Foto: El Grupo de la Izquierda Plural en las Cortes amonestado por mostrar su solidaridad con los estudiantes valencianos golpeados brutalmente por la policía
Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz en la Comisión de Interior,
Ricardo Sixto, ha registrado una iniciativa parlamentaria para “regular y
acotar” las intervenciones policiales en “manifestaciones y acciones de
protesta organizadas por los movimientos sociales o ciudadanos”. IU lleva a
cabo esta propuesta a raíz de la brutal respuesta de las fuerzas de seguridad a
las protestas estudiantiles que se están desarrollando en Valencia.
La proposición no de ley ha sido presentada en la rueda de
prensa posterior a la Junta
de Portavoces del Congreso por el portavoz parlamentario de IU, José Luis
Centella, y el portavoz en la
Comisión de Interior y diputado valenciano, Ricardo Sixto, y
en ella se insta también al Ejecutivo del PP a garantizar “con mayor amplitud”
los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión.
Esta iniciativa se suma a la solicitud de comparecencia
urgente del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tanto en el Pleno del
Congreso como en Comisión correspondiente a su departamento registrada ayer
lunes para que explique la actuación “injustificadísima y desproporcionada” de la Policía en Valencia, como
ha detallado Sixto.
Explicó que “no vale" con que el titular de Interior detalle
hoy en rueda de prensa, como así ha anunciado, lo ocurrido en la capital
valenciana, sino que donde Fernández Díez debe dar cumplidas explicaciones de
lo ocurrido es ante los parlamentarios de los distintos grupos.
En función de si esas explicaciones se producen o no y de su
contenido final, IU no descarta pedir la reprobación del ministro por los
“excesos” de la actuación policial en las protestas estudiantiles.
El diputado de IU por Valencia ha exigido también la
“dimisión” de la delegada del Gobierno en esta comunidad, Paula Sánchez de
León, por su manifiesta “incapacidad” para gestionar esta crisis, así como el
“cese inmediato” del jefe superior de la Policía , Antonio Moreno, a quien responsabilizó
de que la situación haya desembocado en una violencia desconocida cuando no es
la primera vez que se dan “circunstancias tan complicadas” como la de los
últimos días en la capital valenciana.
En la iniciativa registrada, además de la elaboración de un
protocolo para delimitar las mencionadas actuaciones, se reclama también que
las identificaciones y cacheos policiales no se produzcan con “fines
intimidatorios” y que se garantice la identificación de los policías “de forma
clara y visible” cuando así sea requerido por los ciudadanos, junto a que se
tipifique como falta disciplinaria la negativa de un agente a hacerlo.
Solicita igualmente la colocación de cámaras de vídeo en
todas las dependencias policiales y que se puedan grabar las actuaciones de los
agentes en las movilizaciones y protestas.
Izquierda Unida insta, a su vez, al Gobierno a que
establezca un procedimiento de investigación sistemático ante posibles
extralimitaciones en las actuaciones policiales para, en su caso, exigir las
responsabilidades que procedan.
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A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA INICIATIVA REGISTRADA :
A LA MESA
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara , el Grupo
Parlamentario de IU, ICV- EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL ,
presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la represión policial de las movilizaciones ciudadanas en la Comisión de Interior.
En los últimos meses estamos asistiendo a un incremento de
las protestas ciudadanas y las movilizaciones sociales que han tenido como
respuesta actuaciones policiales que han arrojado como resultado un número
considerable de ciudadanos detenidos, y también fruto de las cargas policiales
se han registrado importantes lesiones en
ciudadanos, tanto que participaban en las movilizaciones como
transeúntes, así como en agentes de policía.
Entre las citadas actuaciones policiales, podemos señalar la
del pasado día 15 de enero de 2012 en Madrid, en la que agentes antidisturbios
reprimieron una manifestación del movimiento “Yo no pago”, que protestaba
contra los recortes sociales mediante la negativa simbólica a pagar el billete
de metro en la estación de Callao, saltando el torniquete para volver a salir a
la calle. Cuatro manifestantes fueron detenidos y trasladados a la Brigada Provincial
de Información, en Moratalaz. Los manifestantes respondían a una convocatoria
en red, respaldada por el movimiento ciudadano del 15-M.
