Albert Recio
Cuaderno de crisis/23
Mientras Tanto
Tras examinarse ante los grandes financieros internacionales, ahora Rodríguez Zapatero ha repetido ante los verdaderos amos del país. Sólo ha sacado de la convocatoria, por razones de imagen, a las principales empresas de capital multinacional que controlan posiciones clave en el sector industrial (aunque la presencia de multinacionales es tan grande que no ha podido evitarlas del todo, Agbar y Cepsa se han colado en la convocatoria). Se trata de una muestra representativa de quién manda en el país, de cuáles son sus intereses reales, de cuál es su grado de control sobre las decisiones públicas.
Si adoptamos un punto de vista sectorial, encontramos 7 empresas financieras (Santander. BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, la Caixa, Caja Madrid y la aseguradora Mapfre), 8 ligadas a la construcción y a la gestión de servicios públicos (ACS, FCC, Acciona, OHL, Sacyr, Ferrovial y las ingenierías Técnicas Reunidas y Abengoa ), 5 energéticas (Repsol, Cepsa, Gas Natural, Endesa, Iberdrola), 5 gestoras de servicios públicos (Hispasat, Telefónica, Abertis, Agbar y la aeronaútica Iberia), 3 turísticas (Sol Melià, Globalia y Riu), 3 de distribución (el Corte Inglés, Inditex-Zara, Mercadona, más el representante de Anfac), 2 de medios de comunicación (Telecinco, Planeta) y sólo 5 ligadas a distintas actividades industriales y tecnológicas: Gamesa (equipos eólicos), Indra (electrónica), MCC (grupo de las cooperativas vascas), Grifols (farmaceútica) y Ebro Foods (alimentaria). Esta sola enumeración es significativa del peso que tienen las distintas actividades en el núcleo central de nuestro capitalismo. La mayor aglomeración sectorial se encuentra también en aquellos que han protagonizado la burbuja financiero-constructora. Por el contrario conviene subrayar que el único grupo con una presencia claramente industrial es, no casualmente, un grupo cooperativo que, por muchas cuestiones críticas que tiene abiertas, sigue funcionando con una lógica bastante distinta que la que ha regido en las empresas capitalistas prototípicas.
Hay otras lecturas posibles de esta “selección nacional”. Por ejemplo, resulta palpable que once de las empresas participan del patronato de la Fundación Fedea, el principal productor de propuestas neoliberales y de reformas estructurales del país (sólo cuatro de sus empresas-patrones han sido excluidas del magno evento, la extranjera BP, las menores Bolsa de Madrid e Ibercaja y el grupo March, ya representado a través de sus participadas ACS y Abertis). Muchos de los presentes han firmado asimismo el documento, también neoliberal, de la Fundación Everis. El peso de empresas cuyo negocio se basa en la gestión de servicios públicos o el suministro público es aplastante (incluidas aquellas que provienen directamente de las privatizaciones de la década pasada). No era por tanto imaginable que de la mayoría de estas empresas salieran propuestas orientadas a un cambio profundo del modelo productivo, sino más bien demandas que refuercen sus líneas de negocio. Ellas han sido las principales creadoras-beneficiarias del modelo que nos ha conducido al desastre. Y en lugar de exigirles responsabilidades y emprender su reforma estructural, se les pide una vez más que sigan orientado nuestro futuro.
El resultado de la reunión ha seguido la pauta esperada. Más bien han sido las empresas las que le han marcado el camino al Gobierno, y le han exigido “que no le tiemble el pulso”, que no ceda ante las presiones sociales. Y han sido precisos en sus demandas: culminar la concentración/privatización de las cajas, aclarar el modelo energético (freno a las renovables que complican el modelo de negocio) y, sobre todo, reforma laboral y de pensiones. Ya ha salido la propuesta de crear un organismo nacional de control de la competitividad para “poner presión”, o sea institucionalizar el desguace de derechos sociales, la eliminación de barreras ambientales, condicionar la entera vida social al evanescente objetivo de la competitividad.
En una lectura crítica, el grado de sumisión de los poderes públicos a los intereses de una minoría que globalmente representa un modelo de capitalismo rentista y parasitario resulta absolutamente escandalosa. Desde una perspectiva democrática, constituye un acto absolutamente irresponsable que las únicas voces que escuche un presidente de Gobierno de izquierdas sean las de estos intereses oligárquicos o las de sus asesores áulicos (los 100 insignes). Desde una perspectiva reformista, el desprecio que se hace al tejido social (incluso a los segmentos más vivos del mundo empresarial) demuestra la estolidez de unas elites dirigentes que sólo son capaces de pensar la economía en clave de unos pocos intereses. El gobierno se rebaja a ser un mero ejecutor de los grandes intereses, con unas formas que nos llevan a recordar las más esquemáticas formulaciones marxistas sobre el papel del Estado. Podemos pensar en inculpar a estos dirigentes políticos por alentar a los que han creado un grave problema de inseguridad económica.
