El Gobierno andaluz ha aprobado el pasado día 19 de junio el
Decreto-Ley que contiene el Plan de Ajuste Financiero de la Junta de Andalucía. Nuestra
posición ante el mismo fue expuesta con toda claridad por nuestro Grupo
Parlamentario desde la tribuna del Parlamento andaluz, en coherencia con la
posición aprobada por el Consejo Andaluz de IULV-CA celebrado el 01 de junio de
2012.
Izquierda Unida no quiere ajustes ni recortes. Izquierda
Unida reniega de ellos y reniega, sobre todo, de un sistema económico y una
política neoliberal que obliga a aplicarlos de forma injusta e indiscriminada.
Por ello, podemos decir alto y claro que Izquierda Unida no
es responsable de este plan de ajuste financiero, de estos ajustes que
corresponden al Presupuesto de 2012, previamente rechazado por Izquierda Unida.
Desde enero de este año están pasando muchas cosas en este
país. Las políticas de máxima austeridad, auspiciadas por la Comisión Europea
y el Fondo Monetario Internacional, y que de manera tan entusiasta aplaude y pone
en marcha el gobierno Rajoy, han supuesto para Andalucía un brutal recorte en
su financiación, especialmente en los fondos destinados a políticas sociales
(sanidad, educación y dependencia) y a la inversión pública.
A pesar de la confianza que iba a suponer el que gobernara
el señor Rajoy, España es hoy un país rescatado e incluso intervenido. Y las
ingentes cantidades de miles de millones de euros de ese rescate no se destinan
precisamente a corregir esos déficits en servicios públicos o ayudas para sectores
productivos en situación de cierre. No. Van para quienes han sido los
principales causantes de esta enorme estafa financiera que vivimos: los
banqueros.
Y ante esta situación, ¿qué ha hecho el gobierno de Rajoy
con Andalucía?
Además de los 7.000 millones de euros menos para Sanidad y
3.000 millones menos para Educación,
• Los Presupuestos Generales del Estado, que Izquierda Unida
votó en contra, quitan a Andalucía 960 millones de euros en transferencias.
• Andalucía pierde con los Presupuestos Generales del Estado
400 millones de euros porque el Gobierno de Rajoy se niega a tener cuenta el
dato de la población real andaluza.
• El gobierno Rajoy no quiere reconocerle a Andalucía los
1.500 millones de euros de inversiones que es disposición obligatoria de
nuestro Estatuto de Autonomía.
• Nos exige, mediante la amenaza de intervención de cuentas,
que se pague escrupulosamente la deuda externa de Andalucía, que asciende a 813
millones de euros al año.
• El pasado día 18 rechazó en el Senado una propuesta del
senador andaluz de IULV-CA, J.M. Mariscal, de aumentar en 680 millones de euros
las transferencias para Andalucía, cantidad que hubiese supuesto no tener que
aplicar el Plan de Ajuste y que votaron en contra destacados andaluces del PP
como Javier Arenas, Antonio Sanz y Rosario Soto.
Y, mientras tanto, en Andalucía, con más de un millón de
personas en paro, ya hay 400.000 familias cuyos integrantes no perciben ningún
ingreso.
Andalucía sufre, pues, una doble intervención: la que
corresponde al conjunto del Estado y la intervención que recibe de manera
específica del Gobierno Rajoy, quien ha profundizado en unas recetas económicas
que no sirven para nada.
Evidentemente, ante esta situación, Izquierda Unida podría
declararse insumisa. Y lo haría si eso resolviese el problema. Un problema que
hay que describir gráficamente como situación de “cajas vacías” en una
Andalucía doblemente intervenida.
La derecha en Andalucía traería despidos masivos de los
empleados públicos, hoy muy fáciles de realizar gracias a la reforma laboral
del señor Rajoy. Despidos masivos y privatizaciones a todos los niveles. Y esto
supera para Izquierda Unida los límites admisibles que no vamos a dejar
traspasar bajo ningún concepto. La realidad hay que expresarla con toda la
rotundidad que requiere el momento: aquí no hay un recorte impulsado desde la Junta de Andalucía, sino un
único recorte que viene desde el Gobierno central del Partido Popular.
