martes, 26 de junio de 2012

Resolución de la Comisión Ejecutiva de IU ante el Plan de Ajuste de la Junta de Andalucía


El Gobierno andaluz ha aprobado el pasado día 19 de junio el Decreto-Ley que contiene el Plan de Ajuste Financiero de la Junta de Andalucía. Nuestra posición ante el mismo fue expuesta con toda claridad por nuestro Grupo Parlamentario desde la tribuna del Parlamento andaluz, en coherencia con la posición aprobada por el Consejo Andaluz de IULV-CA celebrado el 01 de junio de 2012.
Izquierda Unida no quiere ajustes ni recortes. Izquierda Unida reniega de ellos y reniega, sobre todo, de un sistema económico y una política neoliberal que obliga a aplicarlos de forma injusta e indiscriminada.
Por ello, podemos decir alto y claro que Izquierda Unida no es responsable de este plan de ajuste financiero, de estos ajustes que corresponden al Presupuesto de 2012, previamente rechazado por Izquierda Unida.
Desde enero de este año están pasando muchas cosas en este país. Las políticas de máxima austeridad, auspiciadas por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, y que de manera tan entusiasta aplaude y pone en marcha el gobierno Rajoy, han supuesto para Andalucía un brutal recorte en su financiación, especialmente en los fondos destinados a políticas sociales (sanidad, educación y dependencia) y a la inversión pública.
A pesar de la confianza que iba a suponer el que gobernara el señor Rajoy, España es hoy un país rescatado e incluso intervenido. Y las ingentes cantidades de miles de millones de euros de ese rescate no se destinan precisamente a corregir esos déficits en servicios públicos o ayudas para sectores productivos en situación de cierre. No. Van para quienes han sido los principales causantes de esta enorme estafa financiera que vivimos: los banqueros.
Y ante esta situación, ¿qué ha hecho el gobierno de Rajoy con Andalucía?
Además de los 7.000 millones de euros menos para Sanidad y 3.000 millones menos para Educación,
• Los Presupuestos Generales del Estado, que Izquierda Unida votó en contra, quitan a Andalucía 960 millones de euros en transferencias.
• Andalucía pierde con los Presupuestos Generales del Estado 400 millones de euros porque el Gobierno de Rajoy se niega a tener cuenta el dato de la población real andaluza.
• El gobierno Rajoy no quiere reconocerle a Andalucía los 1.500 millones de euros de inversiones que es disposición obligatoria de nuestro Estatuto de Autonomía.
• Nos exige, mediante la amenaza de intervención de cuentas, que se pague escrupulosamente la deuda externa de Andalucía, que asciende a 813 millones de euros al año.
• El pasado día 18 rechazó en el Senado una propuesta del senador andaluz de IULV-CA, J.M. Mariscal, de aumentar en 680 millones de euros las transferencias para Andalucía, cantidad que hubiese supuesto no tener que aplicar el Plan de Ajuste y que votaron en contra destacados andaluces del PP como Javier Arenas, Antonio Sanz y Rosario Soto.
Y, mientras tanto, en Andalucía, con más de un millón de personas en paro, ya hay 400.000 familias cuyos integrantes no perciben ningún ingreso.
Andalucía sufre, pues, una doble intervención: la que corresponde al conjunto del Estado y la intervención que recibe de manera específica del Gobierno Rajoy, quien ha profundizado en unas recetas económicas que no sirven para nada.
Evidentemente, ante esta situación, Izquierda Unida podría declararse insumisa. Y lo haría si eso resolviese el problema. Un problema que hay que describir gráficamente como situación de “cajas vacías” en una Andalucía doblemente intervenida.
La derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos, hoy muy fáciles de realizar gracias a la reforma laboral del señor Rajoy. Despidos masivos y privatizaciones a todos los niveles. Y esto supera para Izquierda Unida los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto. La realidad hay que expresarla con toda la rotundidad que requiere el momento: aquí no hay un recorte impulsado desde la Junta de Andalucía, sino un único recorte que viene desde el Gobierno central del Partido Popular.
