El concejal Pedro Moreno, exige la retirada del proyecto de reforma de la ley de extranjería por atentar a los derechos humanos y a la dignidad de los migranrtes
El portavoz del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía, Pedro Moreno Brenes, presentó una moción a la Comisión de Pleno de Asuntos Sociales, relativa a la reforma de la Ley de Extranjería, sobre asilo y refugio, y en relación a la población inmigrante residente en la capital.
El Grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado durante el presente mandato municipal, una decena de iniciativa en las que pedía, entre otras cosas, el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros, la retirada de la Directiva Europea de la Vergüenza, en relación a la integración de la población inmigrante en los colegios públicos, sobre los operativos de salvamento y la atención humanitaria a los inmigrantes que llegan a la costa malagueña o en relación a la situación de exclusión y la precariedad de los trabajadores inmigrantes ante la crisis económica.
Este mes, y por trámite de urgencia, ha comenzado el debate en el Parlamento de la énesima reforma de la Ley de Extranjería en España. Esta reforma se ha hecho necesaria fundamentalmente por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró como inconstitucionales varios artículos de la vigente Ley de Extranjería. La sentencia recalcó que los derechos fundamentales no se pueden negar por una irregularidad administrativa como carecer de permiso de residencia en España.
La actual propuesta del Gobierno posee algún elemento de avance respecto a las personas extranjeras documentadas como la concesión de permiso de trabajo a los familiares reagrupados que cuenten con contrato de trabajo. Pero estos elementos no pueden distraer la atención del enfoque restrictivo y conservador del proyecto de Ley.
El trato dado a las personas migrantes en situación administrativa irregular es enormemente perjudicial. Por un lado los derechos que han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional no son traspuestos al texto legislativo de forma completa, en especial en los aspectos relacionados con la educación y con el acceso a la justicia, lo que profundiza en la exclusión social de las personas en situación irregular.
El régimen sancionador se endurece enormemente hacia todo lo relacionado con las personas en situación administrativa irregular, de tal manera que se crean nuevos mecanismos de persecución social al inmigrante que pasa de víctima a peligro público.
Las mujeres inmigrantes en situación irregular que sean víctimas de violencia de género podrán ser objeto de un expediente de expulsión en paralelo a su denuncia por maltrato. Lo que genera indudablemente un efecto desincentivador que provocará la no presentación de la denuncia. La condición de victima de la violencia machista debería estar por encima de cualquier otra cuestión administrativa.
Por otra parte y de forma especial es necesario mencionar el endurecimiento de las condiciones de internamiento en los CIE pasando de los 40 a 60 días el tiempo que pueden permanecer retenidas, periodo que puede ser prácticamente ilimitado si se suspende su ejecución por diversos motivos como la enfermedad del interno.
Esta modificación del tiempo y de las condiciones de internamiento en los CIE posiciona a España entre los países más duros en la aplicación de la llamada "Directiva de la Vergüenza", contradiciéndose de este modo los compromisos que en ese sentido fueron asumidos por el propio Gobierno el pasado invierno.
Este endurecimiento perjudica, igualmente, a los demandantes de asilo y a los refugiados que en tanto ven reconocidos su estatus por el Estado Español, sufren la misma vulneración de derechos que las personas indocumentadas. Remarcándose así el recorte de derechos de los demandantes de asilo y de los refugiados ya consolidado en la nueva Ley de Asilo.
En ese sentido, recordamos que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha criticado, la nueva Ley de Asilo y Refugio española. A través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) ha manifestado que varios artículos del proyecto de ley aprobado son preocupantes y mejorables, así como que se encuentran por debajo de los estándares mínimos dispuestos en la Unión Europea (UE).
En el mismo sentido que el ACNUR se han pronunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional, ACCEM, Médicos del Mundo, la Fundación Acsar, la Federación de Refugiado e inmigrantes de España (Ferine) y otras importantes asociaciones y colectivos sociales y de defensa de los derechos humanos.
