Por su parte, los secretarios generales de CCOO y UGT de
Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, siguiendo esta convocatoria
de la Cumbre Social
han anunciado manifestaciones en las capitales de provincia de toda Andalucía
para el próximo 17 de diciembre por la tarde para rechazar la decisión del
gobierno del PP de no revalorizar las pensiones y contra la nueva Ley de tasas
judiciales.
Carbonero ha llamado a la ciudadanía a secundar las
manifestaciones ya que "el gobierno de Rajoy hará perder a los
pensionistas andaluces unos 300 millones de euros, haciéndoles en 2013 más
pobres que en 2012, y se acercará a la privatización del sistema de pensiones
en este país". En cuanto a la
Ley de tasas, el sindicalista señala que "ni los
dictadores que han pasado por este país se atrevieron a poner tasas a la
justicia y al derecho laboral", alertando de que "es un misil a la
línea de flotación del Estado de Derecho".
El líder sindical ha alertado sobre el "impacto
brutal" en los pensionistas andaluces de la decisión del gobierno del PP
de no revalorizar las pensiones, ya que las pensiones en Andalucía "son un
10% inferiores que la media estatal". "El gobierno de Rajoy hará
perder a los pensionistas andaluces unos 300 millones de euros", remarca
Carbonero, quien añade que esta merma en la capacidad adquisitiva de este colectivo
se verá agravada por "el incremento del precio de los medicamentos en un
20,7%, la subida de la electricidad y la calefacción en un 10% y el impacto de
los recortes en la Ley
de dependencia".
"Los pensionistas andaluces serán en 2013 mucho más
pobres que en 2012", ha resumido Carbonero, quien advierte también de que
esa decisión "rompe unilateralmente el Pacto de Toledo y los acuerdos
firmados con los agentes sociales y económicos para garantizar la viabilidad
del sistema público de pensiones hasta 2027". Pero "aún quedan nuevas
modificaciones de esos acuerdos", según el dirigente de CCOO, ya que el
gobierno "está buscando fórmulas para modificar las jubilaciones
anticipadas de los parados de larga duración, impedir los contratos de relevo y
alargar las jubilaciones anticipadas voluntarias a partir de los 63 años".
Ante esta situación, el sindicalista afirma que la intención
del PP "es ir dando pasos hacia la privatización de las pensiones en este
país", transformando un sistema público en "un producto de consumo y
del mercado para quien pueda pagárselo".
El otro motivo de la convocatoria del 17-D es la
modificación de las tasas judiciales, una medida que Carbonero califica de
"atentado a los derechos y retroceso" porque "ni los dictadores
que han pasado por este país se atrevieron a poner tasas a la justicia y al
derecho laboral".
Para el responsable de CCOO, resulta "muy grave"
que se limiten "las posibilidades de los trabajadores para recurrir en la
justicia de lo social" ya que conlleva "un desequilibrio y una
desigualdad que colocan a estos en una situación de desventaja frente al
empresario". "Quiebra la igualdad entre empresarios y trabajadores y
generará más desigualdades en el Estado de Derecho; es un misil a su línea de
flotación que hace que en este país ya no se sea igual ante la justicia en
función del dinero que tengas", ha denunciado.
No queda ahí esta "apuesta ideológica por un Estado de
dos niveles" sino que el gobierno, según Carbonero, "da otro paso más
al privatizar el Registro Civil", algo que en la práctica significa que
"los ciudadanos y ciudadanas deberemos pagar por servicios obligatorios
que hasta ahora eran gratuitos y a los que no podremos renunciar si queremos
ser considerados ciudadanos de un Estado de Derecho". "El PP pretende
que paguemos por registrar nuestro nacimiento, matrimonios y divorcios,
nacionalidad, tutela, actos de última voluntad, etc.. y hasta la muerte; quiere
privatizar toda nuestra vida, desde el parto hasta la tumba", ha
apostillado.
Por último, Carbonero ha hecho un llamamiento al Parlamento
de Andalucía y a los grupos parlamentarios para presentar un recurso de
inconstitucionalidad contra la nueva Ley de tasas judiciales y una proposición
no de ley contra la no revalorización de las pensiones.
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