Comité Federal del PCE / Aprobada por unanimidad
Analizando la historia del capitalismo contabilizamos doce crisis en poco más de siglo y medio, es decir, una crisis cada catorce años. Y la crisis amarga nuestras vidas. Sabemos que no es pasajera, y que los recortes no van a parar: redujeron nuestros sueldos, abarataron e hicieron más libre el despido, recortarán nuestras pensiones, ahora prevén recortes en todos los ministerios… ¿y luego…?
Estamos llegando al límite de un sistema que atenta gravemente contra el ecosistema, la igualdad, y la justicia y la paz social. La principal consecuencia de todas las crisis capitalistas es que los ricos se enriquecen más, a costa de los y las más desfavorecidos/as. Y de eso saben mucho las mujeres, protagonistas de una precariedad permanente: las diferencias contributivas, junto a la feminización de las irrisorias pensiones asistenciales, (las mujeres son más del 70% de las personas que reciben una pensión no contributiva, cuyo importe no llega a 340 euros al mes) hace que una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la pobreza en nuestro país. La pensión media de las mujeres es de 599 euros al mes (un 39% menos que la masculina).
Partiendo de esta realidad, el pasado dos de febrero, se firmó el Acuerdo Económico y Social, por el cual se reforma el Sistema Público de Pensiones. Acuerdo, que ha dejado fuera la igualdad, y con el que el Partido Comunista de España no se siente representado.
En 2007 el 71% de los hombres que se jubilaron con 65 o más años, tenían 37 o más años cotizados, mientras que sólo un 23% de mujeres estaban en la misma situación.
El incremento del período de cálculo, aumentará la discriminación de las mujeres inevitablemente, debido a las enormes lagunas en sus cotizaciones derivadas de la discriminación laboral y vital. (Menor tasa de actividad y ocupación, desigualdad salarial, techo de cristal, feminización de los cuidados…)
Según el art. 19 de la Ley de Igualdad, toda ley debe ir acompañada de un informe de impacto de género. Desde el Partido Comunista de España, denunciamos este grave incumplimiento. Si se prescinde del impacto de género que para las mujeres tendrán los recortes del sistema de pensiones, es porque existe la intención de ocultar que tras esta reforma, aumentarán aún más las desigualdades entre hombres y mujeres. La modificación de la pensión de viudedad queda fuera del acuerdo, pero está incluido en el plan gubernamental. Más de la mitad de las mujeres pensionistas, lo son por un derecho derivado, la mayoría por viudedad. La individualización de los derechos ha de estar precedida por medidas reales que permitan la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo (España es el cuarto país europeo de mujeres excluidas del mercado de trabajo por tener que cuidar de sus hijos/as, y/o familiares dependientes), medidas que erradiquen la brecha salarial, que sigue por encima del 20%, y la precariedad contractual femenina (el 81% de los trabajos a tiempo parcial los desempeñan mujeres). La modificación de la pensión de viudedad en estos momentos, sin ninguna medida más, agudizará la desigualdad de las mujeres, acrecentando la feminización de la pobreza.
En el caso del nacimiento (o adopción) se reconocen a la madre nueve meses de cotización, (hasta un límite de dos años, y partiendo de que el número medio de hijos por mujer es de 1,4) sólo si está empleada en ese momento y pide una excedencia por cuidado del/la hijo/a, lo cual es un riesgo adicional para las carreras laborales de esas mujeres que se lo pensarán dos veces por tener que renunciar a sus salarios, (al ser excedencia tampoco cobran prestación por desempleo) y a sus expectativas profesionales. Esta migaja, a modo de reconocimiento de 9 meses de cotización por el cuidado de un hijo/a, es una medida que refuerza aún más el sistema de división sexual del trabajo.
Desde el PCE denunciamos esta injusta e injustificada reforma, que recorta las pensiones futuras, respecto de los derechos actuales, en una media del 20%, desarrollando además los fondos privados de pensiones como salida parcial para las capas más acomodadas. El principal beneficiario del acuerdo es la banca y sus fondos privados de pensiones.
Nuestra tarea es defender una política socio-económica al servicio de los intereses de la mayoría social, cuestionando al neoliberalismo, y quienes lo sostienen. Nuestro derecho y nuestro deber como comunistas, es decir lo que pensamos sobre las decisiones y las actuaciones que otros adoptan en perjuicio de la clase trabajadora y sus segmentos más desfavorecidos, entre los que se encuentran las mujeres, reivindicando y organizando la lucha para conquistar medidas efectivas:
• Para la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en condiciones de igualdad, tanto salariales, como de promoción profesional.
• Que posibiliten el reparto familiar y social de los cuidados:
• Reducción general de la jornada laboral.
• Permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles.
• Desincentivación de la parcialidad para las mujeres, o excedencias y prestaciones por cuidados.
• La inversión de los fondos estatales, autonómicos y municipales, en todos los ámbitos de lo público (universalización de la educación pública infantil desde los 0 años, y servicios públicos de atención a la dependencia…) y de la producción industrial, para la creación de puestos de trabajo dignos, también para las mujeres; y mientras no haya pleno empleo: derecho a la protección en condiciones de igualdad (del millón ochocientas mil mujeres desempleadas, sólo el 58% de ellas tienen una cobertura de prestaciones por desempleo, frente al 63% de los hombres). La financiación de estos fondos, correría a cargo del control público de la economía, comenzando por la nacionalización de la banca, y continuando por la lucha contra el fraude fiscal, y la economía sumergida.
