La concejal comunista de IULV-CA, Josefa Medrano, ha sido enjuiciada por negarle un local municipal para la celebración de un homenaje a un falangista, autor de la letra del himno fascista de el “Cara al Sol”, Agustín de Foxá. En dicho proceso de instrucción se le piden 22.000 €, de fianza en un procedimiento, que ha sido recurrido a la Audiencia Provincial, por el que cínicamente se le imputan delitos de prevaricación y contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Defender la memoria histórica y democrática de los españoles se quiere criminalizar en un delito contra las libertades y los derechos. Ya tiene el antecedente de los procesos abiertos contra el juez Garzón y ahora quieren sentar en un banquillo de los acusados a los defensores de la libertad y en el caso de Josefa, los derechos de los trabajadores, histórica delegada sindical de la fábrica de tabacos de Sevilla, mientras siguen “libres” de culpa y oprobio los asesinos del régimen franquista y sus herederos que siguen gozando de los privilegios y grandes fortunas alcanzadas a sangre y fuego. Es el mundo al revés. Los que enaltecen a los criminales persiguen a los que osan defender la memoria de las víctimas que lucharon por la Libertad.
Desde el PCA, las JCA e IULV-CA, así como diversos colectivos de la memoria y republicanos se ha organizado una campaña de solidaridad con la camarada y concejala sevillana, de momento se puede ver en internet a través de facebook con el título de “Tod@s somos Pepa Medrano, defensor@ de la Memoria Historica”, puedes encontralo en la siguiente dirección: http://www.facebook.com/home.php?sk. También en http://www.larepublica.es/spip.php?article22335
Ante la arbitraria fianza de 22.000 euros impuesta a la concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, Josefa Medrano, como medida cautelar incluida dentro del auto de apertura del juicio oral que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto contra ella, el Consejo Local de Izquierda Unida de Sevilla manifestó su “sorpresa y estupor”, al entender que se trata de una decisión “absolutamente desproporcionada” y que no guarda relación alguna con las peticiones planteadas por las partes personadas en este caso, a cuenta de la no cesión de un local para un homenaje al falangista Agustín de Foxá en un centro cívico.
"Desde Izquierda Unida estimamos a todas luces exagerada e injusta esta medida cautelar y volvemos a ratificarnos en los argumentos ya expuestos en el recurso de apelación que la representación jurídica de nuestra compañera presentó en octubre pasado contra el auto de la juez Mercedes Alaya, en el que se le imputaban, nada más y nada menos, que los delitos de prevaricación y contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas", dicen desde IULV-CA.
En dicho recurso, que fue admitido a trámite ante la Audiencia Provincial, se pide el archivo del procedimiento, “toda vez que no existen indicios razonables de delito alguno y el hecho denunciado tampoco constituye ningún delito”.
Para empezar, en el escrito aludido se deja claro que la delegada de Participación Ciudadana no desautorizó ni prohibió ningún homenaje, sino que se limitó a denegar el uso de un local para la celebración de un acto, en cuya solicitud no se aportaba programa ni explicación alguna, ni se concretaba que tendría un carácter literario, como después se ha asegurado. Una denegación a la que, por cierto, las asociación afectada no presentó reclamación administrativa, habiéndosele ofrecido la oportunidad desde la Delegación de Participación Ciudadana de cara a una posible revisión de la decisión adoptada.
En IU creen que la vía escogida para dirimir este asunto por las acusaciones particulares no ha sido la adecuada. Tal vez, sí la más mediática y con mayor resonancia ante la opinión pública, pero no la que corresponde en derecho, pues tal y como se apunta en el mencionado recurso, los conflictos que el ciudadano, las asociaciones y entidades tengan con la administración pública “deben resolverse ante la jurisdicción competente”.
De modo que, en este caso, el colectivo denunciante debería haber recurrido en vía administrativa y, si lo creía necesario, acudir al procedimiento de protección jurisdiccional de derechos fundamentales. “Pero la jurisdicción penal aquí carece de competencias”.
En el recurso también se demuestra que la revocación del permiso no respondía a “razones ideológicas”, como se sostiene en el auto de imputación, pues no consta motivación expresa ni escrita al respecto. Y eso “no autoriza a suponerla y mucho menos a deducirla de los artículos periodísticos que se publicaron en aquellas fechas de los que la acusación particular ha contaminado indebidamente el proceso… y que desde luego vienen a confundir la labor del juzgador con juicios paralelos”.
