiempo hubo un gran enfrentamiento entre ambos partidos la mediación del representante de la I.C., el italiano Graziadei, consigue que lleguen a un acuerdo de unificación, siendo designado el tipógrafo Rafael Millá como Secretario General del nuevo Partido Comunista de España en una Conferencia de fusión que tuvo lugar del 7 al 14 de noviembre de 1921. El órgano de prensa se llamará Claridad, que posteriormente se convertiría en La Antorcha.
Hasta el 15 de marzo de 1922 el PCE no celebra su primer Congreso, eligiendo a Antonio García Quejido como el Secretario General.
El estado de clandestinidad y persecución hacía difícil la extensión orgánica del partido. Indudablemente existían simpatizantes que desde su militancia en la CNT o la UGT, e incluso en el PSOE trabajaban por las ideas comunistas y por crear una sección malagueña del partido, como es el caso del ferroviario Sixto Díaz Romero, destacado dirigente del socialismo malagueño, que protagoniza la escisión de la minoría “tercerista” en la provincia frente al oficialista José Moreno, sucesor del histórico Rafael Salinas, impulsor de las ideas marxistas en Andalucía y fundador de la UGT y el PSOE en Málaga y que había fallecido en 1919.
Se tiene constancia de la participación de una delegación de la provincia en el I Congreso de la Federación Comunista de Andalucía a finales de 1922.
Durante los meses previos al golpe de Estado del General Primo de Rivera se habían producido acciones masivas de los trabajadores por todo el país. En Málaga unos 50 soldados del Regimiento de Garellano, dirigidos por el Cabo Sánchez Barroso y fieles a las consignas del partido se sublevaron cuando iban a ser embarcados para Marruecos. Cuando los soldados rebeldes fueron sometidos, el Cabo Barroso será juzgado y condenado a muerte. Sin embargo, el aumento de la oposición a la guerra y la popularidad que adquirió el caso “Barroso” obligó al Gobierno a conmutar la pena de muerte y a interrumpir el envío de tropas.
Tras el Golpe de Estado, de Primo de Rivera en connivencia con el rey, el 13 de septiembre de 1923, el PCE y la CNT se sitúan en la ilegalidad y sufren la represión por oponerse al régimen dictatorial. Mientras tanto, PSOE como la UGT, mantiene un acuerdo de colaboracionismo con el directorio militar, siguiendo la línea impulsada por Besteiro y Largo Caballero. Y serán detenidos numerosos dirigentes del partido, entre ellos César Rodríguez González, su Secretario General, elegido en el II Congreso. Le sustituirá en la dirección del partido Oscar Pérez Solís, que también es detenido a comienzos de 1925. Durante meses el Partido carece de dirección efectiva y la Kominter designa a José Bullejos como Secretario general del PCE.
                                                           Cayetano Bolívar Escribano
En Málaga se tiene constancia de un núcleo de dirección estable desde 1925 hasta el final de la dictadura integrado por Arturo Cabello como el Secretario político del Comité Provincial, Francisco Torres de organización, José Gallardo en la responsabilidad sindical, así como, Cayetano Bolívar, José Ochoa Alcázar, Primo, Menéndez, Sixto Díaz, Navas y López Ramos. Dirigentes que asentaron lo que sería en el futuro próximo una de las organizaciones comunistas más importantes de España.
En 1926 la dirección del PCE, que estaba en París, vuelve a instalarse en España, con Bullejos en Bilbao. Además se produce el ingreso de un gran número de sindicalistas sevillanos procedentes de la CNT, como Antonio Mije, Manuel Delicado, Adame, Barneto, Roldán, Núñez, etc., consiguiendo el Partido el control de los sindicatos de obreros portuarios, panaderos, ferroviarios, metalúrgicos, y otros sectores de la provincia. A finales del mismo año se lleva a cabo una Conferencia de la Unión de Juventudes Comunistas (UJCE).
En agosto de 1927 se celebra en un caserío de Durango una Conferencia Nacional, con representación de todas las regionales y la presencia de un delegado de la I.C., el polaco Walecki, donde se rechaza la participación en la Asamblea Consultiva creada por la dictadura, a pesar de que Walecki había propuesto hacerlo. En esta Conferencia se produce la incorporación de Manuel Adame como Secretario Sindical.
