El Secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha valorado muy duramente el nuevo paquete de medidas económicas aprobado el viernes 3 de diciembre por el Consejo de Ministros. En su opinión, “estos cambios, especialmente la eliminación de la ayuda de 426 euros para los parados que no cobran ninguna otra prestación, sólo muestran el desvarío al que ha llegado la política del Gobierno y su inquina contra los trabajadores y trabajadoras. Estas medidas sólo significan miseria para los parados y más beneficios para las grandes empresas”.
“El gasto que representa la necesaria ayuda a los desempleados –afirma- es insignificante en comparación con el déficit público existente y muy inferior a la disminución de ingresos por el Impuesto de Sociedades que se va a producir al extender la libertad de amortización a todas las empresas. Ésta es una medida que sólo beneficiará a las grandes compañías, mientras eliminar la ayuda a los parados, que es prácticamente de subsistencia, crea una situación dramática para muchas familias. En nuestro país existen 890.000 desempleados que llevan más de dos años buscando trabajo”.
García Rubio advierte de que “es falso que estas medidas vayan a favorecer a la pequeña empresa y a los autónomos. Sólo favorecen a las compañías de tamaño mediano y grande con beneficios. ¿Qué pequeña empresa o autónomo tiene hoy unos beneficios de 300.000 euros o factura 10 millones de euros? Lo que necesitan realmente las pequeñas empresas en situación crítica es que haya crédito disponible, que las administraciones públicas les paguen sus deudas y se recupere el consumo para poder vender”.
“Lo acordado por el Gobierno –señala- produce en los pequeños empresarios la sensación de que ‘ven pasar un pastel’ que no está a su alcance. Más aún si incorporamos la libertad de amortización que producirá una fuerte bajada de la recaudación por Sociedades en los próximos años y constituye un auténtico crédito fiscal para las grandes empresas. Todos esos beneficios sólo los verán el 2,8% de las empresas y muy pocas de ellas serán pequeñas. En ese contexto, eliminar la obligatoriedad de la cuota a las Cámaras es todo un sarcasmo lleno de humor negro, porque esas cuotas representan unas pocas decenas de euros al año”.
El responsable económico de IU denuncia que “la privatización de la gestión de los aeropuertos que producen beneficios (evidentemente no de los que tienen déficit) sólo representa un incremento de la debilidad del Estado al entregar un servicio público rentable al capital privado. En unos meses veremos quién se queda con el concurso y podremos repasar si no está entre los participantes en la reciente reunión de Rodríguez Zapatero con las 37 mayores empresas”.
Por otra parte, “el aumento de orientadores en el Servicio Público de Empleo es positivo pero insuficiente. En España hay un trabajador del servicio público de empleo por cada 17 parados, mientras la media de la Unión Europea es uno por cada 6 desempleados. Además, si no se reforma seriamente este servicio, la eficacia del aumento es discutible”, indica.
El dirigente federal de IU señala también que, “la supresión de los requisitos para poner en marcha empresas puede contener los aspectos más regresivos de la Directiva de Servicios de la Unión Europea, confirmando –bajo a excusa de facilitar los trámites- la inseguridad en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación laboral, la medioambiental o los requerimientos de seguridad”.
José Antonio García Rubio concluye que “el Gobierno parece no tener ningún problema de déficit cuando se trata de ayudar a las grandes empresas y sí lo tienen con las políticas sociales y de defensa de lo público. La lucha contra el déficit sólo sirve para justificar el recorte en las prestaciones de desempleo o el incremento del impuesto sobre el tabaco”.
IU considera un grave e inaceptable precedente declarar el estado de alarma
José Antonio García Rubio, ha valorado en nombre de esta organización que “consideramos un grave e inaceptable precedente declarar el estado de alarma para resolver un conflicto social, aunque no se está de acuerdo con las reivindicaciones y los modos empleados por los controladores”.
“El gasto que representa la necesaria ayuda a los desempleados –afirma- es insignificante en comparación con el déficit público existente y muy inferior a la disminución de ingresos por el Impuesto de Sociedades que se va a producir al extender la libertad de amortización a todas las empresas. Ésta es una medida que sólo beneficiará a las grandes compañías, mientras eliminar la ayuda a los parados, que es prácticamente de subsistencia, crea una situación dramática para muchas familias. En nuestro país existen 890.000 desempleados que llevan más de dos años buscando trabajo”.
