Eva García Sempere y
Pedro J. Ortega
Mundo Obrero
Sólo en la II República hubo un
intento de repartir la tierra a través de la Reforma agraria.
El PCA ha emprendido una campaña de movilización junto con
organizaciones y asociaciones agrarias para reivindicar e impulsar la puesta en
marcha de un banco público de tierras en Andalucía, garante de la función
social que debe tener la tierra y que suponga un preludio de la ansiada reforma
agraria.
Crear un banco público de tierras para entregar terrenos
públicos sin aprovechamiento a trabajadores del campo andaluz es el objetivo
que se marca el PCA en Andalucía en un plazo corto de tiempo. Para ello, la
ocupación de fincas de forma simbólica está sirviendo para volver a poner el
foco de atención sobre la necesidad de los trabajadores y trabajadoras de
acceder a una legislación que garantice la función social de la tierra.
La situación que atraviesa el campo andaluz obliga a
garantizar unas condiciones dignas para las personas que están en paro y para
ello hay que promover y crear un nuevo modelo productivo más justo. Entre las
medidas que Izquierda Unida, partícipe del Consejo de Gobierno andaluz, está promoviendo
para crear un nuevo modelo productivo en la comunidad, figura una Ley del Banco
Público de Tierras como el paso hacia adelante para hacer que las fincas
improductivas puedan convertirse en generadoras de empleo y riqueza.
Andalucía es la región más poblada de España con 8,45
millones de habitantes y la segunda en extensión con más de 87.000 km2 con una
economía muy terciarizada y con un sector primario por desarrollar cuya tasa de
ocupación es de apenas un 9% del total de la población activa.
La concentración de tierras y el acaparamiento no es nuevo
en Andalucía. Existe una necesidad histórica de repartir la tierra ya que es
una de las regiones de Europa con mayor latifundismo. Esto ha sumido al mundo
rural en la miseria y ha forzado la migración. Sólo en la II República hubo un
intento de repartir la tierra a través de la Reforma agraria y que durante la dictadura avanzó
hacia la precarización y las tierras se vendieron. Ya en la Transición , en el marco
del proceso descentralizador de las autonomías, este tema volvió a entrar en
agenda política gracias a la movilización jornalera, pero la Ley de Reforma Agraria nació
muerta, y con una combinación de subsidio agrario y PER que, siendo necesarios,
trajeron una falsa paz social y desmovilización popular.
En la actualidad, el gran latifundio sigue intacto y
creciendo, pero el contexto económico tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria y la entrada en la crisis/estafa, ha sumido a Andalucía en una
situación de emergencia social que la sitúa como la región con peor mercado de
trabajo de toda Europa.
Con respecto a los niveles de latifundismo en Andalucía, el
1,6% de la población tiene el 58,1% de la superficie total de la tierra y del
10-20% de la población gestiona el 80% del territorio.
Por supuesto, y para agravar la cuestión, no existen datos
desagregados sobre cómo afecta todo esto a las mujeres: situaciones de las
jornaleras, en qué modelos y tamaños de tierras trabajan, si tienen acceso o no
a la propiedad, en qué regiones y por qué.
Sin que haya nada cerrado, el referente se orienta en una
legislación andaluza que garantice, al igual que se ha hecho en vivienda, un
cambio en el reparto que recupere el valor de la función social de la tierra,
consagrada por la
Constitución y el Estatuto de Andalucía.
Parece necesario, antes de todo, la retirada del artículo 35
del Decreto de Reordenamiento del sector público andaluz que hace referencia a
los bienes no ocupados por terceras personas y a la subasta de las tierras del
extinto IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria). 10.000 hectáreas
figuran en este momento en el registro del IARA que podrían ser subastadas, con
la consecuente pérdida de patrimonio, si no se retira este artículo.
La propuesta del PCA pasa por convertir estas 10.000 hectáreas ,
repartidas por las ocho provincias andaluzas, en un Banco Público de Tierras
que, según los cálculos del Grupo parlamentario de IULV-CA, generará un empleo
por hectárea, es decir, un total de 10.000 puestos de trabajo para personas sin
actividad laboral alguna.
Según el modelo que propone el PCA, podrían ser adjudicadas
a cooperativas con el tutelaje de la
Junta de Andalucía. No obstante, también parecen posibles
otras fórmulas con la colaboración de los ayuntamientos. Así, los consistorios
que tengan en su término municipal alguna finca perteneciente al Banco Público
de Tierras también tomarían parte en la adjudicación de los beneficiarios.
Ante todo, la propuesta del PCA debe ser garantista con la
sostenibilidad del campo, hacer protagonistas del proceso a los beneficiarios y
avanzar hacia su independencia. La agroecología como oportunidad para
revitalizar la economía local y la defensa de que ninguna tierra pública -o que
perciba subvenciones públicas- debe ser utilizada para cultivos de
biocombustibles ni OMG´s, suponen algunas de las ideas principales.
Es una propuesta que aboga por acabar con la dependencia, es
decir, legislar para garantizar la autosuficiencia. En definitiva, que los
beneficiarios sean soberanos y no dependan de ayuda pero que exista un control
sobre el uso de estas tierras públicas, lo que supone mantenerlas en
titularidad pública con periodos de cesión que pueden ser tan amplios como se
estime conveniente, permitiendo revisar el cumplimiento de los criterios de
cesión y evitando malas praxis. En el caso de las cooperativas se pretende una
dinámica similar con una titularidad que siempre ha de ser pública, aunque las
cesiones puedan prolongarse en periodos más amplios de tiempo.
A grandes rasgos, los objetivos parecen claros. Por un lado,
servir a la generación de empleo y la fijación de la población en el medio
rural, poniendo en valor las tierras andaluzas con aptitudes para la
agricultura y frenar la pérdida de superficie agraria útil. Por otro lado,
mejorar y ampliar la base territorial de las explotaciones, poner el patrimonio
público, los medios de producción, a disposición de la clase trabajadora para
la creación de empleo y potenciar tanto la agricultura y ganadería ecológica
como los canales cortos de comercialización.
La movilización del
PCA
Antes de llevar la propuesta a las instituciones andaluzas,
el PCA ha emprendido una campaña de movilizaciones, de ocupaciones simbólicas y
de encuentros con colectivos agrarios que tiene como objetivo reivindicar e
impulsar la reforma agraria integral que necesita el campo andaluz. Hasta que
ese momento llegue, se va trazando una propuesta programática sólida y
participada que el PCA llevaría a Izquierda Unida luego de celebrarse una
conferencia abierta del Partido sobre la situación del campo andaluz. La cita,
sin fecha determinada, se prevé como un análisis en detalle del escenario para
una reforma agraria integral basada en el principio de soberanía alimentaria y
que sirva para modernizar este sector permitiendo que miles de personas sin empleo
puedan trabajar en el campo y evitando que la acumulación de tierras por parte
de muy pocos propietarios siga siendo una causa más de paro y pobreza.
Lo que parece seguro, no sólo en Andalucía, es que el
problema del acaparamiento de tierras no es más que la constatación patente de
que hay lucha de clases y que, de momento, no la vamos ganando nosotros, pero
siempre se le puede dar la vuelta.
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