El Partido Comunista de España, Izquierda Unida, UGT y CC.OO. se pronuncian en contra de la elevación en dos años de la edad de jubilación ordinaria de los trabajadores y trabajadoras, que pasaría de los 65 a los 67 años, y que ha sido aprobada ayer en el Consejo de Ministros.
El PCE considera la medida “innecesaria y totalmente desproporcionada”. Igualmente CC.OO. en su rechazo a la propuesta del Gobierno la ha tachado de ser una medida "innecesaria, injustificada, insostenible y desproporcionada". UGT por su parte la considera “supone un recorte en la cuantía de las pensiones” para contentar a los mercados financieros e IU la ha tachado además de ser injustas, que “son completamente innecesarias y van en el sentido contrario del que sería conveniente para salir de la crisis lo antes posible”.
El Secretario General de CC.OO.,Ignacio Fernández Toxo, ha acusado al Ejecutivo de "meter miedo a la sociedad" con esta propuesta y de "arruinar el crédito de un sistema que goza de buenísima salud” y ha anunciado el rechazo "frontal" de CC.OO. a esta medida, y se mostró "absolutamente convencido" de que el retraso de la edad de jubilación "se caerá" durante el trámite parlamentario, en declaraciones realizadas a Radio Nacional.
Toxo recordó que atrasar la edad de jubilación resulta innecesario en España, dado que existe un sistema de jubilación flexible que permite al mismo tiempo jubilaciones anticipadas con penalizaciones en la pensión y la posibilidad de permanecer en el mercado laboral más allá de los 65 años, con una "ligera" bonificación en la pensión.
"Este sistema ha permitido que en los últimos cinco años la edad real de jubilación se haya elevado desde los 62,5 años a 63,5 años y que un 15% de trabajadores que habrían de jubilarse a los 65 lo están haciendo a los 66, 67, 68 años e incluso alguno más", señaló Toxo.
Toxo señaló que “es innecesario e injusto plantearse un retraso forzado de la edad de jubilación cuando tenemos otras necesidades. Habría que actuar fundamentalmente sobre la estructura de ingresos", añadió.
El secretario general de CC.OO. aseguró además que la propuesta de elevar la edad de jubilación junto con el plan de recorte de gasto público puede interpretarse como un "mensaje" del Gobierno dirigido a las agencias de calificación que han puesto en duda la confianza en España, a las autoridades comunitarias y a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), a quienes por otra parte consideró "absolutamente descalificados" para opinar sobre España teniendo en cuenta que "no acertaron lo que se venía encima".
Cándido Méndez por otro lado, ha afirmado que UGT no comparte alargar la edad legal de jubilación y así lo manifestó en su comparecencia “en la Subcomisión del Pacto de Toledo”, donde ningún compareciente planteó esta cuestión, aunque sí se habló sobre alargar la edad real de jubilación. Un tema que se puede debatir, aunque Méndez aclaró que España es uno de los países de la vieja Europa que tiene la edad real de jubilación más tardía. El Secretario General de UGT ha dicho que ni incluso el propio Ministerio de Trabajo, desde hace muy pocas fechas, negaba contemplar esa posibilidad.
La propuesta del Gobierno de alargar legalmente la edad de jubilación es una medida, que así planteada, y sin matices, “supone un recorte en la cuantía de las pensiones y un endurecimiento de las condiciones de acceso, en una situación en la que la tendencia es a acortar las carreras laborales”. Así, “los jóvenes entran en fechas tardías al mercado laboral, con 26, 27, 28 años y en España la población activa por encima de 50, 52 años se está reduciendo también. No por voluntad de los trabajadores sino porque las empresas tienen esas estrategias de despido. Por tanto, es una medida muy polémica que yo, sinceramente, sólo la puedo ubicar en una visión de corto plazo, probablemente para contentar a los mercados financieros, y no sé siquiera si se van a contentar esos mercados, y, sin embargo, no le veo un encaje en una visión a largo plazo para la supervivencia de las pensiones públicas de nuestro país”.