Para IULV-CA, Josefa Medrano “hizo lo que debía hacer” y actuó de forma “bastante razonable”, al revocar la autorización de uso del local, tras tener conocimiento de la cantidad de llamadas telefónicas y correos electrónicos que en los días previos se habían recibido en la Delegación de Participación Ciudadana para exigir que no se celebrara el acto en virtud de la ideología fascista de Agustín de Foxá. Una decisión que desde IU ven “acertada” y, sobre todo, “prudente”, en tanto que su único fin era evitar los posibles enfrentamientos y altercados que podían producirse dentro del centro cívico con ocasión del mencionado homenaje.
El único delito cometido por Josefa Medrano, por tanto, fue ajustarse al espíritu de la Ley de Memoria Histórica, ya que con dicha medida “pretendía suprimir elementos de división entre los ciudadanos, para salvaguardar los valores y principios constitucionales”.
Por todo ello, desde IULV-CA consideran que no hay razón alguna para procesar a Josefa Medrano y, mucho menos, para someterla a la injusta pena social de banquillo a la que se la está tratando de someter, con un claro menosprecio a su presunción de inocencia y con el evidente objetivo de deteriorar la imagen pública de una mujer que lleva toda su vida luchando por las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores de este país, antes como sindicalista de Tabacalera y ahora desde el cargo de concejal por Izquierda Unida que ostenta en el Ayuntamiento de Sevilla.
"Demandarle una fianza de 22.000 euros, como si se tratara de una connotada terrorista o una peligrosa delincuente, viene a ahondar más en esta tremenda injusticia que se realiza contra nuestra compañera".
Ante tal situación, Izquierda Unida no puede más que mostrar su total disconformidad con esta medida cautelar y expresar todo su apoyo y solidaridad a Josefa Medrano. Porque, "como bien dijo recientemente nuestro Coordinador general andaluz, Diego Valderas, hay imputaciones que dignifican, y ésta –no nos cabe duda— es una de ellas", concluyen.
Por eso IULV-CA a abierto una cuenta de solidaridad para reunir, antes del 14 de diciembre los 22.000 euros que la juez le pide como fianza. Cuando se resuelva favorablemente e procedimiento en la Audiencia devolveremos su aportación a quienes hayan colaborado en reunir esta cifra.
CUENTA “FIANZA PEPA MEDRANO”: 2106-0002-09-1134888107
Defender la memoria histórica y democrática de los españoles se quiere criminalizar en un delito contra las libertades y los derechos. Ya tiene el antecedente de los procesos abiertos contra el juez Garzón y ahora quieren sentar en un banquillo de los acusados a los defensores de la libertad y en el caso de Josefa, los derechos de los trabajadores, histórica delegada sindical de la fábrica de tabacos de Sevilla, mientras siguen “libres” de culpa y oprobio los asesinos del régimen franquista y sus herederos que siguen gozando de los privilegios y grandes fortunas alcanzadas a sangre y fuego. Es el mundo al revés. Los que enaltecen a los criminales persiguen a los que osan defender la memoria de las víctimas que lucharon por la Libertad.
Desde el PCA, las JCA e IULV-CA, así como diversos colectivos de la memoria y republicanos se ha organizado una campaña de solidaridad con la camarada y concejala sevillana, de momento se puede ver en internet a través de facebook con el título de “Tod@s somos Pepa Medrano, defensor@ de la Memoria Historica”, puedes encontralo en la siguiente dirección: http://www.facebook.com/home.php?sk. También en http://www.larepublica.es/spip.php?article22335
Ante la arbitraria fianza de 22.000 euros impuesta a la concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, Josefa Medrano, como medida cautelar incluida dentro del auto de apertura del juicio oral que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto contra ella, el Consejo Local de Izquierda Unida de Sevilla manifestó su “sorpresa y estupor”, al entender que se trata de una decisión “absolutamente desproporcionada” y que no guarda relación alguna con las peticiones planteadas por las partes personadas en este caso, a cuenta de la no cesión de un local para un homenaje al falangista Agustín de Foxá en un centro cívico.
"Desde Izquierda Unida estimamos a todas luces exagerada e injusta esta medida cautelar y volvemos a ratificarnos en los argumentos ya expuestos en el recurso de apelación que la representación jurídica de nuestra compañera presentó en octubre pasado contra el auto de la juez Mercedes Alaya, en el que se le imputaban, nada más y nada menos, que los delitos de prevaricación y contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas", dicen desde IULV-CA.