García Rubio advierte de que “es falso que estas medidas vayan a favorecer a la pequeña empresa y a los autónomos. Sólo favorecen a las compañías de tamaño mediano y grande con beneficios. ¿Qué pequeña empresa o autónomo tiene hoy unos beneficios de 300.000 euros o factura 10 millones de euros? Lo que necesitan realmente las pequeñas empresas en situación crítica es que haya crédito disponible, que las administraciones públicas les paguen sus deudas y se recupere el consumo para poder vender”.
“Lo acordado por el Gobierno –señala- produce en los pequeños empresarios la sensación de que ‘ven pasar un pastel’ que no está a su alcance. Más aún si incorporamos la libertad de amortización que producirá una fuerte bajada de la recaudación por Sociedades en los próximos años y constituye un auténtico crédito fiscal para las grandes empresas. Todos esos beneficios sólo los verán el 2,8% de las empresas y muy pocas de ellas serán pequeñas. En ese contexto, eliminar la obligatoriedad de la cuota a las Cámaras es todo un sarcasmo lleno de humor negro, porque esas cuotas representan unas pocas decenas de euros al año”.
El responsable económico de IU denuncia que “la privatización de la gestión de los aeropuertos que producen beneficios (evidentemente no de los que tienen déficit) sólo representa un incremento de la debilidad del Estado al entregar un servicio público rentable al capital privado. En unos meses veremos quién se queda con el concurso y podremos repasar si no está entre los participantes en la reciente reunión de Rodríguez Zapatero con las 37 mayores empresas”.
Por otra parte, “el aumento de orientadores en el Servicio Público de Empleo es positivo pero insuficiente. En España hay un trabajador del servicio público de empleo por cada 17 parados, mientras la media de la Unión Europea es uno por cada 6 desempleados. Además, si no se reforma seriamente este servicio, la eficacia del aumento es discutible”, indica.
El dirigente federal de IU señala también que, “la supresión de los requisitos para poner en marcha empresas puede contener los aspectos más regresivos de la Directiva de Servicios de la Unión Europea, confirmando –bajo a excusa de facilitar los trámites- la inseguridad en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación laboral, la medioambiental o los requerimientos de seguridad”.
José Antonio García Rubio concluye que “el Gobierno parece no tener ningún problema de déficit cuando se trata de ayudar a las grandes empresas y sí lo tienen con las políticas sociales y de defensa de lo público. La lucha contra el déficit sólo sirve para justificar el recorte en las prestaciones de desempleo o el incremento del impuesto sobre el tabaco”.
IU considera un grave e inaceptable precedente declarar el estado de alarma
José Antonio García Rubio, ha valorado en nombre de esta organización que “consideramos un grave e inaceptable precedente declarar el estado de alarma para resolver un conflicto social, aunque no se está de acuerdo con las reivindicaciones y los modos empleados por los controladores”.
García Rubio hace esta valoración de forma urgente ante la situación planteada por el abandono de su puesto de trabajo de numerosos controladores aéreos y el caos generado con ello, con graves perjuicios para los ciudadanos, y la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de declarar el estado de alarma, subrayando que aunque Izquierda Unida no ha estado nunca de acuerdo con las reivindicaciones de los controladores ni con la forma de plantearlas, en este caso el Gobierno tiene una grave responsabilidad en el origen del problema y en su gestión.
Para el dirigente federal de IU, “el Gobierno eligió un puente en el que se produce un incremento muy fuerte en el número de viajeros para aprobar una real decreto que establece una nueva regulación de la jornada anual de los controladores, que se ha aprobado sin negociación. Esta medida se tomaba junto a la de privatización de los aeropuertos de Barajas y el Prat sin, al parecer, prever todas las graves consecuencias que estas medidas conflictivas podrían tener, ello sin estar de acuerdo en las formas y la contundencia de la respuestas empleadas por los controladores”.
“Como respuesta al conflicto –añade García Rubio- el Gobierno militariza el control del espacio aéreo sin que esa medida, por las dificultades comprobadas en su aplicación, haya mejorado la situación hasta el momento, transcurridas ya más de 17 horas desde su entrada en vigor y cuando compañías como Iberia anuncian un nuevo retraso hasta el próximo lunes para reiniciar sus vuelos”.
El secretario federal de Economía indica que “la declaración del estado de alarma, medida sin precedentes en la democracia, aplicada como intento de resolver un conflicto social por la vía de una legislación de excepción constituye una decisión muy preocupante, que es inaceptable para Izquierda Unida, especialmente con la anunciada aplicación del Código Penal Militar”. “Consideramos que la única forma de recuperar rápidamente la normalidad para evitar mayores perjuicios a los cientos de miles de ciudadanos afectados es la vuelta a la negociación y un inmediato acuerdo entre las partes, basado en el sentido de la responsabilidad y del bien colectivo”, concluye García Rubio.
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