El Consejo Político Federal reunido ayer sábado aprobó una
resolución que llama a la ciudadanía a la “movilización frente al desguace del
Estado”.
Izquierda Unida ha decidido realizar una concentración el
próximo viernes día 20 a
las puertas del Palacio de La
Moncloa para denunciar, mientras se reúne el Consejo de
Ministros, que los drásticos recortes impuestos por el Gobierno suponen un
“ataque al actual sistema constitucional y a la democracia”. Cayo Lara anunció
esta movilización durante su intervención final ante el Consejo Político
Federal (CPF), reunido hoy en Madrid.
Los miembros del Consejo aprobaron también las Normas con
las que se desarrollará la
X Asamblea Federal de IU, dando así el pistoletazo de salida
para la preparación de la misma, de la que saldrá la nueva dirección federal
para los próximos tres años, así como la persona que la encabezará como
coordinador federal.
Mientras tanto, la movilización de IU frente a La Moncloa de la próxima
semana fue el colofón de una intensa reunión del CPF. Su anuncio corrió parejo
a la presentación y aprobación (44 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones)
de una resolución política en la que IU llama a la ciudadanía a la
“movilización frente al desguace del Estado” que lleva a cabo el Gobierno de
Mariano Rajoy.
“Es necesario que la calle hable”, señala el texto que fue
presentado a los miembros del Consejo por José Antonio García Rubio, secretario
federal de Economía y Trabajo. “Llamamos a todos nuestros afiliados, a toda la
gente de izquierdas, a toda la población a participar activamente en las
movilizaciones convocadas por los sindicatos para el próximo día 19 de julio y
a preparar las acciones generales que, sin duda, van a ser convocadas en
otoño”, concretó.
La resolución llama a “todos los demócratas a derrotar al
Gobierno y sus políticas” porque es necesario defender “la solidaridad frente
al recorte” y recuerda que “la lucha de los mineros es ya un referente de la
movilización necesaria para derrotar las políticas de este Gobierno, que van
contra los trabajadores pero también contra la mayoría social y el interés
nacional”.
IU asegura en el texto aprobado que no permitirá que “España
sea una nueva Grecia” y exige la consulta a la ciudadanía en referéndum de “la
imposición de las 32 medidas contenidas en el memorándum de la Comisión Europea ”,
aceptado por el Gobierno español para lograr los fondos necesarios para el
rescate a los bancos con problemas.
Frente a los duros recortes consecuencia de este rescate, IU
rechaza a través de su resolución cualquier “compromiso” con esas medidas, al
tiempo que acusa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por situarse
“frente a los trabajadores y el interés nacional”, mientras que el PSOE, con su
apoyo a la gestión del Gobierno frente a Bruselas, “ha quedado atrapado en la
lógica que conduce al agravamiento de la crisis”.
La resolución afirma que, con los recortes no sólo se busca
la culpabilizacación de los funcionarios, sino que “se viola la seguridad
jurídica de los contratos establecida en la Constitución y se
incumple la negociación colectiva”.
Además, Izquierda Unida advierte de que se busca limitar los
derechos de representación democrática “en un intento de trasladar a la
población la idea de que la democracia es cara”. “Lo que verdaderamente es caro
es un gestión corrupta de ciertos políticos”, se especifica.
El documento sostiene que los ayuntamientos son la
institución más cercana a los ciudadanos y “no pueden ser debilitados porque
entonces la democracia pierde sentido y calidad”.
Se asegura que la subida del IVA “golpea más a los sectores
populares” y se señala al Ejecutivo de la derecha por hacer “un nuevo regalo” a
la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
al propiciar un “trasvase de rentas salariales a las empresariales”.
“Con esa medida (IVA) se debilita el consumo y, por tanto,
se agrava la crisis económica y se perjudica el empleo. Pone contra las cuerdas
a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos”, apunta el texto.
La resolución de IU aprobada constata que el plan de
recortes y las medidas que ejecuta el
Gobierno del PP suponen “un ataque a los fundamentos que hicieron posible
nuestro actual sistema constitucional y a los principios de la democracia.
Lejos de ser una salida hacia delante de la crisis es una regresión económica y
social y significa una involución democrática”.
Al igual que expuso Cayo Lara horas antes en la presentación
de su Informe político, el texto expone la necesidad de una auditoría de la
deuda pública por parte del Gobierno para determinar qué parte corresponde a la
economía real y qué parte es ilegítima.
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