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lunes, 10 de diciembre de 2012

Cayo Lara dirige una denuncia a la Fiscalía del Estado para que abra una "investigación exhaustiva" contra el fraude fiscal y las cuentas en paraísos fiscales


El Coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha hecho hoy público el escrito de denuncia registrado esta misma mañana ante la Fiscalía General del Estado en el que, en nombre de IU, solicita que se realice una “investigación exhaustiva y en profundidad” sobre todo el fraude fiscal que se comete en nuestro país y, en especial, que ésta se dirija contra aquellas personas o empresas que puedan tener cuentas secretas en Suiza o en cualquier paraíso fiscal.
La denuncia demanda también al máximo órgano fiscal que, en base a las diligencias que se practiquen, “en su caso, ejercite las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictivas”.
Lara ofreció una rueda de prensa en la sede federal de IU donde insistió en que la investigación demandada debe ir dirigida contra “cualquier empresa o particular que pueda poseer cuentas opacas en paraísos fiscales o en Suiza para evadir impuestos o para ocultar presuntas actividades delictivas”.
El máximo responsable de Izquierda Unida explicó que para llevar a cabo este arduo trabajo se ha requerido también que “se designe a un fiscal especial para que dirija la investigación hasta su conclusión y que se puedan ejercitar así todas las acciones penales oportunas”.
El escrito dirigido a la Fiscalía General del Estado elaborado por los servicios jurídicos de IU expone diversos hechos y datos. Una buena parte del mismo hace referencia a la situación vinculada al ciudadano italiano-francés Hervé Daniel Falciani, un informático ex trabajador del Banco HSBC en Ginebra que, en función de su trabajo, se hizo con un listado de miles de supuestos evasores fiscales con cuentas en Suiza.
Falciani fue detenido a su llegada a España el pasado verano y se encuentra pendiente de que la Audiencia Nacional decida si acepta la petición de extradición a Suiza solicitada por las autoridades helvéticas. El propio Falciani había explicado ya que durante su trabajo habitual pudo comprobar cómo diariamente se hacían cientos de operaciones –transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon- que no dejaban rastro.
Lara ha recordado que los datos hechos públicos por Falciani sacaron a la luz unas 3.000 cuentas pertenecientes a 659 contribuyentes españoles y con cantidades no declaradas de más de 6.000 millones de euros, por lo que la Agencia Tributaria inició en 2010 “la mayor regularización de la historia del fisco”, tal y como fue calificado por quien fuera secretario de Estado de Hacienda en 2010, Carlos Ocaña.
Datos de estas mismas características de Falciani han sido utilizados por los servicios de Hacienda de otros países, entre ellos Francia, para “identificar a miles de evasores de impuestos”. El informático detenido ha mostrado ya al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco “su total disposición a colaborar con España para tratar de encontrar a nuevos defraudadores españoles que tienen su capital en Suiza”, sin que haya habido una respuesta por parte del Gobierno del PP.
El escrito firmado por Cayo Lara dirigido a la Fiscalía General menciona también un informe de la Agencia Tributaria que señala que un 74% del fraude fiscal que cometen las empresas españolas suma un total de 44.000 millones de euros y se denuncia que “la mayoría de las investigaciones se llevan a cabo sobre autónomos profesionales liberales y trabajadores, cuyo fraude sólo representa el 8% del total”.
Informes en el mismo sentido del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) “señalan a las grandes fortunas y a las grandes empresas como los responsables del 71,8% del total del fraude en España”.
Asimismo, se recuerda que en la investigación con número de diligencias previas 3360/2009 del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona aparecen “presuntos indicios de vinculación de donaciones hechas a determinadas instituciones y personas por la concesión y realización de obras públicas por diferentes empresas, que requieren una adecuada investigación judicial para resolver sobre su legalidad”.
Por todo ello, el coordinador federal de IU ha insistido en que la Fiscalía General del Estado tiene “la misión de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público”.
Entiende que “debe abrirse, con la mayor celeridad posible y empleando todos los recursos a su alcance, una investigación en profundidad de todas aquellas personas y sociedades mercantiles que pudieran poseer cuentas en paraísos fiscales para no pagar impuestos o para ocultar presuntas actividades delictivas”.

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