En 2010 se cumplen 79 años de la proclamación de la II República por un pueblo que irrumpió en la historia reclamando y ejerciendo su soberanía. El movimiento republicano, tiene hoy la doble responsabilidad de ser portavoz de la memoria histórica y cauce de las amplias aspiraciones democráticas, así como la responsabilidad del cambio social anhelado por sectores populares cada vez más amplios, muy especialmente de los jóvenes. IU es muy sensible a esta aspiración. Los republicanos y las republicanas de toda condición herederos y herederas del legado social, cultural y emancipador brutalmente truncado por el golpe fascista de 1936, llamamos a la ciudadanía a avanzar en la legítima aspiración de la III República. La monarquía es la negación de la igualdad ante la ley al considerarla inviolable e irresponsable, y con privilegios y derechos por razones de nacimiento. No habrá democracia plena, si aún existen ámbitos del Estado al margen de la elección popular.
La Casa Real española recibe anualmente de los presupuestos generales del estado cerca de 9 millones de euros, que gestiona con total falta de transparencia actuando como un verdadero paraíso fiscal. Tratándose de dinero público ninguna institución debería gestionarlo sin transparencia y sin control.
La bandera republicana, como símbolo de rebeldía y resistencia, expresa el rechazo a un orden social en el que la desvergüenza, la impunidad y la corrupción parecen avanzar sin freno. En este contexto, que algunos pretenden convertir en un lodazal, los espacios de libertad se restringen, y el contenido de los derechos laborales y sociales no se cumplen ni respetan; ese es el precario futuro que se ofrece al conjunto de las trabajadoras y trabajadores. En medio de una crisis devastadora, la mayor deslegitimación del sistema proviene de la percepción del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, consecuencia implacable de las políticas especulativas y neoliberales.
Los beneficios insultantes de la banca y demás agentes responsables de la crisis, contrastan con las sangrantes cifras de parados que no cesan de aumentar. Crece el miedo, la preocupación lógica de las familias, crece el número de situaciones de ajuste empresarial descaradamente oportunistas y, en definitiva, crecen la precariedad y la temporalidad. También conocemos, los casos de desahucio de familias que son desposeídas de sus viviendas por no poder hacer frente a créditos hipotecarios otorgados en fraude de ley, y que suponen verdaderos atropellos a la ciudadanía. Para el republicanismo, los valores de justicia, libertad, igualdad y solidaridad son incompatibles con una política económica, tan cicatera con los trabajadores como consentidora con los poderosos, que el actual Gobierno lleva a efecto. El capitalismo es la negación de la democracia.
Defendemos la laicidad del Estado, de forma que las creencias religiosas queden en el seno de la conciencia personal de las gentes. Igualmente afirmamos que la educación pública debe ser laica, sin asignaturas de religión, ni privilegios para ninguna confesión religiosa. No se puede seguir argumentando que los Acuerdos con la Santa Sede, de 1976 y 1979, son un muro insalvable para avanzar hacia una sociedad y una escuela laica. Exigimos su denuncia y derogación. La condena de la Dictadura de Franco, que en su momento aprobó el Consejo de Europa y que aún no ha realizado el rey Juan Carlos, sólo tendrá credibilidad si se declara la nulidad plena de todos los juicios militares sumarísimos por los que fueron asesinados, torturados y encarcelados cientos de miles de personas. La restitución de su memoria exigiría romper el pacto de silencio que desde la Transición opera como una gigantesca "Ley de Punto Final". Pero, lejos de dar ese paso, la judicatura –a la que no sabíamos que se estaba refiriendo Franco cuando sancionó aquello de que “todo queda atado y bien atado”- sentará en el banquillo de los acusados al juez Garzón, es el mundo al revés. La administración de Justicia en España no se ha adecuado a los valores democráticos y a la defensa de los derechos humanos, la parcela de la justicia no sufrió modificación de fondo en la transición. Para IU, la clave de bóveda de la persistencia de toda la estructura de dominación económica, jurídica, social y militar heredera del franquismo, es la monarquía.
