El Consejo Confederal de CC OO convoca por unanimidad una
Huelga General para el próximo 29 de marzo contra la reforma laboral y en
defensa de los servicios públicos.
El máximo órgano de dirección de CCOO, en la reunión
celebrada esta mañana, ha aprobado por unanimidad una Resolución en la que
acuerda convocar una huelga general el 29 de marzo, tras analizar a situación
creada en las relaciones laborales y en la cohesión de la sociedad española por
la decisión unilateral del Gobierno de proceder a aplicar una Reforma Laboral y
un nuevo y duro ajuste presupuestario.
En la
Resolución , el Consejo Confederal de CCOO anuncia además
"la voluntad de mantener la presión social y de los trabajadores y
trabajadoras después de esta fecha para modificar sustancialmente su reforma si
el Gobierno no rectifica y se aviene a negociar".
Asimismo, CCOO propone al resto de formaciones sindicales y
sociales que participen en la convocatoria (para lo cual en los próximos días
se celebrarán encuentros con todas ellas) y hace un llamamiento a los
trabajadores y trabajadoras en activo, a las personas en desempleo, a los
jóvenes y a toda la sociedad a extender los objetivos y secundar la huelga
general.
"El Consejo Confederal de la CS de CCOO se ha reunido en
sesión ordinaria para valorar la situación creada en las relaciones laborales y
en la cohesión de la sociedad española por la decisión unilateral del Gobierno
de proceder a aplicar una Reforma Laboral y un nuevo y duro ajuste
presupuestario. El Consejo Confederal ha hecho las siguientes consideraciones:
1.- La
Reforma Laboral debe entenderse como una pieza más de las
políticas para enfrentar la crisis que promueven las instituciones europeas y
las cancillerías alemana y francesa con la intención de satisfacer las demandas
de los mercados financieros que especulan con las deudas soberanas.
En realidad las políticas europeas no van en la dirección de
buscar la mejor salida a la crisis. La hegemonía del pensamiento y de las
políticas neoliberales en la mayoría de los países europeos y en las
instituciones comunitarias lo que pretenden es aprovechar la crisis para
propiciar el debilitamiento de los servicios públicos y la limitación de los
derechos individuales y colectivos de las trabajadoras y trabajadores.
2.- Estas políticas están suponiendo en todos los países
ajustes presupuestarios que afectan fundamentalmente a los servicios que las
administraciones públicas proveen a la ciudadanía, y a la inversión pública en
la actividad económica. Las consecuencias sociales y económicas son claras:
pérdida de calidad de vida de las personas, aumento de la desigualdad y la
pobreza; por tanto, menor cohesión social y mayor estancamiento económico.
Tras varios años de vigencia de estas políticas, la
situación no solo no ha mejorado sino que el crecimiento ha vuelto a deprimirse
y la Unión Europea
vuelve a entrar en recesión. El resultado es elocuente: 24,5 millones de
paradas y parados en Europa. Empieza a ser significativo el número de
organismos y personalidades nacionales e internacionales que, como ya hizo el
movimiento sindical, consideran el estancamiento económico fruto de estas
políticas que están deprimiendo el consumo y la actividad económica.
Imponer estas políticas también ha comportado graves
consecuencias en la calidad de la democracia en Europa. No se ha dudado en
forzar cambios en las constituciones soberanas de varios países y, en otros, se
han impuesto gobiernos tecnocráticos. Todo ello promovido desde las élites
políticas y el Banco Central Europeo, negando la participación de la
ciudadanía. España es buen ejemplo de ello.
3.- En nuestro país, el anterior Gobierno se hizo participe
de estas políticas en el plan de ajuste de mayo de 2010, (congelación de
pensiones, reducción del salario de los empleados y empleadas públicos,
incumplimiento de la ley de dependencia, retirada de 64.000 millones de
inversión pública), la reforma laboral, que provocó la Huelga General en
septiembre de ese año, y de la negociación colectiva, y la reforma
Constitucional como respuesta a la crisis de la deuda del verano de 2011.
Los recortes, que se vienen aplicando desde entonces están
suponiendo, de un lado, una paulatina degradación de servicios públicos
esenciales como la sanidad, la educación, la atención a las personas
dependientes, una degradación que está sirviendo de coartada para su
privatización y que está generando mayores injusticias y desigualdades entre
los españoles. De otro, un empeoramiento de la situación económica: se ha
deprimido el consumo, el crédito sigue sin fluir pese a las ayudas públicas a
las entidades financieras, la actividad económica cae y el desempleo aumenta
llegando a los cinco millones trescientos mil personas, casi un millón más que
en mayo de 2010, e incidiendo de manera más aguda entre los jóvenes, cuya tasa
de paro se acerca al 50%.
