Los representantes sindicales de la mayoría sindical de Correos de la provincia de Málaga han realizado una concentración el jueves 13 de mayo en la puerta del Edificio Principal de Correos, situado en la Avenida de Andalucía, contra las denuncias que el Ministerio de Fomento a interpuesto ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid a 22 delegados sindicales de Correos tras el encierro realizado el pasado mes de marzo en las dependencias del Ministerio contra el 'Apagón Postal'.
El 13 de mayo se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, situado en la Plaza Castilla, la toma de declaración como imputados a 22 sindicalistas de CC.OO., CSI-CSIF, Sindicato Libre y CGT, cuya representación alcanza el 70 % del colectivo en Correos.
Según la acusación, los sindicalistas, entre ellos los cuatro secretarios generales, han sido imputados por delitos de allanamiento de oficina pública, desobediencia y daños, porque el pasado 11 de marzo exigieron en el Ministerio de Fomento la apertura de una negociación real para denunciar la ausencia de interlocución de los Ministerios competentes con los sindicatos en un contexto inminente de privatización del sector para el que, hasta el momento, a menos de siete meses para su liberalización no existe un plan estratégico ni un modelo postal y tratar de evitar la desaparición del servicio público postal, el estrangulamiento financiero de Correos y la pérdida de miles puestos de trabajo.
Ante la falsedad de las imputaciones, los sindicatos denuncian que Fomento ha optado por la represión sindical más burda en lugar de la negociación, que lleva dos años estancada, desde la aprobación de la Directiva Europea Postal en 2008, a pesar de los esfuerzos de esta mayoría sindical para sentar a negociar a Fomento y a la Dirección de Correos sobre cómo transponerla a la legislación española. A escasos 7 meses de la liberalización completa del mercado postal (enero 2011) y con Correos haciendo aguas y perdiendo empleo (6.000 empleos menos que hace dos años y 5.000 menos que hace un año), en estos dos años no ha habido ni una sola propuesta sobre la mesa y ni una sola reunión con los sindicatos respecto del futuro de Correos.
La mayoría sindical exige al Gobierno y a Fomento que, en lugar de entablar acciones penales contra el 75% de la representación del colectivo postal, promueva la inmediata convocatoria de las mesas de negociación para discutir tanto sobre el futuro de Correos y su financiación, como para alcanzar un Acuerdo General sobre las condiciones profesionales de este personal.
El 13 de mayo se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, situado en la Plaza Castilla, la toma de declaración como imputados a 22 sindicalistas de CC.OO., CSI-CSIF, Sindicato Libre y CGT, cuya representación alcanza el 70 % del colectivo en Correos.
Según la acusación, los sindicalistas, entre ellos los cuatro secretarios generales, han sido imputados por delitos de allanamiento de oficina pública, desobediencia y daños, porque el pasado 11 de marzo exigieron en el Ministerio de Fomento la apertura de una negociación real para denunciar la ausencia de interlocución de los Ministerios competentes con los sindicatos en un contexto inminente de privatización del sector para el que, hasta el momento, a menos de siete meses para su liberalización no existe un plan estratégico ni un modelo postal y tratar de evitar la desaparición del servicio público postal, el estrangulamiento financiero de Correos y la pérdida de miles puestos de trabajo.
Ante la falsedad de las imputaciones, los sindicatos denuncian que Fomento ha optado por la represión sindical más burda en lugar de la negociación, que lleva dos años estancada, desde la aprobación de la Directiva Europea Postal en 2008, a pesar de los esfuerzos de esta mayoría sindical para sentar a negociar a Fomento y a la Dirección de Correos sobre cómo transponerla a la legislación española. A escasos 7 meses de la liberalización completa del mercado postal (enero 2011) y con Correos haciendo aguas y perdiendo empleo (6.000 empleos menos que hace dos años y 5.000 menos que hace un año), en estos dos años no ha habido ni una sola propuesta sobre la mesa y ni una sola reunión con los sindicatos respecto del futuro de Correos.
La mayoría sindical exige al Gobierno y a Fomento que, en lugar de entablar acciones penales contra el 75% de la representación del colectivo postal, promueva la inmediata convocatoria de las mesas de negociación para discutir tanto sobre el futuro de Correos y su financiación, como para alcanzar un Acuerdo General sobre las condiciones profesionales de este personal.
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