Por ultimo, en relación a la población inmigrante residente en la capital, parece claro que repercutirá enormemente este endurecimiento de las condiciones de estancia en nuestra ciudad para los colectivos de inmigrantes y refugiados.
A la situación de persecución policial y a las deportaciones, se unirá incremento de la explotación y de abusos laborales que se está produciendo en la actualidad, por ser los primeros en pagar los efectos de la crisis a través de los despidos, el desempleo masivo, desahucios, etc.
En las instituciones se habla de integración y se nos invita a celebrar la riqueza del encuentro multicultural malgastando muchas veces el dinero público en políticas de integración que aportan muy poco a la dignificación de las condiciones de vida de los migrantes.
No puede haber integración mientras que exista discriminación, mientras exista
miedo a caminar por las calles, mientras existan abusos de los empresarios, mientras se encierren y persigan a personas por no tener papeles, etc.
Hay que pensar en las consecuencias que tendrá esta reforma legislativa en el mercado laboral. La disponibilidad abusiva de mano de obra sin derechos y situación de clandestinidad, fácilmente explotable, llevará a la reducción de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, lo que provocará además el rechazo de los trabajadores nativos.
Por este motivo mostramos nuestro rechazo a la nueva reforma de la legislación que regula los derechos y libertades de las personas migrantes y su integración social por cuanto supone un retroceso intolerable, fomenta la inmigración ilegal y dificulta el desarrollo de planes de integración por parte de los Ayuntamientos, Diputaciones y de las comunidades autónomas.
Es por ello que IULV-CA propone el consistorio muestre su preocupación respecto al texto propuesto de Ley de Extranjería que se está tramitando en las Cortes, así como que se inste al Gobierno a que lo retire del parlamento y que se proponga un texto más acorde con la realidad social y los retos de nuestro país. Señalando su carácter restrictivo y las consecuencias en cuanto al incumplimiento de los derechos humanos y la dignidad de las personas refugiadas.
IULV-CA cree que las Administraciones públicas deben garantizar los derechos fundamentales de toda la población inmigrante extranjera y su acceso a los servicios básicos de la sociedad con independencia de cuál sea su situación administrativa.
El portavoz del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía, Pedro Moreno Brenes, presentó una moción a la Comisión de Pleno de Asuntos Sociales, relativa a la reforma de la Ley de Extranjería, sobre asilo y refugio, y en relación a la población inmigrante residente en la capital.
El Grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado durante el presente mandato municipal, una decena de iniciativa en las que pedía, entre otras cosas, el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros, la retirada de la Directiva Europea de la Vergüenza, en relación a la integración de la población inmigrante en los colegios públicos, sobre los operativos de salvamento y la atención humanitaria a los inmigrantes que llegan a la costa malagueña o en relación a la situación de exclusión y la precariedad de los trabajadores inmigrantes ante la crisis económica.
Este mes, y por trámite de urgencia, ha comenzado el debate en el Parlamento de la énesima reforma de la Ley de Extranjería en España. Esta reforma se ha hecho necesaria fundamentalmente por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró como inconstitucionales varios artículos de la vigente Ley de Extranjería. La sentencia recalcó que los derechos fundamentales no se pueden negar por una irregularidad administrativa como carecer de permiso de residencia en España.
La actual propuesta del Gobierno posee algún elemento de avance respecto a las personas extranjeras documentadas como la concesión de permiso de trabajo a los familiares reagrupados que cuenten con contrato de trabajo. Pero estos elementos no pueden distraer la atención del enfoque restrictivo y conservador del proyecto de Ley.
El trato dado a las personas migrantes en situación administrativa irregular es enormemente perjudicial. Por un lado los derechos que han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional no son traspuestos al texto legislativo de forma completa, en especial en los aspectos relacionados con la educación y con el acceso a la justicia, lo que profundiza en la exclusión social de las personas en situación irregular.
El régimen sancionador se endurece enormemente hacia todo lo relacionado con las personas en situación administrativa irregular, de tal manera que se crean nuevos mecanismos de persecución social al inmigrante que pasa de víctima a peligro público.
