jueves, 19 de julio de 2018

Enrique Santiago, en la campaña "Vuelve el PCE", reivindica la personalidad propia del partido con presencia en el conflicto e impulsando la unidad popular

El nuevo Secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, estuvo ayer en Málaga, en el marco de la campaña 'Vuelve el PCE', por la que recorre varias provincias andaluzas esta semana, con la que la organización pretende reivindicar su propia personalidad política y explicar las importantes conclusiones política y organizativas de su pasado XX Congreso.
El lema recoge la vuelta del PCE al marxismo-leninismo como principio ideológico y a organizarse en los centros de trabajo y en los sectores profesionales, así como su vuelta con mayor intensidad a la acción en la sociedad tras décadas en las que el Partido estuvo centrado en la construcción de IU, y a través de ella, en el trabajo institucional.
En este sentido la campaña pretende concienciar de que el acceso a las instituciones de las candidatura de unidad popular en las que participa no es suficiente para lograr el cambio social necesario, que solo serán alcanzables con una amplia organización de la clase trabajadora y de las clases populares.
Durante estos días 17, 18 y 19 de julio, Santiago, acompañado por el Secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, ha visitado Sevilla y Málaga, y hoy lo hará en Córdoba, ciudades en las que celebrarán actos públicos junto a los secretarios provinciales correspondientes.
Tras el acto que tuvo lugar el martes 17 en la capital hispalense, Santiago participó en la vigilia republicana y antifascista convocada por Sevilla Republicana en la plaza de la Basílica de la Macarena para reclamar la retirada de los restos de Queipo de Llano de este espacio.
Así mismo, el secretario general del PCE fue entrevistado ayer por la televisión pública andaluza, Canal Sur TV y, posteriormente, participó en un encuentro en el Parlamento de Andalucía con los actores protagonistas del proceso "Adelante Andalucía": el Coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, la Coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez y el secretario general del PCA, Ernesto Alba. En este sentido, el PCE mantiene su aspiración de impulsar grandes alianzas que, en el caso de Andalucía, aspiren a expulsar del PSOE tras décadas de caciquismo, clientelismo y también privilegios y corrupción, para construir una alternativa de izquierdas en favor de nuestro pueblo.
En su visita a Málaga, Enrique Santiago y Ernesto Alba, celebró un acto en el centro social La Nave, acompañado de las camaradas Macarena Vallejo y Saray Pineda en representación de los comités provincial y local del Partido, que a pesar de las fechas veraniegas tuvo una gran acogida y contó, entre otros. con las presencia de Efraín Campos y Fjosé Antonio Carmona, secretarios políticos de los comités provincial y local respectivamente, de Guzmán Ahumada, Coordinador Provincial de IULV-CA, y los ediles de IU-Málaga para la Gente del Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos.
Santiago en su intervención desarrolló la línea de trabajo establecida por el PCE en su último congreso por la cual pretende volver a organizarse en el mundo del trabajo para construir la conciencia política de la clase trabajadora desde el lugar donde se determina su alimento y el de su familia y donde se dan la explotación y la precariedad. Así puso de ejemplo la labor desarrollada por los comunistas, con importante presencia en el Comité de Empresa, impulsando la huelga en Amazon.
El dirigente comunista resaltó el orgullo de que las mujeres de nuestro país sean un ejemplo para las mundo,con su lucha sostenida convirtiéndose en la vanguardia de la lucha del movimiento organizado feminsita, con un claro signo de clase y de confrontación con el capitalismo. Defendió la política de unidad popular como central en la historia del PCE y también en la actualidad desdee la presencia en el conflicto quiere ampliar la base social de la izquierda que representa IU y a partir de ahí trascender a nuevas formas de unidad popular como la que puede llegar a convertirse "Adelante Andalucía" y en la que el PCA ha jugado un papel muy importante para hacerlo avanzar, que pueden servir de referente o ejemplo para otros territorios.
En palabras de Santiago, con esta campaña el PCE pretende "reivindicar su papel para difundir que la sociedad no puede estar pasiva, esperando que las fuerzas políticas resuelvan los problemas", y tratar de unir a las fuerzas del cambio y "resolver los conflictos que pueda haber entre ellas" a través de la "autoridad política y moral" del PCE.
Finalmente Santiago señaló como lógico la recuperación de la definición ideológica del Partido del marxismo-leninismo, como patrimonio de los comunistas, lo incomprensible era que se hubiera abandonado, además también se define como antipatrircal y feminista, basado en la doctrina ecosocialismo, y las aportaciones de los movimientos de liberación nacional.

miércoles, 18 de julio de 2018

El PCE señala a ‘Adelante Andalucía’ como un gran avance para la confluencia en el resto de territorios

El Secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, ha mantenido hoy un encuentro con los principales líderes de las organizaciones políticas impulsoras de ‘Adelante Andalucía’ señalando que el proyecto de confluencia es un modelo en el que “deben mirarse el resto de territorios”.
Para el máximo dirigente comunista, Adelante Andalucía es “ejemplar” por basarse en “el respeto y la igualdad” entre todas las fuerzas que participan del proyecto y “en la sensatez y la generosidad para alcanzar acuerdos”. “Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo están demostrando gran altura de miras al anteponer los intereses del pueblo andaluz a cualquier interés particular”, recalcó.
Enrique Santiago, de visita en Andalucía, ha acudido esta mañana al Parlamento autonómico para reunirse con las caras más visibles del proceso de confluencia y conocer de primera los siguientes pasos que se van a desarrollar, una vez IU y Podemos han concluido sus procesos internos.
A la reunión han asistido, además de Santiago, el secretario general del PCA, Ernesto Alba; el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo; la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez; y las diputadas adjuntas de IULV-CA en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto y Elena Cortés.
En declaraciones a los medios, al término de la reunión, Enrique Santiago ha dicho que el Partido Comunista de España ve “con buenos ojos” que Andalucía sitúe como objetivo el proceso iniciado y a necesidad de crear una herramienta en la que mucha gente que no están en IU y Podemos se incorporen y no el mero acuerdo entre dos fuerzas políticas”. “El núcleo de la confluencia andaluza es Andalucía, no Podemos, ni IU”, recalcó el máximo dirigente del PCE.
Por todo ello, Enrique Santiago ha reconocido que es “una buena noticia” que la militancia de Podemos en Andalucía “haya apoyado masivamente” este modelo.
Asimismo ha felicitado a Antonio Maíllo y a Ernesto Alba por “haber demostrado un enorme grado de cohesión interna” en su proceso de primarias y en torno al proceso Adelante Andalucía.
“Pasado lo interno, lo que toca ahora es seguir con el mismo entusiasmo, recorriendo Andalucía para explicar que la alternativa a 40 años de PSOE es Adelante Andalucía”, ha concluido Santiago.

