Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) y el PCA se han adherido a la querella criminal abierta ante el tribunal Supremo por la “Plataforma Juicio a Aznar” el pasado 31 de marzo en Madrid contra José María Aznar, Federico Trillo y Ana Palacios, por participar en una guerra “inmoral e ilegal” en Irak, además de por los 192 muertos en el 11-M como consecuencia de su apoyo a la intervención militar.
Antonio Romero, Secretario Político del PCA de Málaga y miembro de la dirección de IU, ha hecho público en Málaga el escrito especial para pleitos con el que se respalda la querella que ya han firmado más de 200 personas, entre ellos Francisco Frutos y Julio Anguita. Junto a Antonio Romero, Eduardo Zorrilla, Coordinador Local de IULV-CA en Málaga; Félix Doblas, alcalde de IULV-CA en Humilladero; José Antonio Ponce, alcalde de IULV-CA en El Borge y Pedro Moreno, portavoz municipal de IULV-CA en Málaga, han sido de los primeros andaluces en incorporarse a la demanda.
La reacción de la derecha conservadora y nostálgica que representa el Partido Popular se ha advertido, con ciertas dosis de amenaza, a IULV-CA y a los firmantes de la querella que podría haber delito por denuncia falsa. Antonio Romero, por su parte, ha acusado de falsedad precisamente a los “populares” por haber iniciado una invasión militar afirmando la existencia de armas de destrucción masiva, cuando se había comprobado por organismos internacionales que no era así. “La guerra sobre la falsedad y la mentira la propiciaron Bush, Aznar y Blair, que entraron en una guerra criminal con consecuencias terribles para la población civil iraquí con más de 700.000 muertos y tres millones de refugiados para conseguir petróleo y beneficiar a las grandes multinacionales”, comentó Romero.
La denuncia ha sido tramitada directamente al Tribunal Supremo, al ser éste el que entiende de las causas que implican a ex-gobernantes, como es el caso de los denunciados, presidente del Gobierno y ministros de Defensa y Exteriores. Sin embargo, Antonio Romero advierte que de rechazarse y archivarse el caso, el siguiente paso será acudir al Tribunal Penal Internacional de La Haya y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
“Se han abierto procesos contra dirigentes de Yugoslavia por crímenes de guerra y genocidio, contra los gobernantes de Ruanda y contra el presidente de Sudán por los refugiados de Darfur”, comenta el dirigente comunista de IULV-CA, y teniendo esto en cuenta “el derecho internacional no puede tener dos varas de medir la justicia”.
Para los querellantes, “no puede quedar impune un gobernante miente a los españoles y participa en una guerra al margen del derecho internacional. Los criminales de guerra deben ser juzgados por los tribunales de justicia porque la justicia debe funcionar contra crímenes que no prescriben, que son crímenes contra la humanidad”.
El artículo 588 del Código Penal establece una pena de prisión de 15 a 20 años para los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararán la guerra o firmarán la paz.El respaldo a esta querella se concretó recientemente con firmas -que ya suman más de 20.000- ante un notario de Madrid.
Antonio Romero, Secretario Político del PCA de Málaga y miembro de la dirección de IU, ha hecho público en Málaga el escrito especial para pleitos con el que se respalda la querella que ya han firmado más de 200 personas, entre ellos Francisco Frutos y Julio Anguita. Junto a Antonio Romero, Eduardo Zorrilla, Coordinador Local de IULV-CA en Málaga; Félix Doblas, alcalde de IULV-CA en Humilladero; José Antonio Ponce, alcalde de IULV-CA en El Borge y Pedro Moreno, portavoz municipal de IULV-CA en Málaga, han sido de los primeros andaluces en incorporarse a la demanda.
La reacción de la derecha conservadora y nostálgica que representa el Partido Popular se ha advertido, con ciertas dosis de amenaza, a IULV-CA y a los firmantes de la querella que podría haber delito por denuncia falsa. Antonio Romero, por su parte, ha acusado de falsedad precisamente a los “populares” por haber iniciado una invasión militar afirmando la existencia de armas de destrucción masiva, cuando se había comprobado por organismos internacionales que no era así. “La guerra sobre la falsedad y la mentira la propiciaron Bush, Aznar y Blair, que entraron en una guerra criminal con consecuencias terribles para la población civil iraquí con más de 700.000 muertos y tres millones de refugiados para conseguir petróleo y beneficiar a las grandes multinacionales”, comentó Romero.
La denuncia ha sido tramitada directamente al Tribunal Supremo, al ser éste el que entiende de las causas que implican a ex-gobernantes, como es el caso de los denunciados, presidente del Gobierno y ministros de Defensa y Exteriores. Sin embargo, Antonio Romero advierte que de rechazarse y archivarse el caso, el siguiente paso será acudir al Tribunal Penal Internacional de La Haya y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
“Se han abierto procesos contra dirigentes de Yugoslavia por crímenes de guerra y genocidio, contra los gobernantes de Ruanda y contra el presidente de Sudán por los refugiados de Darfur”, comenta el dirigente comunista de IULV-CA, y teniendo esto en cuenta “el derecho internacional no puede tener dos varas de medir la justicia”.
Para los querellantes, “no puede quedar impune un gobernante miente a los españoles y participa en una guerra al margen del derecho internacional. Los criminales de guerra deben ser juzgados por los tribunales de justicia porque la justicia debe funcionar contra crímenes que no prescriben, que son crímenes contra la humanidad”.
El artículo 588 del Código Penal establece una pena de prisión de 15 a 20 años para los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararán la guerra o firmarán la paz.El respaldo a esta querella se concretó recientemente con firmas -que ya suman más de 20.000- ante un notario de Madrid.
Cualquier ciudadano puede suscribir la iniciativa acudiendo a un notario para dar poderes a los procuradores. También existe la posibilidad de adherirse a la querella una vez presentada, acudiendo a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo el día que se habilitará para ello.
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