Alcaldes y primeros tenientes de alcaldes de los 20 municipios gobernados por Izquierda Unida (IULV-CA) en la provincia de Málaga registraron el viernes, 11 de junio, en la Subdelegación del Gobierno una carta en la que anuncian oficialmente su decisión de dejar en suspenso la aplicación de las medidas del Gobierno para reducir el déficit, y donde plantean la posibilidad de que puedan destinar el dinero ahorrado con los recortes a crear bolsas de empleo en sus municipios. Así, indicaron que las medidas estarán en suspenso hasta tener respuestas “adecuadas, rápidas y justas”.
Además, el Coordinador Provincial y parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, mostró su convencimiento de que los concejales del PSOE y del PP tampoco están de acuerdo con las medidas, “pero tienen sus voces amordazadas por la disciplina de partido”. Castro destacó que las medidas decretadas impiden a los ayuntamientos acceder a créditos.
El parlamentario de IULV-CA afirmó que estos recortes no afectan sólo "a los funcionarios y a los ayuntamientos, sino que vienen a restar servicios esenciales y prestaciones que se dan en los pueblos a los vecinos".
La alcaldesa de Villanueva de Tapia de IULV-CA, Encarna Páez, transmitió en nombre de sus compañeros y compañeras su sentimiento de "indignación", porque, según resaltó, "una vez más se discrimina a los ayuntamientos. Tenemos que ser conscientes de que gastamos más de lo que ingresamos no porque dilapidemos los fondos, sino porque no tenemos financiación adecuada".
De esta forma, matizó que "nos impiden concertar préstamos para inversiones y eso frena la obra pública y el empleo. Dejamos de pagarle a nuestros trabajadores para pagarle los créditos a los bancos".
En el escrito presentado, los alcaldes pidieron al representante del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, que aclare si existen irregularidades en la aplicación del decreto, ya que se estarían vulnerando los convenios firmados con los sindicatos y que actualmente están en vigor.
Asimismo, los alcaldes y concejales de IULV-CA alertaron de que el destino de los recortes a los trabajadores municipales van destinados "a quienes en plena crisis están obteniendo miles de millones de beneficios", es decir, los bancos, mediante la obligatoriedad de amortizar créditos. Así, plantearon la posibilidad de que esos fondos se dediquen a crear en los pueblos bolsas de trabajo, "que permitan a los vecinos que llevan en paro mucho tiempo optar a un empleo de tres o seis meses, que, además, abriría una puerta a algún tipo de subsidios en familias con todos sus miembros en paro".
El Coordinador provincial de IULV-CA, José Antonio Castro, destacó que las medidas decretadas por el Gobierno central impiden a los ayuntamientos acceder a créditos con lo que se frenarán políticas que redundan directamente en los ciudadanos como la rehabilitación de viviendas, alquiler vivienda protegida, arreglo de caminos rurales, material para el Plan de Empleo Rural (PER).
Así, indicó que habrá "un largo etcétera que lastrará la economía de los pueblos. El decreto lesivo para los derechos ciudadanos y los servicios que se le prestas, por lo que su aplicación quedará en suspenso hasta que el subdelegado nos responda".
José Antonio Castro, ya anunció este hecho la semana pasada y que hasta que el Subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, no les aclarase una serie de cuestiones que afectaban directamente a sus municipios. Ésta era la principal conclusión a la que llegaron durante una reunión en la que los representantes de los 20 municipios malagueños en los que gobierna IULV-CA analizaron cómo afectaba el "decretazo" del ejecutivo de Zapatero a sus respectivos pueblos.
Para los ediles de IU, el decreto se ha adoptado "sin tener en cuenta a los ciudadanos, sin consenso político, sin pedir la opinión de los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)". Además, apuntaron que atenta contra la autonomía municipal y castiga a los ayuntamientos por igual tanto sin han "hecho los deberes, como si no".
Según explicó el responsable provincial de Política Municipal e Institucional, Manuel García Peláez, el "decretazo" provocará "un colapso" y perjudicará las economías locales, afectando directamente a las empresas pequeñas que prestan servicios o trabajan para los consistorios.
"Es un problema que alterará directamente a los ciudadanos y no a los alcaldes y concejales", destacó Manuel García, a la vez que aseguró que agravará más la crisis de la economía local, que los ayuntamientos no podrán hacer operaciones de tesorerías con las que se paga a los proveedores, generalmente de los propios municipios; que afectará al PER, y, además, anotó que, "no sabemos cómo se va a participar en las inversiones plurianuales ni en las que se cofinancian con otros ayuntamientos". Por ello, manifestó que "no queremos ser cómplices de este suicidio económico de los municipios, de la economía real de los pueblos".
Desde IULV-CA se reclama del subdelegado del Gobierno una explicación "clara y urgente" de cómo se van a solucionar todos estos problemas si los ayuntamientos no pueden realizar operaciones de tesorería, ni pedir créditos -aunque estén en situación de hacerlo-. Este decreto, señaló Castro, "va a permitir que los bancos tengan más liquidez y a los ayuntamientos, no poder trabajar". Además, lo que quieren los alcaldes es que si tienen que aplicar el decreto en la reducción de salarios a los trabajadores municipales, la diferencia vaya destinada a crear nuevos puestos de trabajo en sus municipios, "que es cómo se ayuda a paliar el paro", apuntaron.