Si adoptamos un punto de vista sectorial, encontramos 7 empresas financieras (Santander. BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, la Caixa, Caja Madrid y la aseguradora Mapfre), 8 ligadas a la construcción y a la gestión de servicios públicos (ACS, FCC, Acciona, OHL, Sacyr, Ferrovial y las ingenierías Técnicas Reunidas y Abengoa ), 5 energéticas (Repsol, Cepsa, Gas Natural, Endesa, Iberdrola), 5 gestoras de servicios públicos (Hispasat, Telefónica, Abertis, Agbar y la aeronaútica Iberia), 3 turísticas (Sol Melià, Globalia y Riu), 3 de distribución (el Corte Inglés, Inditex-Zara, Mercadona, más el representante de Anfac), 2 de medios de comunicación (Telecinco, Planeta) y sólo 5 ligadas a distintas actividades industriales y tecnológicas: Gamesa (equipos eólicos), Indra (electrónica), MCC (grupo de las cooperativas vascas), Grifols (farmaceútica) y Ebro Foods (alimentaria). Esta sola enumeración es significativa del peso que tienen las distintas actividades en el núcleo central de nuestro capitalismo. La mayor aglomeración sectorial se encuentra también en aquellos que han protagonizado la burbuja financiero-constructora. Por el contrario conviene subrayar que el único grupo con una presencia claramente industrial es, no casualmente, un grupo cooperativo que, por muchas cuestiones críticas que tiene abiertas, sigue funcionando con una lógica bastante distinta que la que ha regido en las empresas capitalistas prototípicas.
Hay otras lecturas posibles de esta “selección nacional”. Por ejemplo, resulta palpable que once de las empresas participan del patronato de la Fundación Fedea, el principal productor de propuestas neoliberales y de reformas estructurales del país (sólo cuatro de sus empresas-patrones han sido excluidas del magno evento, la extranjera BP, las menores Bolsa de Madrid e Ibercaja y el grupo March, ya representado a través de sus participadas ACS y Abertis). Muchos de los presentes han firmado asimismo el documento, también neoliberal, de la Fundación Everis. El peso de empresas cuyo negocio se basa en la gestión de servicios públicos o el suministro público es aplastante (incluidas aquellas que provienen directamente de las privatizaciones de la década pasada). No era por tanto imaginable que de la mayoría de estas empresas salieran propuestas orientadas a un cambio profundo del modelo productivo, sino más bien demandas que refuercen sus líneas de negocio. Ellas han sido las principales creadoras-beneficiarias del modelo que nos ha conducido al desastre. Y en lugar de exigirles responsabilidades y emprender su reforma estructural, se les pide una vez más que sigan orientado nuestro futuro.
El resultado de la reunión ha seguido la pauta esperada. Más bien han sido las empresas las que le han marcado el camino al Gobierno, y le han exigido “que no le tiemble el pulso”, que no ceda ante las presiones sociales. Y han sido precisos en sus demandas: culminar la concentración/privatización de las cajas, aclarar el modelo energético (freno a las renovables que complican el modelo de negocio) y, sobre todo, reforma laboral y de pensiones. Ya ha salido la propuesta de crear un organismo nacional de control de la competitividad para “poner presión”, o sea institucionalizar el desguace de derechos sociales, la eliminación de barreras ambientales, condicionar la entera vida social al evanescente objetivo de la competitividad.
En una lectura crítica, el grado de sumisión de los poderes públicos a los intereses de una minoría que globalmente representa un modelo de capitalismo rentista y parasitario resulta absolutamente escandalosa. Desde una perspectiva democrática, constituye un acto absolutamente irresponsable que las únicas voces que escuche un presidente de Gobierno de izquierdas sean las de estos intereses oligárquicos o las de sus asesores áulicos (los 100 insignes). Desde una perspectiva reformista, el desprecio que se hace al tejido social (incluso a los segmentos más vivos del mundo empresarial) demuestra la estolidez de unas elites dirigentes que sólo son capaces de pensar la economía en clave de unos pocos intereses. El gobierno se rebaja a ser un mero ejecutor de los grandes intereses, con unas formas que nos llevan a recordar las más esquemáticas formulaciones marxistas sobre el papel del Estado. Podemos pensar en inculpar a estos dirigentes políticos por alentar a los que han creado un grave problema de inseguridad económica.
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