martes, 17 de julio de 2018

El PCE y la UJCE considera las propuestas del gobierno en materia de alquiler de vivendas son ineficaces y exige que se garantice el acceso como derecho básico y fundamental

El Gobierno del PSOE ha anunciado una serie de medidas en materia de alquiler de vivienda, que consideramos no solo insuficientes, si no que no serán efectivas a la hora de garantizar el acceso a un bien de primera necesidad, como es la vivienda, y poner coto a la especulación.
El régimen del 78 sigue sin ser siquiera capaz de garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que solo es invocada por algunos para anteponer el pago de la deuda a cualquier otro derecho o de cercenar derechos fundamentales.
Entre las propuestas planteadas está la construcción de 20.000 nuevas viviendas.
A este respecto es importante recordar que hay tres millones y medio de viviendas vacías según los datos de la última encuesta del INE. Estas viviendas se encuentran en manos de entidades bancarias, inmobiliarias y financieras (entre ellas los llamados fondos buitres), muchas de ellas rescatadas con dinero público. Con una densidad de población tan baja como la que tenemos y una cantidad tal de viviendas vacías resulta ilógico seguir invirtiendo en la construcción de nuevas viviendas.
Frente a la construcción de vivienda nueva, por tanto, planteamos recuperar esas viviendas que actualmente son titularidad de las entidades financieras rescatadas por todas y todas, mediante los mecanismos de cesión, reversión o expropiación, situando su precio en el costo de construcción. Integrando todos esos inmuebles en un parque público de vivienda en alquiler.
Además de ser una herramienta útil para controlar de forma efectiva los precios, acabaría con la posibilidad de especulación y sería más rápida, pues esas viviendas ya existen. Estas viviendas deben ofrecerse a precios fijos, allá donde sea necesario (no sólo donde la especulación se haya cebado con los precios), que en ningún caso supere el 20 % de los ingresos familiares.
Y especial y urgente atención merecen las cientos de miles de personas sin recursos y las jóvenes que merecen poder desarrollar un proyecto de vida digna.
Respecto a la propuesta de incentivos fiscales para los propietarios, teniendo en cuenta como hemos ya analizado que la mayor parte de las viviendas vacías están en manos de entidades financieras, los "grandes tenedores", es evidente que lo que menos hay que fomentar es que paguen aún menos impuestos. Precisamente para que las viviendas se pongan en circulación es necesario sancionar la tenencia de vivienda vacía, para lo que es imprescindible desarrollar una nueva ley de vivienda que recoja estos conceptos y los unifique para su aplicación en todo el país.
Por lo que se refiere a la propuesta de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con la vuelta a la regulación anterior que establecía los cinco años de duración del contrato de arrendamiento frente a los tres aprobados por el PP, limitar las fianzas y proteger a las personas inquilinas en caso de venta de la casa, aunque suponen avances frente a la situación actual son absolutamente insuficientes.
El PCE y la UJCE planteamos:
1.- Proteger a las inquilinas de los abusos cotidianos en materia de alquiler. Es preciso garantizar condiciones de habitabilidad dignas.
2.- Limitar los precios de alquiler con baremos administrativos.
3.- Ampliar más la duración de los contratos.
4.- Impedir el desahucio mientras el arrendatario no tenga una solución habitacional.
Por otra parte, se han anunciado también ayudas al alquiler y la compra aprobadas en el Plan de Vivienda 2018-2021. Este tipo de ayudas se han venido demostrando ineficaces pues se trata de transferencias de dinero que van directamente de las arcas públicas a los beneficios privados. No se trata de pagar a toda costa los precios desorbitados de las viviendas, si no de controlar esos precios para evitar los abusos. Esta medida es por tanto no sólo ineficaz si no que sigue contribuyendo al trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital mediante aportaciones públicas, es decir, lo de todas y todos nuevamente al servicio de los intereses financieros.
El movimiento en defensa de la vivienda digna lleva años reivindicando una nueva ley de vivienda. La última ILP, que fue vetada por el PP y Cuidadanos, tiene una nueva oportunidad de ser debatida en el Congreso. Debe ser el inicio de un debate profundo y transversal en torno al modelo de acceso a la vivienda que tenemos en España, así como de las medidas más urgentes que deber ser ya adoptadas: el fin de los desahucios sin alternativa habitacional, la creación de un parque de vivienda público con alquileres sociales, la regulación del alquiler asequible y estable y el fin de los cortes de suministros.
El PCE y la UJCE reiteramos nuestro total apoyo a las medidas que se plantean desde el movimiento por el derecho a la vivienda digna y seguimos exigiendo que se garantice el acceso a la vivienda como derecho básico y fundamental de toda persona.
¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO!

