Gaspar Llamazares considera prioritario acabar con el “vía crucis judicial” que sufren los familiares de las víctimas del franquismo y las asociaciones para recuperar los cuerpos de los represaliados.
Izquierda Unida e ICV, formaciones que comparten grupo en el Congreso de los Diputados, tratan de consensuar en las últimas horas con el mayor número posible de grupos parlamentarios la moción que se debatirá mañana en el Pleno por la que se insta al Gobierno a avanzar de forma decidida en el desarrollo y mejora de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007.
Este objetivo incluye garantizar que se dé apoyo a las víctimas del franquismo, a sus familiares y a las asociaciones de defensa de la memoria histórica. La iniciativa parlamentaria, entre otras cuestiones, reclama que se garantice la ayuda pública e institucional para la recuperación de fosas o constituir un día anual para la conmemoración de los represaliados y condena del régimen franquista. Además de que se constituya “una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”, se plantea la creación de un “Alto Comisionado” de apoyo a esas misma víctimas para cumplir con lo ya establecido en la Ley de Memoria Histórica. Debe velar por su cumplimiento “mediante el seguimiento de las actuaciones de los órganos competentes de la Administración General del Estado; la colaboración con cuantas entidades públicas y privadas tengan por objetivo la atención a las víctimas y la cooperación con los órganos competentes en este ámbito de las restantes administraciones públicas”.
Esta iniciativa parlamentaria tuvo una primera respuesta “insatisfactoria” por parte del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, durante la interpelación urgente defendida hace dos semanas por el diputado Joan Herrera.
Entre los fines que buscan IU e ICV se encuentra también que quien desde el ámbito judicial decida aplicar el contenido de la Ley de Memoria Histórica e investigar las consecuencias de la dictadura franquista amparándose en la legislación internacional no pueda ser acusado de delitos como el de prevaricación, algo similar a lo que ocurre con el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien han llevado ante los tribunales distintas asociaciones y grupos ultraderechistas.
Para el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, se busca que el Congreso manifieste que quien investiga los crímenes cometidos durante el franquismo “no prevarica”, sino que utiliza los medios legales legítimos del Derecho Internacional y de las leyes españolas. En este sentido, la moción insta a “reformar cuantas disposiciones legales sean pertinentes con el objeto de impedir que puedan existir interpretaciones de nuestro ordenamiento jurídico por parte de diferentes estamentos del Estado que vayan contra los principios de Justicia, Verdad y Reparación a la que tienen derecho todas las víctimas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, tal y como se contempla en la legislación internacional en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad”. “Dichas reformas –se añade- tendrán por objeto garantizar que en ningún caso exista margen para considerar delito aquellas actuaciones que investiguen los crímenes imprescriptibles de la dictara franquista”.
Gaspar Llamazares ha denunciado el “vía crucis judicial” que sufren los familiares de las víctimas del franquismo a la hora de recuperar los cuerpos de sus seres queridos, así como la “interpretación sesgada” que se hace de la Ley de Amnistía de 1977. Detalla también que la moción reclama constituir un “día anual para la conmemoración y apoyo a los represaliados del franquismo y la condena del régimen franquista” y para conmemorar la declaración de condena expresa del Congreso de los Diputados.
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