Para el PCE, el gobierno ha pensado que el movimiento obrero está débil y que los trabajadores y las trabajadoras con “la espada de Damocles” del paro en la cabeza no se van a movilizar contra el recorte de derechos que se les imponga. Según José Luis Centella, Secretario General del PCE, “están muy equivocados, ya comenzamos a calentar motores con las movilizaciones realizadas en estos últimos meses y que tuvieron su confluencia estatal el pasado 12 de diciembre en Madrid”.
Según los comunistas, aumentar la edad de jubilación con la excusa de que no va a haber dinero para las pensiones, mientras en los últimos años se han reducido los impuestos y cotizaciones al empresariado y al capital, es volver a culpar de la crisis a la clase trabajadora haciéndole pagar las consecuencias del fracasado gestor capitalista. No tiene sentido que mientras los sindicatos piden la reducción de la edad de jubilación en sectores como la construcción, el gobierno de Rodríguez Zapatero presente una propuesta que supone un auténtico corte de derechos laborales.
Según el PCE, el PSOE se aleja con esta medida propuesta por la Ministra de Economía, Elena Salgado, un poco más de los trabajadores y las trabajadoras, quizá porque los que toman estas decisiones no son sensibles a la situación de miles y miles de trabajadores de los servicios, la industria, la construcción o el campo con un sueldos muy bajos, de forma precaria y con jornadas superiores a la legal, sin cobrar.
El Partido Comunista de España está radicalmente en contra de esta medida, y elaborará una gran campaña de movilización para paralizar este escandaloso recorte de derechos laborales.
Por otro lado el responsable de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha denunciado que “el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero traspasa la ‘línea roja’ con el ‘pensionazo’ anunciado, que supone el mayor ataque a los derechos de los trabajadores”.
“Con su reforma de las pensiones –señala- el Ejecutivo socialista quiere expropiar los salarios y las cotizaciones sociales de los trabajadores. Ha decidido que la crisis la paguen sólo los que trabajan y los parados, dejando a éstos a un lado para preocuparse más de la cara que el gran capital y los mercados le ponen en Davos y en las futuras citas internacionales a las que acuda”.
García Rubio advierte de que “eso ocurre cuando la Encuesta de Población Activa muestra que se han destruido en 2009 más de 1.200.000 puestos de trabajo, la cifra más alta desde que comenzaron a elaborarse este tipo de datos, en 1976”.
Añade que “una reforma de este tipo ha contado y contará con el rechazo total de Izquierda Unida en la Comisión del Pacto de Toledo, en el Parlamento y en la calle. Es la hora de la movilización si el Gobierno mantiene sus proyectos. Estas medidas, además de ser injustas, son completamente innecesarias y van en el sentido contrario del que sería conveniente para salir de la crisis lo antes posible”.
Para el dirigente federal de IU, “las pensiones públicas no están en riesgo y si son necesarias medidas para consolidar aún más el futuro de nuestra Seguridad Social, primero el Gobierno debería cumplir con sus compromisos financieros con la Seguridad Social de reducir drásticamente la economía sumergida (que hace posible que, al menos, 800.000 trabajadores no coticen) o de acabar con el fraude, por ejemplo, cuando las empresas despiden al llegar el mes de vacaciones para que se encarga de su pago el INEM. Está pendiente también que se eliminen la mayor parte de las subvenciones a las empresas para la creación de empleo que no han dado ningún resultado significativo, así como de tomar medidas como la elevación del tope máximo de cotización empresarial para los altos salarios hasta acercar las cotizaciones a la proporcionalidad con los salarios reales. Hoy cotiza exactamente la misma cantidad quien gana 38.000 euros al año que quien gana cualquier salario que esté por encima de esa cifra”.
El PCE considera la medida “innecesaria y totalmente desproporcionada”. Igualmente CC.OO. en su rechazo a la propuesta del Gobierno la ha tachado de ser una medida "innecesaria, injustificada, insostenible y desproporcionada". UGT por su parte la considera “supone un recorte en la cuantía de las pensiones” para contentar a los mercados financieros e IU la ha tachado además de ser injustas, que “son completamente innecesarias y van en el sentido contrario del que sería conveniente para salir de la crisis lo antes posible”.