En este mismo año el Partido dirige con éxito una huelga general en Vizcaya y participa en las habidas en las cuencas mineras asturianas. Esto lleva a un aumento de la represión sobre los comunistas, siendo detenidos a principios de 1928 José Bullejos, Arrarás, Adame y Trilla, quedando el Comité Ejecutivo del PCE constituido en París por Vicente Arroyo y dos delegados del Partido Comunista Francés, J. Duclós y Rabaté.
                                                                  José Gallardo Moreno
Sin embargo, es durante 1928, cuando se consolida el núcleo sevillano del PCE con quien ha entrado en contacto José Díaz Ramos, organizador del Sindicato de Panaderos y miembro de la CNT, que tras haber sido encarcelado en Madrid y ser ayudado por el Socorro Rojo Internacional, ingresa en el Partido y dirige una huelga en Sevilla contra la Exposición Universal.
También en Málaga, a pesar de la adversa situación, el Partido se encuentra consolidado gracias a un inquieto y capaz núcleo de dirección que extiende su influencia en el mundo sindical como lo muestra la labor de los hermanos Gallardo Moreno, Andrés Rodríguez y Enrique Sánchez, entre otros, así como entre los jóvenes intelectuales por mediación de José Ochoa Alcázar (periodista), José Navas García (profesor de guitarra del Conservatorio y compositor), Juan Rejano (periodista y poeta), Cayetano Bolívar (médico), etc. Por estos años cuentan con su primera sede en la Plaza Mitjana, a pesar de la clandestinidad, pues anteriormente se reunían en bares, en las casas de los camaradas e incluso en el campo.
El 4 de abril de 1928, Cayetano Bolívar gestiona la instalación de un sanatorio quirúrgico de beneficencia, en la finca Vistahermosa del Limonar, que la compra el PCE por 100.000 pesetas, gracias a las aportaciones de la organizaciones comunistas de todo el país y también de donativos individuales como los de Bernabé Fernández Canivell, dueño del laboratorio de “Ceregumil”, quien según Antonio Fernández (a) El Jardinero, aportó 25.000 pesetas. Este centro funcionaría como "sanatorio del Partido", a donde iban para ser tratados muchos comunistas de toda España que se consideraban en peligro en manos de otros sanitarios no fiables. Allí trabajaban su compañera Piedad y Concha López como enfermeras y colaboraban otros médicos republicanos como el Dr. Ramos Acosta y Atilano Cerezo.
Por su parte, José Ochoa organizaba tertulias en el Café Inglés, donde asistían el propio Bolívar, al que los jóvenes comunistas llamaban “el viejo” a pesar de apenas superar la treintena; Emilio Prados, los hermanos Adolfo y Gonzalo Sánchez Vázquez, etc.
                                                                   Juan Rejano Porras
De la implicación revolucionaria del poeta Emilio Prados en estos años habla Vicente Aleixandre, en una carta a Gerardo Diego, donde afirma: La “actividad política” de Prados “... actuando, antes de la caída de la Monarquía española, entre el elemento obrero extremista de Málaga”. Prados tras su estancia en la Universidad de Friburgo y, más tarde, en París transformaron su compromiso con la poesía y desarrollará una intensa labor política y social que durará hasta después de la guerra. Entre los obreros que habían pertenecido a la imprenta “Sur” y de Litoral participa en la creación del Sindicato de Artes Gráficas de Málaga, inicia cursillos de lectura de Marx en el Sindicato entre sus amigos los pescadores; y escribe poesía de profundo carácter político, donde defiende y exalta a la clase obrera, que leerá en las playas del Palo, en la imprenta, en el campo.
Entre los meses de julio y septiembre tiene lugar el VI Congreso de la I.C. donde se adopta la postura de "frente único por la base” y de "clase contra clase”. Del 6 al 10 de agosto de 1929 tiene lugar en París el III Congreso del PCE, al que no pueden asistir gran parte de los delegados del interior al no poder cruzar la frontera. El Congreso tuvo escasas repercusiones políticas y organizativas, manteniéndose el criterio de que estaba próxima la revolución democrático-burguesa y de que el proletariado debía ser la fuerza dirigente y planteaba la creación de un "Gobierno Obrero y Campesino".
