"...esta reforma significa sencillamente un recorte de derechos de los t rabajadores y tendrá como efecto que, en los próximos años, muchos millones de ellos no puedan percibir una pensión pública digna al jubilarse..."Desde hace meses vengo colaborando codo con codo con todos los sindicatos de nuestro país que me han pedido apoyo porque creo que siempre, pero mucho más en estos momentos, son una pieza fundamental para defender los derechos de las clases trabajadoras.
Cualquier diferencia que hubiera podido tener con sus posiciones y propuestas la he aparcado porque estaba y estoy convencido, como he escrito en varios artículos, que aprovechar la crisis para tratar de acabar con ellos es una de las estrategias que se han propuesto llevar a cabo los grandes poderes financieros y los políticos que están a su servicio. Y, sobre todo, los he apoyado porque he tenido la íntima convicción de que las diferencias entre quienes aspiramos a conseguir una sociedad más justa se deben resolver fraternalmente y no tratando de acabar unos con otros, como tantas veces ha ocurrido en el seno de las izquierdas.
Ahora, sin embargo, debo manifestar que Comisiones Obreras y UGT han cometido, en mi modesta opinión, un gran error que van a pagar caro no solo las clases trabajadoras sino esos mismos sindicatos. Aunque, al mismo tiempo, quiero también advertir del gravísimo peligro de responder al error con otro semejante que busca desde hace tiempo la derecha y el poder económico: demonizarlos y hacer caer sobre ellos toda la responsabilidad de lo que ha pasado.
Un error múltiple
A mi juicio, tanto UGT como Comisiones Obreras se han equivocado pactando con el gobierno la reforma de las pensiones públicas por varias razones:
En primer lugar, porque esta reforma significa sencillamente un recorte de derechos de los trabajadores y tendrá como efecto que, en los próximos años, muchos millones de ellos no puedan percibir una pensión pública digna al jubilarse, si es que alguna vez llegan a hacerlo, lo que para su inmensa mayoría significará no poder tenerla porque sus niveles de renta no les van a a permitir disponer de ahorro privado suficiente.
El pacto significa, sin ninguna duda, que a partir de ahora el sistema de pensiones públicas español será más injusto (porque hace recaer en mayor medida su mayor insuficiencia sobre las clases de renta más baja) y de menor alcance (porque proporcionará menos pensiones y más precarias).
En segundo lugar, creo que se han equivocado también porque han entrado en el juego del doble razonamiento falso que se viene utilizando para justificar el sistema. Uno, el de su insostenibilidad a largo plazo, que nadie ha podido demostrar rigurosamente como hemos expuesto en multitud de ocasiones los economistas críticos. Y otro, en el de aceptar que para hacer frente al desequilibrio financiero que pueda provocar esa pretendida insostenibilidad lo que hay que hacer es solo actuar por la vía de reducir el gasto, y no aumentando los ingresos, es decir, mejorando la distribución de la renta para que así haya más salarios y más cotizaciones, el empleo decente, sobre todo el femenino, la productividad y, en última instancia, los ingresos a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, poniendo en marcha políticas justamente contrarias a las que se están aplicando y que han provocado la crisis y luego, como en Irlanda, que se vuelva a recaer en ella.
Para haber defendido de verdad el sistema público de pensiones, UGT y Comisiones Obreras deberían haberse cerrado en banda y haber propuesto, en todo caso, un pacto social sobre el horizonte de estos otros factores de los que también depende su equilibrio financiero a largo plazo. Al no hacerlo, simplemente han aceptado que la pauta de distribución de la renta siga siendo tan desigual como hasta ahora y que eso impida financiar mejor al sistema.
En tercer lugar, me parece que se están equivocando igualmente en explicar el pacto diciendo que se trata de una solución positiva a la crisis de las pensiones e incluso a la situación económica general. Les pasará lo mismo que le ocurre al gobierno: nadie los va a creer porque han aceptado lo contrario de lo que decían y simplemente se pensará que son un instrumento inútil para conseguir lo que dicen que quieren lograr.
Se podría aceptar que argumentasen que no ha habido otra opción, que no se ha dispuesto de más fuerza para torcer la imposición de un gobierno esclavo de los poderes financieros, que se ha conseguido lo más que se pudo conseguir… pero empeñarse en presentar este pacto como positivo es algo que nunca van a entender los trabajadores que sean mínimamente conscientes de que con él, como es evidente, van a tener menos pensiones y menos cuantiosas.
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