laRepublica.es
Después de que el juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, diera a conocer más detalles de la condena impuesta al alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, que deberá pagar una multa de 6.840 euros por un delito de injurias a la Corona, el Coordinador de la Red de Municipios por la Tercera República, Antonio Romero, en declaraciones a laRepublica.es aseguró que "las sentencias judiciales se acatan, pero se critican y se analizan, experiencias que yo he seguido como portavoz de Interior y Justicia del Grupo Parlamentario en el Congreso durante varios años".
Para Romero, hay varias afirmaciones "que no se sostienen en la sentencia contra Barroso", como es aquella en la que se asegura que con el Código Penal de la República Barroso habría ido a la cárcel. "Hacer esta afirmación sin decir a continuación que el Presidente de la República tiene que dar cuenta de sus actos, no como el Rey, es muy grave".
"Además del hecho de que el Presidente de la República tiene un origen legítimo del que carece el Rey", continuó Romero, quien recordó que "el Presidente de una República se somete a las urnas periódicamente, y el Rey no. Por tanto, esta es una comparación sesgada".
"Es cierto que todas las Repúblicas tipifican como delito las injurias al Jefe del Estado, pero los Presidentes no están blindados ni son irresponsables jurídicamente como este Rey".
"Hay una segunda afirmación que dice que es más reprobable su actuación por el hecho de ser Alcalde, pero omite que Barroso no es alcalde por la gracia del Rey, tal y como Franco era Caudillo por la gracia de dios". "Barroso es alcalde porque lo han elegido los ciudadanos de Puerto Real".
Romero recuerda que "Barroso no fue puesto por el rey a dedo, pero el rey si fue puesto a dedo por Franco", por tanto "Barroso no tiene legitimidad monárquica, sino democrática".
El líder republicano recordó también que "los Ayuntamientos son Estados, por tanto pueden opinar sobre el modelo de Estado", y criticó que tengamos una "cúspide del Estado cortijero, que se hereda de padres a hijos y que implica, por tanto, corrupción ética y política".
Después de que el juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, diera a conocer más detalles de la condena impuesta al alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, que deberá pagar una multa de 6.840 euros por un delito de injurias a la Corona, el Coordinador de la Red de Municipios por la Tercera República, Antonio Romero, en declaraciones a laRepublica.es aseguró que "las sentencias judiciales se acatan, pero se critican y se analizan, experiencias que yo he seguido como portavoz de Interior y Justicia del Grupo Parlamentario en el Congreso durante varios años".
Para Romero, hay varias afirmaciones "que no se sostienen en la sentencia contra Barroso", como es aquella en la que se asegura que con el Código Penal de la República Barroso habría ido a la cárcel. "Hacer esta afirmación sin decir a continuación que el Presidente de la República tiene que dar cuenta de sus actos, no como el Rey, es muy grave".
"Además del hecho de que el Presidente de la República tiene un origen legítimo del que carece el Rey", continuó Romero, quien recordó que "el Presidente de una República se somete a las urnas periódicamente, y el Rey no. Por tanto, esta es una comparación sesgada".
"Es cierto que todas las Repúblicas tipifican como delito las injurias al Jefe del Estado, pero los Presidentes no están blindados ni son irresponsables jurídicamente como este Rey".
"Hay una segunda afirmación que dice que es más reprobable su actuación por el hecho de ser Alcalde, pero omite que Barroso no es alcalde por la gracia del Rey, tal y como Franco era Caudillo por la gracia de dios". "Barroso es alcalde porque lo han elegido los ciudadanos de Puerto Real".
Romero recuerda que "Barroso no fue puesto por el rey a dedo, pero el rey si fue puesto a dedo por Franco", por tanto "Barroso no tiene legitimidad monárquica, sino democrática".
El líder republicano recordó también que "los Ayuntamientos son Estados, por tanto pueden opinar sobre el modelo de Estado", y criticó que tengamos una "cúspide del Estado cortijero, que se hereda de padres a hijos y que implica, por tanto, corrupción ética y política".
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