En dicho recurso, que fue admitido a trámite ante la Audiencia Provincial, se pide el archivo del procedimiento, “toda vez que no existen indicios razonables de delito alguno y el hecho denunciado tampoco constituye ningún delito”.
Para empezar, en el escrito aludido se deja claro que la delegada de Participación Ciudadana no desautorizó ni prohibió ningún homenaje, sino que se limitó a denegar el uso de un local para la celebración de un acto, en cuya solicitud no se aportaba programa ni explicación alguna, ni se concretaba que tendría un carácter literario, como después se ha asegurado. Una denegación a la que, por cierto, las asociación afectada no presentó reclamación administrativa, habiéndosele ofrecido la oportunidad desde la Delegación de Participación Ciudadana de cara a una posible revisión de la decisión adoptada.
En IU creen que la vía escogida para dirimir este asunto por las acusaciones particulares no ha sido la adecuada. Tal vez, sí la más mediática y con mayor resonancia ante la opinión pública, pero no la que corresponde en derecho, pues tal y como se apunta en el mencionado recurso, los conflictos que el ciudadano, las asociaciones y entidades tengan con la administración pública “deben resolverse ante la jurisdicción competente”.
De modo que, en este caso, el colectivo denunciante debería haber recurrido en vía administrativa y, si lo creía necesario, acudir al procedimiento de protección jurisdiccional de derechos fundamentales. “Pero la jurisdicción penal aquí carece de competencias”.
En el recurso también se demuestra que la revocación del permiso no respondía a “razones ideológicas”, como se sostiene en el auto de imputación, pues no consta motivación expresa ni escrita al respecto. Y eso “no autoriza a suponerla y mucho menos a deducirla de los artículos periodísticos que se publicaron en aquellas fechas de los que la acusación particular ha contaminado indebidamente el proceso… y que desde luego vienen a confundir la labor del juzgador con juicios paralelos”.
Para IULV-CA, Josefa Medrano “hizo lo que debía hacer” y actuó de forma “bastante razonable”, al revocar la autorización de uso del local, tras tener conocimiento de la cantidad de llamadas telefónicas y correos electrónicos que en los días previos se habían recibido en la Delegación de Participación Ciudadana para exigir que no se celebrara el acto en virtud de la ideología fascista de Agustín de Foxá. Una decisión que desde IU ven “acertada” y, sobre todo, “prudente”, en tanto que su único fin era evitar los posibles enfrentamientos y altercados que podían producirse dentro del centro cívico con ocasión del mencionado homenaje.
El único delito cometido por Josefa Medrano, por tanto, fue ajustarse al espíritu de la Ley de Memoria Histórica, ya que con dicha medida “pretendía suprimir elementos de división entre los ciudadanos, para salvaguardar los valores y principios constitucionales”.
Por todo ello, desde IULV-CA consideran que no hay razón alguna para procesar a Josefa Medrano y, mucho menos, para someterla a la injusta pena social de banquillo a la que se la está tratando de someter, con un claro menosprecio a su presunción de inocencia y con el evidente objetivo de deteriorar la imagen pública de una mujer que lleva toda su vida luchando por las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores de este país, antes como sindicalista de Tabacalera y ahora desde el cargo de concejal por Izquierda Unida que ostenta en el Ayuntamiento de Sevilla.
"Demandarle una fianza de 22.000 euros, como si se tratara de una connotada terrorista o una peligrosa delincuente, viene a ahondar más en esta tremenda injusticia que se realiza contra nuestra compañera".
Ante tal situación, Izquierda Unida no puede más que mostrar su total disconformidad con esta medida cautelar y expresar todo su apoyo y solidaridad a Josefa Medrano. Porque, "como bien dijo recientemente nuestro Coordinador general andaluz, Diego Valderas, hay imputaciones que dignifican, y ésta –no nos cabe duda— es una de ellas", concluyen.
Por eso IULV-CA a abierto una cuenta de solidaridad para reunir, antes del 14 de diciembre los 22.000 euros que la juez le pide como fianza. Cuando se resuelva favorablemente e procedimiento en la Audiencia devolveremos su aportación a quienes hayan colaborado en reunir esta cifra.
CUENTA “FIANZA PEPA MEDRANO”: 2106-0002-09-1134888107
Para ello es necesario que en el ingreso se indique “quien” realiza la transferencia y que incluya en el concepto del ingreso “Fianza Pepa Medrano”. Cualquier cantidad vale. Gracias anticipadas.
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