jueves, 12 de julio de 2018

Democracia participativa o democracia representativa en Izquierda Unida y las organizaciones políticas: una apuesta sin vuelta atrás

Toni Morillas, Responsable federal de democracia participativa interna de IU
Ismael González, Responsable federal de organización y finanzas de IU
La crisis de legitimidad que atraviesan las democracias representativas no es nueva. La tensión entre democracia y el proceso de acumulación capitalista ha sido ampliamente diagnosticada desde la izquierda, con aportes relevantes de sociólogos como Boaventura de Sousa.
El 15M tuvo la capacidad de poner en la agenda política la necesidad de construir democracias participativas que articularan mecanismos de representación, deliberación y democracia directa que fueran útiles para combatir la amplia desafección política y reinventaran la democracia, poniéndola al servicio de los intereses de la mayoría social a través de la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas que afectan a su vida cotidiana. Esta crisis de representación atraviesa todos y cada uno de los instrumentos de participación legitimados en las democracias representativas. Las organizaciones políticas, sociales y sindicales viven esta crisis, hasta el punto de que partidos como el PP, con un marcado carácter presidencialistas y con escasa permeabilidad a la innovación democrática, se han visto recientemente empujados a introducir mecanismos de elección directa de sus líderes como las primarias.
En el ámbito institucional se percibe de manera evidente, aunque con más lentitud y menos profundidad y alcance de lo que desearíamos desde una opción de la izquierda transformadora. Cada vez son más las instituciones de todos los colores políticos que ponen en marcha mecanismos de democracia participativa a sabiendas de que la desafección y la crisis de legitimidad son profundas e insostenibles: presupuestos participativos, consultas ciudadanas, legislaciones autonómicas en materia de transparencia y participación, mecanismos digitales de rendición de cuentas y participación…
Estos elementos, junto a otros muchos más, conforman toda una ola que, indistintamente de los objetivos políticos que en cada caso se pretendan (y que difieren, aunque ese es otro debate), apuntan hacia nuevos marcos en lo relativo a la democracia política, particularmente en el ámbito local. Tanto es así que la propia ONU ha situado la participación como eje prioritario entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Izquierda Unida, junto a otros tantos movimientos sociales, ha ido abriendo camino en este sentido desde hace décadas, siendo pionera tanto en términos internos como institucionales en la puesta en marcha de dispositivos de democracia participativa orientados a transformar las relaciones de poder desde una óptica redistributiva e inclusiva. La IU originaria promovía procesos de consulta interna para la toma de decisiones más relevantes, impulsaba espacios de participación política abiertos y horizontales como las áreas y las asambleas de base e impulsaba en las instituciones donde gobernaba procesos de radicalidad democrática como el presupuesto participativo. Ahí están los ejemplos de Córdoba, Puente Genil y las Cabezas de San Juan, gobiernos locales de IU que fueron pioneros en España poniendo en marcha esta política pública en 2001.
No obstante, IU también ha reproducido dinámicas que la aproximaban más a la forma partido que a la forma movimiento a la que aspiraba, e hizo una fuerte autocrítica en el reciente proceso asambleario. En la XI Asamblea Federal hicimos una apuesta firme por repensar los mecanismos de participación política, conocedores de que las formas y estímulos a la participación han ido mutando y conocedores también de que, en muchos casos, hemos reproducido lógicas representativas que desconectaban la toma de decisiones de las bases. En ese sentido, IU ha introducido el sufragio universal en la elección de sus candidatas al Congreso y a sus propios órganos de dirección, así a la hora de aprobar sus tesis políticas y organizativas. También hemos puesto en marcha el reglamento de revocatorios, los sistemas de evaluación participada de los planes de acción y la inclusión de metodologías participativas en el funcionamiento de la Asamblea Político y Social, su órgano de dirección más importante entres Asambleas Federales. La apuesta por la democracia participativa en IU la hemos profundizado aprovechando el mandato de la Asamblea Federal y culminamos esta primera fase del proceso, el próximo fin de semana, con la Asamblea por un nuevo modelo organizativo.
¿Qué avances o propuestas se van a aprobar este fin de semana?
El sufragio universal para la elección de las direcciones (completas) y de las candidaturas (completas) será obligatorio. Es decir, las direcciones y los/as cargos públicos serán elegidos/as directamente entre los y las afiliadas y, en el caso de elección de cargos públicos, también podrán participar los y las simpatizantes. Además, habilitamos la opción de recurrir al referéndum para temas políticos de gran calado y damos una mejor cobertura estatutaria al revocatorio. Somos la única organización política que regula el revocatorio en España, un instrumento que permite a los y las afiliadas revocar a miembros de las direcciones políticas y en el caso de los cargos públicos los y las afiliadas y los y las simpatizantes. Estos cambios, que ya de por sí son importantes, no son los únicos: en esta ocasión, el documento a debate eran los Estatutos de Izquierda Unida, y desde la dirección hemos apostado por la posibilidad de que se pudiesen votar por sufragio universal entre toda la afiliación de la organización y no sólo por un grupo reducido de delegados y delegadas.
