Convocados por los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF, miles de empleados y empleadas del sector público se concentraron ayer, jueves 20 de mayo, en las diferentes ciudades andaluzas para protestar contra el recorte de los salarios y la congelación de las pensiones cajo el lema “No a los recortes salariales y por la calidad de los servicios públicos”.
En Málaga, la concentración se realizó a partir de las cinco de la tarde ante la Agencia Tributaria, frente al edificio de Correos, con la participación además de CCOO, UGT y CSIF de los sindicatos policiales, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP). A dicha movilización asistieron miembros de la dirección de IULV-CA y del PCA, como el parlamentario y Coordinador provincial de IULV-CA, José Antonio Castro; Efraín Campos, Secretario General del PCA de Málaga; la sindicalista de CC.OO. y Secretaria Política del la Agrupación de Mundo del trabajo del PCA, Rosa Ortuño; la Coordinadora de IULV-CA de la carretera de Cádiz y sindicalista de CC.OO., Paqui Marín o el sindicalista Armando Oliver, entre otros muchos, que repartieron entre los asistentes hojas informativas de la posición del PCE contra la brutal política de ajuste del Gobierno.
Acudieron entre 2000 y 2500 trabajadores y trabajadoras que llegaron a cortar el tráfico de la Avenida de Andalucía durante unos veinte minutos, mientras se leía un manifiesto contra dichos recortes.
El manifiesto sindical se decía que "la propuesta del Gobierno de reducir los salarios en el sector público, la congelación de las pensiones, el empeoramiento en la aplicación de la ley de dependencia, la rebaja en las políticas sociales y en las inversiones públicas nos lleva a un conflicto social" y que "la inmensa mayoría de los funcionarios se puede considerar mileurista ya que más del 60% no superan los 1.500 euros brutos al mes" . Asimismo se critica "la campaña de descrédito sobre lo público y sobre el personal funcionario vertida por los medios de comunicación".
Los secretarios provinciales de los tres sindicatos, Antonio Herrera por CC.OO., Manuel Ferrer de la UGT y Joaquín Pérez por la CSIF, participaron en la concentración de Málaga. Todos ellos coincidieron en señalar que esta concentración suponía “el primer aviso” al Gobierno y han anunciado una gran movilización en los próximos meses, además de una Huelga General del sector público que han convocado para el próximo 8 de junio.
El Secretario provincial de CC.OO., Antonio Herrera, dijo que el Gobierno, con su actuación, "pone en peligro el estado de derecho cuando no cumple el acuerdo que pactó con los empleados públicos, que marcaba un crecimiento de salario del 0,6%, y está invitando a la empresa privada a que rompa cualquier acuerdo que se firme con los trabajadores. Es la ley de la selva y son medidas que contribuyen directamente a desestabilizar y empobrecer aún más a todos los trabajadores y especialmente a los jóvenes y los pensionistas".
Por su parte, Manuel Ferrer, de la UGT, afirmó que el Gobierno “ha tomado como conejos de Indias a los funcionarios” y recordó que muchos “no llegan a los 1.000 euros y soportan un alto índice de temporalidad”. Por lo que subrayó que "las medidas del gobierno son injustificadas y van a generar más desempleo en Málaga. El consumo va a caer mucho, se va a retirar mucho dinero de la circulación y esta provincia lo va a sufrir".
En Málaga, la concentración se realizó a partir de las cinco de la tarde ante la Agencia Tributaria, frente al edificio de Correos, con la participación además de CCOO, UGT y CSIF de los sindicatos policiales, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP). A dicha movilización asistieron miembros de la dirección de IULV-CA y del PCA, como el parlamentario y Coordinador provincial de IULV-CA, José Antonio Castro; Efraín Campos, Secretario General del PCA de Málaga; la sindicalista de CC.OO. y Secretaria Política del la Agrupación de Mundo del trabajo del PCA, Rosa Ortuño; la Coordinadora de IULV-CA de la carretera de Cádiz y sindicalista de CC.OO., Paqui Marín o el sindicalista Armando Oliver, entre otros muchos, que repartieron entre los asistentes hojas informativas de la posición del PCE contra la brutal política de ajuste del Gobierno.
Acudieron entre 2000 y 2500 trabajadores y trabajadoras que llegaron a cortar el tráfico de la Avenida de Andalucía durante unos veinte minutos, mientras se leía un manifiesto contra dichos recortes.
El manifiesto sindical se decía que "la propuesta del Gobierno de reducir los salarios en el sector público, la congelación de las pensiones, el empeoramiento en la aplicación de la ley de dependencia, la rebaja en las políticas sociales y en las inversiones públicas nos lleva a un conflicto social" y que "la inmensa mayoría de los funcionarios se puede considerar mileurista ya que más del 60% no superan los 1.500 euros brutos al mes" . Asimismo se critica "la campaña de descrédito sobre lo público y sobre el personal funcionario vertida por los medios de comunicación".
Los secretarios provinciales de los tres sindicatos, Antonio Herrera por CC.OO., Manuel Ferrer de la UGT y Joaquín Pérez por la CSIF, participaron en la concentración de Málaga. Todos ellos coincidieron en señalar que esta concentración suponía “el primer aviso” al Gobierno y han anunciado una gran movilización en los próximos meses, además de una Huelga General del sector público que han convocado para el próximo 8 de junio.
El Secretario provincial de CC.OO., Antonio Herrera, dijo que el Gobierno, con su actuación, "pone en peligro el estado de derecho cuando no cumple el acuerdo que pactó con los empleados públicos, que marcaba un crecimiento de salario del 0,6%, y está invitando a la empresa privada a que rompa cualquier acuerdo que se firme con los trabajadores. Es la ley de la selva y son medidas que contribuyen directamente a desestabilizar y empobrecer aún más a todos los trabajadores y especialmente a los jóvenes y los pensionistas".
Por su parte, Manuel Ferrer, de la UGT, afirmó que el Gobierno “ha tomado como conejos de Indias a los funcionarios” y recordó que muchos “no llegan a los 1.000 euros y soportan un alto índice de temporalidad”. Por lo que subrayó que "las medidas del gobierno son injustificadas y van a generar más desempleo en Málaga. El consumo va a caer mucho, se va a retirar mucho dinero de la circulación y esta provincia lo va a sufrir".
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