En los momentos finales de la dictadura el partido se desarrollaba con lentitud, apenas tenía organización en la capital y había establecido algunas células comunistas en las zonas agrarias del interior de la provincia, entre ellas las de Antequera, dirigida por Juan Fernández Almansa, la de Alhaurín el Grande o Casares.
El Comité Provincial del PCE en Málaga, según el militante antequerano José Cañas García, estaba formado en aquellas fechas por José Ochoa Alcázar como Secretario Político, José Gallardo Moreno como Secretario Sindical y de Organización, Rodrigo Lara Vallejo como Secretario de las Juventudes Comunistas, junto a Cayetano Bolívar Escribano, Andrés Rodríguez, Luis Martín, Arturo Cabo y Sixto Díaz Romero.


miércoles, 11 de noviembre de 2020

Alberto Garzón, Ministro de Consumo y Coordinador Federal de IU: "Es evidente que Juan Carlos de Borbón ha sido un corrupto. Viven en la impunidad"

Por Fernando Garea/elconfidecial.com

Alberto Garzón (Logroño, 1985) es militante comunista, coordinador general de Izquierda Unida y ministro de Consumo. Esta semana, ha logrado que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto que limita la publicidad del juego. Una medida que puede suponer que desde agosto de 2021 los medios de comunicación dejen de ingresar unos 150 millones de euros al año y que la mayoría de los clubes de fútbol pierdan sus actuales patrocinadores. Garzón ha ganado el pulso a los clubes de fútbol, a los medios y a las empresas de apuestas y juego. La norma es similar a la que en su momento se estableció para el tabaco y el alcohol, y el ministro la justifica por los datos que muestran un aumento preocupante de estas actividades entre los más jóvenes. Garzón, además, habla sobre los Presupuestos, de los que se siente satisfecho, y de la monarquía, de la que concluye que "es evidente que Juan Carlos de Borbón ha sido un corrupto" y lamenta la falta de controles y la impunidad de la Corona.

PREGUNTA. Se dijo que su Ministerio carecía de contenido, después de nueve meses, ¿cómo se justifica?
RESPUESTA. Bueno, desde luego, a todos nos ha tocado gestionar la pandemia y eso ha trastocado los planes originales. Pero estamos muy satisfechos con el trabajo realizado, porque hemos ido cumpliendo aspectos muy importantes de nuestro programa, como la normativa de juego que hemos aprobado para la restricción de la publicidad, que era una demanda social muy justificada que por fin esta semana se ha podido cumplir, después de nueve años sin hacerse. Ese es solo el primer paso, tenemos avanzados otros proyectos en ámbitos como el consumo saludable y responsable y otras cuestiones sobre el juego, entre otras líneas de trabajo. Es un Ministerio modesto en cuanto a dotación presupuestaria, pero con una enorme incidencia social, como con el juego.
P. ¿Por qué hay que limitar el juego?
R. El juego es una actividad legal y un ecosistema muy heterogéneo en el que caben desde las apuestas hasta la lotería de Navidad. Hay diferentes modalidades y lo que está claro es que en los últimos años hay una alarma social justificada, porque la expansión de las apuestas entre sectores vulnerables como los jóvenes, los menores o personas que puedan tener algún tipo de trastorno del juego, llegando a los extremos de la ludopatía, se han disparado. Se ha disparado el conjunto de apuestas, se ha disparado la inversión en publicidad y en este momento nuestra vida cotidiana está inundada, porque, por ejemplo, cuando uno ve un partido de fútbol ve básicamente más tiempo las apuestas que el propio deporte, y eso genera problemas a nivel social que son percibidos por la totalidad de la población.
P. ¿Tiene datos concretos que lo avalen, por ejemplo, de consumo entre jóvenes?
R. Sí. El dato más reciente es que en 2019 el 40% de los nuevos jugadores eran jóvenes de entre 18 y 25 años, es decir, el sector está creciendo sobre la base de este grupo más vulnerable. Ese porcentaje era menos del 30% hace solo tres años. El crecimiento se produce en ese sector y lo vemos como una estrategia de los operadores de juego y como consecuencia de un modelo de ocio que se está promoviendo por parte de la sociedad. Hay ciudades con barrios, especialmente los más humildes, donde han proliferado tanto los salones de juego, tanto, que hay muchos más locales de este tipo que espacios verdes o deportivos o de ocio alternativo. La sociedad está mandando el erróneo mensaje de que el tipo de ocio preferente es que una pandilla de jóvenes se reúna en un bar con consumo de alcohol más barato apostando, invirtiendo un dinero que la mayoría de las veces se pierde, pero que incita a un consumo compulsivo que provoca problemas económicos y sociales muy profundos.
