El Grupo parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) mostrará mañana su más firme rechazo al proyecto de Ley de trasposición de la directiva Bolkestein en Andalucía porque tendrá importantes repercusiones negativas para el comercio ambulante de andaluz y muy particularmente de Málaga, ya que esta provincia alberga un tercio de este sector.
El Pleno del Parlamento Andaluz acogerá mañana el debate final del proyecto de Ley por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, relativa a los servicios en el Mercado Interior. Esta directiva de liberalización de los servicios del mercado interior europeo, la denominada directiva Bolkestein, ya ha sido transpuesta al ordenamiento español, con dos leyes (Ley Paraguas y Ley Ómnibus). Como Andalucía tiene competencias exclusivas en materia de comercio, el Gobierno Andaluz aprobó un decreto-ley con carácter de urgencia que tramitó en el Parlamento Andaluz como Ley, que además de otras cuestiones importantes, tiene consecuencias muy negativas para el comercio ambulante.
IULV-CA propuso que se tramitara como proyecto de ley con carácter urgente, al objeto de abrir una mesa de debate en el parlamento andaluz y poder incluir modificaciones, al decreto aprobado el 22 de diciembre 2009 por la Junta de Andalucía, esta vez de manera consensuada con los afectados, los trabajadores y trabajadoras del comercio ambulante. Sin embargo, el PSOE no ha querido saber nada de los colectivos afectados, ni de las enmiendas de Izquierda Unida, y sí ha pactado con la derecha del PP algunas enmiendas, “los que nos indica a las claras por dónde va”, ha señalado el diputado andaluz por Málaga, José Antonio Castro, quien ha venido manteniendo reuniones y contactos con las asociaciones del comercio ambulante de Málaga y Andalucía.
Según Castro, hace 25 años, el comercio ambulante era un sector muy importante, pero en su mayor parte se encontraba en la denominada economía sumergida. Desde entonces se hicieron grandes avances que han permitido una profesionalización del sector y su regulación legal. Con la nueva normativa, se pone en peligro la calidad de vida, el empleo y la economía de miles de familia. Los propios vendedores ambulantes han denunciado que la trasposición de la directiva europea obligará a reasignar los puestos en los mercadillos, por lo que podrían quedar en el paro miles de personas que llevan décadas trabajando en ello, del cual depende el sustento de sus familias.
Estas medidas supuestamente “liberalizadoras” lo único que plantean es precarizar aún más la vida de miles de personas. En Málaga trabajan unas 15.000 personas de las cerca de 40.000 que tiene el sector en Andalucía.
Castro ha anunciado que el Grupo parlamentario de IULV-CA defenderá mañana en el plenario enmiendas que permitan más años de concesión de las licencias y criterios de profesionalidad, como venía ocurriendo hasta ahora. Al mismo tiempo, el diputado andaluz por Málaga se ha preguntado ¿Cómo es posible que Andalucía incumpla de manera sistemática y durante décadas directivas como la de la depuración de las aguas, y sin embargo, sea tan rápida en adaptar la del comercio interior? Y todo ello a pesar de que esta normativa puede poner en peligro lo ganado en estos veinticinco años por estos trabajadores y trabajadoras del comercio ambulante “y volver a la ley de la selva”.
El Pleno del Parlamento Andaluz acogerá mañana el debate final del proyecto de Ley por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, relativa a los servicios en el Mercado Interior. Esta directiva de liberalización de los servicios del mercado interior europeo, la denominada directiva Bolkestein, ya ha sido transpuesta al ordenamiento español, con dos leyes (Ley Paraguas y Ley Ómnibus). Como Andalucía tiene competencias exclusivas en materia de comercio, el Gobierno Andaluz aprobó un decreto-ley con carácter de urgencia que tramitó en el Parlamento Andaluz como Ley, que además de otras cuestiones importantes, tiene consecuencias muy negativas para el comercio ambulante.
IULV-CA propuso que se tramitara como proyecto de ley con carácter urgente, al objeto de abrir una mesa de debate en el parlamento andaluz y poder incluir modificaciones, al decreto aprobado el 22 de diciembre 2009 por la Junta de Andalucía, esta vez de manera consensuada con los afectados, los trabajadores y trabajadoras del comercio ambulante. Sin embargo, el PSOE no ha querido saber nada de los colectivos afectados, ni de las enmiendas de Izquierda Unida, y sí ha pactado con la derecha del PP algunas enmiendas, “los que nos indica a las claras por dónde va”, ha señalado el diputado andaluz por Málaga, José Antonio Castro, quien ha venido manteniendo reuniones y contactos con las asociaciones del comercio ambulante de Málaga y Andalucía.
Según Castro, hace 25 años, el comercio ambulante era un sector muy importante, pero en su mayor parte se encontraba en la denominada economía sumergida. Desde entonces se hicieron grandes avances que han permitido una profesionalización del sector y su regulación legal. Con la nueva normativa, se pone en peligro la calidad de vida, el empleo y la economía de miles de familia. Los propios vendedores ambulantes han denunciado que la trasposición de la directiva europea obligará a reasignar los puestos en los mercadillos, por lo que podrían quedar en el paro miles de personas que llevan décadas trabajando en ello, del cual depende el sustento de sus familias.
Estas medidas supuestamente “liberalizadoras” lo único que plantean es precarizar aún más la vida de miles de personas. En Málaga trabajan unas 15.000 personas de las cerca de 40.000 que tiene el sector en Andalucía.
Castro ha anunciado que el Grupo parlamentario de IULV-CA defenderá mañana en el plenario enmiendas que permitan más años de concesión de las licencias y criterios de profesionalidad, como venía ocurriendo hasta ahora. Al mismo tiempo, el diputado andaluz por Málaga se ha preguntado ¿Cómo es posible que Andalucía incumpla de manera sistemática y durante décadas directivas como la de la depuración de las aguas, y sin embargo, sea tan rápida en adaptar la del comercio interior? Y todo ello a pesar de que esta normativa puede poner en peligro lo ganado en estos veinticinco años por estos trabajadores y trabajadoras del comercio ambulante “y volver a la ley de la selva”.
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