EL PSOE y el PP han sumado sus fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar la proposición de ley de Izquierda Unida e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades bancarias a aceptar que la entrega de la vivienda sea suficiente para cancelar un préstamo. Fue derrotada la proposición en defensa de los hipotecados por 320 votos en contra, 8 a favor de los que sufren las amenazas de los desahucios y además estarán pagándole de por vida al banco por una casa que ya se la apropiaron estos y 9 abstenciones.
La iniciativa parlamentaria de la izquierda que representa IU también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y “judicialmente exigible” de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Frente a estos planteamientos, la “tenaza” del PSOE y PP coincidieron plenamente en sus argumentos para rechazarla que la propuesta “vulneraba las competencias de las comunidades autónomas” en esta materia, además de señalar que conllevaría, según ellos, “más gasto, más déficit y más intervencionismo”.
Izquierda Unida exigía también la “prohibición de cláusulas abusivas” en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.
Se da la circunstancia de que el mismo día en que PSOE y PP echaban por tierra la toma en consideración de esta iniciativa parlamentaria, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunciaba en nombre de los alcaldes de todas las formaciones políticas –incluidos los socialistas y populares que la habían ‘tumbado’ en el Congreso-que pedirá al Gobierno y a los grupos parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.
La diputada Nuria Buenaventura, en nombre de IU-ICV, aseguró en su intervención que “la presente iniciativa parte de la constatación de que la vivienda es un derecho que debe protegerse, más aún en el contexto de crisis que vivimos, y como tal debería ser de prioridad máxima para cualquier gobierno de izquierdas. Nosotros entendemos que esta proposición de ley pretende que la vivienda pase del terreno de los principios rectores de política social y económica al campo de los derechos ciudadanos”.
Detalló que “uno de los elementos claves que permitieron la creación de la ‘burbuja inmobiliaria’ fue la concesión de hipotecas en condiciones de alto riesgo, otorgando préstamos superiores al importe de la vivienda a familias que destinaban más del 50 por ciento de sus ingresos para pagarlos y por unos plazos cada vez más largos, llegando hasta los 40 o 50 años. Esta práctica ha contribuido a generar uno de los sobreendeudamientos privados más altos del mundo y, lo peor, es que se trata de una práctica fomentada por las instituciones financieras ante la pasividad tanto del Banco de España como del Ministerio de Economía y Hacienda”.
Buenaventura recordó que “el Gobierno se ha permitido durante años la lógica, a nuestro entender caciquil, del ‘pelotazo’, tan común en nuestro país, además de un autismo hipotecario y de abandono del resto de los campos de la acción urbana, como la rehabilitación, la regeneración urbana, la vivienda vacía y una práctica desconexión de las políticas del territorio y medio ambiente. ¿Y en qué se ha traducido esta fiesta del boom del ladrillo? En paro, el más alto de la Unión Europea; en recesión y crisis económica, la más cruda y la más larga de la Unión Europea; en sobreendeudamiento familiar y, por tanto, en ejecuciones hipotecarias; en riesgo financiero económico por la morosidad de cajas y bancos, y en un stock de vivienda usada vacía y otro de nueva sin vender”.
La diputada expuso en nombre de IU-ICV una batería de propuestas en positivo que, pese a su innegable lógica y su indudable beneficio para los más desfavorecidos, no sirvieron para cambiar el voto contrario de PSOE y PP. “Limitar los criterios de concesión de futuras hipotecas –dijo- no es suficiente porque en la actualidad hay muchas personas, muchas familias que a raíz de la crisis no pueden pagar los créditos hipotecarios y que son víctimas del estimulo al sobreendeudamiento de los años de burbuja inmobiliaria. Por ello, esta proposición de ley también quiere proteger a estas personas en situación de vulnerabilidad incrementando los márgenes de ingresos inembargables.