Posteriormente, otras cargas policiales han tenido
resultados similares, como las llevadas a cabo frente las protestas ciudadanas
contra la reforma laboral que tuvieron lugar de forma pacífica en varios
lugares de España y que igualmente se saldaron con detenidos y heridos
consecuencia de las cargas policiales. Concretamente en la protesta llevada a
cabo en la Puerta
del Sol de Madrid, el balance fue nueve detenidos y nueve heridos leves (según
se ha tenido conocimiento por medios de comunicación 8 de ellos, policías)
Según algunas informaciones el detonante de las cargas
policiales fueron las identificaciones indiscriminadas de las personas que
pacíficamente estaban expresando su rechazo a la reforma laboral presentada por
el Gobierno el mismo día. Ante el incremento de la crispación de los presentes,
un numeroso dispositivo de antidisturbios comenzó a cargar contra cualquier persona que se hallara por
las inmediaciones, resultando golpeados transeúntes y varios periodistas y
cámaras de televisión que hacían su trabajo, pese a que la protesta había
bajado de intensidad.
Más recientemente, el pasado 17 de Febrero, también hubo una
carga policial contra los estudiantes del IES “Luis Vives” de Valencia, que se
manifestaban pacíficamente en defensa de la educación pública. El saldo de la
actuación policial, fueron varios menores detenidos y denuncias de insultos y
tratos vejatorios por parte de agentes de la policía.
Resulta especialmente llamativo que ninguno de los agentes
de policía llevase su preceptiva identificación visible en cada una de las
intervenciones policiales que se han reseñado, al igual que resulta preocupante
el elevado número de identificaciones indiscriminadas en las mismas, con
efectos intimidatorios y/o criterios de productividad inaceptables.
Del mismo modo, se puede observar cierta discrecionalidad e
improvisación de estas intervenciones policiales, con efectos negativos en
todas las partes, y que parecen tener como objetivo lanzar un mensaje claro,
intimidatorio, de tolerancia cero, con
las próximas convocatorias y movilizaciones ciudadanas.
Por último, resulta reseñable que en este contexto de
incremento de la movilización ciudadana, que diversas organizaciones de defensa
de defensa de los Derechos Humanos están
denunciando la desproporcionalidad de las actuaciones policiales en dichas
movilizaciones, refiriéndose no solo a las expuestas en esta iniciativa, sino
también a otras anteriores como las convocadas con motivo de la visita del Papa
a España, la entrada a la
Universidad de Cádiz o
las protestas contra los desahucios.
Incluso por la forma de proceder en las referidas
intervenciones policiales podría decirse que existe una orden para la represión
sistemática del movimiento ciudadano de protesta.
Nuestro Grupo Parlamentario ya tuvo oportunidad de mostrar
su preocupación en la primera comparencia del Ministro del Interior por la
reacción policial ante un previsible clima de movilización e incremento de la
conflictividad social derivado de la política de recortes que se está llevando
a cabo, a la que hemos de sumar la reforma laboral y un posible calendario de
movilizaciones sociales en crecimiento y
sostenidas en el tiempo.
Por estos motivos, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Elaborar un Protocolo específico que regule y acote las
intervenciones policiales en manifestaciones y acciones de protesta organizadas
por los movimientos sociales o ciudadanos de protesta garantizando con mayor
amplitud los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión.
2) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la
obligatoria identificación de forma clara y visible de los miembros de las
fuerzas de seguridad, y su obligación de identificación cuando así lo soliciten
los ciudadanos con respecto a la actuación policial.
3) Garantizar que las identificaciones policiales y cacheos
en el ámbito de las movilizaciones ciudadanas se reduzcan a las previsiones
legales, evitando el uso de esta práctica con fines intimidatorios.
4) Promover la modificación de la Ley 4/2010, de 20 de mayo, del
Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía para establecer como falta
disciplinaria la negativa a identificarse por parte de un agente.
5) Adoptar las medidas necesarias para la regulación e
instalación de videocámaras en todas las dependencias policiales para la
grabación en video y audio de las actuaciones.
6) Adoptar las medidas oportunas para posibilitar la
grabación de todas las actuaciones policiales en los dispositivos desplegados
para las movilizaciones sociales o actos de protesta ciudadana.
7) Promover las reformas legales oportunas y adoptar las
medidas necesarias para establecer un procedimiento de investigación
sistemático ante posibles extralimitaciones en las actuaciones policiales,
tanto por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
como de las Delegaciones del Gobierno, y, en su caso, exigir las
responsabilidades que procedan.
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