jueves, 14 de marzo de 2013

Exigir responsabilidad y justicia para Iraq. Manifiesto 10 años de guerra en Iraq


En apoyo de las legitimas reivindicaciones del pueblo iraquí
El próximo 20 de marzo se cumplirán diez años de la guerra y ocupación ilegal de Iraq perpetrada por la Coalición internacional liderada por Estados Unidos y Reino Unido, que ha acabado con la vida de más de un millón y medio de iraquíes, y que ha provocado cinco millones de desplazados internos y externos, un millón y medio de viudas y cinco millones de huérfanos, cifras todas ellas extraídas de los documentos A/HRC/19/NGO/145 y 143 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicados el 28 de febrero de 2012.
También hace diez años, las plazas y las calles de Andalucía y de toda España, fueron protagonistas de las  más grandes movilizaciones de la historia, contra la guerra y la ocupación de Irak; un clamor popular se levantó para denunciar la política imperialista de la Administración Bush y la implicación del gobierno de Aznar. A lo largo de esta década, se han cometido probados crímenes de guerra y contra la humanidad, como atestiguan diversas organizaciones de Derechos Humanos, los testimonios de las propias víctimas, varios estudios académicos, filtraciones de documentos gráficos y secretos, además de sentencias judiciales como la del Tribunal Kuala Lumpur de Crímenes de Guerra. Entre estos crímenes se encuentran los ataques deliberados contra la población civil, el uso de armamento prohibido por las convenciones internacionales tales como la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenaje y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción de la que los Estados integrantes de la Coalición son suscriptores, y la Convención sobre Munición en Racimo, que EEUU no firmó. Conforman tales armas el armamento convencional revestido de uranio empobrecido, las bombas de fragmentación o en racimo, y agentes químicos como el fósforo blanco o el agente naranja.
La destrucción del país ha ido acompañada de un proceso político sectario y corrupto, bajo una constitución impuesta por la ocupación, lo que viola la Convención de Ginebra, la cual establece que el país ocupante no puede modificar el régimen político establecido. Todo ello ha situado a Iraq  entre los diez primeros puestos de la lista de Estados fallidos junto a países como Chad, la República Democrática del Congo y Somalia. Hoy, en Iraq todos los servicios públicos han quedado destruidos, los derechos sociales han desaparecido y se produce una violación sistemática de todos los aspectos de los Derechos Humanos, incluido el derecho a la vida y garantizados por la legislación internacional.
A pesar de la retirada ‘oficial’ de las fuerzas de ocupación en diciembre de 2011, apenas un año después se ha producido la vuelta en secreto de cerca de 3.000 tropas estadounidenses, por lo tanto, Iraq no es una nación independiente al seguir presa del cruce de intereses de EEUU e Irán además de otras potencias regionales. La política, la economía y los aparatos de la seguridad del Estado están marcados por la injerencia de Irán, tanto de manera directa como a través de los partidos sectarios en el poder, y por la presencia aún palpable de EEUU mediante los mercenarios a los que se contrata para la seguridad privada, asesores civiles y militares además de la presencia de compañías petrolíferas de EEUU e internacionales. Por otro lado, la defensa aérea de Iraq depende completamente del ejército estadounidense.
Entre las violaciones más flagrantes de los Derechos Humanos cometidas por el gobierno del primer ministro iraquí Nuri al-Maliki destaca el número de ejecuciones que se llevaron a cabo en Iraq en 2012 y que ascienden a un mínimo de 65 personas (el doble de 2011 y seis veces más que en 2010), y que obligó a Navi Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a exigir una moratoria. Además, hay que añadir los procesos judiciales que se celebran sin que existan las mínimas garantías procesales; la carencia de los derechos de los detenidos; la tortura de las presas y presos políticos; las muertes a consecuencia de la tortura y los abusos sexuales y las violaciones, hechos todos ellos confirmados por organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos.
Estos sucesos, además de las políticas sectarias, la corrupción o la falta de servicios esenciales, han reactivado las protestas ciudadanas que, desde el 25 de diciembre de 2012, no han dejado de inundar diariamente y de manera pacífica plazas y espacios públicos en varios puntos del país, a pesar de la manipulación mediática del gobierno, las amenazas, las detenciones y los asesinatos selectivos de los miembros del movimiento ciudadano. Uno de los resultados de estas movilizaciones ha sido el reconocimiento por parte de Shahristani, uno de los representantes del gobierno, de la existencia de 6.500 presos, entre ellos 97 mujeres, acusados de ‘terrorismo’ y de 6.000 detenidos sin juicio previo, entre los que hay 95 mujeres, dejando aparte la cifra de más 15.800 presos, de ellos 500 mujeres, que están condenados por otros motivos. Hay razones fundadas para creer que las cifras reales de presos y detenidos son mucho más altas.
Por estas razones, la ciudadanía que condenamos la guerra de agresión a Iraq
EXIGIMOS
1. Que todas las fuerzas de ocupación extranjeras, civiles y militares, que entraron en Iraq con o durante la Ocupación salgan del país, y que todos los acuerdos, las estructuras políticas y las leyes introducidas bajo la ocupación, que violan las Convenciones de Ginebra y la legalidad internacional, sean derogados.
2. La liberación inmediata de todos los detenidos sin cargos, ni juicio; el fin de las detenciones arbitrarias y una moratoria inmediata de la pena de muerte en Iraq.
3. La OMS debe analizar los efectos de la munición revestida con uranio empobrecido de las armas empleadas en Iraq, así como la de otras armas prohibidas, utilizadas probadamente contra la población iraquí. EEUU y el resto de los países que invadieron y ocuparon Iraq deben asumir la plena responsabilidad del coste de la eliminación de la munición y de la limpieza de todas las zonas contaminadas.
4. De todos y a cada uno de los países que han participado en la invasión y ocupación de Iraq la reparación y reconstrucción de la infraestructura iraquí, así como la restitución de la propiedad privada y la compensación moral y económica a la población civil, de acuerdo con la legalidad internacional.
5. A la Corte Penal Internacional que cumpla con su obligación legal de investigar, juzgar y sentenciar con todas las garantía de la ley, a todos y cada uno de los responsables —individuales o colectivos— de la comisión de los crímenes de guerra que desde 2003 se han perpetrado y se siguen perpetrando en Iraq. Los máximos responsables políticos de todos los países que lideraron y apoyaron la invasión y ocupación de Iraq deben asumir legalmente la responsabilidad de sus mentiras y de las políticas que condujeron a estos crímenes contra Iraq y su pueblo.
6. El reconocimiento de la soberanía del pueblo iraquí, afirmando el derecho que le asiste de determinar su propio futuro sin injerencias externas, así como el reconocimiento y apoyo al levantamiento ciudadano y a sus legítimas reivindicaciones.
7. Que el Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Iraq debe ser paralizado hasta que Iraq recupere su plena soberanía y existan unas garantías políticas de democracia y transparencia. Además, se han de  revisar los términos económicos de este Acuerdo bajo el criterio de equilibrio y sostenibilidad en las relaciones comerciales al servicio del bienestar y el progreso de la diezmada población iraquí. 

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