Representantes de las federaciones de CC.OO., UGT y CSI-F, afectadas por las medidas adoptadas por el Gobierno para recortar el gasto público, firmaron el lunes 17 de mayo un acuerdo para convocar unitariamente las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Concentraciones el 20 de mayo y la Huelga el 8 de junio.
Las federaciones del Área Pública de CC.OO. ya aprobaron un calendario de movilizaciones que culminará en una huelga general de trabajadores y trabajadoras del sector público. Así ya lo anunció el jueves 13 de mayo Enrique Fossoul, Secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, quien señaló que las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno son "un atentado gravísimo contra los salarios, las pensiones, el derecho a la negociación colectiva y la calidad y eficacia de los servicios públicos".
Así el dirigente sindical de CC.OO. denuncia como “Rompen un acuerdo y quiebran la confianza y la buena fe de quiénes optamos el 25 de septiembre de 2009 por dar un paso responsable y recuperar el valor del diálogo social, contribuyendo con ello a la recuperación económica.
Y lo hace bajando el salario de todas las personas que trabajan como funcionarios, conductores de autobuses urbanos, encargados de la limpieza de calles, plazas y paseos, expendedores de documentos de identidad, pasaportes y carnés de conducir, vigilantes de museos, repartidores de nuestro correo, de los cuidadores de nuestros mayores, del personal adscrito a la Administración de Justicia y a los centros penitenciarios, policías locales y autonómicas, el personal de los servicios sociales y de la dependencia, de los organismos de investigación, enfermeras, médicos, personal auxiliar de los hospitales y centros de salud, maestros, profesores, y profesionales de la educación, entre otros.
Un acuerdo suscrito hace apenas siete meses sobre parámetros económicos que no han cambiado en lo básico y que fueron tenidos en cuenta por los negociadores.”
Enrique Fossoul explicó como “Las medidas del Gobierno no son ni equitativas ni equilibradas, interviniendo exclusivamente sobre los gastos y los sectores más débiles y olvidándose de cualquier medida sobre los ingresos vía fiscalidad que conseguiría un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis.”
“Hay que tener en cuenta además que estas medidas producirán una contracción del consumo al afectar a más de 11 millones de personas (2,7 millones de empleados y empleadas públicos y 8,5 millones de pensionistas), una gran parte de los cuales apenas superan los 1000 € mensuales y que, sin lugar, a dudas incidirá sobre el incipiente crecimiento económico.
(…)El Gobierno ha incumplido el procedimiento pactado con las organizaciones sindicales en el Acuerdo del Diálogo Social en las Administraciones Públicas, por lo que aún hoy desconocemos el desglose de las medidas, pese a la celebración ayer de una Mesa General de Negociación o si el Ejecutivo da por abandonado el compromiso de mantenimiento del poder adquisitivo más allá del 2011.”
El Área Pública de Comisiones Obreras (conformada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía, la Federación de Enseñanza y la Federación de Sanidad y servicios sociosanitarios) como respuesta a esta grave agresión a los empleados y empleadas públicas aprobó un calendario de movilizaciones, refrendado por la dirección confederal, para el conjunto del sector público que culminará en la convocatoria de una huelga general sectorial, que trasladaremos al resto de organizaciones sindicales del ámbito, para estudiar la posibilidad de una convocatoria unitaria ya que somos la totalidad de los empleados públicos los agredidos.
Con este fin los representantes de las federaciones de CC.OO., UGT y CSI-F, afectadas por las medidas adoptadas por el Gobierno para recortar el gasto público, firmaron el lunes 17 de mayo un acuerdo para convocar unitariamente las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Concentraciones el 20 de mayo y la Huelga el 8 de junio.
El acuerdo contempla las concentraciones, anunciadas por CC.OO, en las diferentes delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para el próximo 20 de mayo, que en Málaga será frente a la Delegación de Hacienda a las 17:00 horas, y la convocatoria de una huelga de los servicios públicos y empleados y empleadas públicas de todas las administraciones públicas del Estado para el próximo martes 8 de junio.
El cambio de fecha de esta convocatoria, que en principio estaba anunciada para el 2 de junio, se debe tanto a la demora de la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, como al retraso del Consejo de Ministros para la aprobación del Decreto Ley que contiene las medidas de ajuste anunciadas por el presidente Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados, que no han permitido conocer los colectivos realmente afectados por la medida. Todo ello afecta a los plazos legales para la convocatoria de una huelga.