P. Si la situación es tan dura, ¿por qué se demora la entrada en vigor hasta agosto?
R. Entró en vigor con la publicación en el BOE y desde ese momento está prohibida la suscripción de nuevos contratos. Ningún medio de comunicación o equipo de fútbol puede hacer nuevos contratos con una casa de apuestas. Lo que sucede es que, por garantía de seguridad jurídica, los contratos que estaban en vigor en el momento de la entrada en funcionamiento tienen un tiempo de expiración, una transitoria que hemos concedido hasta final de temporada. Para hacernos una idea comparativa, en el caso de la publicidad del tabaco, fueron tres años. En este caso, es menos de un año.
P. Afecta a los medios de comunicación en plena crisis por la pandemia y en los propios medios. Son unos 150 millones de euros anuales en publicidad. ¿No es dar la puntilla a medios de comunicación necesarios en democracia?
R. Pienso que no, por cómo hemos diseñado la norma. En el ecosistema del que hablamos, hay tres operadores fundamentales: las empresas de juego, los medios de comunicación y los clubes de fútbol. Todos son muy poderosos y tienen una gestión de altos presupuestos y se ven afectados por esta norma, de ahí la complejidad para aprobarla. Hemos fundamentado la norma en la defensa de la salud pública por encima de cualquier otro criterio. Pero los medios de comunicación y los equipos de fútbol tendrían una merma si esta norma se aplicara de forma inmediata: al tener un tiempo de adaptación hasta final de temporada, tienen tiempo de buscar otros patrocinadores y no creo que tengan ningún problema en encontrar financiación alternativa a un sector tan problemático.
P. Respecto al fútbol, casi todos los equipos tienen patrocinios de casas de apuestas y juego.
R. Tanto entre los medios de comunicación como en el fútbol, había pocas excepciones a este proceder. En los medios, EFE, entre otras, y en el fútbol, la Real Sociedad. En el resto, la mayoría dependía en mayor o menor medida de este tipo de financiación. Algunos clubes de fútbol, cuando avisamos durante el verano de que iba a aprobarse, fueron muy responsable porque cambiaron ya sus patrocinios, de uno que va a estar prohibido a uno legal. Otros equipos han sido bastante más 'peleones' e incluso cerraron acuerdos por dos o tres años con empresas y operadores de juego, pese a que sabían que iba a ser ilegal, y esto es una irresponsabilidad porque te enfrentas a una norma con un consenso social amplio y, segundo, das una visión del deporte que no comparto, porque hay que tener una visión social por encima del negocio. Un equipo de fútbol tiene que ser rentable, evidentemente, pero tiene que trasladar principios y valores que no son los de apostar compulsivamente.
P. Dado que esos sectores son tan poderosos y que ya cuando se tramitó la Ley del Juego intervinieron muchos 'lobbies', ¿ha habido muchas presiones para que no se aprobara la norma?

R. La Ley del Juego se aprueba en 2011 y establece que se debe aprobar una reglamentación sobre la publicidad. Han pasado nueve años y es ahora cuando se elabora, por tanto, es fácil deducir que el hecho de que no haya llegado a puerto nunca en estos nueve años, con dos experiencias previas con borradores de gobiernos anteriores que estaban finalizados, es expresión clara de que hay enormes dificultades para aprobarla. Lo hemos conseguido con la versión más estricta, la más radical, la que va más a la raíz del problema. Y que nos pone a la vanguardia de la UE. Hay muchos intereses con mucho poder que no estaban de acuerdo con esto, pero hay una conciencia social abrumadora en la sociedad civil y en los grupos parlamentarios. Es muy difícil para un grupo parlamentario como el PP mantener una posición crítica con lo que hemos hecho. Y eso que algunos de ellos pertenecen a ese mundo, por ejemplo, Rafael Catalá, exministro de Justicia y ahora alto directivo de una empresa operadora de juego. Les costará mucho mantener la crítica en público. "Es evidente que hay costes también de otro tipo cuando hacemos una norma como esta, que pretende preservar la salud pública"
P. Entiendo que ha habido reuniones y negociaciones con los empresarios del juego y que no ha habido acuerdo.
R. Efectivamente. En cualquier caso, ya en febrero les dije a los operadores del juego que íbamos a una versión muy estricta, que solo podrían hacer publicidad en radio y televisión de una a cinco de la mañana. Lógicamente, no estaban de acuerdo, y luego hemos hecho un avance gradual, más por consideraciones técnicas que políticas. Siempre supieron que íbamos hacia un modelo que estaba en el acuerdo de coalición.