Además, el Coordinador Provincial y parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, mostró su convencimiento de que los concejales del PSOE y del PP tampoco están de acuerdo con las medidas, “pero tienen sus voces amordazadas por la disciplina de partido”. Castro destacó que las medidas decretadas impiden a los ayuntamientos acceder a créditos.
El parlamentario de IULV-CA afirmó que estos recortes no afectan sólo "a los funcionarios y a los ayuntamientos, sino que vienen a restar servicios esenciales y prestaciones que se dan en los pueblos a los vecinos".
La alcaldesa de Villanueva de Tapia de IULV-CA, Encarna Páez, transmitió en nombre de sus compañeros y compañeras su sentimiento de "indignación", porque, según resaltó, "una vez más se discrimina a los ayuntamientos. Tenemos que ser conscientes de que gastamos más de lo que ingresamos no porque dilapidemos los fondos, sino porque no tenemos financiación adecuada".
De esta forma, matizó que "nos impiden concertar préstamos para inversiones y eso frena la obra pública y el empleo. Dejamos de pagarle a nuestros trabajadores para pagarle los créditos a los bancos".
En el escrito presentado, los alcaldes pidieron al representante del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, que aclare si existen irregularidades en la aplicación del decreto, ya que se estarían vulnerando los convenios firmados con los sindicatos y que actualmente están en vigor.
Asimismo, los alcaldes y concejales de IULV-CA alertaron de que el destino de los recortes a los trabajadores municipales van destinados "a quienes en plena crisis están obteniendo miles de millones de beneficios", es decir, los bancos, mediante la obligatoriedad de amortizar créditos. Así, plantearon la posibilidad de que esos fondos se dediquen a crear en los pueblos bolsas de trabajo, "que permitan a los vecinos que llevan en paro mucho tiempo optar a un empleo de tres o seis meses, que, además, abriría una puerta a algún tipo de subsidios en familias con todos sus miembros en paro".
El Coordinador provincial de IULV-CA, José Antonio Castro, destacó que las medidas decretadas por el Gobierno central impiden a los ayuntamientos acceder a créditos con lo que se frenarán políticas que redundan directamente en los ciudadanos como la rehabilitación de viviendas, alquiler vivienda protegida, arreglo de caminos rurales, material para el Plan de Empleo Rural (PER).
Así, indicó que habrá "un largo etcétera que lastrará la economía de los pueblos. El decreto lesivo para los derechos ciudadanos y los servicios que se le prestas, por lo que su aplicación quedará en suspenso hasta que el subdelegado nos responda".
José Antonio Castro, ya anunció este hecho la semana pasada y que hasta que el Subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, no les aclarase una serie de cuestiones que afectaban directamente a sus municipios. Ésta era la principal conclusión a la que llegaron durante una reunión en la que los representantes de los 20 municipios malagueños en los que gobierna IULV-CA analizaron cómo afectaba el "decretazo" del ejecutivo de Zapatero a sus respectivos pueblos.
Para los ediles de IU, el decreto se ha adoptado "sin tener en cuenta a los ciudadanos, sin consenso político, sin pedir la opinión de los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)". Además, apuntaron que atenta contra la autonomía municipal y castiga a los ayuntamientos por igual tanto sin han "hecho los deberes, como si no".
Según explicó el responsable provincial de Política Municipal e Institucional, Manuel García Peláez, el "decretazo" provocará "un colapso" y perjudicará las economías locales, afectando directamente a las empresas pequeñas que prestan servicios o trabajan para los consistorios.
"Es un problema que alterará directamente a los ciudadanos y no a los alcaldes y concejales", destacó Manuel García, a la vez que aseguró que agravará más la crisis de la economía local, que los ayuntamientos no podrán hacer operaciones de tesorerías con las que se paga a los proveedores, generalmente de los propios municipios; que afectará al PER, y, además, anotó que, "no sabemos cómo se va a participar en las inversiones plurianuales ni en las que se cofinancian con otros ayuntamientos". Por ello, manifestó que "no queremos ser cómplices de este suicidio económico de los municipios, de la economía real de los pueblos".
Desde IULV-CA se reclama del subdelegado del Gobierno una explicación "clara y urgente" de cómo se van a solucionar todos estos problemas si los ayuntamientos no pueden realizar operaciones de tesorería, ni pedir créditos -aunque estén en situación de hacerlo-. Este decreto, señaló Castro, "va a permitir que los bancos tengan más liquidez y a los ayuntamientos, no poder trabajar". Además, lo que quieren los alcaldes es que si tienen que aplicar el decreto en la reducción de salarios a los trabajadores municipales, la diferencia vaya destinada a crear nuevos puestos de trabajo en sus municipios, "que es cómo se ayuda a paliar el paro", apuntaron.
No hay comentarios:
Publicar un comentario