Esta es la razón por lo que Izquierda Unida ha trabajado, luchado y propiciado el diálogo para conseguir mejoras en las propuestas iniciales del plan de ajuste financiero. Mejoras para lograr que su impacto sobre los trabajadores públicos sea el menor posible, evitando al máximo recortes en políticas sociales. Y así, tras conseguir la paralización temporal del Decreto-Ley, hoy podemos decir que, gracias a ese esfuerzo, hemos podido introducir algunas mejoras en el contenido del citado Plan de Ajuste. A saber:
• La reducción salarial no afectará a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos.
• Progresividad en el recorte del salario al resto de empleados públicos, cargará menos en los sueldos menores.
• El recorte en el capitulo I (personal) será de 30 millones de euros menos (se queda en 747 millones en vez de 777 millones).
• A los interinos se les reduce jornada/salario el 10% y no el 15% previsto inicialmente.
• No habrá privatizaciones de servicios ni de empresas públicas.
• No habrá despidos en la administración autonómica.
• La ratio profesor/alumnos no aumentará en Andalucía.
• El Consejo de Gobierno y los altos cargos reducirán su sueldo el 7,5%. En total, desde 2010, se verá reducido el salario de los altos cargos el 27,3%.
• Reversibilidad en 2013. Al ser una medida temporal obligada por la grave situación económica, se adquiere el compromiso de reponer la merma en sus salarios a todos los trabajadores afectados en el horizonte de diciembre de 2013.
• Recomendación al resto de órganos de extracción parlamentaria la misma reducción salarial (Parlamento, Consejo Consultivo, Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas...).
Este próximo miércoles el Pleno del Parlamento de Andalucía debatirá la convalidación del Decreto-Ley y, posteriormente, su tramitación como Proyecto de Ley, por lo que en el trámite parlamentario todavía habrá posibilidades de introducir algunas enmiendas que mejoren su contenido. Siempre desde la perspectiva del NO a los despidos, a las privatizaciones y al recorte de servicios fundamentales.
En este contexto, IULV-CA emplaza a salir de esta lógica perversa que el gobierno de Rajoy y la troika comunitaria impone a Andalucía bajo la permanente amenaza de la intervención. Esta lógica solo podremos superarla desde una movilización amplia en el proceso de elaboración de los Presupuestos de Andalucía para 2013 que encamine a nuestra Comunidad Autónoma hacia un cambio del modelo productivo, la confrontación con la política del techo del gasto que adelanta el PP, la anteposición de las prioridades y necesidades de las clases populares, así como la movilización de las trabajadoras y trabajadores para un cambio en el modelo de salida de la crisis y de reforzamiento en la protección social de los que más lo necesitan.
Por todo ello, en virtud de lo establecido en el art. 20 de nuestros Estatutos respecto a la responsabilidad del Consejo Andaluz y de su Comisión Ejecutiva para garantizar una política homogénea en las instituciones andaluzas, la Comisión Ejecutiva de IULV-CA
ACUERDA:
1º) Emplazar a un debate político con los andaluces y las andaluzas para elaborar el Presupuesto 2013, entendiendo que solo la movilización popular puede romper la lógica impuesta de la intervención e iniciar un proceso que ponga en el centro de la acción de gobierno un nuevo modelo de desarrollo, la creación de empleo de calidad y el bienestar de los andaluces y las andaluzas.
2º) Mandatar al Grupo Parlamentario de IULV-CA a dejar pasar con su voto favorable el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y el Acuerdo para su tramitación como Proyecto de Ley, con las mejoras arriba descritas gracias al trabajo de Izquierda Unida.
3º) Animar a la participación activa en la Convocatoria Social del próximo 30 de junio en Málaga, como primer paso de la movilización, y emplazar a un debate democrático con el fin de establecer las prioridades presupuestarias en un horizonte de cambio de lógica de los intereses de los mercados por la lógica de los intereses y derechos de la ciudadanía.
En Sevilla, a 25 de junio de 2012
 (Aprobada por 23 votos a favor, 4 contra y 3 abstenciones)

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