4.- En España se ha producido un cambio de ciclo político,
iniciado con las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011 y que culminó en noviembre pasado cuando el PP
alcanzó la mayor hegemonía político institucional de la que ha gozado nunca la
derecha española. El nuevo Gobierno lejos de corregir las fracasadas políticas
anteriores ha optado por insistir y profundizar en ellas: ajuste presupuestario
más drástico, nueva reforma laboral y signos de autoritarismo político.
Como ya había sucedido en Portugal, el cambio político no ha
supuesto el inicio de la superación de la crisis y en particular de la crisis
de empleo. Antes al contrario, el empecinamiento de las instituciones europeas
en el mantenimiento de las políticas de estabilidad presupuestaria, sin relajar plazos ni aplicar medidas efectivas
para favorecer el crecimiento y el empleo, no hace más que agravar la
situación.
A los recortes efectuados hasta la fecha habrá que añadir ahora el anunciado para
ajustar el déficit al 5,8%, que repercutirá, fundamentalmente, en las CCAA,
administraciones que más servicios básicos prestan a la ciudadanía. Por otra
parte, se acaba de conocer que una de las medidas previstas es un recorte del
40% en la inversión pública, que sólo puede suponer una nueva caída de la
actividad económica en un sector tan castigado como la construcción, la
paralización de las políticas de I+D+i, imprescindibles para el impulso del
cambio de modelo productivo con una renovada apuesta por los sectores
industriales, y mayor destrucción de empleo.
Cuando la ciudadanía ha contestado defendiendo
democráticamente los servicios públicos de calidad, como promueve la
recientemente creada Plataforma en defensa del Estado del Bienestar, se ha
encontrado con la descalificación y el insulto.
5.- Insistir en estas políticas es suicida. La ausencia de
actividad económica es la que explica que el desempleo siga creciendo en
España. Igual que la destrucción masiva de empleo en nuestro país se explica
por la realidad de nuestro tejido productivo, por las opciones adoptadas en el
pasado y por el tipo de empleo asociado a ellas. En efecto, la prevalencia de
pequeñas y medianas empresas y el estímulo que se dio, en tiempos de
crecimiento, a sectores como la construcción
de vivienda residencial o de los servicios porque ofrecían grandes
rentabilidades en poco tiempo, generaron mucho empleo pero de baja calidad:
temporalidad superior al 35%, escasa cualificación laboral y bajos salarios
que, con el inicio de la crisis, se destruyó tan rápido como se había creado.
Ninguna reforma del mercado laboral o la depresión de los salarios hubiera
servido para salvar los empleos asociados a la burbuja inmobiliaria, como
tampoco ahora esta reforma va a crear los empleos en ausencia de actividad
económica.
El problema del desempleo en España no se debe, por tanto, a
las supuestas rigideces de nuestro mercado laboral, de lo contrario no se
entendería que con la misma normativa laboral tengamos comunidades autónomas
con menos del 13% de desempleo y otras con más del 30%.
6.- Para enfrentar el problema del desempleo en España
existen otras alternativas como las que desde el movimiento sindical hemos
promovido. Un gran pacto por el empleo que
contemple medidas en la política fiscal, en el sistema financiero, en el
control de los precios. Un acuerdo que combine medidas de flexibilidad interna
en las empresas con otras destinadas a la reactivación económica, que apunte a
un cambio en nuestro modelo de crecimiento. Las medidas de flexibilidad interna
pactadas con los representantes de los trabajadores y trabajadoras tienen que
permitir ajustes en condiciones de trabajo y plantillas antes que recurrir al
despido, evitando con ello que se siga destruyendo empleo, para ello es
necesario reforzar y no debilitar la negociación colectiva. Las medidas de
reactivación requieren que el crédito fluya hacia familias, autónomos y
pequeñas empresas, algo que no está sucediendo a pesar de las diversas
actuaciones que se han realizado en nuestro sistema financiero. También
contribuiría a reactivar la economía que el precio de nuestros productos fuese
más competitivo para lo que es esencial su moderación a través de una
intervención decidida sobre el conjunto de los factores que los determina y
reinvertir los beneficios empresariales en el tejido productivo para favorecer
el cambio y la creación de empleo.
Ese es el objetivo del acuerdo suscrito el 25 de enero entre
los sindicatos y las organizaciones empresariales, que el Gobierno valoró en
público para luego vulnerarlo con las medidas incorporadas en el RDL.
7.- Pese a nuestras propuestas y a la disposición a negociar
y cerrar acuerdos que el movimiento sindical ha demostrado, la respuesta que se
ha dado por parte del Gobierno, es una Reforma Laboral impuesta. Tras más de
veinte años de vigencia del diálogo social éste se ha despreciado. El
presidente del Gobierno ni se ha dignado a responder a la carta que remitieron
los secretarios generales de CCOO y UGT en la que solicitaban que se abriera el
diálogo social para corregir la reforma en el proceso de trámite
parlamentario; ni tampoco hemos tenido
"acuse de recibo" de las enmiendas que a tal efecto hemos remitido.
