En la reunión mantenida el pasado miércoles, en Centro Social "Julián Grimau" de la calle Luis Moraleda, 7, los trabajadores en paro del sector de la ferralla y el encofrado de Málaga, han acordado iniciar una campaña de movilizaciones para el mes de abril.
Las movilizaciones que tendrán lugar durante el mes de abril tienen como objetivo denunciar ante la opinión pública los reiterados incumplimientos de los convenios colectivos y de la legislación laboral que se están produciendo en las grandes obras publicas de Málaga, como el Metro, híper ronda, etc. Así como la pasividad, de las administraciones competentes, para controlar estos incumplimientos, como Inspección de Trabajo, Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga , o también a las propias administraciones que financian con dinero público estas obras, como Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía o Gobierno central.
Desde los colectivos de desemplead@s, se denuncia que en estas obras se están haciendo jornadas de 12 a 14 horas diarias por el mismo trabajador, que los sueldos están muy por debajo de lo que marcan los convenios colectivos y que las horas “extras” se están pagando a 4-5 euros.
Especial preocupación despierta entre los colectivos de desemplead@s, el marco normativo que se está gestando en la Unión Europea, con la complicidad de los dos grandes partidos PP y PSOE. Normativas como la directiva de servicios mas conocida como la directiva Bolkestein, los reglamentos comunitarios CEE/1408/71 y Reglamento CEE/574/72 que establece donde deben pagar la seguridad social los trabajadores desplazados dentro de la UE y la más peligrosa y gravosa para los derechos de los trabajadores/as el reglamento 593/2008 del 17 de junio de 2008, que permite que cualquier empresa “acuerde” con los trabajadores/as de cualquier país del mundo la ley aplicable al contrato de trabajo en el caso que sea contratado para trabajar en territorio europeo.
Este complicado cuerpo normativo, aprobado y votado por PP y PSOE, posibilita a las empresas españolas traer a trabajadores/as de países con pocos derechos laborales y salariales a trabajar a España en las mismas condiciones que en su país de origen. Con esto se consigue, por un lado la discriminación laboral de los trabajadores/as nacionales ya que las empresas contrata a trabajadores/as en condiciones laborales y salariales inferiores a las de España. Y por otro lado la explotación laboral de trabajadores/as no nacionales, que son traídos a España en unas condiciones salariales pésimas y unas condiciones laborales de “explotación legal”.
Las movilizaciones que tendrán lugar durante el mes de abril tienen como objetivo denunciar ante la opinión pública los reiterados incumplimientos de los convenios colectivos y de la legislación laboral que se están produciendo en las grandes obras publicas de Málaga, como el Metro, híper ronda, etc. Así como la pasividad, de las administraciones competentes, para controlar estos incumplimientos, como Inspección de Trabajo, Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga , o también a las propias administraciones que financian con dinero público estas obras, como Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía o Gobierno central.
Desde los colectivos de desemplead@s, se denuncia que en estas obras se están haciendo jornadas de 12 a 14 horas diarias por el mismo trabajador, que los sueldos están muy por debajo de lo que marcan los convenios colectivos y que las horas “extras” se están pagando a 4-5 euros.
Especial preocupación despierta entre los colectivos de desemplead@s, el marco normativo que se está gestando en la Unión Europea, con la complicidad de los dos grandes partidos PP y PSOE. Normativas como la directiva de servicios mas conocida como la directiva Bolkestein, los reglamentos comunitarios CEE/1408/71 y Reglamento CEE/574/72 que establece donde deben pagar la seguridad social los trabajadores desplazados dentro de la UE y la más peligrosa y gravosa para los derechos de los trabajadores/as el reglamento 593/2008 del 17 de junio de 2008, que permite que cualquier empresa “acuerde” con los trabajadores/as de cualquier país del mundo la ley aplicable al contrato de trabajo en el caso que sea contratado para trabajar en territorio europeo.
Este complicado cuerpo normativo, aprobado y votado por PP y PSOE, posibilita a las empresas españolas traer a trabajadores/as de países con pocos derechos laborales y salariales a trabajar a España en las mismas condiciones que en su país de origen. Con esto se consigue, por un lado la discriminación laboral de los trabajadores/as nacionales ya que las empresas contrata a trabajadores/as en condiciones laborales y salariales inferiores a las de España. Y por otro lado la explotación laboral de trabajadores/as no nacionales, que son traídos a España en unas condiciones salariales pésimas y unas condiciones laborales de “explotación legal”.
Los trabajadores/as desemplead@s piden y exigen a los gobiernos y los partidos políticos que están aprobando estas normas, que rectifiquen inmediatamente y legislen a favor de la consolidación y ampliación de los derechos laborales y salariales de los trabajadores/as. A los sindicatos y partidos políticos de izquierdas, que lideren una contundente respuesta ante estas brutales agresiones que esta sufriendo la clase obrera. Y a todos los trabajadores y trabajadoras, esten desemplead@s o no, nacionales o extranjeros, a unirse en la denuncia de esta situación y en la lucha conjunta y solidaria para conseguir mantener y ampliar los derechos laborales y sociales que están siendo pisoteados con la complicidad de los dos grandes partidos PP y PSOE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario