Mónica Ureta/ http://www.elcorreoweb.es
La nueva secretaria general de Vivienda amaga con dejar de
trabajar con los bancos que echen a familias a la calle, propone multar los
pisos vacíos e, incluso, llegar a expropiarlos
-La prioridad de su consejería es paralizar los desahucios.
¿Qué va a hacer la Junta ,
teniendo en cuenta que la competencia en este asunto es estatal?
-Esa es una de las prioridades, pero la principal es que la
vivienda pase de ser una mercancía a cumplir con un destino de habitabilidad.
Los desahucios son un drama que hay que evitar. Desde nuestras competencias
tenemos dos posibilidades: una, impedir que la gente que vive en viviendas
públicas se vaya a la calle, de ahí que hayamos paralizado los lanzamientos,
que no los expedientes administrativos de ejecución, y otra, actuar sobre los
desahucios de las viviendas libres. Ahí la Junta está evaluando sus herramientas, teniendo
en cuenta que el principal problema es la Ley estatal de Enjuiciamiento Civil, la ley
hipotecaria, que se está intentado modificar. A raíz del rescate a la banca, la
izquierda está pidiendo que se cambie esta ley. Además, la consejería quiere
poner en marcha algún servicio de asesoramiento o intermediación entre las
familias y los bancos. Las medidas concretas aún no las tenemos, pero el
objetivo es claro: terminar con los desahucios en Andalucía.
-Usted es abogada, sabe que el margen de maniobra es
estrechísimo. ¿La Junta
puede hacer algún cambio normativo para frenar los desahucios en las viviendas
libres?
-La Junta
puede presionar al Gobierno central y estudiar los medios que tiene para evitar
que las familias se queden sin casa. Tenemos suelo, tenemos viviendas públicas
y además hay muchas en el mercado que están vacías. Se abre todo un abanico
para intervenir en el mercado inmobiliario para evitar que haya pisos vacíos,
fundamentalmente en manos de las entidades bancarias. Podremos recomendar,
colaborar y convencer a los bancos de que no es momento de que mantengan un
stock de pisos vacíos, máxime cuando van a ser inyectados con dinero público.
Ahora que se está negociando el rescate a la banca hay que decirle a las
entidades que tienen que parar ya los desahucios y hacer una moratoria.
Herramientas hay, lo que no hay es voluntad política. Esta crisis nos brinda la
posibilidad de repensar las políticas de vivienda, pero el Gobierno del PP no
quiere revisar el modelo ni iniciar otro camino.
-¿Cómo podría mediar la administración entre familias
afectadas y los bancos?
-Estamos viendo las experiencias que existen en otras
comunidades. País Vasco es la única que tiene algo más avanzado. Convendría
sentarse con las entidades y transmitirles nuestra inquietud.
-¿Se puede presionar a las entidades financieras con las que
trabaja la consejería?
-La voluntad de la consejería es pedirle a las entidades con
las que tenemos convenios que revisen su actuación respecto a los desahucios. Y
estaremos muy receptivos a saber su respuesta. En futuros convenios tendremos
en cuenta qué entidades paralizan los desahucios y cuáles no. Los bancos que
sigan actuando como hasta ahora tendrán un distanciamiento de la consejería.
Además, vamos a pedirles que nos avisen sobre cuántas familias andaluzas están
a punto de quedarse sin casa. Ésa es una exigencia mínima.
-También propone que el banco realoje a las familias
desahuciadas en pisos de las entidades pagando un alquiler social.
-Claro, se pueden intentar alquileres sociales con los
bancos o, incluso, realojar a las familias en el parque público de vivienda.
Hemos detectado que algunas de nuestras casas están vacías. Hay que estudiarlo,
pero hay muchas posibilidades antes de llegar al desahucio. La mayoría de las
familias pueden pagar algo, lo que no pueden pagar son unas mensualidades
draconianas que suben mes a mes con los intereses.
-Entonces, ¿está convencida de que Andalucía puede marcar la
pauta a nivel estatal?
-Nosotros queremos liberar a Andalucía de los desahucios,
ser un freno a los desahucios en Andalucía. Sabemos que es complicado porque
estamos desgraciadamente a la cabeza con 30 desahucios semanales.
-¿Cuál es el perfil prioritario para su departamento a la
hora de auxiliar a una familia?
-Hay de todo, pero tenemos que proteger a los más
desfavorecidos, a las familias en riesgo de exclusión en las que haya personas
dependientes o menores. Tendremos que priorizar porque en Andalucía se cumplen
todos los record: 40% de paro, desahucios casi diarios... Pero estamos
convencidos de que podemos terminar con los desahucios en Andalucía. Es
cuestión de voluntad política.
-La rehabilitación es otro objetivo clave de su consejería.
¿Qué peso tendrá en el nuevo Plan Concertado de Vivienda que toca negociar ya?
-Con el Plan Concertado estamos dispuestos a partir de cero,
no vamos a reeditar el actual plan. Es imposible. Todos los técnicos concluyen
que no ha valido, así que hay que pensar en objetivos diferentes e intentar
cambiar el modelo. Los datos nos dicen que la rehabilitación es una herramienta
muy interesante para crear empleo y para hacer ciudad. Queremos hablar de auto
rehabilitación. No tenemos mucho dinero, pero sí herramientas que ofrecer a los
ciudadanos y ayudas públicas.