Los tres sindicatos acuerdan igualmente iniciar una recogida de firmas de empleados y empleadas públicas y de los órganos unitarios de representación para entregar tanto en el Congreso de los Diputados como en las delegaciones de Gobierno de las comunidades autónomas.
Las federaciones del Área Pública de CC.OO. ya aprobaron un calendario de movilizaciones que culminará en una huelga general de trabajadores y trabajadoras del sector público. Así ya lo anunció el jueves 13 de mayo Enrique Fossoul, Secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, quien señaló que las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno son "un atentado gravísimo contra los salarios, las pensiones, el derecho a la negociación colectiva y la calidad y eficacia de los servicios públicos".
Así el dirigente sindical de CC.OO. denuncia como “Rompen un acuerdo y quiebran la confianza y la buena fe de quiénes optamos el 25 de septiembre de 2009 por dar un paso responsable y recuperar el valor del diálogo social, contribuyendo con ello a la recuperación económica.
Y lo hace bajando el salario de todas las personas que trabajan como funcionarios, conductores de autobuses urbanos, encargados de la limpieza de calles, plazas y paseos, expendedores de documentos de identidad, pasaportes y carnés de conducir, vigilantes de museos, repartidores de nuestro correo, de los cuidadores de nuestros mayores, del personal adscrito a la Administración de Justicia y a los centros penitenciarios, policías locales y autonómicas, el personal de los servicios sociales y de la dependencia, de los organismos de investigación, enfermeras, médicos, personal auxiliar de los hospitales y centros de salud, maestros, profesores, y profesionales de la educación, entre otros.
Un acuerdo suscrito hace apenas siete meses sobre parámetros económicos que no han cambiado en lo básico y que fueron tenidos en cuenta por los negociadores.”
Enrique Fossoul explicó como “Las medidas del Gobierno no son ni equitativas ni equilibradas, interviniendo exclusivamente sobre los gastos y los sectores más débiles y olvidándose de cualquier medida sobre los ingresos vía fiscalidad que conseguiría un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis.”
“Hay que tener en cuenta además que estas medidas producirán una contracción del consumo al afectar a más de 11 millones de personas (2,7 millones de empleados y empleadas públicos y 8,5 millones de pensionistas), una gran parte de los cuales apenas superan los 1000 € mensuales y que, sin lugar, a dudas incidirá sobre el incipiente crecimiento económico.
(…)El Gobierno ha incumplido el procedimiento pactado con las organizaciones sindicales en el Acuerdo del Diálogo Social en las Administraciones Públicas, por lo que aún hoy desconocemos el desglose de las medidas, pese a la celebración ayer de una Mesa General de Negociación o si el Ejecutivo da por abandonado el compromiso de mantenimiento del poder adquisitivo más allá del 2011.”
El Área Pública de Comisiones Obreras (conformada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía, la Federación de Enseñanza y la Federación de Sanidad y servicios sociosanitarios) como respuesta a esta grave agresión a los empleados y empleadas públicas aprobó un calendario de movilizaciones, refrendado por la dirección confederal, para el conjunto del sector público que culminará en la convocatoria de una huelga general sectorial, que trasladaremos al resto de organizaciones sindicales del ámbito, para estudiar la posibilidad de una convocatoria unitaria ya que somos la totalidad de los empleados públicos los agredidos.
Con este fin los representantes de las federaciones de CC.OO., UGT y CSI-F, afectadas por las medidas adoptadas por el Gobierno para recortar el gasto público, firmaron el lunes 17 de mayo un acuerdo para convocar unitariamente las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Concentraciones el 20 de mayo y la Huelga el 8 de junio.
El acuerdo contempla las concentraciones, anunciadas por CC.OO, en las diferentes delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para el próximo 20 de mayo, que en Málaga será frente a la Delegación de Hacienda a las 17:00 horas, y la convocatoria de una huelga de los servicios públicos y empleados y empleadas públicas de todas las administraciones públicas del Estado para el próximo martes 8 de junio.
El cambio de fecha de esta convocatoria, que en principio estaba anunciada para el 2 de junio, se debe tanto a la demora de la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, como al retraso del Consejo de Ministros para la aprobación del Decreto Ley que contiene las medidas de ajuste anunciadas por el presidente Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados, que no han permitido conocer los colectivos realmente afectados por la medida. Todo ello afecta a los plazos legales para la convocatoria de una huelga.
Los tres sindicatos acuerdan igualmente iniciar una recogida de firmas de empleados y empleadas públicas y de los órganos unitarios de representación para entregar tanto en el Congreso de los Diputados como en las delegaciones de Gobierno de las comunidades autónomas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario