¿Quién busca a los niños perdidos del franquismo?

Esther López Barceló y Alberto Garzón Espinosa

Vivimos en un Estado que tolera la impunidad de crímenes de lesa humanidad entre sus muros de silencio. Los ciudadanos sufrimos impotentes cuando escuchamos las historias que conforman la criminal trata de robo de bebés que se produjo en España entre los años 40 y los años 90. Y, sin embargo, este Estado, a través de sus diferentes gobiernos, intenta hacernos creer que no puede hacer más que lo que hace: transmitir compasión y lástima.

Pero nosotros tenemos la obligación moral de denunciar que precisamente este Estado es responsable y cómplice, por su falta de voluntad política, de aquella trama creada y organizada por motivos ideológicos en pleno franquismo. Trama que continuó hasta los años 90 convertida en un oscuro negocio.

Es curioso. Este mismo Estado que se preocupa y legisla para arrebatar el derecho a decidir sobre su propio cuerpo a las mujeres, se despreocupa a su vez de aquellos bebés que les fueron arrebatados a miles y miles de familias. A veces incluso es peor, como cuando emite comunicados y notas de prensa de contenido ambiguo que generan vanas esperanzas entre las víctimas. Sin embargo, nunca concretan ni una solución real que permita, por ejemplo, la creación de un banco de ADN que sea la base angular en la posibilidad de reencuentro de las familias. Algo que ya existe en otros países como Argentina y Guatemala.

Cuando se aprueban iniciativas parlamentarias sobre esta cuestión, como por ejemplo ha sucedido recientemente en Les Corts del País Valenciá, el resultado final es una declaración vaga y ambigua en la que queda neutralizada la sustancia de la iniciativa. Además, también el PP votó en contra de la petición de una comisión de investigación sobre el tema. Precisamente por esa razón se explica que, a pesar del trámite institucional, meses después la única resolución concreta sobre el tema en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana corresponda a la aprobación de una partida económica destinada a la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, una entidad religiosa bajo sospecha de pertenecer a la trama. Para más inri dicha resolución se produjo el mismo día en que un juez admitía a trámite las denuncias de veinte víctimas de este lugar.

Sin duda no estamos ante un problema de inviabilidad técnica sino ante la falta de voluntad política para atreverse a desentrañar una madeja molesta y perversa que envuelve los apellidos de notables personajes de la actualidad y que, evidentemente, obligarían al Estado a “topar” frontalmente con la Iglesia. No olvidemos que ésta es responsable y propietaria de la mayoría de clínicas y hospitales en los que miles de niños y niñas nunca nacieron. Aprovechamos para contar aquí una historia de tantas miles. Un caso que hicimos también público, manteniendo el anonimato, en un reciente debate en Les Corts.

Corre el año 1966 en el País Valenciá cuando una mujer tiene un parto de mellizas en el Hospital Clínico de Valencia. Al día siguiente proporcionar mayor información le dicen que una de sus hijas ha fallecido. El hospital, generosamente, declara hacerse cargo del duro proceso consiguiente. Años más tarde la hija que sobrevive empieza a dudar de la versión oficial y comienza una investigación para tratar de atar cabos. Sin embargo, la joven se encuentra con que en el hospital no existe la historia clínica ni de su madre, ni de ella ni de su otra hermana supuestamente fallecida al nacer. De la misma forma tampoco en el registro civil se encuentra documentación de nacimiento. En ninguna parte queda constancia de aquel oscuro proceso, y sólo persiste la duda sobre lo que pudo haber sucedido realmente.

Es cierto que la Justicia actúa de oficio, pero en la mayoría de las ocasiones se archivan los casos por falta de documentación. Una documentación que, por norma ha sido falsificada, ocultada deliberadamente o directamente destruida. Sin embargo, esta documentación es fundamental para que la Justicia, a la que se deriva toda la responsabilidad, actúe. Pero las administraciones no hacen nada para garantizar que aparezca.

En nuestra opinión se debería legislar en favor de esclarecer estos casos y garantizar, gracias a ello, el derecho a saber de los adoptados irregulares. Y, además, el Estado debería actuar para evitar la opacidad que caracterizan a las organizaciones religiosas que gestionaron en su momento las clínicas sospechosas de realizar estas prácticas.

Desgraciadamente para la imagen de nuestro Estado, la mirada de estas víctimas se ha vuelto directamente hacia Argentina, donde la esperanza está depositada en la querella que prepara contra el Estado español una juez federal argentina por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Es lamentable que la Justicia, una vez más, haya que esperarla desde el extranjero, aunque a veces se sienten positivos precedentes como el de la Audiencia Provincial de Madrid que ha resuelto que el delito de robo de niños no prescribe. Pero desgraciadamente la situación general no hace sino dar la razón a aquellos que aseguran que lo dejaron todo, aquí en nuestro país, “atado y bien atado”.

¿Quién busca a los niños robados del franquismo y de los años posteriores a la transición? Las familias y las víctimas están en absoluta soledad porque el Estado español no es quien los busca ni quien ayuda a que se haga. Esperemos que la movilización social, que está poniendo en entredicho el llamado proceso de transición española, junto con la presión internacional puedan hacer que por fin se pueda pasar la página, con dignidad, de la reciente y negra historia de España. Nosotros seguiremos luchando para que así sea.

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