QUEREMOS QUE LA CIUDADANÍA SE PRONUNCIE
Señor Presidente del Gobierno de España:
Nos dirigimos a usted en nombre de la ciudadanía y del
profundo malestar que experimenta ante la situación de deterioro político,
económico e institucional en el que nuestro país parece a punto de naufragar.
No cuestionamos la legitimidad de su gobierno, pero queremos
hacer constar que la legítima victoria electoral que el PP obtuvo el 20 de
noviembre de 2011, se fundó en un programa donde no constaba ninguna de las
medidas que usted ha aplicado desde entonces, con el pretexto de resolver la
atroz crisis económica que padecemos sin lograr otra cosa que agudizarla aún
más.
En su programa electoral ni siquiera se insinuaban los
brutales recortes que han sufrido las inversiones y servicios públicos de
nuestro país. Tampoco se anunciaron en el debate de investidura, y a partir de
entonces, los miembros del gobierno que usted preside se han dedicado a
desmentir sistemáticamente sus propias políticas, en un ejercicio de hipocresía
sin precedentes desde la instauración de la democracia española. Como
consecuencia de sus prácticas, amplios sectores de la sociedad sentimos que nos
hallamos ante un flagrante incumplimento del "contrato electoral"
establecido entre el PP y sus votantes. Y consideramos que esta situación sólo
puede resolverse democráticamente si el
programa de gobierno que antes ignorábamos y ahora padecemos se somete a
consideración de los mismos electores que le llevaron al poder.
El deterioro al que están siendo sometidos los derechos
sociales y laborales y las redes de protección, los recortes en materia
educativa, sanitaria y de servicios sociales, el deterioro y abandono al que se
ve sometido el medio rural, el empobrecimiento de la mayoría de la población,
la eliminación de derechos de las mujeres, la injusticia de las medidas que se
vienen adoptando y la constatación de que los más ricos y poderosos de nuestro
país no sólo no contribuyen a paliar esta situación, sino que están
consiguiendo eludir sus responsabilidades, y hasta enriquecerse aún más a costa
de todos, están alimentando un sentimiento de indignación popular que se
traduce en una profunda animadversión hacia quienes aplican unas políticas que
agreden a los ciudadanos en lugar de proteger sus intereses. En esta situación,
afrontamos un serio y creciente riesgo de desafección democrática -como ha
quedado reflejado en la última encuesta del CIS-.
Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las
instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe entre
lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña electoral y
lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y
en la relación que instituciones y formaciones políticas establecen con los
ciudadanos.
Por estas razones, y amparándonos en el artículo 92.1 de la Constitución
española, que establece que: "Las decisiones políticas de especial
trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los
ciudadanos", reclamamos que se celebre una consulta popular vinculante
acerca de los recortes que están cambiando la realidad de nuestro país y la
vida cotidiana de sus habitantes.
Su gobierno no puede seguir escudándose en el argumento de
que los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que
ahora aplica van en esa dirección. Porque si los ciudadanos queremos que se
supere la crisis, también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué
supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida, y si los esfuerzos a
realizar se practicarán de forma equilibrada.
El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el
abaratamiento del despido, sobre la individualización de las relaciones
laborales, sobre los recortes en educación, sanidad y servicios sociales, entre
los que figura la atención a la dependencia, sobre el incremento de los impuestos,
sobre la reducción de salario y pérdida de empleo en las administraciones y
empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las
prestaciones por desempleo... Esos son los temas responsables de que muchos de
sus votantes se sientan estafados por su gobierno. Nuestra iniciativa pretende
darles la oportunidad de opinar sobre lo que su campaña y su programa electoral
les escamoteó hace un año.
No estamos planteando nada estrafalario. Ningún gobernante
democrático debería temer las consultas populares, y además, existen
precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar
con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de
España en la OTAN. Se
trataba entonces, como ahora, de una decisión política de especial
trascendencia que no había figurado previamente en su programa electoral.
Volvemos a encontrarnos ante "decisiones políticas de
especial trascendencia", ya que pueden limitar drásticamente el ejercicio
de derechos civiles garantizados por la Constitución de 1978. Si entonces los ciudadanos
fuimos llamados a aprobarla en referéndum, ahora nadie debería negarnos la
oportunidad de volver a opinar sobre las modificaciones que, de hecho, los
recortes imponen a aquel texto. Si a esto le añadimos el efecto universal de
unas medidas que padecemos todos los españoles sin que ninguno de nosotros haya
podido opinar sobre ellas, nadie puede extrañarse de que pidamos al Gobierno
que usted preside que convoque un referéndum en el que la ciudadanía pueda
expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar
la crisis.
Octubre 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario