“Hacemos un llamamiento a la movilización para responder en
la calle lo que es un ataque a los derechos laborales de los trabajadores”. El Coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, se mostró esta tarde así de
explícito a la hora de valorar el contenido de la reforma laboral aprobada y
presentada horas antes por el Consejo de Ministros.
En una rueda de prensa de alcance en el Congreso de los
Diputados, Lara respondió a las explicaciones dadas por la ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez, y aseguró que “no es verdad” que el texto
elaborado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy vaya a generar más empleo, al
contrario, “hace el despido más fácil y más barato, legaliza el trabajo
precario, acaba con la negociación colectiva y convierte a los parados con
prestación en voluntarios forzados”.
“No nos gusta ni la música ni la letra de esta reforma”,
dijo gráficamente y parafraseó con ironía después una de las grandilocuentes
frases empleadas por la vicepresidenta del Ejecutivo de la derecha, Soraya
Sáenz de Santamaría, al afirmar que “efectivamente, tiene razón cuando dice que
va a haber un ‘antes y un después’ con esta reforma, “el antes ya lo conocemos
y el después quieren que sea lesionar aún más los derechos de los trabajadores
y trabajadoras”.
Lara considera necesario convencer al Gobierno del PP para
que “dé marcha atrás a lo que ha propuesto” y la forma de hacerlo es lograr una
movilización ciudadana “junto a organizaciones sociales y sindicales para parar
entre todos este nuevo entuerto”.
Interrogado sobre si estas palabras suponen la convocatoria
de una huelga general, el máximo responsable de IU aclaró taxativo que esto
“sólo le corresponde hacerlo a los sindicatos” y tiró de nuevo de ironía para
recordar que “bueno, y ahora también al presidente del Gobierno”, en clara
alusión al comentario realizado por Rajoy hace una semana en la última cumbre
de la UE en
Bruselas, cuando una cámara captó cómo explicaba a su homólogo finlandés que la
reforma que preparaba le costaría una huelga.
El también presidente del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural-IU
Cayo Lara entró en una explicación más detallada de algunos
aspectos concretos del texto presentado y dijo que “estamos en una situación de
pérdida de los derechos de los trabajadores. En peores situaciones económicas
en nuestro país no se han tomado medidas tan duras como éstas. Tampoco hay
razones económicas en las cifras del PIB como para atacar así las garantías laborales”.
El plan del Gobierno Rajoy “trata de enfrentar a los parados
con los trabajadores, como si unos les debieran algo a los otros; hace el
despido más barato y más fácil para que algunas empresas, incluso sin pérdidas,
puedan despedir más”, dijo.
Apostilló la falta de necesidad de esta reforma e indicó que
“pero se cree alguien que uno, cien o un millón de empresarios están
preocupados cuando montan un negocio en
cuánto les va a costar despedir a los trabajadores ahora o dentro de 20
años. Lo que les interesa es saber si van a poder vender su producto o
servicio, en ejercer su actividad y en si van a tener crédito para sacarlos
adelante”.
Lara detalló que la propuesta del Gobierno concreta “las
razones objetivas del despido procedente”, lo que implica que “cualquier
empresa, aunque no tenga pérdidas reales, puede despedir a los trabajadores”.
Igual de grave opinó que es que la eliminación de la
autorización administrativa para llevar a cabo los expedientes de regulación de
empleo ERE y que las indemnizaciones por despido improcedente pasen de 45 a 33 días por año
trabajado. “Esto es de una gravedad importantísima”, destacó.
Respecto a la legalización de los miniempleos, valoró que
“abre más la puerta al ‘mercado negro’ laboral”, facilitando a los empresarios
que los empresarios paguen a sus asalariados una parte de la jornada laboral de
forma legal y el resto, en ‘negro’.
Cayo Lara advirtió también que la reforma deja fuera de la
negociación colectiva a “más del 85% de los trabajadores que están en las
pequeñas y medianas empresas, donde en un porcentaje altísimo no hay
representación sindical, por lo que quedan en manos de lo que se decida en cada
empresa o cada lugar. Los trabajadores quedan más indefensos ante la propia
empresa”.
El Coordinador federal de IU criticó, además, que estos
cambios suponen también “privatizar aún más el servicio público de empleo, en
lugar de dedicar más inversión y más recursos para potenciarlo”.
Lara comentó que el PP pretende, además, convertir a los
parados de larga duración en “voluntarios forzados, en la línea de lo que
propugna la alcaldesa de Madrid, Ana Botella”. Además, indicó que difícilmente
puede defenderse que aumenta el periodo de formación en la propia empresa
cuando se habla sólo de que se dediquen sólo 20 horas al año.
No hay comentarios:
Publicar un comentario