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domingo, 20 de diciembre de 2020

El PCE e IU amplían la #QuerellaBorbón tras la regularización fiscal para que se investiguen todos los casos ante evidentes “indicios de actividades ilícitas”


Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, hemos registrado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una ampliación de su querella inicial sobre las actividades presuntamente delictivas protagonizadas por el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, ayudado por personas de su confianza, para que se incluya en la causa especial 21092/2018 que lleva el Alto Tribunal.
En el escrito, incorporamos los casos que han saltado a la luz pública en las últimas semanas, desde la regularización fiscal que el todavía rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria hace tan solo unos días para evitar una investigación más exhaustiva, al uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro para pagar distintas actividades tanto suyas como de su entorno familiar, pasando por el movimiento de elevadas cantidades de dinero a través de paraísos fiscales y Estados opacos a las investigaciones fiscales. De esta forma, los querellantes amplían sustancialmente el objeto de su acción ante el Alto Tribunal, iniciada en 2018, por el presunto cobro de comisiones ilegales por la intermediación de Juan Carlos de Borbón en la adjudicación de la AVE a La Meca.
En el señalamos que “De la lectura de la presente ampliación de querella, y puesta en correlación con la inicial querella presentada en diciembre de 2018, se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados y, en particular, del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo”.
Recordamos que existen evidentes “indicios de actividades ilícitas relatados y documentados en ordinales anteriores que como mínimo se remontan al año 2002, siendo las conductas descritas durante todo este iter temporal concatenadas las unas con las otras, teniendo como nexo de unión la conducta de Juan Carlos de Borbón a la hora de recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda Pública española de la percepción de estos pagos ni de la existencia de cuentas, inversiones o instrumentos financieros en las que se han ido depositando millonarias cantidades de dinero”.

La querella iba inicialmente dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, contra su amante Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón. Ahora se completa con los nombres del ya citado empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y del teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas.
Tanto los hechos delictivos recogidos desde un primer momento como los que se detallan ahora en el texto de ampliación de la querella corresponden a 13 delitos -siete de ellos vinculados directamente con el ex jefe del Estado-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
Entre los nuevos casos que incorporamos ahora está el referido a la segunda investigación abierta en la Fiscalía del Supremo -no judicializada aún, igual que la primera- por la utilización por parte de Juan Carlos de Borbón y otras personas de su familia de fondos que habría donado el empresario Sanginés-Krause. Esta actuación se habría realizado con tarjetas de crédito a nombre del coronel Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito durante casi una década.
Apuntamos a que “los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del rey y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el año 2014 en el ejercicio de sus funciones constitucionales”.
Estos hechos obligaron al rey emérito hace unos días a presentar ante el departamento de Hacienda de la Comunidad de Madrid una regularización de 678.393 euros por lo que habría dejado de pagar al fisco debido a las donaciones de su amigo mexicano.
La ampliación de querella apostilla que “según numerosas informaciones periodísticas que no han sido cuestionadas, el ciudadano mexicano ha reconocido en su declaración ante la Fiscalía que abonó 113.000 euros de viajes y estancias de Juan Carlos de Borbón en los años 2016 y el 2017, así como 270.000 euros al coronel en los años 2017 y 2018. Además, Allen Sanginés-Krause estaría relacionado igualmente con el movimiento de otros 500.000 euros que Juan Carlos de Borbón habría dispuesto gracias al uso de una tarjeta bancaria”.

Para Izquierda Unida y el PCE esta regularización no cumple con el criterio de espontaneidad que requiere el Código Penal para eludir la responsabilidad penal, ya que se produjo un mes después de que hubiese sido informado por la Fiscalía sobre la existencia de una investigación contra él, aparte de la “extensa publicación en prensa nacional e internacional” de esas diligencias.
Los querellantes abordamos también la supuesta inviolabilidad de la que gozaría Juan Carlos de Borbón en sus acciones, defendiendo que “aún pudiendo apreciarse la inviolabilidad del rey emérito durante los años en que estaba en el ejercicio pleno del cargo de jefe de Estado ésta no debe ser óbice para la apertura de una investigación judicial una vez ya no está en el ejercicio del cargo, y menos aún por hechos delictivos que se perpetúan una vez traspasado el periodo de inviolabilidad, como es la defraudación a la Hacienda Pública, por hechos delictivos cometidos una vez extinguida la inviolabilidad, como es el afloramiento de los efectos delictivos o blanqueo de capitales”.
Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda depositamos la semana pasada la fianza de 12.000 euros impuesta a finales de noviembre por el Tribunal Supremo para ejercer la acusación popular en la tramitación de esta causa especial, recaudada gracias a la colaboración de cientos de personas.
El Supremo decidió reactivar las diligencias después de que los querellantes solicitaran su reapertura a finales de julio pasado. A partir de ahora, y una vez registrada la ampliación, la Sala Segunda que se ocupa de esta causa deben resolver finalmente si la reabren o no, tras haberla desestimado por primera vez a toda prisa en el verano de 2019.

