Afrontamos este 25 de noviembre de 2010 inmersas en una crisis económica que está suponiendo negativas consecuencias para la vida de las mujeres. Estamos siendo de nuevo relegadas a la reproducción de los roles que creíamos superados el hogar, la crianza, los cuidados y los trabajos peor pagados.
El patriarcado y el capital, aprovechan todos los momentos para intentar relegarnos al ámbito de lo doméstico, apartarnos del trabajo asalariado. La feminización de la pobreza, no es una entelequia, es un dato objetivo, es una realidad constatable a través de las tasas de desempleo femenino, de las de actividad y del reparto de la riqueza.
La precariedad, la inestabilidad, los contratos a tiempo parcial y abaratados, es la oferta laboral para las mujeres. Además, la reforma de las pensiones va a significar un empeoramiento en la vida de las mujeres, el retraso de la edad de jubilación y la pretendida anulación de algunos tipos de pensiones no contributivas, van a favorecer un mayor empobrecimiento femenino.
Hemos podido comprobar también en los últimos meses, la creciente reafirmación del integrismo religioso contra las mujeres. Las mujeres están siendo asesinadas por supuestas infidelidades, quemados sus rostros por asistir a las escuelas; envenenadas por salir a la calle sin la compañía de varones.
Desde África hemos recibido los informes de cómo los soldados han explotado, violado y abusado sexualmente de niñas y de mujeres de todas las edades, aprovechándose de su pobreza y debilidad.
Observamos como en nuestro entorno cultural, el debate del burka se enfoca como una cuestión de seguridad ciudadana, en lugar de cómo una forma de discriminación directa contra las mujeres. Como la prohibición del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es la moneda de cambio en Brasil. Como Naciones Unidas enfoca la trata de mujeres con fines de explotación sexual como un problema migratorio.
En España, el Gobierno del PSOE no avanza en la reforma de la Ley Integral contra la violencia, empecinado en que la única que existe es la que se da entre parejas o ex parejas, obstinado en no reconocer que la violencia de género es una cuestión estructural que hay que erradicar desde todos los ámbitos. Ya se han cumplido cuatro años desde la entrada en vigor de la ley y nos hemos ratificado desgraciadamente en que la ley por sí sola no es la solución y en modo alguno ha devenido disuasoria para los maltratadores.
Es necesario modificar la Ley Integral para redoblar esfuerzos y exigir por parte de todas las instituciones el desarrollo de medidas que sean auténticamente integrales y transversales, y que impliquen a todos los estamentos sociales y políticos, abordando en su integridad la violencia género, sin que se limiten a la llamada violencia doméstica, y que estén dotadas de recursos materiales humanos y económicos suficientes.
Síntoma de la desconsideración institucional hacia las mujeres ha sido la eliminación del Ministerio de Igualdad, que aunque sin competencias exclusivas en igualdad de género y sin un presupuesto significativo, representaba simbólicamente la aspiración del movimiento de mujeres y el feminista.
Hoy más que nunca es necesario que el movimiento feminista y las organizaciones de izquierda real, nos agrupemos y nos organicemos en torno a la toma de acuerdos para defender una estado español sin violencia de género.
Porque solo construyendo igualdad, es posible un mundo sin violencia, es urgente que consigamos la fuerza para transformar una realidad que ya no podemos soportar por más tiempo. Tenemos que influir decididamente en la creación de una verdadera coordinación política y administrativa entre las Administraciones Públicas, para atajar esta la lacra social. Es necesario, la implicación de todos los poderes públicos en dar las respuestas que la sociedad está reclamando y conseguir un mundo sin Violencia de Género.
El patriarcado y el capital, aprovechan todos los momentos para intentar relegarnos al ámbito de lo doméstico, apartarnos del trabajo asalariado. La feminización de la pobreza, no es una entelequia, es un dato objetivo, es una realidad constatable a través de las tasas de desempleo femenino, de las de actividad y del reparto de la riqueza.
La precariedad, la inestabilidad, los contratos a tiempo parcial y abaratados, es la oferta laboral para las mujeres. Además, la reforma de las pensiones va a significar un empeoramiento en la vida de las mujeres, el retraso de la edad de jubilación y la pretendida anulación de algunos tipos de pensiones no contributivas, van a favorecer un mayor empobrecimiento femenino.
Hemos podido comprobar también en los últimos meses, la creciente reafirmación del integrismo religioso contra las mujeres. Las mujeres están siendo asesinadas por supuestas infidelidades, quemados sus rostros por asistir a las escuelas; envenenadas por salir a la calle sin la compañía de varones.
Desde África hemos recibido los informes de cómo los soldados han explotado, violado y abusado sexualmente de niñas y de mujeres de todas las edades, aprovechándose de su pobreza y debilidad.
Observamos como en nuestro entorno cultural, el debate del burka se enfoca como una cuestión de seguridad ciudadana, en lugar de cómo una forma de discriminación directa contra las mujeres. Como la prohibición del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es la moneda de cambio en Brasil. Como Naciones Unidas enfoca la trata de mujeres con fines de explotación sexual como un problema migratorio.
En España, el Gobierno del PSOE no avanza en la reforma de la Ley Integral contra la violencia, empecinado en que la única que existe es la que se da entre parejas o ex parejas, obstinado en no reconocer que la violencia de género es una cuestión estructural que hay que erradicar desde todos los ámbitos. Ya se han cumplido cuatro años desde la entrada en vigor de la ley y nos hemos ratificado desgraciadamente en que la ley por sí sola no es la solución y en modo alguno ha devenido disuasoria para los maltratadores.
Es necesario modificar la Ley Integral para redoblar esfuerzos y exigir por parte de todas las instituciones el desarrollo de medidas que sean auténticamente integrales y transversales, y que impliquen a todos los estamentos sociales y políticos, abordando en su integridad la violencia género, sin que se limiten a la llamada violencia doméstica, y que estén dotadas de recursos materiales humanos y económicos suficientes.
Síntoma de la desconsideración institucional hacia las mujeres ha sido la eliminación del Ministerio de Igualdad, que aunque sin competencias exclusivas en igualdad de género y sin un presupuesto significativo, representaba simbólicamente la aspiración del movimiento de mujeres y el feminista.
Hoy más que nunca es necesario que el movimiento feminista y las organizaciones de izquierda real, nos agrupemos y nos organicemos en torno a la toma de acuerdos para defender una estado español sin violencia de género.
Porque solo construyendo igualdad, es posible un mundo sin violencia, es urgente que consigamos la fuerza para transformar una realidad que ya no podemos soportar por más tiempo. Tenemos que influir decididamente en la creación de una verdadera coordinación política y administrativa entre las Administraciones Públicas, para atajar esta la lacra social. Es necesario, la implicación de todos los poderes públicos en dar las respuestas que la sociedad está reclamando y conseguir un mundo sin Violencia de Género.
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