-¿Hay que desterrar la idea de comprarse un piso?
-No hay que desterrarla, pero es una opción inexistente para
la mayoría de la población. Muchas generaciones vamos a tener complicado
comprarnos una casa. La gente ha visto que el camino para comprarse una casa es
el camino del martirio. Si a eso le sumas que lo del trabajo para toda la vida
se ha terminado, la percepción es que lo más cómodo es el alquiler.
-¿Tienen que seguir bajando los precios?
-No creo que bajen mucho más.
-¿Se puede hacer algo para que los bancos liberen crédito?
-Espero que esta sea una de las condiciones del rescate a la
banca.
-¿Qué tiene pensado para colocar el enorme stock de casas en
manos de bancos y promotores? La medida que hay tampoco ha funcionado.
-La consejería va a replantearse todas las medidas que se
han puesto en marcha y que no han sido útiles. Tenemos que potenciar la
ocupación legal de las casas que están vacías en Andalucía.
-¿Se pueden multar las viviendas vacías?
-Tenemos espacio para hacer pedagogía y explicar a los
propietarios que sus viviendas no producen vacías. A través de los registros de
demandantes vamos a poner en común a los que tienen casas vacías y a los que buscan
vivienda. Podemos actuar con posibles sanciones, inspecciones y, por supuesto,
la expropiación.
-Insisto. ¿Se puede sancionar a un matrimonio que tenga tres
pisos y dos de ellos vacíos?
-Se puede. Por poder, se puede. Pero antes de llegar a eso
hay otras herramientas.
-¿Han mandado a inspectores de ordenación del territorio,
que ya no dependen de su consejería, a revisar las casas vacías?
-Con la división de las competencias, parte del cuerpo de
inspectores se irá a Ordenación y parte a Vivienda. La labor de inspección es
fundamental porque son los ojos de la consejería.
-Pero inspeccionar viviendas vacías no es su cometido.
-Pero se pueden reorientar las órdenes y, como hay una nueva
orientación, los servicios de la administración tendrán que ponerse a la orden.
-El sector de la construcción advierte de que está
agonizando. ¿Van a auxiliarlo o hay que cambiar el modelo?
-La construcción en sí misma no es mala, pero se ha
sobreconstruido mucho y no es sostenible. Queremos cumplir con los acuerdos con
los promotores, pero todos los expertos coinciden en que será complicado hablar
de obra nueva. Eso no significa que no vayamos a llegar a acuerdos con los
promotores, pero éstos deben responder a los criterios de los demandantes de
vivienda, no solo al interés empresarial.
-Su opinión sobre Valdevaqueros.
-Espero que Valdevaqueros no se asfalte. Confío en que la Junta evalúe el proyecto,
que me parece atroz, un paso atrás y que supone la destrucción del litoral más
maravilloso que tenemos en España.
-¿Y sobre El Algarrobico?
-Tenemos que cumplir con nuestro acuerdo de Gobierno y
hacerlo desaparecer.
-Si tuviera que votar en el Parlamento el plan de ajuste,
¿lo haría mirando para otro lado?
-Haría lo que ha decidido la organización, que es votar y
apoyar. Los diputados de IU, como los que nos sentamos en el Gobierno, no
estamos aquí por nuestra cara bonita, sino que formamos parte de una
organización que tiene debates intensísimos que traspasan las reuniones y todos
nos debemos a la democracia de la organización.
-¿Le parece justo el recorte?
-El plan de ajustes es una contradicción para la izquierda
que gobierna, pero es necesario en la situación en la que nos encontramos.
Tenemos que gobernar con las reglas del juego que existen, y lo cierto es que
hay una intervención de la soberanía andaluza. Hoy, desgraciadamente, hay una
mengua del poder de las autonomías porque, entre otras cosas, si no se cumple
el déficit se puede ir a la cárcel. El plan de ajuste responde a una coyuntura
y tenemos la posibilidad en el Presupuesto de 2013 de cuestionar la política de
déficit. Espero que el PSOE, igual que nosotros le hemos acompañado ahora, nos
acompañe entonces.
-El plan de ajuste ha puesto en jaque el acuerdo de
Gobierno.
-Por supuesto. Nosotros nos hemos encontrado unos
Presupuestos que no eran muy realistas. Si a eso le sumamos la intervención del
Gobierno de España y que en Andalucía se quiere evitar la destrucción de empleo
público y la privatización de servicios, el resultado es este plan.
-¿La coalición PSOE-IU resistirá cuatro años?
-Ese es el objetivo. Es la voluntad que tiene IU, pero somos
muy conscientes de que nuestros votantes son muy exigentes, más exigentes que
los de otras fuerzas políticas. Tenemos que estar estos cuatro años más en
contacto con la gente y poner los oídos porque nuestra válvula está en la
calle.
-¿Teme el desgaste electoral de IU y el castigo futuro?
-Por supuesto. Yo espero que esta sea la última medida dura
del Gobierno andaluz.
-Su nombramiento, por ser hija del dirigente de IU Willy Meyer,
ha levantado polémica.
-Puedo comprender la paradoja. Mis apellidos paterno y
materno son históricos en el Partido Comunista e IU, y puedo entender las
críticas, pero la valía y el trabajo se verán en el tiempo.
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