Ante este trabajo y estas propuestas, desde algunos sectores de la propia Izquierda Unida se han manifestado quejas sobre el sistema e incidiendo en la baja participación para deslegitimar el resultado, el cual ha arrojado un apoyo de más del 80% del documento político que modificará los estatutos. Es curioso que estas voces críticas nunca manifestaron ningún problema cuando en anteriores procesos los estatutos de IU se decidían en votaciones que contaban con una media de 100 delegados o delegadas presentes (como mucho 500 en el caso de que trabajara en comisiones), y ahora ponen el grito en el cielo porque han participado 3841 personas en la votación.
Este es un viejo debate. Volvemos al ejemplo del presupuesto participativo: por lo general, la participación en los procesos españoles suele estar por debajo del 5% (Sevilla, alcanzó un nivel medio del 1%, Madrid en 2017 un 1,5%). El ataque que la derecha siempre utilizó se fundamentó en restar legitimidad a los procesos de democracia directa por la baja participación, sin querer entender que la construcción de culturas políticas y organizacionales más participativas y comprometidas (y que por tanto requieren de otros usos del tiempo) son procesos largos que encuentran multitud de obstáculos, desconfianzas y contradicciones, siendo muchas de ellas estructurales.
En cualquier caso, el debate vuelve a estar en dónde reside el poder, quién es el soberano, quién tiene el derecho a participar y tomar parte en las decisiones que le afectan. Y sí, a todas luces la participación ha sido baja. Más allá de elementos coyunturales, los debates normativos no suelen ser los más motivadores para la inmensa mayoría. Sin embargo, el avance conseguido respecto a debates estatutarios anteriores es significativo: la militancia ha tenido el derecho a participar de manera directa, sin mediaciones. Ahora toca pensar cómo vamos avanzando para que cada vez más militantes hagan de este derecho, que antes no tenían, un derecho efectivo.
Incluso hemos podido ver quejas que intentaban trasladar que había votación sin debate, y aquí es importante señalar una de las características más novedosas del proceso que ha puesto en marcha IU. Estos Estatutos han tenido un doble proceso de debate: primero un debate presencial y, posteriormente, una votación por sufragio universal. Es decir, todas las asambleas de Izquierda Unida y las organizaciones que forman parte de ella han podido organizar debates y enmendar los estatutos. No solo han votado 3841 personas, sino que todo el conjunto de Izquierda Unida ha participado del debate.
La Declaración de Bogotá (2011) señala algunas características que ha de tener un proceso participativo para ser plenamente democrático. Entre otras, señala las siguientes:
-Universalidad. Una persona, un voto
-Resultados vinculantes
-Participación informada y con deliberación
-Presencia de sistemas de control, transparencia y seguimiento durante todo el proceso
-En caso de que existan personas delegadas, estas responderán al mandato imperativo de sus asambleas.
Por lo tanto, lo relevante no es sólo el dato de participación en la fase final del proceso, sino que debemos atender también a los criterios anteriormente citados para evaluar con rigor la calidad democrática del proceso. De esta forma, podremos diseñar estrategias que permitan remover los obstáculos que en estos puedan darse y generar así las mejores condiciones posibles para incentivar la participación. El proceso ha permitido un debate presencial en toda la organización, posteriormente por delegados y finalmente una votación por sufragio universal entre todo el grueso de la afiliación, lo cual significa un hecho inédito hasta la fecha en las organizaciones políticas de nuestro país. Intentar ligar la legitimidad únicamente a la participación sin discernir los temas que se someten a referéndum (como ocurre en muchos países) es una burda excusa que expresa una resistencia al cambio y que realmente pretende que menos (un reducido grupo de delegados y delegadas) decidan por más (el conjunto de la afiliación que tiene la capacidad de participar).
Es evidente que innovar en estos procesos requiere que todas aprendamos para seguir mejorando, pero nunca negando la posibilidad de votar al conjunto de la afiliación. Todo este trabajo lo hacemos porque estamos convencidas de la necesidad de articular una sociedad donde la democracia participativa nos permita superar la democracia representativa y, por lo tanto, somos coherentes en nuestra organización con nuestra propuesta de país.
Queremos decidir cómo articular la vida en nuestros barrios, cómo construir las ciudades en las que vivimos, cómo construir un proyecto de vida en colectivo y en conjunto con muchas más personas. Nos permitimos soñar con un país donde podamos votar en referéndum no sólo la Constitución, sino también leyes tan importantes como el Estatuto de los Trabajadores. Queremos decidir entre todos y todas, como ya se hace en cientos de municipios gobernados por Izquierda Unida, cómo desarrollar nuestros barrios y poder votar si en un lugar determinado preferimos construir un colegio público o un centro comercial.
https://www.cuartopoder.es/ideas/2018/07/12/democracia-participativa-o-democracia-representativa-en-iu-y-las-organizaciones-politicas-una-apuesta-sin-vuelta-atras/

