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martes, 6 de mayo de 2014

Izquierda Unida denuncia los intentos del PP y la troika de privatización del agua y el retraso del saneamiento integral, mientras defiende una gestión totalmente pública

El modelo de desarrollo equivocado que ha imperado estos años en España y Andalucía ha impedido cumplir con los compromisos de saneamiento. En el caso de Andalucía se ha puesto en marcha un mecanismo para garantizar que todas las poblaciones tengan depuradas sus aguas como establece la normativa europea que lleva retraso, según explicó este fin de semana la diputada andaluza de Izquierda Unida, Dolores Quintana.
Según los datos ofrecidos por Quintana, desde que en mayo de 2011 se puso en marcha el cobro de un canon para financiar parte del saneamiento en nuestra Comunidad se han recaudado 133 millones de euros e invertido 324 (datos a diciembre de 2013). En el caso de Málaga, la Junta ha culminado dos obras y tiene en ejecución tres de las grandes infraestructuras.
Quintana hizo referencia el sábado pasado a la Directiva marco europea que del agua y saneamiento del año 2000 que apoya Izquierda Unida porque asume la gestión integrada, introduce criterios racionales sobre suministro y abre la gestión del agua a la participación activa. “El agua es un derecho y no una mercancía y la Troika pretende que se privaticen las empresas de agua. Mientras en otros países como Alemania y Francia se ha reconsiderado el modelo y se está nacionalizando la gestión del agua, en España se presiona para todo lo contrario. En nuestro país, el 57 por ciento de la población tiene el agua gestionado por la empresa privada”. Igualmente, la diputada andaluza alertó de que la entrada en vigor de la reforma de la Administración Local privatizará más de 500 empresas de agua y se perderán 30.000 empleos.
Quintana participó el sábado en un reparto de información sobre saneamiento y agua en el paseo marítimo de la capital, organizado por la Asamblea local de Izquierda Unida y en la que también participaron el Coordinador provincial y diputado, José Antonio Castro, la responsable provincial de Política Institucional, Toni Morillas y el portavoz del Grupo municipal, Eduardo Zorrilla.
Este último aseguró que Izquierda Unida es la única formación política que garantiza la gestión pública del agua y ha puesto como ejemplo el municipio de Medina Sidonia (gobernado por IULV-CA) donde se ha establecido que el agua es un derecho humano y se garantiza un mínimo vital de consumo. “Por el contrario, el Málaga se penaliza al 70 por ciento de los hogares frente a los grandes derrochadores”.

Zorrilla ha alertado de “la ola” de privatizaciones que asola el país y que tiene que ver con la búsqueda de otra fuente de ingresos para los grandes capitales, trasladando la burbuja inmobiliaria a la gestión del agua.

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