El Coordinador Federal de IU, Cayo Lara, explicó durante una reivindicación de la CONADEE ante los Juzgados de Plaza de Castilla que la propuesta de Izquierda Unida incluye también que “se suspenda la ejecución de desahucios cuando uno de los miembros de la unidad familiar esté en situación de desempleo”.
Cayo Lara, ha reclamado hoy la necesidad de reformar la actual Ley Hipotecaria para lograr que “sólo el bien hipotecado, la vivienda, sirva para responder como garantía del pago del crédito hipotecario concedido, sin que los afectados tengan que responder a los bancos de por vida además de que se les embargue la vivienda”. Lara hizo estas manifestaciones tras apoyar con su presencia la concentración en la que un conjunto de organizaciones sociales, vecinales y sindicales han acompañado a cinco familias hipotecadas para presentar, ante el Juzgado Penal de Guardia en los Juzgados de Plaza de Castilla, una demanda por la práctica de fraude hipotecario.
La propuesta lanzada por el Coordinador Federal consta en el 'Plan de Iniciativa Social frente al desempleo y las consecuencias de la crisis' que ha elaborado IU, donde se establecen medidas dirigidas a asegurar el derecho a la vivienda. En este contexto, Lara ha insistido en que “lo que proponemos la regulación de la ‘dación en pago’ como procedimiento preferente para extinguir cualquier obligación derivada del impago de un crédito hipotecario y su inclusión en el Código Civil”.
El máximo responsable de IU detalló también que esta organización “aboga por la adopción de una disposición legal que suspenda la ejecución de un desahucio como consecuencia del impago de la hipoteca sobre la vivienda habitual cuando al menos uno de los miembros de la unidad familiar esté en situación de desempleo”. Para Lara, el fraude hipotecario “es un abuso y una vergüenza. Se debería permitir que la Fiscalía se persone en los procedimientos de desahucio por impago de hipotecas cuando el prestatario aporte indicios de que el contrato hipotecario pueda contener irregularidades”.
Por su parte, Rafael Mayoral, abogado de la CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), impulsora de la actuación llevada a cabo en los Juzgados de Plaza de Castilla y quien lleva la denuncia por fraude hipotecario considera que “la estafa de las ‘hipotecas basura’ en España no sólo ha significado que las familias pierdan todo su patrimonio, sino que también supone la vulneración grave y sistemática de los derechos humanos de las personas trabajadoras, en general, y de las migrantes, en particular”.
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