¡Y cómo pasar por alto, cuando de salud democrática estamos hablando, a esa malformación que supone el vigente sistema electoral español!. La Ley electoral no garantiza la igualdad de voto, primando al bipartidismo y castigando e ignorando el valor del voto a formaciones como IU, necesita cuatro veces más votos para obtener representación parlamentaria. Que la Ley sea injusta, en un contexto de descrédito generalizado de la política; de la evidencia de la existencia de casos espectaculares de corrupción; de la evidencia de un uso fraudulento de la representación a partir de la minusvaloración del programa electoral; de la pérdida de sentido en la confrontación política cuando se constata que los dos partidos mayoritarios comparten aspectos sustanciales de la política económica, por ejemplo, que la ley sea injusta, decimos, es un baldón para nuestro sistema democrático y su reforma, entonces, aparece como una urgencia democrática.
Mientras la Constitución de 1931 establecía la renuncia a la guerra para intervenir en conflictos internacionales, se nos mantiene en la OTAN y, casi veinticinco años después del Referéndum, estamos en la cúspide de su estructura militar, ocupando países como Afganistán. Estamos dando soporte a todo tipo de agresiones imperialistas a otros pueblos, al atropello de los derechos humanos, a las constantes matanza de civiles. Se nos arroja a la cara el nombre de ¡Cuba!, mientras se nos silencia que la ONU ha establecido que el triángulo de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) es la zona más violenta del planeta; se nos grita ¡Cuba!, mientras esas mismas voces convierten en invisibles a los 7.500 presos políticos en Colombia: sindicalistas, activistas de los derechos humanos, maestros, campesinos, ecologistas…; ¡Cuba!, insisten, mientras la comunidad internacional permanece impasible el feminicidio ya generalizado en todo México. Es el doble rasero de los más media y los poderes fácticos.
Llamamos a la ciudadanía a extender la movilización por la III República, vinculándola con las luchas concretas de las trabajadoras y trabajadores, de los movimientos sociales, de los jóvenes, del movimiento vecinal y, en general, con la fuerza de la memoria de uno de los más destacados ejemplos de rebeldía, de resistencia y de internacionalismo: el de las generaciones que en la Guerra Civil y la lucha contra la Dictadura dieron su vida y su juventud por la libertad, contra el fascismo.
Por la recuperación de la memoria y la historia
Por la solidaridad con la labor representada por dignas personas como el juez Garzón
Por un proceso constituyente hacia la III República
La Casa Real española recibe anualmente de los presupuestos generales del estado cerca de 9 millones de euros, que gestiona con total falta de transparencia actuando como un verdadero paraíso fiscal. Tratándose de dinero público ninguna institución debería gestionarlo sin transparencia y sin control.
La bandera republicana, como símbolo de rebeldía y resistencia, expresa el rechazo a un orden social en el que la desvergüenza, la impunidad y la corrupción parecen avanzar sin freno. En este contexto, que algunos pretenden convertir en un lodazal, los espacios de libertad se restringen, y el contenido de los derechos laborales y sociales no se cumplen ni respetan; ese es el precario futuro que se ofrece al conjunto de las trabajadoras y trabajadores. En medio de una crisis devastadora, la mayor deslegitimación del sistema proviene de la percepción del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, consecuencia implacable de las políticas especulativas y neoliberales.
Los beneficios insultantes de la banca y demás agentes responsables de la crisis, contrastan con las sangrantes cifras de parados que no cesan de aumentar. Crece el miedo, la preocupación lógica de las familias, crece el número de situaciones de ajuste empresarial descaradamente oportunistas y, en definitiva, crecen la precariedad y la temporalidad. También conocemos, los casos de desahucio de familias que son desposeídas de sus viviendas por no poder hacer frente a créditos hipotecarios otorgados en fraude de ley, y que suponen verdaderos atropellos a la ciudadanía. Para el republicanismo, los valores de justicia, libertad, igualdad y solidaridad son incompatibles con una política económica, tan cicatera con los trabajadores como consentidora con los poderosos, que el actual Gobierno lleva a efecto. El capitalismo es la negación de la democracia.