domingo, 6 de diciembre de 2020

Para que seamos iguales en derechos. ¡Es tiempo de república! Manifiesto del PCE


En el 42 aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, el Partido Comunista de España rinde, en primer lugar, homenaje a las mujeres y hombres que con su lucha, compromiso y sacrificio trajeron la democracia y la libertad a España.
A todas las personas que lucharon en defensa de la legalidad constitucional, la republicana, contra el golpe de Estado y contra la intervención extranjera del fascismo internacional.
Es de justicia recordarlo, cuando el fascismo vuelve a emerger a nuestro alrededor a consecuencia de unas políticas económicas neoliberales que no permiten un futuro digno a ningún pueblo.
La democracia no la trajeron los que sustentaron la dictadura hasta el último día y aún hoy se niegan a reprobarla, ni el heredero Borbón impuesto por el dictador fascista en la Jefatura del Estado, ni los llamados “padres de la Constitución”.
La democracia la trajo la clase trabajadora, los hombres y mujeres del pueblo que con sus luchas y movilizaciones, con años de cárcel sobre sus espaldas y las de sus familias, con el sufrimiento soportado por el hambre, los asesinatos, las torturas y el exilio, conquistaron las libertades democráticas.
El PCE trabajó y luchó por la construcción de un acuerdo que permitiera una Constitución democrática y el fin de la dictadura fascista, por una norma que, en ese momento histórico y a la vista de la correlación de fuerzas existente, permitiera un Estado social y democrático de derecho.
También cedimos, aplazando reivindicaciones que forman parte de nuestra identidad política como el Estado federal y la República como expresión de la soberanía popular, aceptando la monarquía. Con el tiempo la falsa imagen que habían montado se desmoronó y apareció un rey que ha sido todo menos ejemplar, amparado por la medieval inviolabilidad que permite todo tipo de delitos y que ha utilizado los servicios del Estado para sus fines de lucro privados.

El acuerdo constitucional del 78 fue incumplido de forma sustancial y reiterada por la burguesía y sus partidos políticos, especialmente en todos lo relativo a los derechos básicos. Se vulneraron todos los títulos y artículos de derechos sociales, económicos y ambientales, se recortaron las libertades políticas y la calidad de nuestra democracia bajó a mínimos. Las políticas neoliberales de los distintos gobiernos impidieron la soberanía y las condiciones de vida dignas para nuestro pueblo. Ante esta situación el Partido Comunista de España dio por roto el pacto constitucional (y se desvinculó de la Constitución de 1978) y exige un nuevo texto constitucional que garantice la totalidad de derechos fundamentales contemplados en la Declaración Universal de DDHH.
Cuarenta y dos años después varias generaciones, la mayoría de las españolas y españoles, no han sido nunca consultados ni han intervenido para decidir cuál es el pacto de convivencia entre personas y pueblos, cuál es el modelo social y económico y el modelo de libertades que necesita España.
El carácter monárquico de la Constitución es hoy impugnado por cada vez más amplios sectores de la población.
Es necesaria un nuevo pacto constitucional que garantice todos los derechos sociales y políticos y todas las libertades. Una Constitución que garantice un gran acuerdo de convivencia solidaria de los pueblos y naciones que forman España, en un Estado federal y republicano unido en torno a la construcción de un proyecto de progreso colectivo. Reivindicamos un estado federal y republicano como patria de convivencia de los pueblos libres, que quieren y pueden elegir a todos sus representantes e instituciones.