viernes, 6 de julio de 2018

Izquierda Unida lleva al Congreso la propuesta más amplia contra la pobreza y la exclusión social con actuaciones concretas sobre empleo, sanidad, educación, vivienda o el mundo rural

Alberto Garzón, Eva García Sempere y Carlos Sánchez Mato presentan la proposición de ley en dependencias parlamentarias arropados por portavoces de distintas asociaciones, grupos y colectivos representantes de la sociedad civil que han contribuido a su redacción final en los últimos ocho meses de intenso trabajo por todo el Estado
Izquierda Unida ha registrado hoy en el Congreso su Proposición de Ley Integral contra la Pobreza y la Exclusión Social, una ambiciosa iniciativa plasmada en 33 artículos y varias disposiciones, organizados en siete títulos, que desarrollan actuaciones concretas en materia de empleo, sanidad, educación, prestaciones sociales, vivienda, suministros mínimos vitales, vivienda o contra la exclusión en el ámbito rural.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, junto a la diputada y coordinadora de la iniciativa, Eva García Sempere, y el responsable federal de Políticas Económicas de esta misma formación, Carlos Sánchez Mato, se han encargado de presentar esta mañana en la Cámara Baja la que ya es la propuesta más amplia registrada hasta ahora por cualquier formación en este ámbito de actuación.
Asistieron e intervinieron también portavoces de distintas asociaciones, grupos y colectivos que representan a la sociedad civil y que han contribuido a la redacción final de la proposición en los últimos ocho meses de intenso trabajo por todo el Estado. Por ello, Garzón y García Sempere coincidieron en señalar que “esta no es una propuesta de IU, sino de todos y todas quienes han contribuido a su elaboración”.
“En Izquierda Unida -especificó su coordinador federal- trabajamos las leyes de forma muy intensa y a partir de la mejor base posible. Sólo de esta forma, viajando por todo el Estado y con la imprescindible colaboración recibida, hemos podido enriquecer con una perspectiva muy concreta una ley en principio mucho más abstracta”.
Alberto Garzón señaló que “no hay democracia sin libertad y no puede desarrollarse la libertad en la pobreza”, y apostilló que “un país como España no puede mantener una laguna” en una cuestión tan importante como ésta. Ilustró su indiscutible gravedad con dos simples pinceladas: “los 12 millones de personas que hay en nuestro país en riesgo de pobreza, que incluyen a 1 de cada 3 menores y jóvenes”.
Denunció que esto ocurre en un contexto de “crecimiento económico desigual e injusto”, que resulta mucho más doloroso sabiendo que “se podría cambiar, ya que hay recursos y posibilidades técnicas para hacerlo, aunque el problema es de voluntad política. Es así de sencillo”.
El máximo responsable de IU reconoció que “estamos esperanzados de que esta ley pueda salir adelante” con un apoyo mayoritario de los grupos, para lo cual explicó también que “ya se la hemos hecho llegar al Gobierno para que la conozca” y facilitar así el debate y la negociación.
Eva García Sempere centró su intervención, principalmente, en explicar cómo se había llevado a cabo este proyecto “durante ocho meses de duro trabajo”. Ella y un equipo multidisciplinar de técnicos de IU recorrieron buena parte de las comunidades autónomas para llegar al fondo de distintas formas de exclusión y “tratar de que se puedan visibilizar todas las caras de la pobreza, que se visibilice lo más invisible”.
Todo ello llevó a contactar con menores no acompañados llegados a Melilla, personas que viven en infraviviendas sociales en Castilla-La Mancha, familias en clara exclusión social en zonas urbanas concretas de capitales andaluzas o la posibilidad de ver en toda su dimensión la “despoblación en el mundo rural, pero también cómo se le hace frente con éxito”, porque “no es posible combatir igual la pobreza en todos los sitios, en el ámbito rural o el urbano”.
La proposición de ley regula, por ejemplo, la garantía del derecho al acceso a los suministros básicos de agua potable, gas o electricidad a personas y unidades familiares en situación de pobreza o exclusión social. Fija unos mínimos de consumo vitales y un sistema público de precio social, mandatando al Gobierno para hacer un Plan concreto contra la pobreza energética.
“Estos mínimos -explica Eva García Sempere- están regulados en algunas comunidades autónomas, pero no queda demasiado claro y hay casos en que se ha tenido que llevar al Tribunal Constitucional”, por lo que apuesta por que “se especifique” bien a sus beneficiarios.
La diputada de IU cifró también en cerca de 40.000 las personas sin hogar en todo el Estado. Desde una óptica distinta denunció también la situación que sufren “las personas trabajadoras pobres, que van a diario a trabajar pero que viven en plazas y parques porque no les da para acceder a una vivienda”. Aseguró que ahora se podía observar esta situación con nitidez en personas que, por ejemplo, acuden a ocupar empleos temporales en las Illes Balears y que forman parte de una pobreza “invisibilizada”.
El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, desgranó algunos de los puntos de los “siete ejes fundamentales y significativos” de los que consta la ley. Apuntó así a la importancia de “crear empleo desde lo público para poder blindar un salario mínimo en lo privado” o de, como propugna la Unión Europea, “invertir de forma decidida en la infancia para romper con la desigualdad de manera efectiva”.
Sánchez Mato señaló también la obligatoriedad de “eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones” o de hacer frente a “las claras desventajas existentes en educación, en temas como la gratuidad del transporte, los comedores o el acceso a los materiales escolares”.
Reconoció que habrá quien “tilde esta proposición de ley de voluntarista”, aunque señaló que “pese a que supone un aumento del gasto público, es perfectamente posible afrontarlo sólo igualando el nivel de ingresos medio de la Unión Europea, del que ahora estamos nueve puntos por debajo”.

viernes, 29 de junio de 2018

Una ley para las víctimas del franquismo y la transición.(La propuesta de Izquierda Unida)

