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lunes, 30 de marzo de 2020

Se paralizan todas las actividades no esenciales para que el contagio se reduzca al mínimo nivel


Para Unidas Podemos es “una decisión valiente y apropiada”. CCOO y UGT, a favor. La CEOE en contra.

Mundo Obrero
Todos los trabajadores de actividades no esenciales se quedarán en casa desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril. Los salarios se cobrarán mediante un “permiso retribuido recuperable”. Nadie perderá derechos. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que los expertos han recomendado esta decisión porque “el confinamiento está siendo eficaz pero hace falta este nuevo esfuerzo para reducir la actividad como si cada día fuera domingo”. Así se hace más difícil el contagio y se podrá descongestionar las UCI. “Se endurece el confinamiento -ha añadido la ministra de Trabajo Yolanda Díaz- porque para el gobierno lo más importante es el interés general”. Montero ha recordado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del domingo, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue reclamado además “una reacción de la Unión Europea con decisiones valientes y contundentes que movilicen todos los recursos”.
El permiso retribuido se compensará posteriormente, acordando con los empresarios la recuperación “paulatina y espaciada” hasta el 31 de diciembre de las horas no trabajadas.
CCOO pide protección personal para los que trabajen
Para Unidas Podemos es “una decisión valiente y apropiada”. CCOO y UGT están de acuerdo. “Lo prioritario es hacer frente a la emergencia sanitaria -ha dicho Pepe Álvarez, secretario general de la UGT- y por eso apoyamos la decisión del gobierno”. Para CCOO, según Unai Sordo, “lo prioritario es hacer frente a la emergencia sanitaria y si hay que restringir más la actividad, estamos de acuerdo”. El secretario general de CCOO ha pedido “que los trabajadores que tengan que seguir acudiendo a sus puestos de trabajo dispongan de equipos de protección individual”. La patronal CEOE está en contra “porque va a provocar un enorme impacto sin precedentes en la economía”. Montero responde que “es una hibernación del sistema económico para que sea posible la posterior recuperación”. Los autónomos consideran imprescindibles las garantías para aplazar los impuestos y suspender el pago de sus cuotas y cotizaciones. Contestando a la petición del lehendakari Urkullu de que cada autonomía decida qué actividades no son esenciales, la portavoz del gobierno ha dicho que “todos tenemos la misma tarea” y que “no tiene sentido hacer diferencias por comunidades”.
Se consideran servicios esenciales los necesarios para el bienestar social y económico, como la sanidad, la seguridad y la información. También los que garanticen el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas. Se incluyen la alimentación, las farmacias, la telefonía, los bancos, el abastecimiento de productos de primera necesidad, la fabricación de material sanitario, el transporte, el comercio por Internet, el agua, la energía, la distribución de combustibles y los suministros de equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.

viernes, 27 de marzo de 2020

El PCE reclama un plan europeo para la protección social frente a la crisis del Covid_19


La posición del PCE ante el debate suscitado en la Unión Europea sobre las medidas a tomar frente a la crisis económica y social generada por el Covid_19 es clara: “se precisa la aprobación de un gigantesco plan de ayuda europea a los sectores populares, los más débiles”. Así lo acordó la Comisión Política, días antes de que se produjera el bloqueo actual ante la negativa de Alemania y Holanda a adoptar medidas “que no sean los rescates y los recortes”.
“La hora exige atender a las necesidades de la población”, defiende el PCE, advirtiendo de la necesidad de ampliar las medidas ya anunciadas. En este sentido considera que los estímulos y ayudas por la Unión Europea, la compra de activos y deuda nacional decidida por el Banco Central Europeo, no resolverá por si misma las necesidades de financiación y se trata de “una estrategia de apoyo masivo a la banca, sin previamente garantizar paquetes fiscales que fortalezcan el sector público”.
El PCE reclama un plan que evite la multiplicación de despidos en las empresas y que la mayor parte de los recursos públicos movilizados contra la pandemia sean destinados a financiar empresas y avalar créditos ante la inevitable paralización de sectores productivos, añadiendo que este debe servir para iniciar un cambio del modelo social y económico, ante el fracaso del actual demostrado durante la última crisis capitalista y de nuevo ante la pandemia del Covid_19.
Apoyo a las declaraciones del primer ministro portugués
El Secretario general del PCE y también co-portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago ha mostrado públicamente su apoyo a las declaraciones de Antonio Costa, primer ministro de Portugal, en las que califica como “repugnantes” los discursos lanzados en el marco de la UE, en referencia a la posición de Alemania y Francia. “No estamos a volver a escuchar a un ministro de Finanzas holandés como los que oímos en 2008, 2009, 2010 y siguientes”.
A través de las redes sociales, Santiago ha dado las gracias a Portugal por “poner sensatez frente a la actitud insolidaria de Holanda” tras el fracaso de la cumbre europea, advirtiendo que “la pandemia no entiende de nacionalidades”.

Queda prohibido el despido procedente por faltar al trabajo por enfermedad


Mundo Obrero
El Congreso ha convalidado la decisión del gobierno de derogar el despido por enfermedad con la abstención del PP y el voto en contra de VOX.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo: “Primero curarse y después trabajar”
Quedarse en casa enfermo no puede ser causa de despido. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al defender en el Congreso la derogación de esa norma, ha dicho que si ya era imprescindible eliminarla por establecer “un despido por causa injusta” es ahora, “una verdad absoluta, frente al coronavirus, que el cuidado propio garantiza la asistencia a los demás”. Despedir al trabajador enfermo era una anomalía española en el conjunto de la Unión Europea. Algo además absurdo, según Díaz, porque lo primero es curarse para después poder trabajar, “perjudica al empleado que va a trabajar enfermo por miedo al despido y también a la empresa que convierte sus instalaciones en el lugar más peligroso para el contagio”. La ministra ha asegurado que los datos comprobados demuestran que el castigo por enfermedad, impuesto por la reforma laboral de 2012, “ha provocado un incremento drástico de los despidos”. Con la derogación se restituye un derecho suprimido bajo “la injusta consideración del supuesto fraude personal” y “la sospecha sobre presuntas irregularidades del sistema de bajas médicas”. Díaz ha recordado además que la norma que se deroga, “injusta y sin proporcionalidad”, perjudicaba con especial gravedad “a los enfermos crónicos y a las personas con responsabilidades de cuidados”. A lo que se añade la advertencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el trato discriminatorio contra los discapacitados.
Enrique Santiago: “El mejor homenaje es que no tengan que trabajar enfermos”
Al defender en el Congreso la derogación de la posibilidad de despedir por faltas de asistencia al trabajo justificadas por enfermedad, el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha dicho que “es un acto de justicia para los trabajadores que están resistiendo en primera línea para protegernos del coronavirus en pésimas condiciones laborales”. Y ha añadido que “el mejor homenaje para el tremendo esfuerzo que están haciendo los profesionales de la sanidad pública es darles los recursos necesarios y evitar que tengan que trabajar enfermos”. El Secretario General del PCE ha insistido en que “los beneficios de las empresas no pueden ser más importantes que la salud de los trabajadores” y ha considerado que “la norma que derogamos es propia del siglo XIX y sólo servía para abaratar el despido de los más pobres”. Santiago ha pedido al gobierno que continúe la eliminación de las reformas laborales que fueron impuestas por los que ahora se benefician de la intervención protectora de los trabajadores precarizados. En su intervención parlamentaria, ha recordado a las trabajadoras de las residencias de ancianos que padecen con mayor frecuencia e intensidad las enfermedades laborales y ha reclamado la imprescindible equiparación en derechos para las empleadas del hogar.