Hoy como en 1936, los poderes económicos claman por el empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos para conservar sus privilegios
La responsable de Memoria Histórica del PCE, Gloria Aguilar ha hecho publica en el día de hoy una declaración oficial en la que señala que un 18 de julio de 1936, hace setenta y cinco años, un golpe de Estado, fruto de una conspiración cuidadosamente preparada, cercenó la experiencia democrática de la II República y desencadenó una cruenta guerra civil. Después vendrían casi cuarenta años de un cruel régimen que no terminó hasta la muerte del dictador.
Hace treinta y dos años que la Constitución y la llamada Transición española dieron por oficialmente liquidado aquel período, pero a pesar de eso sus ecos todavía no se han extinguido. No se han apagado las esperanzas de regeneración de la vida pública española que suscitó el régimen republicano. No han muerto los deseos de justicia social que llevaron a centenares de miles de mujeres y de hombres a luchar en el frente por la República.
No hemos querido ni sabido consolar el llanto de las victimas de la represión. Más aún frente al legítimo deseo de reivindicar la memoria y enterrar a los suyos de manera digna de muchos de sus familiares primero opusimos el silencio y el desprecio; luego la desidia; finalmente este puede ser el único país democrático del mundo que condene a un jueces que pretenden investigar los crímenes de la dictadura mientras los verdugos siguen impunes.
Después de setenta y cinco años hoy es más necesario que nunca acudir a la memoria histórica para extraer de ella algunas lecciones vitales en un presente convulso como el nuestro en el que los poderosos vuelven a acudir al “estado de necesidad” para negar al pueblo sus más elementales derechos y conquistas.
Es difícil imaginar que los tanques del ejército español vuelvan a invadir las calles para combatir a sus conciudadanos. Sin embargo esto está pasando en otros pueblos del mundo y la excusa es la misma que en 1936: “la anarquía”, “el desgobierno”, “la incapacidad” de los gobernantes legítimamente elegidos, una excusa que, como en 1936, tiene un terrible precio en vidas humanas y supone un terrible retroceso para la humanidad.
En España, hoy como en 1936, los poderes económicos claman por el empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos para conservar sus privilegios. No necesitan iniciar ninguna guerra civil.
En nombre del “rigor”, de lo “inevitable” y con la poderosa ayuda de un ejército al que ellos llaman “el mercado”, compuesto de especuladores sin escrúpulos y políticos complacientes con sus dictados, pretenden dar un golpe de estado incruento pero fatal a los derechos reconocidos en esa Constitución que tanto alaban.
Cuando se cumplen 75 anos del levantamiento militar que inicio Franco en Melilla, desde el PCE su Secretario General, José Luis Centella “reclama una vez mas que se termine la injusticia histórica de mantener a miles de demócratas enterrados sin identificar en fosas comunes mientras el Dictador” y a continuado diciendo, “que mientras la persona que inicio una guerra que costo mas de un millón de muertos este enterrado con todos los honores en un gran mausoleo las victimas siguen enterradas en las cunetas de este país”.
Por último, desde el PCE se pide Justicia y Reparación mediante la retirada de la tumba de Franco del Valle de los Caídos y la ampliación de ley de Memoria Histórica para el justo resarcimiento de las victimas y sus familiares
Secretaría de Comunicación del PCE
Madrid 16 de julio 2011
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