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jueves, 18 de octubre de 2012

Toni Morillas, denuncia que los Equipos de Tratamiento Familiar que atienden a 472 menores amenazados de exclusión están en peligro de desaparecer


El Grupo provincial de Izquierda Unida (IULV-CA) ha calificado de “temeraria” la actitud del equipo de gobierno de la Diputación provincial, que a 13 días de que expire el Convenio que sostiene los Equipos de Tratamiento Familiar aún “no ha movido ficha para la renovación de dicho convenio que sostiene el servicio”.
Los Equipos de Tratamiento Familiar están compuestos por 15 trabajadores y trabajadoras, de los cuáles 5 son sicólogos/as, 5 trabajadores/as sociales y 5 más educadores/as, que atienden a 472 menores en riesgo de exclusión social o en situación de alto riesgo en 65 municipios de la provincia. Este programa viene desarrollándose desde el año 2007 y está financiado en 1/3 por la Diputación provincial y lo restante por la Junta de Andalucía.
El día 31 de octubre expira el convenio 2011/2012 en vigor y si la Diputación, tal y como ha dejado entrever en algunas declaraciones el equipo de gobierno, no tramita su renovación, 15 trabajadores perderán su puesto de trabajo y 472 menores en situación de riesgo de exclusión de la provincia dejarán de percibir el servicio. El PP se niega a tramitar la renovación del convenio si la Junta no acomete el pago de lo que adeuda del Convenio actualmente en vigor, sin embargo, la Diputación tiene el compromiso de pago por parte de la Junta y la disponibilidad presupuestaria en tesorería para adelantar los pagos, tal y como hacen todas las Diputaciones y ayuntamientos.
“El PP está desmantelando los servicios sociales de la Diputación provincial en un momento en el que la demanda social en la provincia se está viendo incrementada, como consecuencia de la crisis económica, que provoca que cada vez un mayor número de ciudadanos se vean abocados a solicitar ayuda de los servicios sociales comunitarios” ha señalado la portavoz del grupo, Toni Morillas.
Según la portavoz  de IULV-CA “Hemos conocido recientemente el aumento de la población en riesgo de exclusión social, alcanzado esta a un 22,5% de la población en la provincia y siendo el índice de miseria del 36,5%. Que ante esta situación, la respuesta del gobierno provincial sea eliminar servicios sociales que atienden a las clases sociales más desfavorecidas, es deleznable y dice mucho de la catadura ética de los dirigentes provinciales del PP”. Diputaciones gobernadas por el PP como son la de Huelva y Almería han renovado recientemente estos convenios, lo que nos indica que “en nuestra provincia nos enfrentamos al ala más dura y neoliberal del PP andaluz”.
Toni Morillas ha manifestado, que “estamos a contrarreloj, el día 31 de octubre está a la vuelta de la esquina, cada día que pasa hay menos posibilidades de que los equipos de tratamiento familiar continúen con su labor”. Asimismo IULV-CA ha señalado su preocupación, ya que hay dos convenios más en las misma situación que expiran en el mes de Diciembre, uno de ellos de apoyo a la ley de dependencia y otro de apoyo al servicio de ayuda a domicilio. “Si el PP toma la misma posición irresponsable en relación a estos dos convenios, estará sentenciando de muerte a los servicios sociales comunitarios de los municipios menores de 20.000 habitantes, además de enviar a la cola del paro a 48 trabajadores públicos”.
Toni Morillas ha anunciado que solicitará la comparecencia de Elías Bendodo en el próximo pleno de la Diputación provincial, pero según la portavoz en la Corporación provincial puede que “Para entonces, quizá sea demasiado tarde”

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