8.- El Gobierno ha decidido una nueva Reforma Laboral que,
por la forma y el fondo, merece nuestro profundo rechazo además de mostrar
indicios de inconstitucionalidad. Una reforma que no se ha sometido a
negociación con los sindicatos, que no respeta los contenidos del acuerdo de
enero con los representantes empresariales (pese al aplauso generalizado que
entonces se le brindó) y que solo recibe el respaldo de los empresarios y de
los foros internacionales que preconizan las políticas de ajuste.
Estamos ante una reforma que vacía de contenido el derecho
laboral, pues rompe el equilibrio que éste establece entre empresarios y
trabajadores incrementado, desmesuradamente, el poder discrecional de los
primeros y restringiendo los derechos individuales y colectivos de los
segundos.
Abarata considerablemente el despido y bajo la figura de
"contrato para emprendedores" lo hace libre para el 99% de las
empresas y sin derecho a indemnización durante un año.
El uso combinado de bonificaciones y prestaciones por
desempleo pretende la reducción estadística de la temporalidad y amenaza
seriamente las posibilidades de empleo para las personas más jóvenes o aquellas
que hayan agotado sus prestaciones.
Desarticula la negociación colectiva a favor de la
individualización de las relaciones laborales, debilita la intervención
sindical y la tutela judicial y con la eliminación de la autorización
administrativa de los EREs facilita el despido colectivo dando a las empresas
instrumentos que jamás creyeron disponer. Estas medidas se extienden, por
primera vez, al sector público.
En definitiva, es una reforma cuya finalidad es dar todo
tipo de facilidades a los empresarios, confiando en que éstos, en condiciones
tan ventajosas, contratarán adelantando el ciclo del empleo. Medidas de esta
naturaleza, además de ser profundamente injustas, solo favorecen a los sectores
menos dinámicos de nuestro empresariado y vuelven a impulsar el modelo de
crecimiento que nos ha traído a esta crisis; un modelo basado en sectores poco
competitivos y estratégicos que consiguen importantes beneficios porque no
están sometidos a la competencia internacional, y porque explotan el factor
trabajo a base de despidos, precariedad y bajos salarios. Es la reforma de la
renuncia a la transformación de nuestro modelo económico en una apuesta
indisimulada de asentar las bases de competitividad de la economía española en
la depreciación constante del factor trabajo.
Esta reforma no va a generar empleo, lo destruirá todavía
más. El propio Gobierno reconoce que este año pueden perderse otros 650.000
empleos.
Esta reforma no va a reactivar la economía y sí va a
favorecer que volvamos a un modelo de crecimiento poco dinámico y muy
vulnerable.
Esta reforma es injusta y sitúa a las trabajadoras y
trabajadores como ciudadanos de segunda, con menos derechos y sometidos a la
discrecionalidad empresarial.
9.- Se ha elegido el Día Internacional de la Mujer para convalidar el RDL
de la Reforma Laboral
como si de una provocación se tratase al profundizar las desigualdades
laborales que en un día como éste se ponen todavía más de manifiesto. Para su
convalidación el partido en el Gobierno únicamente busca y ha obtenido el apoyo
de formaciones nacionalistas que, como CiU, exigen que la Reforma contemple también
una ley de huelga con el objetivo de cercenar derechos constitucionales y la
capacidad de contestación de los trabajadores y trabajadoras a estas políticas.
10.- El Gobierno promulgando la reforma laboral ha
contribuido a agravar la situación y ha generado un profundo conflicto social.
A un mes de vigencia de la
Reforma los datos de desempleo del mes de febrero son
concluyentes: 112.269 personas más en el paro y un incremento exponencial del
número de consultas a los sindicatos por la aplicación de la norma.
El conflicto se puede evitar si el Gobierno abre un proceso
de negociación que culmine con un acuerdo que modifique en profundidad el
contenido del RDL, modificaciones que deberían incorporarse en forma de
enmiendas en el proceso de tramitación parlamentaria antes de que finalice el
mes de marzo. La ausencia de respuesta a nuestras demandas de negociación y las
afirmaciones de los máximos responsables del Gobierno de que la reforma no se
va a modificar en lo sustancial contribuyen únicamente a incrementar la tensión
social.
En virtud de las consideraciones anteriores el Consejo
Confederal de la CS
de CCOO
ACUERDA:
Convocar junto a UGT Huelga General para el próximo 29 de
marzo.
Anunciar la voluntad de mantener la presión social y de los
trabajadores y trabajadoras después de esta fecha para modificar
sustancialmente su reforma si el Gobierno no rectifica y se aviene a negociar.
Proponer al resto de formaciones sindicales y sociales
participar en la convocatoria (para lo cual en los próximos días se celebrarán
encuentros con todas ellas).
Hacer un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras en
activo, a las personas en desempleo, a los jóvenes y a toda la sociedad a
extender los objetivos y secundar la Huelga
General.
Madrid, 9 de marzo de 2012"
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