Defendemos la laicidad del Estado, de forma que las creencias religiosas queden en el seno de la conciencia personal de las gentes. Igualmente afirmamos que la educación pública debe ser laica, sin asignaturas de religión, ni privilegios para ninguna confesión religiosa. No se puede seguir argumentando que los Acuerdos con la Santa Sede, de 1976 y 1979, son un muro insalvable para avanzar hacia una sociedad y una escuela laica. Exigimos su denuncia y derogación. La condena de la Dictadura de Franco, que en su momento aprobó el Consejo de Europa y que aún no ha realizado el rey Juan Carlos, sólo tendrá credibilidad si se declara la nulidad plena de todos los juicios militares sumarísimos por los que fueron asesinados, torturados y encarcelados cientos de miles de personas. La restitución de su memoria exigiría romper el pacto de silencio que desde la Transición opera como una gigantesca "Ley de Punto Final". Pero, lejos de dar ese paso, la judicatura –a la que no sabíamos que se estaba refiriendo Franco cuando sancionó aquello de que “todo queda atado y bien atado”- sentará en el banquillo de los acusados al juez Garzón, es el mundo al revés. La administración de Justicia en España no se ha adecuado a los valores democráticos y a la defensa de los derechos humanos, la parcela de la justicia no sufrió modificación de fondo en la transición. Para IU, la clave de bóveda de la persistencia de toda la estructura de dominación económica, jurídica, social y militar heredera del franquismo, es la monarquía.
¡Y cómo pasar por alto, cuando de salud democrática estamos hablando, a esa malformación que supone el vigente sistema electoral español!. La Ley electoral no garantiza la igualdad de voto, primando al bipartidismo y castigando e ignorando el valor del voto a formaciones como IU, necesita cuatro veces más votos para obtener representación parlamentaria. Que la Ley sea injusta, en un contexto de descrédito generalizado de la política; de la evidencia de la existencia de casos espectaculares de corrupción; de la evidencia de un uso fraudulento de la representación a partir de la minusvaloración del programa electoral; de la pérdida de sentido en la confrontación política cuando se constata que los dos partidos mayoritarios comparten aspectos sustanciales de la política económica, por ejemplo, que la ley sea injusta, decimos, es un baldón para nuestro sistema democrático y su reforma, entonces, aparece como una urgencia democrática.
Mientras la Constitución de 1931 establecía la renuncia a la guerra para intervenir en conflictos internacionales, se nos mantiene en la OTAN y, casi veinticinco años después del Referéndum, estamos en la cúspide de su estructura militar, ocupando países como Afganistán. Estamos dando soporte a todo tipo de agresiones imperialistas a otros pueblos, al atropello de los derechos humanos, a las constantes matanza de civiles. Se nos arroja a la cara el nombre de ¡Cuba!, mientras se nos silencia que la ONU ha establecido que el triángulo de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) es la zona más violenta del planeta; se nos grita ¡Cuba!, mientras esas mismas voces convierten en invisibles a los 7.500 presos políticos en Colombia: sindicalistas, activistas de los derechos humanos, maestros, campesinos, ecologistas…; ¡Cuba!, insisten, mientras la comunidad internacional permanece impasible el feminicidio ya generalizado en todo México. Es el doble rasero de los más media y los poderes fácticos.
Llamamos a la ciudadanía a extender la movilización por la III República, vinculándola con las luchas concretas de las trabajadoras y trabajadores, de los movimientos sociales, de los jóvenes, del movimiento vecinal y, en general, con la fuerza de la memoria de uno de los más destacados ejemplos de rebeldía, de resistencia y de internacionalismo: el de las generaciones que en la Guerra Civil y la lucha contra la Dictadura dieron su vida y su juventud por la libertad, contra el fascismo.
Por la recuperación de la memoria y la historia
Por la solidaridad con la labor representada por dignas personas como el juez Garzón
Por un proceso constituyente hacia la III República
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