Izquierda Unida, a través del presidente portavoz de su
grupo parlamentario en el Congreso y del diputado portavoz en la Comisión de Justicia,
Cayo Lara y Gaspar Llamazares, respectivamente, han presentado una completa
batería de iniciativas en el Congreso dirigidas al Gobierno y al Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de las recomendaciones y críticas
sobre el sistema de cobro de los créditos hipotecarios y los desahucios, así
como la aplicación de la dación en pago, contenidas en el informe ‘Propuestas
para la reforma y agilización de los procesos civiles’.
Estas nuevas iniciativas de Izquierda Unida van en la línea
de las que esta formación lleva registrando desde la pasada legislatura sobre
la figura de la dación en pago y los desahucios –rechazadas con la suma de los
votos de PP y PSOE- y las que ha registrado en las últimas semanas planteando
fórmulas similares. Entre ellas, están pendientes de debate las enmiendas que
recogen la paralización de los desahucios y la aplicación de la dación en pago
incluidas en la tramitación de los proyectos de ley de reestructuración y
resolución de entidades de crédito –también conocida como ‘Ley del banco malo’-
y en el de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de
viviendas.
Dado que el propio CGPJ ya ha decidido no asumir formalmente
el contenido del informe encargado por el propio órgano de gobierno de los
jueces a una comisión de siete magistrados, en las iniciativas registradas hoy
se solicitan las comparecencias tanto del ministro de Justicia como del
presidente del Consejo General del Poder Judicial ante la comisión
correspondiente. En el caso de Alberto Ruiz-Gallardón, se quiere que explique
en sede parlamentaria “qué medidas piensa promover el Gobierno” a la luz de
este informe para hacer modificaciones “de fondo” en el marco jurídico que
ordena los desahucios.
Además, en la otra petición referida a Gonzalo Moliner,
Llamazares solicita que informe al Parlamento de forma detallada sobre la
posición adoptada por el CGPJ sobre este mismo trabajo. Junto a estas
peticiones de comparecencia se ha registrado formalmente también en la Cámara una solicitud
parlamentaria de documentación para que se remita este estudio de inmediato a
los grupos parlamentarios para conocer en toda su amplitud su contenido. Esta
petición se ha hecho extensiva al presidente del Poder Judicial en una carta
dirigida al mismo por el diputado de IU.
Junto a estas peticiones, y dada la conocida resistencia
esta legislatura de los miembros del Gobierno a comparecer ante el Congreso
cuando son requeridos por Izquierda Unida, Cayo Lara y Gaspar Llamazares han
coordinado el registro de sendas preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo.
En su iniciativa, entre otras cuestiones, Lara pide al
Ejecutivo que aclare “si comparte las conclusiones de dicho informe” y si
considera el Gobierno “que el actual marco legal en el que se desarrollan los
procesos de desahucio es justo”.
De igual forma, el presidente portavoz del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA reclama explicaciones sobre si “¿Tiene
previsto el Gobierno acometer la modificación y reforma del marco legal en el
que se insertan los procesos de desahucio acorde con las conclusiones del
informe?”.
Por su parte, como portavoz en la Comisión de Justicia del
Congreso, Llamazares entra al detalle en su iniciativa sobre las 18 propuestas
avanzadas en el trabajo de la comisión de siete magistrados y pregunta cuáles
de ellas tiene intención de promover. Así, interroga directamente si es
favorable a que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como
modo de cancelar el crédito, se convierta en una ‘regulación imperativa’, como
señala el informe.
También se quiere que el Ejecutivo del PP aclare si está
dispuesto a modificar la ley vigente que regula las ejecuciones hipotecarias
para que el juez pueda establecer “periodos de carencia en el pago,
ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de
interés y quitas de la deuda” que ahora no se contemplan.
Del mismo modo, se plantea si el Gobierno de Mariano Rajoy
acepta que “una parte de las ayudas del Estado a la Banca se extienda a los
clientes sobreendeudados ‘de buena fe’”, concepto que se incluye en el informe
de los magistrados o “impedir que los bancos se puedan adjudicar las viviendas
de los desahucios a precio de saldo”.
La iniciativa se completa indicando la “introducción de mecanismos que
permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o
buscando fórmulas como el arrendamiento”, además de la “creación de unas comisiones
mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor, y en las
que estén presenten no sólo la
Banca sino también los consumidores y la Administración ”.
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