Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CC.OO.
Mundo Obrero
No será fácil ignorar el impacto de la Huelga General del 29-S. La derecha política y mediática (también la ultraderecha) ya habían decidido que la huelga sería un fracaso, meses antes de su realización. Operan extramuros de la democracia y la campaña contra los sindicatos forma parte de su proyecto ideológico y corporativo. La llamada prensa del 'entorno Moncloa' ha elegido la política y las encuestas para ningunear la huelga. Un primer sondeo nos anunció el fracaso de la huelga; y tras el 29-S, un segundo sondeo confirmó el primero y de paso, colmó los deseos de los 'partidarios de la política gubernamental'. Pero las cosas, no son como se cuentan sino como han sucedido. Diez millones de trabajadores fueron a la huelga; la industria y el transporte quedaron prácticamente paralizados, como buena parte de los servicios y las Administraciones Públicas. Las cosas ya no pueden ser igual que antes de la Huelga.
Como en todas las huelgas generales, las reflexiones se hacen de inmediato y los efectos de la huelga tardan algo más en llegar. El presidente del Gobierno, en una larga entrevista en RNE, volvía a ofrecer respeto y diálogo a los sindicatos, aunque "esperaba alguna señal". Por supuesto, la reforma laboral seguía adelante porque "a largo plazo dará sus frutos". Sobre las medidas de ajuste y las reformas futuras, cambia el tono y sugiere acuerdo y consenso. CCOO ya lo advirtió días antes de la huelga y lo reiteré yo mismo al concluir la multitudinaria manifestación de Madrid (por cierto, las manifestaciones fueron masivas en todo el país): los sindicatos agradecen el respeto, pero exigimos rectificación. Si esta no se produce, el conflicto seguirá abierto y mantendremos la tensión movilizadora.
Tenemos razón
Incluso las encuestas que el aparato mediático más próximo al Ejecutivo agitó antes y después de la huelga indicaban un apoyo mayoritario a las razones de los sindicatos. Explicar la bondad de los planes de ajuste que congelan pensiones, reducen el salario de los empleados públicos, recortan derechos a las personas dependientes y a los parados, y acaban con las políticas públicas penalizando la actividad económica y el empleo, es casi una tarea imposible. Si a todo ello, sumamos una reforma laboral impulsada por decreto y más tarde aprobada en el Congreso de los Diputados con los únicos votos del Grupo Socialista, que hace más fácil, más rápido y más barato el despido, asesta un golpe mortal a la negociación colectiva, da más poder al empresario, renuncia a combatir la dualidad del mercado de trabajo, mantiene el alto índice de contratación temporal, da luz verde a las agencias privadas de colocación -también en las Administraciones Públicas- y se niega a poner solución a la agonía de los Servicios Públicos de Empleo, se entenderán mejor las críticas sindicales.
CCOO fue de las primeras organizaciones en alertar de la dimensión de la crisis, que provocó la economía especulativa y el capitalismo de casino en Estados Unidos, que acabó afectando con toda crudeza a la economía productiva y que en España se manifestó con especial severidad ante el agotamiento de su modelo productivo. Propusimos avanzar por la senda del acuerdo social y político (Pacto de Estado para la economía, el empleo y la cohesión social) a partir de dos consideraciones básicas: debemos compartir el diagnóstico de la crisis; y tenemos la obligación de activar políticas públicas para recuperar la actividad económica y el empleo con una prioridad innegociable: atender a las personas maltratadas por la crisis.
Era y sigue siendo necesario, reducir el déficit y mejorar la competitividad de la economía española. Al servicio de este segundo objetivo se firmó entre sindicatos y patronal el Acuerdo Interconfederal. Para lograr el primero y sostener las prioridades económicas y sociales es necesario actuar desde las políticas fiscales en una perspectiva temporal más amplia que 2013.
Pero el Gobierno progresó en dirección contraria. Primero, negó la crisis; más tarde evolucionó de forma errática; y finalmente, acabó echándose en manos de las demandas empresariales, los mercados financieros y el núcleo duro de la Unión Europea. Rechazó un acuerdo para salir de la crisis con equilibrio y justicia y un año después lo reeditó con más pena que gloria; encadenó un serial de paquetes de ajuste, cada cuál más lesivo para los trabajadores y pensionistas, y concluyó como el rosario de la aurora. Proclamó con toda solemnidad que no aprobaría medidas contra los derechos de los trabajadores y si nos descuidamos reduce a la mínima expresión el derecho laboral.
Ahora toca rectificar. Reformular una reforma del mercado de trabajo que preserve los derechos sociales y afronte de verdad la dualidad del mercado de trabajo, incentivando el empleo estable y de calidad, y penalizando la contratación temporal. Debe reforzarse el sistema público de pensiones, asegurando su viabilidad futura. Seremos intransigentes en el rechazo a la prolongación por ley de la edad de jubilación a los 67 años y la congelación de las pensiones en 2011; es necesario definir objetivos antes de anunciar las medidas. Para CCOO no son otros que pagar más pensiones (demografía) durante más tiempo (esperanza de vida) y de mejor calidad, lo que nos obliga a actuar con decisión no sólo sobre el gasto como plantea el Gobierno y otros, sino fundamentalmente sobre los ingresos del sistema para que las reformas necesarias no acaben minando siempre los derechos de trabajadores y pensionistas. Si el Gobierno no es sensible a las demandas sindicales, el conflicto seguirá abierto y los sindicatos mantendremos la tensión de la movilización en torno a una iniciativa programática unitaria con UGT que abordaremos en los próximos días.