Es tiempo de una Constitución que garantice los derechos básicos: trabajo, vivienda, ingresos mínimos vitales y servicios públicos esenciales (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales). Que establezca de forma real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.
Una norma suprema del ordenamiento jurídico que garantice el autogobierno de los pueblos en un Estado federal solidario y plurinacional y que instaure una democracia plena, transparente, participativa, laica y republicana.
Una Constitución marco jurídico de la planificación económica democrática y de la propiedad común de los sectores estratégicos, para que la economía esté al servicio de la mayoría social y no de la minoría oligárquica. Un nuevo modelo económico con objetivos de desarrollo social, innovación y sostenibilidad.
Para ello se tiene que abrir un Proceso Constituyente, entendido como un proceso de movilización popular y democracia participativa, con el objetivo de abolir la monarquía, devolver la plena soberanía política, social y económica a la ciudadanía y a los pueblos, y construir la nueva Constitución.
Un Proceso Constituyente que abra las puertas a un futuro digno para la juventud, para las personas mayores y para el conjunto de la población.
Llamamos a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales y culturales democráticas y republicanas a ponerse en marcha, movilizarse, organizarse, para conseguir abrir un Proceso Constituyente que construya colectivamente otro modelo de sociedad, donde los derechos no se “promuevan” sino que se garanticen, máxime cuando de ello dependen la vida y el futuro de la clase trabajadora y el pueblo.

sábado, 5 de diciembre de 2020

Ernesto Alba, Secretario General del PCA: “Andalucía con futuro”


Hoy se cumplen 43 años de uno de los hitos más importante en la conciencia colectiva andaluza. El 4 de diciembre de 1977 cerca de dos millones de andaluces y andaluzas tomaron las calles de cada una de las ocho capitales andaluzas en defensa de la autonomía de Andalucía. Fue una constatación de que los derechos hay que conquistarlos.
Desde aquella ola de movilización popular muchas cosas han cambiado en nuestra tierra, pero otras se mantienen igual. 43 años después Andalucía sigue siendo la periferia de la periferia. El resultado de las distintas fases históricas que se han dado en nuestra tierra ha sido idéntico: Andalucía continúa siendo un satélite del capitalismo desarrollado.
Estos 43 años no han sido fáciles para Andalucía y, más de cuatro décadas después, enfrentamos una crisis sanitaria, social y económica cuyos daños aún son incuantificables. Lo hacemos, eso sí, con la experiencia reciente de otra crisis económica, la de 2008, de la que los andaluces y las andaluzas salimos mal, y tarde. La situación en la que Andalucía afronta esta nueva crisis es, por la falta de respuesta desde entonces de los gobiernos andaluces –anteriormente del PSOE y actualmente de PP y C’s, con el apoyo de Vox-, similar: Andalucía encabeza los índices de desempleo, pobreza y desigualdad de todo el país, su modelo productivo se asienta en sectores de bajo valor añadido y la reconversión industrial ha golpeado ciudades enteras –véase Linares, la localidad con más paro de España- y grandes comarcas –véase la Bahía de Cádiz-. Además, las inversiones europeas y las grandes infraestructuras planteadas en torno a estas no han propiciado la necesaria convergencia de Andalucía con el resto de España.
La respuesta a aquella crisis, que señaló las contradicciones del sistema de acumulación capitalista, fue la austeridad (a través de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española) y los recortes en los servicios públicos. Las consecuencias de aquella crisis son conocidas: fue la clase trabajadora quien cargó a sus espaldas el coste de la crisis y el Estado del Bienestar quedó herido de muerte. Mientras, los ricos se hacían más ricos.

La crisis económica que ahora afrontamos ya está golpeando fuertemente a nuestra tierra y mermando todavía más las condiciones de vida de la clase trabajadora andaluza, todavía sin que hayamos superado esta maldita pandemia. La crisis del Covid-19 ha vuelto a evidenciar la fragilidad de un modelo productivo asentado en el turismo, como hace no tantos años ocurría con la construcción, así como la necesidad imperiosa de contar con servicios públicos de calidad, bien dotados y financiados, para sostener a la población más vulnerable. Superar esta crisis requiere de servirse de los aprendizajes de la crisis de 2008 –es necesario llevar a cabo políticas expansivas, incrementar el gasto público para que nadie se quede atrás, pero además es necesario abordar decididamente las fallas estructurales de nuestra comunidad. Son muchos, en definitiva, los desafíos a los que se enfrenta el pueblo trabajador andaluz.
En juego está un futuro de dignidad para Andalucía y para los andaluces y las andaluzas. Solo a través de una decidida propuesta política, transformadora y de izquierdas, es posible una Andalucía con futuro. Un futuro en que seamos capaces de dotarnos de los mejores servicios públicos, en el que modernicemos nuestro modelo productivo para garantizar estabilidad y calidad en el empleo y así unas condiciones de vida dignas para las nuevas generaciones. Una Andalucía en la que le ofrezcamos a las nuevas generaciones la posibilidad de ser felices en sus pueblos y sus ciudades, en lugar de que se vean obligadas a emigrar. Una Andalucía con una fuerte industria verde, que apueste por las energías renovables, la investigación y el desarrollo científico, para que seamos capaces de convertir la potencialidad geográfica y territorial que posee Andalucía en bienestar para el conjunto de sus habitantes. Un nuevo sistema productivo donde el medio rural tenga un papel determinante, a través de una reforma agraria integral donde, más allá del necesario cambio de la estructura de propiedad de la tierra hacia formas más colectivas, avance en la propuesta de medidas de transformación de las estructuras de financiación, producción, transformación, comercialización y distribución de los productos agroalimentarios promoviendo la agroecología.