P. Otra objeción es que en momentos de grave crisis y de pandemia se ponen en riesgo miles de puestos de trabajo.
R. Es evidente que hay costes también de otro tipo cuando hacemos una norma como esta, que pretende preservar la salud pública. En todo caso, el sector del juego no debería verse afectado por esta circunstancia, porque lo que se afecta es la publicidad, el negocio puede seguir manteniéndose porque tiene otras vías de ingresos con su actividad. Hay que ser muy honestos y es un paso de gigante, porque estábamos en la ley de la selva: podías publicar cualquier tipo de mensaje incitando al consumo compulsivo a cualquier hora y en cualquier soporte publicitario. Ahora eso se ha acabado, pero no podemos caer en el error de creer que porque no exista la publicidad, porque no la veamos, el problema se ha resuelto. Es un problema complejo que necesita abordajes integrales, que van mucho más allá de la publicidad.

P. ¿Ha habido problemas con otros ministerios?

R. No, en este caso no, porque desde el primer momento estaba claro cuál es el objetivo y estaba asumido por el Gobierno de manera íntegra. He contado con el apoyo de Pedro Sánchez y él tenía claro que había que hacerlo.
P. No entra Lotería Nacional, que sí puede hacer publicidad.
R. La norma incluye a la ONCE y Loterías, lo que ocurre es que, aunque se les restrinja mucho más la publicidad, el tratamiento que hemos dado a la norma es el tratamiento más preciso. Se diferencia entre 'juego reservado', que son ONCE y Loterías y el resto, por la naturaleza de su actividad. Para entendernos, no es lo mismo el juego diferido —compras un billete de lotería en septiembre y ves el resultado en diciembre—, que lo hace más del 80% de la población española, que una apuesta de carácter inmediato, porque el juego instantáneo es el más peligroso y el que más provoca las posibles patologías de ese consumo compulsivo. Se apuesta quién va a meter el próximo gol y como no ganas, sigues metiendo dinero en otras apuestas. La Ley del Juego ya hacía esa diferenciación y nosotros la desarrollamos. "Ver la alternativa que hay al Gobierno de coalición nos cohesiona"
P. Pero es una contradicción que el Estado límite el juego y, mientras, recaude y fomente otro juego como la lotería.
R. Ese problema ha existido siempre, desde el momento en que una de las instituciones del juego de azar es pública, como es el caso de Loterías desde su fundación. Ese dilema siempre ha existido y es un debate muy razonable. Lo que es cierto es que el 80% de la población juega a lotería en Navidad, está asumido como el inicio de la Navidad, como un elemento cultural instalado, y la evidencia científica muestra que los problemas no vienen de ahí. Una persona con problemas de juego termina jugando a todo, pero normalmente la forma de entrar no es ese juego diferido en el tiempo.
P. Sobre el juego presencial, hay barrios trabajadores colonizados por casas de apuestas, ¿cómo se evita que haya tal proliferación y que entren menores?
R. Esto es una normativa de competencia autonómica y nosotros lo que estamos empezando a elaborar es una estrategia para coordinar las políticas públicas en las comunidades autónomas, a partir de los principios que recoge esta norma aprobada. Hay una asimetría muy clara, por ejemplo, la norma en Valencia es muy distinta a la de Madrid. Tiene que ver con la coordinación. Hemos armonizado con las comunidades autónomas el llamado Registro de Autoprohibidos, que es una lista en la que cada uno se puede incorporar para que te prohíban jugar y es competencia de las comunidades autónomas, de manera que si estás en el sur de Madrid, puedes ir a Toledo a jugar.