La iniciativa parlamentaria de la izquierda que representa IU también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y “judicialmente exigible” de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Frente a estos planteamientos, la “tenaza” del PSOE y PP coincidieron plenamente en sus argumentos para rechazarla que la propuesta “vulneraba las competencias de las comunidades autónomas” en esta materia, además de señalar que conllevaría, según ellos, “más gasto, más déficit y más intervencionismo”.
Izquierda Unida exigía también la “prohibición de cláusulas abusivas” en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.
Se da la circunstancia de que el mismo día en que PSOE y PP echaban por tierra la toma en consideración de esta iniciativa parlamentaria, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunciaba en nombre de los alcaldes de todas las formaciones políticas –incluidos los socialistas y populares que la habían ‘tumbado’ en el Congreso-que pedirá al Gobierno y a los grupos parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.
La diputada Nuria Buenaventura, en nombre de IU-ICV, aseguró en su intervención que “la presente iniciativa parte de la constatación de que la vivienda es un derecho que debe protegerse, más aún en el contexto de crisis que vivimos, y como tal debería ser de prioridad máxima para cualquier gobierno de izquierdas. Nosotros entendemos que esta proposición de ley pretende que la vivienda pase del terreno de los principios rectores de política social y económica al campo de los derechos ciudadanos”.
Detalló que “uno de los elementos claves que permitieron la creación de la ‘burbuja inmobiliaria’ fue la concesión de hipotecas en condiciones de alto riesgo, otorgando préstamos superiores al importe de la vivienda a familias que destinaban más del 50 por ciento de sus ingresos para pagarlos y por unos plazos cada vez más largos, llegando hasta los 40 o 50 años. Esta práctica ha contribuido a generar uno de los sobreendeudamientos privados más altos del mundo y, lo peor, es que se trata de una práctica fomentada por las instituciones financieras ante la pasividad tanto del Banco de España como del Ministerio de Economía y Hacienda”.
Buenaventura recordó que “el Gobierno se ha permitido durante años la lógica, a nuestro entender caciquil, del ‘pelotazo’, tan común en nuestro país, además de un autismo hipotecario y de abandono del resto de los campos de la acción urbana, como la rehabilitación, la regeneración urbana, la vivienda vacía y una práctica desconexión de las políticas del territorio y medio ambiente. ¿Y en qué se ha traducido esta fiesta del boom del ladrillo? En paro, el más alto de la Unión Europea; en recesión y crisis económica, la más cruda y la más larga de la Unión Europea; en sobreendeudamiento familiar y, por tanto, en ejecuciones hipotecarias; en riesgo financiero económico por la morosidad de cajas y bancos, y en un stock de vivienda usada vacía y otro de nueva sin vender”.
La diputada expuso en nombre de IU-ICV una batería de propuestas en positivo que, pese a su innegable lógica y su indudable beneficio para los más desfavorecidos, no sirvieron para cambiar el voto contrario de PSOE y PP. “Limitar los criterios de concesión de futuras hipotecas –dijo- no es suficiente porque en la actualidad hay muchas personas, muchas familias que a raíz de la crisis no pueden pagar los créditos hipotecarios y que son víctimas del estimulo al sobreendeudamiento de los años de burbuja inmobiliaria. Por ello, esta proposición de ley también quiere proteger a estas personas en situación de vulnerabilidad incrementando los márgenes de ingresos inembargables.
También la propuesta de la izquierda contemplaba la posibilidad de ofrecer propuestas alternativas para la resolución del impago debidamente justificadas y razonadas, como podrían ser permanecer en la vivienda pero con un contrato de alquiler o en usufructo a favor de la entidad de crédito, o bien la renegociación de la deuda de forma ordenada, progresiva y realista, ajustada a la realidad económica de la persona hipotecada y de los familiares que convivan. Esta propuesta también impedía que las viviendas de protección oficial puedan ser subastadas por encima de su precio legal y obliga a que las adjudiquen a una persona física necesitada de vivienda y a que se cumplan los requisitos legales”.
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