Madrid, 6 de febrero de 2011
Analizando la historia del capitalismo contabilizamos doce crisis en poco más de siglo y medio, es decir, una crisis cada catorce años. Y la crisis amarga nuestras vidas. Sabemos que no es pasajera, y que los recortes no van a parar: redujeron nuestros sueldos, abarataron e hicieron más libre el despido, recortarán nuestras pensiones, ahora prevén recortes en todos los ministerios… ¿y luego…?
Estamos llegando al límite de un sistema que atenta gravemente contra el ecosistema, la igualdad, y la justicia y la paz social. La principal consecuencia de todas las crisis capitalistas es que los ricos se enriquecen más, a costa de los y las más desfavorecidos/as. Y de eso saben mucho las mujeres, protagonistas de una precariedad permanente: las diferencias contributivas, junto a la feminización de las irrisorias pensiones asistenciales, (las mujeres son más del 70% de las personas que reciben una pensión no contributiva, cuyo importe no llega a 340 euros al mes) hace que una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la pobreza en nuestro país. La pensión media de las mujeres es de 599 euros al mes (un 39% menos que la masculina).
Partiendo de esta realidad, el pasado dos de febrero, se firmó el Acuerdo Económico y Social, por el cual se reforma el Sistema Público de Pensiones. Acuerdo, que ha dejado fuera la igualdad, y con el que el Partido Comunista de España no se siente representado.
En 2007 el 71% de los hombres que se jubilaron con 65 o más años, tenían 37 o más años cotizados, mientras que sólo un 23% de mujeres estaban en la misma situación.
El incremento del período de cálculo, aumentará la discriminación de las mujeres inevitablemente, debido a las enormes lagunas en sus cotizaciones derivadas de la discriminación laboral y vital. (Menor tasa de actividad y ocupación, desigualdad salarial, techo de cristal, feminización de los cuidados…)
Según el art. 19 de la Ley de Igualdad, toda ley debe ir acompañada de un informe de impacto de género. Desde el Partido Comunista de España, denunciamos este grave incumplimiento. Si se prescinde del impacto de género que para las mujeres tendrán los recortes del sistema de pensiones, es porque existe la intención de ocultar que tras esta reforma, aumentarán aún más las desigualdades entre hombres y mujeres. La modificación de la pensión de viudedad queda fuera del acuerdo, pero está incluido en el plan gubernamental. Más de la mitad de las mujeres pensionistas, lo son por un derecho derivado, la mayoría por viudedad. La individualización de los derechos ha de estar precedida por medidas reales que permitan la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo (España es el cuarto país europeo de mujeres excluidas del mercado de trabajo por tener que cuidar de sus hijos/as, y/o familiares dependientes), medidas que erradiquen la brecha salarial, que sigue por encima del 20%, y la precariedad contractual femenina (el 81% de los trabajos a tiempo parcial los desempeñan mujeres). La modificación de la pensión de viudedad en estos momentos, sin ninguna medida más, agudizará la desigualdad de las mujeres, acrecentando la feminización de la pobreza.
En el caso del nacimiento (o adopción) se reconocen a la madre nueve meses de cotización, (hasta un límite de dos años, y partiendo de que el número medio de hijos por mujer es de 1,4) sólo si está empleada en ese momento y pide una excedencia por cuidado del/la hijo/a, lo cual es un riesgo adicional para las carreras laborales de esas mujeres que se lo pensarán dos veces por tener que renunciar a sus salarios, (al ser excedencia tampoco cobran prestación por desempleo) y a sus expectativas profesionales. Esta migaja, a modo de reconocimiento de 9 meses de cotización por el cuidado de un hijo/a, es una medida que refuerza aún más el sistema de división sexual del trabajo.
Desde el PCE denunciamos esta injusta e injustificada reforma, que recorta las pensiones futuras, respecto de los derechos actuales, en una media del 20%, desarrollando además los fondos privados de pensiones como salida parcial para las capas más acomodadas. El principal beneficiario del acuerdo es la banca y sus fondos privados de pensiones.
Nuestra tarea es defender una política socio-económica al servicio de los intereses de la mayoría social, cuestionando al neoliberalismo, y quienes lo sostienen. Nuestro derecho y nuestro deber como comunistas, es decir lo que pensamos sobre las decisiones y las actuaciones que otros adoptan en perjuicio de la clase trabajadora y sus segmentos más desfavorecidos, entre los que se encuentran las mujeres, reivindicando y organizando la lucha para conquistar medidas efectivas:
• Para la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en condiciones de igualdad, tanto salariales, como de promoción profesional.
• Que posibiliten el reparto familiar y social de los cuidados:
• Reducción general de la jornada laboral.
• Permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles.
• Desincentivación de la parcialidad para las mujeres, o excedencias y prestaciones por cuidados.
• La inversión de los fondos estatales, autonómicos y municipales, en todos los ámbitos de lo público (universalización de la educación pública infantil desde los 0 años, y servicios públicos de atención a la dependencia…) y de la producción industrial, para la creación de puestos de trabajo dignos, también para las mujeres; y mientras no haya pleno empleo: derecho a la protección en condiciones de igualdad (del millón ochocientas mil mujeres desempleadas, sólo el 58% de ellas tienen una cobertura de prestaciones por desempleo, frente al 63% de los hombres). La financiación de estos fondos, correría a cargo del control público de la economía, comenzando por la nacionalización de la banca, y continuando por la lucha contra el fraude fiscal, y la economía sumergida.
Madrid, 6 de febrero de 2011
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