viernes, 5 de octubre de 2012

Los alcaldes que se resistan a retirar símbolos franquistas perderán ayudas. Valderas prepara una ordenanza para aplicar la ley de Memoria Histórica


elpais.com
La Junta se propone acelerar la retirada de los símbolos franquistas que perduran en las calles y plazas de Andalucía, y completar de una vez por todas el círculo que se abrió con la aprobación de la ley estatal de Memoria Histórica a finales de 2007. Pese a que la norma es clara respecto a la obligación que tienen los Ayuntamientos de prescindir de aquellos vestigios que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil y la dictadura, algunos gobiernos municipales encadenan imaginativas y variadas excusas para desviar, aburrir y cansar. El vicepresidente del Ejecutivo andaluz y consejero de Administración Local, Diego Valderas, advirtió el miércoles de que los ayuntamientos que incumplan “podrán ser sancionados, tal y como indica la ley, perdiendo el derecho a la percepción de subvenciones y ayudas públicas”.
El aviso a navegantes de Valderas se produjo durante una comparecencia en el Parlamento andaluz, en respuesta a una pregunta de un diputado de su grupo. El izquierdista explicó que la ley de Memoria Histórica no ha llegado a tener desarrollo reglamentario, una circunstancia que, además de dificultar su aplicación, da pie a desesperantes idas y venidas que se pierden en el laberinto burocrático. Para tapar este agujero, la nueva dirección general de Memoria Democrática (incursa en su departamento) prepara una “ordenanza tipo” —de acuerdo a las pautas de sentencias judiciales firmes—, que enviará a los ayuntamientos, y que servirá para borrar las conmemoraciones franquistas del espacio público “sin ningún tipo de problemas”.
La ordenanza, precisaron fuentes de la consejería, se convertirá en un instrumento legal de desarrollo del artículo 15.1 de la ley estatal de 2007, que contempla la privación de subvenciones o ayudas públicas para los municipios que se resistan a acatarla. El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, dijo ya el pasado agosto que la orden trata de cubrir los huecos de la ley nacional, mientras se aprueba una norma andaluza propia sobre memoria histórica que resolverá las ambigüedades. La orden está pensada también para organizar el callejero.
Diego Valderas informó a este respecto que la ley andaluza podrá ver la luz el año próximo. Uno de sus objetivos es que la Junta se convierta en “garante” en la defensa de los derechos fundamentales, de modo que no permanezca “impasible antes los crímenes de lesa humanidad”. De hecho, la Administración autónoma se presentará como denunciante en los casos que estime para la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos de los andaluces, tal y como refleja el artículo 9 del Estatuto de Autonomía, cumpliendo así los preceptos de la norma básica (Ley de Amnistía de 1977 y Ley 52/2007 de Memoria Histórica).
El vicepresidente comentó igualmente que su idea es lograr el máximo consenso social posible, razón por la que ha iniciado un proceso de consultas. De momento, ha trasladado el borrador de la ley a los grupos parlamentarios de PSOE e Izquierda Unida, y queda pendiente el PP. También se han mantenido reuniones con el Defensor del Pueblo, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con las Universidades de Sevilla y Granada y con las fundaciones de estudios de las diferentes fuerzas sindicales.

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