El rescate es inútil
Es inútil porque la banca española está
quebrada. Si algún día los bancos y cajas pudieran recuperar el 50% de la deuda
de promotores y constructores, por importe de 400.000 millones, que ya es una
perspectiva optimista, los 100.000 millones de euros que parece que va a
prestar “Europa” apenas bastarían para cubrir las pérdidas. Desde luego, no
para restablecer el flujo del crédito a “familias y empresas” como gusta decir
Guindos.
Pero es más inútil aún porque con una economía
en recesión y en la que la gente está intentando reducir su endeudamiento
excesivo todas las recapitalizaciones equivalen a tirar el dinero a la
alcantarilla. Que se lo pregunten a los clientes y empleados de Bankia o Caja
Cívica que fueron extorsionados por sus entidades para que acudieran a las
emisiones de capital del año pasado y que han perdido dos tercios de lo que
pusieron. O a todas las personas que han sido engañadas con las preferentes y
las subordinadas. La banca española se ha recapitalizado en 38.000 millones de
euros entre 2008 y 2011 y no ha servido para nada. Sólo sobreviven aquellos
cuyo negocio está fuera, como el Santander y el BBVA.
Y, para más inri, el rescate sólo tiene una
finalidad, proteger a toda la cadena que va desde los especuladores en terrenos
hasta los grandes bancos internacionales (a los que bancos y cajas españolas
deben 465.000 millones de euros), pasando por inmobiliarias, cajas, bancos
españoles privados, para que no pierdan los beneficios ilegítimamente obtenidos
con la especulación del ladrillo de los últimos 10 años.
El rescate es dañino
El rescate es dañino porque al final la deuda
la asume el sector público. De repente pasaremos a tener un 10% del PIB más de
deuda pública lo que se traducirá en más intereses a pagar y, con la tónica del
gobierno actual, más recortes. Además, a un tipo de interés del 3%, acaban de
sumar tres décimas del PIB al déficit público.
El rescate es dañino porque le va a dar el
control a cualquiera sabe qué comité o grupo de ministros, banqueros y
burócratas europeos sobre una parte muy importante del sistema financiero
español. Nada menos que una gran parte de las antiguas Cajas de Ahorros. Lo que
hasta ahora no habían conseguido, meter el pescuezo en el sistema financiero
español, se lo acaba de regalar Rajoy. Y todo acabará privatizado y en manos de
quién sabe.
Y sobre todo, el rescate es dañino porque con
un sector público más endeudado y una parte importante del sector financiero en
manos extranjeras, las posibilidades de políticas que conduzcan a salir de la
crisis se reducen aún más. Lo cual se traducirá en más paro, más recortes y más
sufrimiento para la mayoría de la gente.
Rescatar a la gente y al sector público
El rescate que se necesita es el de la gente y
del sector público. Eso requiere, en primer lugar, aliviar la carga de la deuda
hipotecaria originada por la vivienda principal, hasta reducirla a un
porcentaje asumible de la renta y, eventualmente, aplazándola para las personas
en paro. Y en segundo lugar denunciar la deuda pública ilegítima, es decir
aquella contraída a consecuencia del rescate a los bancos, de los intereses
excesivos pagados por la deuda y, en general, de toda aquella deuda que no esté
justificada por un desfase entre los ingresos públicos y los gastos de
inversión y mantenimiento de los servicios públicos.
Estas medidas imprescindibles deben recaer
sobre los acreedores. En el caso de la deuda pública se puede excluir a los
ahorradores particulares y empresas no financieras que apenas llegan al 3,5%.
Evidentemente, la devaluación de la deuda y de las hipotecas recaerá
especialmente sobre la banca, pero no hay ninguna necesidad de rescatarla sino,
por el contrario, de crear una banca pública adecuada a las necesidades reales
de la economía y la sociedad españolas. De hecho, habría además que
nacionalizar al menos el suelo urbano.
Junto a lo anterior es necesario un aumento de
la capacidad fiscal del Estado, es decir, de los impuestos. Aparte de las
medidas que tradicionalmente se plantean de la recuperación del impuesto sobre
el patrimonio, de la fiscalidad de los ingresos de capital y de la lucha contra
el fraude, debe considerarse el aumento de la tributación de las rentas más
altas de forma progresiva empezando a partir de los superiores a 30.000 euros
anuales, lo que no llega al 20% de los declarantes. La mitad de los asalariados
y asalariadas reciben un salario inferior a 19.000 euros al año y el salario
medio está en 22.500 euros. También debe evaluarse la implantación un impuesto
sobre los activos financieros de las empresas (financieras y no
financieras).
Son estas medidas se puede financiar un plan
de relanzamiento económico basado en la recuperación de los servicios públicos
básicos y en un programa de empleo para todas las personas en paro. A partir de
ahí, se puede hablar realmente de un rescate y enfrentar en mejores condiciones
la reconversión del modelo productivo basada en las necesidades sociales, la
recuperación del medio ambiente y el control democrático de la economía.
¿Qué no es políticamente posible? Pues tendrá que
serlo porque lo que no es posible es salvar a la banca y a la gente a la vez.
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