Es necesario, también, construir un futuro de igualdad entre mujeres y hombres, avanzando hacia un nuevo sistema de cuidados que reparta equitativamente los tiempos y el trabajo que suponga. Tenemos que poner la vida en el centro y superar la doble explotación, capitalista y patriarcal, que sufren las mujeres trabajadoras andaluzas.
Hemos de comenzar a construir, desde ya, una Andalucía verde para las generaciones futuras. Andalucía posee un rico patrimonio natural que se ve amenazado por la voracidad del sistema capitalista. La agricultura ultra intensiva, la sobreexplotación de los acuíferos, el fracking o el urbanismo sin control en las zonas de costa deben de ser cosas del pasado. Toda la sociedad y, sobre todo, todas las instituciones públicas, deben ser conscientes del reto crucial al que se enfrenta nuestra especie e implementar medidas para empezar a parar el desastre ecológico.
Tenemos que avanzar hacia un nuevo sistema de justicia fiscal y laboral, que redistribuya la riqueza y que penalice a los especuladores. La nueva economía digital necesita ser regulada y poner fin a la uberización de las relaciones laborales. No podemos permitir que empresas exploten a la clase trabajadora andaluza sin cumplir la legislación laboral y que, además, tributen en paraísos fiscales.
Hemos de fomentar una cultura emancipadora, que recoja el amplio bagaje cultural andaluz, desde sus tradiciones, el mestizaje entre culturas y la innovación de las propuestas culturales más rompedoras. Todo ello debe estar al servicio del pueblo del que emanan.
Esa es la Andalucía con futuro que hoy tiene su mayor peligro tras los muros de San Telmo. El Gobierno de las derechas, apoyado por Vox, está hipotecando el devenir de Andalucía y su pueblo trabajador: la pandemia ha servido para acelerar una hoja de ruta que pasa por desguazar nuestros servicios públicos, que ya habían sufrido importantes recortes en la última década, otorgar más privilegios fiscales a las grandes fortunas y normalizar el discurso agresivo e intolerante de la ultraderecha.

Frente al avance de las derechas, como en aquel 4 de diciembre, el andalucismo debe erigirse como defensor de lo colectivo, de lo común, de lo que es de todos y de todas. La verde, blanca y verde debe servir para lo que entonces sirvió: unir a los de abajo frente a los de arriba. Sin caer en la tentación de copiar modelos políticos importados, de convertirse en una simple reivindicación nacionalista que contraponga sus intereses a los de otros pueblos y territorios de España. Andalucía nunca ha participado de la “guerra de banderas” tantas veces usadas para engañar a la gente trabajadora, y trabajaremos para que así siga siendo. El reto del andalucismo es hacer de la forma de vida que tiene nuestro pueblo un proyecto político que no pone sus límites en Despeñaperros, sino que como dice nuestro himno, lo es "por la Humanidad".
La autonomía política de Andalucía va de la mano de la lucha por la República Federal en el conjunto del estado español. Una república plurinacional que establezca un sistema competencial efectivo y que permita a los territorios autogobernarse desde la plena soberanía. Toca hacerlo desde la lucha, codo a codo, con el resto de organizaciones hermanas del conjunto del estado, empujando por la consecución de la tercera república española. Hay esperanza para construir una Andalucía con futuro en un marco republicano y federal. Como aquel lema del XI Congreso del PCA, una Andalucía libre en una España republicana.
Ernesto Alba
Secretario general del Partido Comunista de Andalucía y portavoz de la Dirección Colegiada de IULV-CA
https://www.eldiario.es/andalucia/en-abierto/andalucia-futuro_132_6479260.html