martes, 12 de marzo de 2013

La Contrarreforma de la administración local: privatizaciones, eliminación de servicios y recorte de la democracia


Antonia Morillas
Portavoz del Grupo de IULV-CA en la Diputación Provincial de Málaga
El anteproyecto de ley de reforma de la administración local lleva meses dando tumbos. Mucho se ha especulado sobre esta y muchas han sido las negociaciones entre PP y PSOE para alcanzar un acuerdo, con el sonido de fondo del malestar generado entre fuerzas políticas como Izquierda Unida. Finalmente, el anteproyecto de ley llega sin consenso y conteniendo los extremos más radicales que temíamos, con la pretensión de reducir al mínimo la capacidad de acción y decisión política de los ayuntamientos, imponer la privatización de servicios y continuar desarrollando el artículo 135 de la Constitución y la sacrosanta ley de Estabilidad Presupuestaria.
La reforma de la administración local forma parte de la ruta trazada para la  economía española por la Troika  con la connivencia del partido del gobierno. Viene a desarrollar los principios de la Ley de Estabilidad presupuestaria, con el ánimo de reducir al mínimo la administración pública y abrir nuevos nichos de mercado, para mejor negocio de unos pocos y privaciones para la inmensa mayoría. En contra de lo mucho que se escucha en estos días entre las filas del PP, esta reforma no elimina duplicidades, lo que elimina es la posibilidad de que servicios esenciales puedan ser prestados, y más aún, que estos puedan ser prestados desde lo público y por ende, accesibles y universales. Su aprobación, significaría dejar a miles de ciudadanos privados del acceso a servicios públicos como guarderías, bibliotecas, consultorios médicos, centros de información y prevención de violencia de género e incluso sin mercados municipales. Esa es la principal consecuencia de la aprobación de esta reforma: la eliminación de servicios que atienden las necesidades sociales más básicas desde la administración más próxima y accesible, que representan los ayuntamientos.
El establecimiento de un coste estándar por cada servicio, coste mínimo, que condicionará la capacidad de prestación de servicios por parte de los ayuntamientos, muy especialmente entre los menores de 20.000 habitantes, implicará en unos casos la supresión de servicios  y en otros, su prestación por parte de las Diputaciones provinciales, que en cualquier caso, no podrán prestarlo desde lo público, pues no tienen estructuras administrativas adaptadas a las nuevas competencias municipales que van a asumir. Por tanto, privatizaciones y alejamiento de los servicios de la ciudadanía. Casualmente el grueso de los gobiernos provinciales está en manos del Partido Popular: sobra decir el entusiasmo con el que están acogiendo esta reforma, que otorga a las diputaciones un poder desmedido, incluso en lo referente al establecimiento de tasas y precios públicos, por ejemplo, el del agua.
Desaparecen las competencias complementarias en materia de salud, educación, igualdad o participación, entre otras. En materia de servicios sociales, mantenimiento de centros sanitarios y mantenimiento y gestión de guarderías, las competencias quedan reservadas en exclusiva para las comunidades autónomas, que podrán delega  a los municipios mayores de 20.000 habitantes, no a los menores, siempre y cuando realicen la oportuna transferencia económica. Ahora bien, la transferencia económica se computará en base al coste estándar o coste mínimo, lo que en la práctica significa en la mayoría de casos, imposibilitar la prestación del servicio, y en cualquier caso, la prestación del servicio desde lo público. Competencias complementarias en materia de igualdad de género, que venían a desarrollar el articulado de la Ley de igualdad, que atribuye funciones concretas a las entidades locales, son eliminadas de un plumazo, pasando, de nuevo, la igualdad de género a la cola de la agenda política y provocando un problema existencial a los centros y servicios municipales en materia de igualdad y prevención,  que en su gran mayoría han venido a paliar el déficit de atención de otras administraciones, y que con esta reforma se verán abocados a su cierre.
Asimismo, la asunción de competencias municipales por parte de las Diputaciones provinciales, abocará a muchos servicios a su privatización e implicará el alejamiento de los servicios de la ciudadanía. Sobra decir que las diputaciones provinciales no son precisamente la institución más transparente ni más accesible para la ciudadanía, ni siquiera sus diputados y diputadas son elegidos de manera directa por los ciudadanos. Hace apenas un año, el debate pivotaba en torno a la supresión de las diputaciones y la articulación de estructuras supramunicipales de proximidad comarcalizadas. Pues bien, con esta reforma, la Diputación va a tener más poder que cualquier ayuntamiento menor de 20.000 habitantes y en el caso de los menores de 5.000, que representan el 80% de los municipios andaluces, tendrá también la capacidad, por mayoría simple de sus miembros, de intervenir los ayuntamientos, con la retirada real de los cargos electos de los mismos. Es decir, lo que ponen los ciudadanos, lo podrán quitar las Diputaciones provinciales. Los ayuntamientos pasarán a ser oficinas administrativas de entes superiores. Un ejercicio absoluto de atropello democrático que sitúa en una clara situación de desigualdad e indefensión a los y las ciudadanos que habitan los municipios menores de 5.000 habitantes.
Ni que decir tiene, el impacto en términos de empleo que va a suponer. En los municipios mayores, la imposición del objetivo de déficit y la merma de competencias, implicará sin duda reestructuraciones, cuando no supresiones, de empresas y entes públicos de gestión, que repercutirán en la prestación de servicios, e irremediablemente en despidos de empleados públicos. El  personal laboral de los ayuntamientos pende ahora, más que nunca, de un hilo. La prestación de servicios que hasta ahora eran prestados por los ayuntamientos, por parte de las diputaciones, implicará también un ataque a la empleabilidad de los ciudadanos de los municipios más pequeños, cuestión que se suma a la eliminación de la capacidad de los municipios de emprender iniciativas económicas de desarrollo propias.
En síntesis, recentralización y por tanto alejamiento de la ciudadanía de los espacios de toma de decisiones sobre lo público, carrera desaforada hacia la eliminación y privatización de servicios esenciales para la ciudadanía (guarderías, bibliotecas, limpieza, agua…), destrucción de empleo público y control e intervención política de los ayuntamientos elegidos democráticamente por los ciudadanos. Esta reforma, bien vale una movilización, mil movilizaciones. Hay que pararla.

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