El Secretario General de CC.OO.,Ignacio Fernández Toxo, ha acusado al Ejecutivo de "meter miedo a la sociedad" con esta propuesta y de "arruinar el crédito de un sistema que goza de buenísima salud” y ha anunciado el rechazo "frontal" de CC.OO. a esta medida, y se mostró "absolutamente convencido" de que el retraso de la edad de jubilación "se caerá" durante el trámite parlamentario, en declaraciones realizadas a Radio Nacional.
Toxo recordó que atrasar la edad de jubilación resulta innecesario en España, dado que existe un sistema de jubilación flexible que permite al mismo tiempo jubilaciones anticipadas con penalizaciones en la pensión y la posibilidad de permanecer en el mercado laboral más allá de los 65 años, con una "ligera" bonificación en la pensión.
"Este sistema ha permitido que en los últimos cinco años la edad real de jubilación se haya elevado desde los 62,5 años a 63,5 años y que un 15% de trabajadores que habrían de jubilarse a los 65 lo están haciendo a los 66, 67, 68 años e incluso alguno más", señaló Toxo.
Toxo señaló que “es innecesario e injusto plantearse un retraso forzado de la edad de jubilación cuando tenemos otras necesidades. Habría que actuar fundamentalmente sobre la estructura de ingresos", añadió.
El secretario general de CC.OO. aseguró además que la propuesta de elevar la edad de jubilación junto con el plan de recorte de gasto público puede interpretarse como un "mensaje" del Gobierno dirigido a las agencias de calificación que han puesto en duda la confianza en España, a las autoridades comunitarias y a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), a quienes por otra parte consideró "absolutamente descalificados" para opinar sobre España teniendo en cuenta que "no acertaron lo que se venía encima".
Cándido Méndez por otro lado, ha afirmado que UGT no comparte alargar la edad legal de jubilación y así lo manifestó en su comparecencia “en la Subcomisión del Pacto de Toledo”, donde ningún compareciente planteó esta cuestión, aunque sí se habló sobre alargar la edad real de jubilación. Un tema que se puede debatir, aunque Méndez aclaró que España es uno de los países de la vieja Europa que tiene la edad real de jubilación más tardía. El Secretario General de UGT ha dicho que ni incluso el propio Ministerio de Trabajo, desde hace muy pocas fechas, negaba contemplar esa posibilidad.
La propuesta del Gobierno de alargar legalmente la edad de jubilación es una medida, que así planteada, y sin matices, “supone un recorte en la cuantía de las pensiones y un endurecimiento de las condiciones de acceso, en una situación en la que la tendencia es a acortar las carreras laborales”. Así, “los jóvenes entran en fechas tardías al mercado laboral, con 26, 27, 28 años y en España la población activa por encima de 50, 52 años se está reduciendo también. No por voluntad de los trabajadores sino porque las empresas tienen esas estrategias de despido. Por tanto, es una medida muy polémica que yo, sinceramente, sólo la puedo ubicar en una visión de corto plazo, probablemente para contentar a los mercados financieros, y no sé siquiera si se van a contentar esos mercados, y, sin embargo, no le veo un encaje en una visión a largo plazo para la supervivencia de las pensiones públicas de nuestro país”.
Para el PCE, el gobierno ha pensado que el movimiento obrero está débil y que los trabajadores y las trabajadoras con “la espada de Damocles” del paro en la cabeza no se van a movilizar contra el recorte de derechos que se les imponga. Según José Luis Centella, Secretario General del PCE, “están muy equivocados, ya comenzamos a calentar motores con las movilizaciones realizadas en estos últimos meses y que tuvieron su confluencia estatal el pasado 12 de diciembre en Madrid”.
Según los comunistas, aumentar la edad de jubilación con la excusa de que no va a haber dinero para las pensiones, mientras en los últimos años se han reducido los impuestos y cotizaciones al empresariado y al capital, es volver a culpar de la crisis a la clase trabajadora haciéndole pagar las consecuencias del fracasado gestor capitalista. No tiene sentido que mientras los sindicatos piden la reducción de la edad de jubilación en sectores como la construcción, el gobierno de Rodríguez Zapatero presente una propuesta que supone un auténtico corte de derechos laborales.