Las mujeres inmigrantes en situación irregular que sean víctimas de violencia de género podrán ser objeto de un expediente de expulsión en paralelo a su denuncia por maltrato. Lo que genera indudablemente un efecto desincentivador que provocará la no presentación de la denuncia. La condición de victima de la violencia machista debería estar por encima de cualquier otra cuestión administrativa.
Por otra parte y de forma especial es necesario mencionar el endurecimiento de las condiciones de internamiento en los CIE pasando de los 40 a 60 días el tiempo que pueden permanecer retenidas, periodo que puede ser prácticamente ilimitado si se suspende su ejecución por diversos motivos como la enfermedad del interno.
Esta modificación del tiempo y de las condiciones de internamiento en los CIE posiciona a España entre los países más duros en la aplicación de la llamada "Directiva de la Vergüenza", contradiciéndose de este modo los compromisos que en ese sentido fueron asumidos por el propio Gobierno el pasado invierno.
Este endurecimiento perjudica, igualmente, a los demandantes de asilo y a los refugiados que en tanto ven reconocidos su estatus por el Estado Español, sufren la misma vulneración de derechos que las personas indocumentadas. Remarcándose así el recorte de derechos de los demandantes de asilo y de los refugiados ya consolidado en la nueva Ley de Asilo.
En ese sentido, recordamos que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha criticado, la nueva Ley de Asilo y Refugio española. A través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) ha manifestado que varios artículos del proyecto de ley aprobado son preocupantes y mejorables, así como que se encuentran por debajo de los estándares mínimos dispuestos en la Unión Europea (UE).
En el mismo sentido que el ACNUR se han pronunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional, ACCEM, Médicos del Mundo, la Fundación Acsar, la Federación de Refugiado e inmigrantes de España (Ferine) y otras importantes asociaciones y colectivos sociales y de defensa de los derechos humanos.
Por ultimo, en relación a la población inmigrante residente en la capital, parece claro que repercutirá enormemente este endurecimiento de las condiciones de estancia en nuestra ciudad para los colectivos de inmigrantes y refugiados.
A la situación de persecución policial y a las deportaciones, se unirá incremento de la explotación y de abusos laborales que se está produciendo en la actualidad, por ser los primeros en pagar los efectos de la crisis a través de los despidos, el desempleo masivo, desahucios, etc.
En las instituciones se habla de integración y se nos invita a celebrar la riqueza del encuentro multicultural malgastando muchas veces el dinero público en políticas de integración que aportan muy poco a la dignificación de las condiciones de vida de los migrantes.
No puede haber integración mientras que exista discriminación, mientras exista
miedo a caminar por las calles, mientras existan abusos de los empresarios, mientras se encierren y persigan a personas por no tener papeles, etc.
Hay que pensar en las consecuencias que tendrá esta reforma legislativa en el mercado laboral. La disponibilidad abusiva de mano de obra sin derechos y situación de clandestinidad, fácilmente explotable, llevará a la reducción de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, lo que provocará además el rechazo de los trabajadores nativos.
Por este motivo mostramos nuestro rechazo a la nueva reforma de la legislación que regula los derechos y libertades de las personas migrantes y su integración social por cuanto supone un retroceso intolerable, fomenta la inmigración ilegal y dificulta el desarrollo de planes de integración por parte de los Ayuntamientos, Diputaciones y de las comunidades autónomas.
Es por ello que IULV-CA propone el consistorio muestre su preocupación respecto al texto propuesto de Ley de Extranjería que se está tramitando en las Cortes, así como que se inste al Gobierno a que lo retire del parlamento y que se proponga un texto más acorde con la realidad social y los retos de nuestro país. Señalando su carácter restrictivo y las consecuencias en cuanto al incumplimiento de los derechos humanos y la dignidad de las personas refugiadas.
IULV-CA cree que las Administraciones públicas deben garantizar los derechos fundamentales de toda la población inmigrante extranjera y su acceso a los servicios básicos de la sociedad con independencia de cuál sea su situación administrativa.
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