Víctor Alonso Rocafort
ctxt.es
Izquierda Unida registra en el Congreso un texto de 50 páginas con su propuesta legal
La Ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la transición que Izquierda Unida ha registrado este viernes 29 de junio en el Congreso de los Diputados va mucho más allá de un gesto. Propone otro marco institucional para otro país.
40 años después de 1978, mejorando ampliamente las insuficiencias constatadas de aquel tardío avance que supuso la ley de 2007 promulgada desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, esta es una norma elaborada junto a las víctimas del franquismo y de la transición. Es una ley para ellas y para toda la sociedad, por cuanto su plasmación resulta imprescindible, ineludible, si queremos ser democracia.
Compuesta por 4 títulos, 63 artículos y 13 disposiciones adicionales, el texto de 50 páginas acoge una propuesta amplia, completa y concreta. Se detallan los derechos de las víctimas del franquismo y la transición, periodo que se incluye teniendo en cuenta que entre 1975 y 1983 se contabilizan hasta 188 víctimas de violencia de origen institucional. Entre estos derechos se destacan capítulos relativos al derecho a la verdad, a la justicia y al reconocimiento y la reparación integral de las víctimas.
Se acomete la recuperación oficial de lo que hemos denominado memoria democrática, con todo un departamento al efecto para la gestión administrativa de los lugares de memoria democrática por crear, de sus rutas y museos, para enseñar lo que fue el franquismo y sus crímenes, para mostrar los innumerables ejemplos de las resistencias que se dieron en defensa de las libertades. Se propone un censo de víctimas, un mapa de fosas, el derecho a la reparación moral y económica de quienes fueron obligados a trabajar de manera forzosa en beneficio de un puñado de empresas.
La ley incluye un amplio articulado referido a documentos y archivos, a la simbología y los reconocimientos públicos, como títulos nobiliarios, que habrán de ser retirados. Se suceden en ella propuestas concretas sobre el Valle de los Caídos, la sustracción de menores o la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede. Se oficializa el reconocimiento de tantos y tantas que fueron reprimidos duramente, sin una palabra oficial en décadas, por cuestiones políticas pero también de género u orientación sexual, por formar parte de las comunidades judía y gitana, por ser masones. Hay un reconocimiento especial también a quienes, considerados apátridas por el franquismo por su defensa de la democracia, fueron deportados y deportadas a los campos nazis.
La ley, antes de entrar en su articulado, comienza con un preámbulo de tres epígrafes. En el primero de ellos se explica el sentido de la norma a partir del concepto de memoria democrática que en ella se reivindica. A continuación, se expone tal cual está:
“PROPOSICIÓN DE LEY INTEGRAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA Y RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sociedad española, pasados más de 40 años del fin de la dictadura militar franquista y de una Transición recorrida por graves conflictos, está obligada a reconocer oficialmente a sus víctimas, a que se haga justicia respecto a la dura represión que éstas sufrieron por parte del Estado.
Prueba de la criminal acción del régimen franquista es que España es el segundo país en número de desaparecidos forzosos del mundo. Los últimos cálculos estipulan en más de 100.000 el número de personas que continúan sepultadas en fosas comunes a lo largo de todo el territorio. Por ello, sin garantizar verdad, justicia y reparación a quienes padecieron dicha represión y a sus familiares no podremos emprender un camino democrático en el que la impunidad de los crímenes de lesa humanidad no tenga cabida, una nueva senda que se cimente sobre el principio de no repetición como uno de sus pilares fundamentales. Esta ley supone una defensa sin fisuras de los derechos humanos como guía esencial de nuestra política de Estado, así como de reconocimiento, respeto y justicia con quienes lucharon por la democracia, a menudo a costa de sus propias vidas.
El carácter integral de esta ley representa por tanto un esfuerzo compartido de reparación que las víctimas, sus familias y allegados necesitan, inspirado por los principios democráticos de memoria, verdad, dignidad y justicia.
El valor de la memoria es la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida o fueron víctimas de las múltiples formas de represión que aplicó el franquismo, de que se escucha directamente su recuerdo y se conserva como legado inmaterial para las generaciones futuras. A la hora de construir una democracia real es imprescindible tener en cuenta la memoria viva de quienes lucharon por las libertades, la ausencia de un pasado posible que quiso ser y se frustró pero al que hoy de nuevo se le ofrece esperanza. Este es el sentido último de una memoria democrática que nos ayuda a comprender mejor los derechos humanos en el presente, las insuficiencias en la aplicación de algunos de ellos en nuestro país, así como a constatar que no vinieron solos y que nunca hay que darlos por supuestos para siempre.
La significación política de las víctimas exige un reconocimiento público, pues constituye a la vez una herramienta esencial para la crítica ética, social y política del franquismo y del fascismo. La voluntad de los sublevados contra el orden constitucional de la Segunda República a la hora de efectuar una cruenta limpieza ideológica entre la ciudadanía que no compartiera sus valores y actitudes nacional-católicas, esencialmente reaccionarias y fascistas, produjo una honda fractura en la sociedad española. Se rompieron familias y grupos sociales, con secuelas aún hoy presentes. La memoria es así un acto de justicia además de un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva, por medio de su deslegitimación social, del uso de la violencia para imponer las ideas políticas.
Cientos de miles de personas en nuestro país, hace apenas dos generaciones, fueron víctimas de asesinatos, torturas, desapariciones, encarcelamientos, robo de niñas y niños, así como de violaciones y abusos sexuales como una forma sistemática de violencia contra las mujeres, todo ello tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y en la Guerra Civil hasta 1939. Con la implantación subsiguiente de la dictadura militar de carácter fascista en torno al general Francisco Franco, esta violencia sistemática prosiguió por parte del nuevo Estado en forma de ejecuciones, torturas y tratos inhumanos en cárceles y campos de concentración repartidos por todo el territorio, trabajos forzados en beneficio de grandes empresas, destierros, deportaciones a campos de internamiento, concentración y exterminio nazis, robo continuado de niñas y niños, humillaciones públicas, exilios y represión sistemática de la diversidad sexual, nacional o lingüística, así como la persecución contra aquellos que tenían una idea diferente de qué era España. La ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión.
Entre las carencias que hasta ahora tenía la democracia española estaba la falta de una declaración solemne con plenos efectos legales del repudio y condena del golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista por parte de los poderes e instituciones del Estado, carencia que viene a ponerse fin en lo establecido en el artículo 1 de la presente ley.
Además, esta ley viene a reconocer derechos que no se vieron reconocidos en la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia tras el golpe militar del 18 de julio de 1936 y la dictadura franquista y las disposiciones que la desarrollan, ampliando y profundizando su limitado alcance inicial. A tal efecto, se inspira en las normas más significativas que se han aprobado en los últimos años en materia de protección y reparación a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, muy especialmente, en la Resolución 60/147 de Asamblea General de las Naciones Unidas”.
Víctor Alonso Rocafort
Coordinador parlamentario de IU. Doctor en Teoría Política, con experiencia docente en las universidades de Alicante, Autónoma de Madrid, Complutense y Talca (Chile). Entre sus publicaciones destaca el libro Retórica, democracia y crisis. Un estudio de teoría política (CEPC, Madrid, 2010). Miembro del Colectivo Novecento.