P. ¿Por qué ocho meses después no se ha reducido el IVA de las mascarillas?
R. Siempre hemos estado preocupados por el precio de las mascarillas que, desgraciadamente, se han convertido en un bien de primera necesidad, y por eso fijamos los precios máximos y por eso hemos promovido la producción nacional. El problema cuando llegó la pandemia es que en España no se producía prácticamente nada y poner en marcha una producción nacional lleva tiempo. Hay 30 empresas españolas que producen, aunque de manera muy asimétrica. Hay algunas que producen dos millones y medio a la semana y otras 30.000, y los precios de coste son muy diferentes. A eso hay que sumarle el IVA, que estamos en conversaciones con Hacienda y con la Comisión Europea para ver si es posible hacerlo, porque la normativa europea impide hacerlo y vemos que otros países se están saltando la normativa europea. Estamos dando fondos a las comunidades autónomas, ya hubo uno de 16.000 millones para productos sanitarios —entre ellos, las mascarillas— para colectivos vulnerables, porque es una carga presupuestaria adicional.
P. ¿Ha tenido que tragarse muchos sapos en el Gobierno?
R. La verdad es que no tengo la impresión de que estemos haciendo nada a contracorriente. Tengo la sensación de que hay un gran consenso en el Gobierno y en la sociedad sobre la coalición, a pesar de lo que vimos en 2019. La situación nos cohesiona y ver que la hipotética alternativa es un Gobierno de la derecha con la extrema derecha, y nos cohesiona que en una adversidad como la pandemia debe preservarse la salud pública por encima de todo y hay que desplegar un escudo social y preservar el tejido productivo. Estas líneas de trabajo han permitido que las diferencias estructurales lógicas de un Gobierno de coalición no sean determinantes. "El resultado de los Presupuestos está muy por encima de las expectativas que teníamos"
P. ¿Qué le hubiera gustado incluir en los Presupuestos?
R. Al final, el resultado es muy razonable, por encima de las expectativas, quizá, más conservadoras que algunos teníamos. Somos el actor pequeño de un Gobierno de coalición y con esta correlación de fuerzas una visión más progresista como la que nosotros proponemos en fiscalidad hubiera sido difícil de lograr y, sin embargo, al final, hemos conseguido un acuerdo con una subida a las grandes fortunas, una modificación de la fiscalidad en sentido de progresividad. Estoy muy contento, porque creo que junto con los fondos europeos nos da una oportunidad de compensar parte de las pérdidas de la pandemia y una línea de reindustrialización que nos dé un modelo productivo acorde con las democracias avanzadas.
P. ¿Hubiera sido conveniente un gesto del Gobierno, como congelar sus salarios?
R.- Bueno, creo que es muy importante la ejemplaridad en política, especialmente en los momentos actuales, por eso, en casos como los que tienen que ver con decisiones individuales como viajes, nosotros hemos reducido al máximo para dar ejemplo. En el caso de los salarios, en el Congreso y el Senado se ha actuado bien y no se va a subir como a los funcionarios, y eso es una buena señal: la clase política manda un mensaje de empatía. Y el Gobierno está siendo austero.
P. ¿Se puede criticar al Rey desde el Gobierno?

R. La monarquía es la institución más protegida de la Constitución, y en una democracia precisamente tiene que estar sujeta a crítica toda institución, especialmente las que están más protegidas que ninguna. El delito de injurias a la Corona desgraciadamente sigue activo y es algo que es verdaderamente contrario a los principios democráticos. ¿Es Juan Carlos de Borbón una mala persona? No lo creo, pero sí parece evidente por los indicios que ya son categoría de pruebas que ha sido un corrupto, y él mismo se ha marchado del país casi dando la razón a las sospechas que había. Como país, ¿cómo podemos evitar que esto pase? Pues evidentemente ha pasado porque no ha habido controles, hay una jefatura de Estado que por su propio diseño no tiene que rendir cuentas y eso les ha permitido tener una impunidad que estamos viendo en diferentes dimensiones y cada mes tenemos algo nuevo. Por eso, es oportuno señalar dónde está el foco de los problemas, y no tiene que ver con la personalidad de nadie, si me llevo bien o mal con sus representantes coyunturales, sino que es un problema de instituciones. Por eso soy republicano, porque creo que es mucho más democrático en cuanto a principios y mucho más útil. La ventaja de la democracia es que cuando alguien no te gusta le puedes echar, el problema de las monarquías es que cuando alguien está ahí no tiene que rendir cuentas, vive en la impunidad y cuando lo hace mal, no hay consecuencias.
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