mundo-obrero@pce.es
Mundo Obrero
No será fácil ignorar el impacto de la Huelga General del 29-S. La derecha política y mediática (también la ultraderecha) ya habían decidido que la huelga sería un fracaso, meses antes de su realización. Operan extramuros de la democracia y la campaña contra los sindicatos forma parte de su proyecto ideológico y corporativo. La llamada prensa del 'entorno Moncloa' ha elegido la política y las encuestas para ningunear la huelga. Un primer sondeo nos anunció el fracaso de la huelga; y tras el 29-S, un segundo sondeo confirmó el primero y de paso, colmó los deseos de los 'partidarios de la política gubernamental'. Pero las cosas, no son como se cuentan sino como han sucedido. Diez millones de trabajadores fueron a la huelga; la industria y el transporte quedaron prácticamente paralizados, como buena parte de los servicios y las Administraciones Públicas. Las cosas ya no pueden ser igual que antes de la Huelga.
Como en todas las huelgas generales, las reflexiones se hacen de inmediato y los efectos de la huelga tardan algo más en llegar. El presidente del Gobierno, en una larga entrevista en RNE, volvía a ofrecer respeto y diálogo a los sindicatos, aunque "esperaba alguna señal". Por supuesto, la reforma laboral seguía adelante porque "a largo plazo dará sus frutos". Sobre las medidas de ajuste y las reformas futuras, cambia el tono y sugiere acuerdo y consenso. CCOO ya lo advirtió días antes de la huelga y lo reiteré yo mismo al concluir la multitudinaria manifestación de Madrid (por cierto, las manifestaciones fueron masivas en todo el país): los sindicatos agradecen el respeto, pero exigimos rectificación. Si esta no se produce, el conflicto seguirá abierto y mantendremos la tensión movilizadora.
Tenemos razón
Incluso las encuestas que el aparato mediático más próximo al Ejecutivo agitó antes y después de la huelga indicaban un apoyo mayoritario a las razones de los sindicatos. Explicar la bondad de los planes de ajuste que congelan pensiones, reducen el salario de los empleados públicos, recortan derechos a las personas dependientes y a los parados, y acaban con las políticas públicas penalizando la actividad económica y el empleo, es casi una tarea imposible. Si a todo ello, sumamos una reforma laboral impulsada por decreto y más tarde aprobada en el Congreso de los Diputados con los únicos votos del Grupo Socialista, que hace más fácil, más rápido y más barato el despido, asesta un golpe mortal a la negociación colectiva, da más poder al empresario, renuncia a combatir la dualidad del mercado de trabajo, mantiene el alto índice de contratación temporal, da luz verde a las agencias privadas de colocación -también en las Administraciones Públicas- y se niega a poner solución a la agonía de los Servicios Públicos de Empleo, se entenderán mejor las críticas sindicales.
CCOO fue de las primeras organizaciones en alertar de la dimensión de la crisis, que provocó la economía especulativa y el capitalismo de casino en Estados Unidos, que acabó afectando con toda crudeza a la economía productiva y que en España se manifestó con especial severidad ante el agotamiento de su modelo productivo. Propusimos avanzar por la senda del acuerdo social y político (Pacto de Estado para la economía, el empleo y la cohesión social) a partir de dos consideraciones básicas: debemos compartir el diagnóstico de la crisis; y tenemos la obligación de activar políticas públicas para recuperar la actividad económica y el empleo con una prioridad innegociable: atender a las personas maltratadas por la crisis.
Era y sigue siendo necesario, reducir el déficit y mejorar la competitividad de la economía española. Al servicio de este segundo objetivo se firmó entre sindicatos y patronal el Acuerdo Interconfederal. Para lograr el primero y sostener las prioridades económicas y sociales es necesario actuar desde las políticas fiscales en una perspectiva temporal más amplia que 2013.
Pero el Gobierno progresó en dirección contraria. Primero, negó la crisis; más tarde evolucionó de forma errática; y finalmente, acabó echándose en manos de las demandas empresariales, los mercados financieros y el núcleo duro de la Unión Europea. Rechazó un acuerdo para salir de la crisis con equilibrio y justicia y un año después lo reeditó con más pena que gloria; encadenó un serial de paquetes de ajuste, cada cuál más lesivo para los trabajadores y pensionistas, y concluyó como el rosario de la aurora. Proclamó con toda solemnidad que no aprobaría medidas contra los derechos de los trabajadores y si nos descuidamos reduce a la mínima expresión el derecho laboral.
Ahora toca rectificar. Reformular una reforma del mercado de trabajo que preserve los derechos sociales y afronte de verdad la dualidad del mercado de trabajo, incentivando el empleo estable y de calidad, y penalizando la contratación temporal. Debe reforzarse el sistema público de pensiones, asegurando su viabilidad futura. Seremos intransigentes en el rechazo a la prolongación por ley de la edad de jubilación a los 67 años y la congelación de las pensiones en 2011; es necesario definir objetivos antes de anunciar las medidas. Para CCOO no son otros que pagar más pensiones (demografía) durante más tiempo (esperanza de vida) y de mejor calidad, lo que nos obliga a actuar con decisión no sólo sobre el gasto como plantea el Gobierno y otros, sino fundamentalmente sobre los ingresos del sistema para que las reformas necesarias no acaben minando siempre los derechos de trabajadores y pensionistas. Si el Gobierno no es sensible a las demandas sindicales, el conflicto seguirá abierto y los sindicatos mantendremos la tensión de la movilización en torno a una iniciativa programática unitaria con UGT que abordaremos en los próximos días.
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