Esta es la razón por lo que Izquierda Unida ha trabajado,
luchado y propiciado el diálogo para conseguir mejoras en las propuestas
iniciales del plan de ajuste financiero. Mejoras para lograr que su impacto
sobre los trabajadores públicos sea el menor posible, evitando al máximo
recortes en políticas sociales. Y así, tras conseguir la paralización temporal
del Decreto-Ley, hoy podemos decir que, gracias a ese esfuerzo, hemos podido
introducir algunas mejoras en el contenido del citado Plan de Ajuste. A saber:
• La reducción salarial no afectará a los empleados públicos
con salarios inferiores a 1.000 euros netos.
• Progresividad en el recorte del salario al resto de
empleados públicos, cargará menos en los sueldos menores.
• El recorte en el capitulo I (personal) será de 30 millones
de euros menos (se queda en 747 millones en vez de 777 millones).
• A los interinos se les reduce jornada/salario el 10% y no
el 15% previsto inicialmente.
• No habrá privatizaciones de servicios ni de empresas
públicas.
• No habrá despidos en la administración autonómica.
• La ratio profesor/alumnos no aumentará en Andalucía.
• El Consejo de Gobierno y los altos cargos reducirán su
sueldo el 7,5%. En total, desde 2010, se verá reducido el salario de los altos
cargos el 27,3%.
• Reversibilidad en 2013. Al ser una medida temporal
obligada por la grave situación económica, se adquiere el compromiso de reponer
la merma en sus salarios a todos los trabajadores afectados en el horizonte de
diciembre de 2013.
• Recomendación al resto de órganos de extracción
parlamentaria la misma reducción salarial (Parlamento, Consejo Consultivo,
Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas...).
Este próximo miércoles el Pleno del Parlamento de Andalucía
debatirá la convalidación del Decreto-Ley y, posteriormente, su tramitación
como Proyecto de Ley, por lo que en el trámite parlamentario todavía habrá
posibilidades de introducir algunas enmiendas que mejoren su contenido. Siempre
desde la perspectiva del NO a los despidos, a las privatizaciones y al recorte
de servicios fundamentales.
En este contexto, IULV-CA emplaza a salir de esta lógica
perversa que el gobierno de Rajoy y la troika comunitaria impone a Andalucía
bajo la permanente amenaza de la intervención. Esta lógica solo podremos
superarla desde una movilización amplia en el proceso de elaboración de los
Presupuestos de Andalucía para 2013 que encamine a nuestra Comunidad Autónoma
hacia un cambio del modelo productivo, la confrontación con la política del
techo del gasto que adelanta el PP, la anteposición de las prioridades y
necesidades de las clases populares, así como la movilización de las
trabajadoras y trabajadores para un cambio en el modelo de salida de la crisis
y de reforzamiento en la protección social de los que más lo necesitan.
Por todo ello, en virtud de lo establecido en el art. 20 de
nuestros Estatutos respecto a la responsabilidad del Consejo Andaluz y de su
Comisión Ejecutiva para garantizar una política homogénea en las instituciones
andaluzas, la
Comisión Ejecutiva de IULV-CA
ACUERDA:
1º) Emplazar a un debate político con los andaluces y las
andaluzas para elaborar el Presupuesto 2013, entendiendo que solo la
movilización popular puede romper la lógica impuesta de la intervención e
iniciar un proceso que ponga en el centro de la acción de gobierno un nuevo
modelo de desarrollo, la creación de empleo de calidad y el bienestar de los
andaluces y las andaluzas.
2º) Mandatar al Grupo Parlamentario de IULV-CA a dejar pasar
con su voto favorable el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y el Acuerdo para su
tramitación como Proyecto de Ley, con las mejoras arriba descritas gracias al
trabajo de Izquierda Unida.
3º) Animar a la participación activa en la Convocatoria Social
del próximo 30 de junio en Málaga, como primer paso de la movilización, y
emplazar a un debate democrático con el fin de establecer las prioridades presupuestarias
en un horizonte de cambio de lógica de los intereses de los mercados por la
lógica de los intereses y derechos de la ciudadanía.
En Sevilla, a 25 de junio de 2012
(Aprobada por 23
votos a favor, 4 contra y 3 abstenciones)
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