Según el PCE, el PSOE se aleja con esta medida propuesta por la Ministra de Economía, Elena Salgado, un poco más de los trabajadores y las trabajadoras, quizá porque los que toman estas decisiones no son sensibles a la situación de miles y miles de trabajadores de los servicios, la industria, la construcción o el campo con un sueldos muy bajos, de forma precaria y con jornadas superiores a la legal, sin cobrar.
El Partido Comunista de España está radicalmente en contra de esta medida, y elaborará una gran campaña de movilización para paralizar este escandaloso recorte de derechos laborales.
Por otro lado el responsable de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha denunciado que “el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero traspasa la ‘línea roja’ con el ‘pensionazo’ anunciado, que supone el mayor ataque a los derechos de los trabajadores”.
“Con su reforma de las pensiones –señala- el Ejecutivo socialista quiere expropiar los salarios y las cotizaciones sociales de los trabajadores. Ha decidido que la crisis la paguen sólo los que trabajan y los parados, dejando a éstos a un lado para preocuparse más de la cara que el gran capital y los mercados le ponen en Davos y en las futuras citas internacionales a las que acuda”.
García Rubio advierte de que “eso ocurre cuando la Encuesta de Población Activa muestra que se han destruido en 2009 más de 1.200.000 puestos de trabajo, la cifra más alta desde que comenzaron a elaborarse este tipo de datos, en 1976”.
Añade que “una reforma de este tipo ha contado y contará con el rechazo total de Izquierda Unida en la Comisión del Pacto de Toledo, en el Parlamento y en la calle. Es la hora de la movilización si el Gobierno mantiene sus proyectos. Estas medidas, además de ser injustas, son completamente innecesarias y van en el sentido contrario del que sería conveniente para salir de la crisis lo antes posible”.
Para el dirigente federal de IU, “las pensiones públicas no están en riesgo y si son necesarias medidas para consolidar aún más el futuro de nuestra Seguridad Social, primero el Gobierno debería cumplir con sus compromisos financieros con la Seguridad Social de reducir drásticamente la economía sumergida (que hace posible que, al menos, 800.000 trabajadores no coticen) o de acabar con el fraude, por ejemplo, cuando las empresas despiden al llegar el mes de vacaciones para que se encarga de su pago el INEM. Está pendiente también que se eliminen la mayor parte de las subvenciones a las empresas para la creación de empleo que no han dado ningún resultado significativo, así como de tomar medidas como la elevación del tope máximo de cotización empresarial para los altos salarios hasta acercar las cotizaciones a la proporcionalidad con los salarios reales. Hoy cotiza exactamente la misma cantidad quien gana 38.000 euros al año que quien gana cualquier salario que esté por encima de esa cifra”.
1 comentario:
Andrés, la demografía de España dice muchas cosas depende de quién las diga. Pretender una ciencia neutra y no al servicio de interéses es pura utopía. Cada dato está servido en función de una coyuntura concreta en un momento concreto. Estos anuncios alarmistas ya se hacían en el primer gobierno socialista, con Solchaga a la cabeza, cuando tenían que aplicar, según criterios neoliberales, planes de ajuste en la ecobnomía del país en contra de las clases asalariadas, mientras rebajaba los impuestos a las financieras o multinacionales.
Puedes leer a Vicent Navarro y muchos otros donde los criterios economicistas al utilizar las proyecciones de población dan resultados distintos, en cuanto a la necesidad de aplicar unas políticas.
Recortad derechos sociales de la mayoría, mientras mantiene favores al capital financiero y reparte prebendas a multinacionales, no es de recibo.
Es necesaria una política basada en la austeridad en el uso de los recursos y del gasto, hay que aumentar las cargas impositivas a quienes se benefician de la desgracia ajena y hay que repartir la riqueza y también el empleo.
Indudablemente hay muchas maneras de atajar los desajustes económicos, pueden ser con la mismavisión neoliberal que nos ha traido a la crisis, pero que beneficia a las grandes bancas y constructoras como ACS o puede haber políticas de reparto e igualdad social.
Esa última es la opción de la Izquierda. otra cosa es que nos tendriamos que ver las caras con los poderes economicos y militares nacionales e internacionales. la desetabilización es el precio que tendriamos que pagar, como en la República, pero nososros nunca desfalleceremos en nuestra busa de justicia y libertad para nuestro pueblo.
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