martes, 26 de junio de 2018

Eduardo Zorrilla: "El ayuntamiento promueve la explotación laboral"

Eduardo Zorrilla
Portavoz Municipal de IU-MLG y del PCA
Hace ya más de dos años que IU-Málaga para la Gente denunció la existencia de más de 300 casos de falsos autónomos cesiones ilegales de trabajadores en el ayuntamiento de Málaga y sus organismos municipales.
Un asunto gravísimo, pues supone un fraude de ley por el que el ayuntamiento contrata externamente servicios municipales a empresas, o autónomos, para que sus trabajadores realicen el mismo trabajo que empleados municipales, pero eso sí, cobrando hasta la mitad de salario y con menos derechos.
Advertíamos también que estos contratos en fraude de Ley podrían suponer un tremendo quebranto a las arcas municipales pues, de prosperar las denuncias ante la Inspección de Trabajo y las demandas judiciales interpuestas por sindicatos y trabajadores, el ayuntamiento podría ser sancionado a pagar 3.000 euros por cada caso, cuotas sociales atrasadas, indemnizaciones, etc.
El equipo de gobierno popular nos acusó de mentir y crear alarma. Sin embargo, una a una, empezaron a llegar, primero, las Actas de la Inspección de Trabajo, después las resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social y, finalmente, las sentencias de los Juzgados de lo Social. En todos los casos determinaron que los trabajadores desarrollaban funciones propias del personal municipal, utilizando oficinas y medios municipales, sometiéndose a las mismas directrices y mandos, y con el mismo horario y vacaciones, pese a desempeñar su labor contratados por otra empresa o bajo el régimen de autónomos.
Hasta hace unos meses, este fraude le había costado ya al Ayuntamiento más de 300.000 euros en cuotas sociales y más de 70.000 euros en indemnizaciones por despido. Y la cuenta no ha dejado de subir.
Con el gobierno municipal del PP, el ayuntamiento de Málaga se ha convertido en un promotor de la explotación y la precarización laboral a costa de los derechos de los trabajadores y del bolsillo de los malagueños y malagueñas.
Publicado en mi columna "el ala izquierda de la casona", del diario Viva Málaga, el lunes 18 de junio de 2018.

viernes, 22 de junio de 2018

Izquierda Unida ante el anuncio de la puesta en libertad provisional de los miembros de ‘La Manada’. ¡Acabemos con la justicia patriarcal!

Desde Izquierda Unida manifestamos nuestro estupor y rechazo absoluto a la decisión de decretar la puesta en libertad provisional de los violadores de ‘La Manada’ por parte de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra. Esta medida entra en contradicción con el criterio del propio tribunal, que hasta en tres ocasiones denegó su excarcelación basándose en el riesgo de fuga y reiteración del delito pero, incomprensiblemente, en esta ocasión han considerado que el riesgo ha desaparecido.
La decisión de la Audiencia de Navarra contrasta con la adoptada por la Audiencia Nacional negando la libertad provisional a los 8 jóvenes de Alsasua, algunos incluso condenados a penas de mayor duración que ‘La Manada’ a pesar de ser los delitos de estos últimos bastante más graves que los imputados a los primeros. Además, cabe recordar que cuatro de los violadores se enfrentan a otra denuncia por agresión sexual en Pozoblanco que se encuentra ahora mismo en fase de instrucción, por lo que parece evidente que sí existe riesgo de reiteración delictiva.
En España tenemos un serio problema con una justicia claramente patriarcal, en exceso conservadora y más aplicada a reprimir que a reparar el daño causado a las más débiles. Con esta decisión, la justicia vuelve a escorarse hacia las posiciones más reaccionarias posibles, desatendiendo la fuerte demanda social de justicia frente a la violencia patriarcal y las agresiones hacia las mujeres.
La puesta en libertad de los miembros de ‘La Manada’ lanza un mensaje de impunidad que va en contra de los criterios de reparación a la víctima, reforzando a su vez la situación de vulnerabilidad general de las mujeres frente a este tipo de agresiones. En un momento histórico del movimiento feminista, las decisiones judiciales deberían estar a la altura de las demandas sociales, atendiendo y asegurando que la justicia no tenga un sesgo patriarcal.
Por todo ello, desde Izquierda Unida nos sumamos a las movilizaciones convocadas y animamos a nuestras afiliadas y simpatizantes a difundir y acudir a las mismas.
¡Acabemos con la justicia patriarcal!

lunes, 18 de junio de 2018

Un 76,6% de militantes y simpatizanes de IU y 86% de Andalucía respaldan el acuerdo para la confluencia electoral con Podemos, Equo y otras fuerzas "para seguir en la construcción de un nuevo país"

