Izquierda Unida, a través de su diputado Gaspar Llamazares, advierte de que si sale adelante esta ley tal y como plantea el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el PSOE, con la aquiescencia de las derechas de todo tipo, “supondrá una grave amenaza para el empleo de los trabajadores de Correos, se pondrá en manos privadas un negocio de 1.000 millones de euros y se aumentará la degradación y el déficit del servicio, que tendrán que pagar los ciudadanos vía impuestos”.
Izquierda Unida ante la grave agresión a un servicio público ha registrado una enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, considera que “esta es la única respuesta posible ante la apuesta decidida del Gobierno “socialista” de desmantelar el servicio público de Correos, reducir de forma aún más drástica su plantilla y ofrecer un negocio de cerca de 1.000 millones de euros para el beneficio del sector privado, todo ello con la falsa coartada y la vaga excusa de la liberalización del mercado postal europeo”.
Para Llamazares, tal y como señala la enmienda, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero busca bajo el pretexto de incrementar la competencia y dinamizar el sector “desmantelar el servicio público prestado por Correos. El nuevo modelo que se pretende permitirá que los grandes operadores europeos, que sí se han beneficiado del respaldo político y financiero de sus respectivos gobiernos, compitan por la parte rentable del mercado y dejen a Correos como simple operador residual de la parte no rentable del mismo y con la obligación de prestar un servicio público deficitario que deberemos pagar todos los ciudadanos vía impuestos”.
Ante el debate en el Pleno del Congreso de esta iniciativa, el portavoz parlamentario de IU llama especialmente la atención en la “grave amenaza” que se cierne sobre los trabajadores de Correos. Recuerda que en el último año “se han perdido cerca de 7.000 puestos de trabajo en Correos y el proyecto de ley va en la dirección de aumentar esta sangría”.
El texto de la enmienda señala que “de Correos depende el empleo de cerca de 60.000 familias. Diferentes estudios del movimiento sindical europeo corroboran que en aquellos países en los que ya se ha procedido a liberalizar el sector, por cada 10 empleos suprimidos en los operadores públicos sólo se ha creado uno en el sector privado, y todo ello en condiciones laborales altamente precarias”.
Gaspar Llamazares llama la atención sobre el hecho de que el proyecto de ley del Gobierno socialista obliga a Correos a ceder competencias y derechos exclusivos como el reparto de cartas interurbanas de hasta 50 gramos, los apartados postales o la distribución de notificaciones administrativas. “Esto supone –advierte el diputado de IU- la apertura a la competencia de un segmento del mercado de casi 1.000 millones de euros, según ha calculado el propio Gobierno. A cambio de este negocio, los operadores privados sólo deberán aportar una contribución de 1,5 millones de euros al denominado fondo de financiación del Servicio Postal Universal”.
“Es decir- señala Llamazares- las empresas privadas se quedan con la parte lucrativa del pastel mientras Correos mantiene la obligación durante 15 años de prestar el Servicio Postal Universal a las zonas deficitarias, como el mundo rural, con un coste que desconocemos y con unos medios de financiación insuficientes. Mientras los privados se quedan con el negocio los ciudadanos, vías impuestos, tendrán que sufragar en servicio público que se hace más deficitario con esta ley”.
Izquierda Unida ante la grave agresión a un servicio público ha registrado una enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, considera que “esta es la única respuesta posible ante la apuesta decidida del Gobierno “socialista” de desmantelar el servicio público de Correos, reducir de forma aún más drástica su plantilla y ofrecer un negocio de cerca de 1.000 millones de euros para el beneficio del sector privado, todo ello con la falsa coartada y la vaga excusa de la liberalización del mercado postal europeo”.
Para Llamazares, tal y como señala la enmienda, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero busca bajo el pretexto de incrementar la competencia y dinamizar el sector “desmantelar el servicio público prestado por Correos. El nuevo modelo que se pretende permitirá que los grandes operadores europeos, que sí se han beneficiado del respaldo político y financiero de sus respectivos gobiernos, compitan por la parte rentable del mercado y dejen a Correos como simple operador residual de la parte no rentable del mismo y con la obligación de prestar un servicio público deficitario que deberemos pagar todos los ciudadanos vía impuestos”.
Ante el debate en el Pleno del Congreso de esta iniciativa, el portavoz parlamentario de IU llama especialmente la atención en la “grave amenaza” que se cierne sobre los trabajadores de Correos. Recuerda que en el último año “se han perdido cerca de 7.000 puestos de trabajo en Correos y el proyecto de ley va en la dirección de aumentar esta sangría”.
El texto de la enmienda señala que “de Correos depende el empleo de cerca de 60.000 familias. Diferentes estudios del movimiento sindical europeo corroboran que en aquellos países en los que ya se ha procedido a liberalizar el sector, por cada 10 empleos suprimidos en los operadores públicos sólo se ha creado uno en el sector privado, y todo ello en condiciones laborales altamente precarias”.
Gaspar Llamazares llama la atención sobre el hecho de que el proyecto de ley del Gobierno socialista obliga a Correos a ceder competencias y derechos exclusivos como el reparto de cartas interurbanas de hasta 50 gramos, los apartados postales o la distribución de notificaciones administrativas. “Esto supone –advierte el diputado de IU- la apertura a la competencia de un segmento del mercado de casi 1.000 millones de euros, según ha calculado el propio Gobierno. A cambio de este negocio, los operadores privados sólo deberán aportar una contribución de 1,5 millones de euros al denominado fondo de financiación del Servicio Postal Universal”.
“Es decir- señala Llamazares- las empresas privadas se quedan con la parte lucrativa del pastel mientras Correos mantiene la obligación durante 15 años de prestar el Servicio Postal Universal a las zonas deficitarias, como el mundo rural, con un coste que desconocemos y con unos medios de financiación insuficientes. Mientras los privados se quedan con el negocio los ciudadanos, vías impuestos, tendrán que sufragar en servicio público que se hace más deficitario con esta ley”.
Gaspar Llamazares adelanta que “lo que pasará es que se ampliará el nivel de desigualdad de los ciudadanos al haber una doble escala de prestación de servicio: una para los que residen en las ‘zonas rentables de mercado’ y otra para los que viven en ‘zonas no rentables’, que verán el progresivo deterioro de la calidad de los servicios. Esto pasará en amplias zonas rurales, en determinadas zonas de urbanizaciones y en los polígonos industriales, por ejemplo”.
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