Izquierda Unida hace una valoración “muy positiva” de los datos alcanzados, y muestra su “satisfacción” por el hecho de que “esta unidad mostrada y la apuesta por la confluencia con otras fuerzas es el camino que nos da más fuerza para seguir en la construcción de un nuevo país”
El 76,62% de las bases de Izquierda Unida ha votado a favor del preacuerdo marco, que ahora queda ratificado, para la confluencia electoral con otras formaciones políticas de cara a los diferentes comicios previstos para 2019.
Este ha sido el principal resultado de la consulta que IU puso en marcha a nivel estatal entre los días 12 y 17 de este mes de junio, y que concluyó ayer con el voto presencial en urna en distintas asambleas locales de todos los territorios.
Ismael González, secretario federal de Organización de IU, ha sido el encargado de facilitar todos los datos en una rueda de prensa ofrecida en la sede federal donde, entre otras cuestiones, destacó la valoración “muy positiva” que la dirección federal hace de estas cifras, después de que el ‘Sí’ “haya ganado en todas las federaciones de Izquierda Unida sin excepción”, tanto en el voto telemático como presencial.
El voto en contra del preacuerdo ha sido del 20,68%, mientras que la abstención se quedó en un reducido 2,7% de entre las personas que expresaron su opinión.
Las 12.449 personas que han dado su opinión en esta consulta suponen el 42,2% del censo de total tanto de militantes de IU como de simpatizantes de esta formación que, como es preceptivo por la Ley de Protección de Datos, deben confirmar previamente que desean participar en la misma.
González agradeció especialmente “a la militancia el esfuerzo realizado para que en todos los territorios se haya podido votar con total normalidad”, agradecimiento que hizo extensivo a todas las organizaciones territoriales que componen IU.
De la misma forma, expresó su “satisfacción” por el hecho de que “la unidad mostrada y la apuesta por la confluencia con otras fuerzas es el camino que nos da más fuerza para seguir en la construcción de un nuevo país”.
Esta unidad “fortalece las opciones de transformar nuestro país y mejorar la vida de las familias trabajadoras y clases populares”, detalló.
En respuesta a alguna de las cuestiones planteadas por los/as periodistas, Ismael González señaló que “este preacuerdo es sólo un punto de partida, ahora es tarea de las federaciones y de las asambleas de Izquierda Unida decidir los detalles y construir los posibles acuerdos futuros con otras fuerzas”.
El responsable federal de Organización de IU dejó claro que “la última palabra sobre cómo presentarse a las elecciones de 2019 la tiene nuestra formación en las comunidades y los municipios, basándose en su realidad concreta y en el contenido de este acuerdo marco”.
Clamoroso apoyo a la unidad de IU Andalucía ratificando el acuerdo autonómico con Podemos con un 86% de apoyos
La dirección andaluza de IU destaca el apoyo clamoroso a la unidad en torno al proyecto de confluencia ‘Adelante Andalucía’
Militantes y simpatizantes de IU Andalucía han ratificado con el acuerdo alcanzado con Podemos para la confluencia electoral autonómica y municipal un 86% de apoyo, por un 12,2% de los votos en contra.
Así lo ha expresado el portavoz de la Dirección de IU Andalucía, Pedro J. Ortega, en un comunicado emitido hoy en el que ha anunciado que la participación en el proceso, repartido en voto telemático y voto en urna, ha sido del 53,1% del censo. Esto supone que en la consulta, que comenzó el pasado martes, han votado 4.600 personas.
Para la dirección andaluza, la militancia de IU ha expresado un “clamoroso” apoyo al acuerdo de unidad que toma forma en el proyecto de confluencia Adelante Andalucía. “Creemos que el acuerdo alcanzado a nivel andaluz ha cumplido con las exigencias de nuestras asambleas locales y de ahí el apoyo aplastante”, ha comentado el portavoz de la Dirección.
Ortega ha recordado que “nos situamos en porcentajes de apoyo mayores” a los expresados en la última Asamblea Andaluza, en el que las tesis políticas sobre la unidad popular encabezadas por Antonio Maíllo consiguieron ser mayoritarias con el 81,5% de los votos, frente al 17,5% de apoyo que cosechó el documento político que encabezaba José Luis Pérez Tapias.

sábado, 9 de junio de 2018

Nuestra tarea como comunistas en la confluencia en Andalucía

Ernesto Alba Aragón.
Secretario General del PCA
Tras nuestro XX Congreso del PCE, hemos decidido volcar todos nuestros esfuerzos en construir unidad popular. Una estrategia encaminada a levantar un bloque histórico que termine con el dominio de unas elites económicas que solo han traído explotación y precariedad a nuestra tierra.
Las y los comunistas debemos, desde el aporte de nuestra fortaleza ideológica y nuestra capacidad de trabajo, cumplir el papel de pegamento en la construcción de un proyecto colectivo capaz de movilizar a amplias capas del pueblo trabajador andaluz. La militancia del PCA tenemos que desplegarnos en todos los rincones de la sociedad andaluza: en el curro, en el bar, en el sindicato, en IU, en la asociación… debemos una vez más tomar la iniciativa para librar la batalla de las ideas, porque la unidad popular no es algo que se decreta, sino que construye desde el trabajo cotidiano.
Andalucía está a la cabeza del paro y la precariedad, las consecuencias de un capitalismo clientelar y corrupto que saquea nuestros recursos, y que convierte nuestras ciudades y pueblos en escaparates turísticos que ocultan el sufrimiento y humillación de nuestra gente, de nuestra clase.
Con la iniciativa “Adelante Andalucía” pretendemos abrir un espacio de lucha y construcción colectiva de una alternativa social y política para nuestro pueblo, que de respuesta en lo inmediato al sufrimiento de nuestros barrios y pueblos a la vez que señala un horizonte de esperanza. Este proceso no puede limitarse a un acuerdo entre IU y PODEMOS con la adhesión de otros colectivos, sino que es necesario llenarlo de pueblo, esa es nuestra principal tarea. Debemos incorporar a este proceso a toda esa gente con la que hemos luchado en los diferentes espacios y conflictos, pero no podemos parar ahí, sino que debemos abarcar a todo ese entorno (militante o no) con el que convivimos en nuestra vida diaria y sabemos que comparte el anhelo por una Andalucía de igualdad y vida digna.
Un primer paso es firmar y difundir el presente manifiesto que puedes encontrar en: https://adelanteandalucia.org/
Desde la ilusión de tener la oportunidad histórica de cambiar el rumbo de nuestra tierra, somos conscientes de la enorme tarea que tenemos por delante, pero, las mujeres y hombres del Partido y la Juventud Comunista siempre nos hemos crecido ante los retos, como hemos dado muestras de ello a lo largo de tantas décadas de lucha.
La Clase Trabajadora no tiene otro capital que sus manos, toca ahora remangarse y ponerse manos a la obra, porque cuando la vida es precaria, la alegría está en la lucha.