Antonia Morillas
Portavoz del Grupo de la Diputación Provincial
de IULV-CA y Concejal del Ayuntamiento de Málaga
A ocho años de la aprobación de la Ley integral contra la
violencia de género, podemos decir que la violencia continua constituyendo un
instrumento de control patriarcal sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. La
violencia de género aparece en nuestra cabeza como un recordatorio cotidiano,
que nos sitúa en una posición de inferioridad y subalternidad en las complejas
relaciones de poder que conforman el marco de relaciones económicas y sociales.
Las mujeres conocemos de primera mano la violencia, y aunque
no todas hemos sufrido la violencia física, todas hemos experimentado en
multitud de ocasiones la violencia estructural contra nosotras, en tanto que
mujeres. BrownMiller decía que “todas somos víctimas de violación” en tanto la
amenaza funciona como instrumento de coacción de impacto incalculable en el
quehacer cotidiano de cualquier mujer. Algunas teóricas y activistas feministas
como Ana de Miguel, hablan del proceso de “intimidación masculina”.El efecto
multiplicador de saberse amenazada por el hecho de ser mujer y que contribuye
sobremanera a la reproducción de la desigualdad entre hombres y mujeres en
todas y cada una de las esferas de la vida: en el acceso y condiciones en el
mercado laboral, en los modos de vivir las relaciones sexuales y afectivas, en
nuestro ocio, también en nuestra militancia. Hasta en nuestra forma de pasear
la calle, de experimentar el espacio público y privado, en la “actitud”, que
muchas nos esmeramos en deconstruir, aunque no siempre con éxito. Con más
contradicciones y conflictos que sonrisas.
La violencia de género es un problema político de primer
orden, y ese paso, de ser abordado como un asunto personal, de pareja, del
ámbito privado, al ámbito público, ha costado décadas de luchas de los
movimientos feministas y sus aliados, de las feministas que han intervenido en
los poderes públicos. “Lo personal es político” continua sintetizando y
atravesando buena parte de las reivindicaciones feministas actuales. Sin
embargo, esa consideración de la violencia patriarcal como problema político y
colectivo, de las mujeres y de la sociedad estructurada sobre la base de
multiplicidad de “desigualdades” (de género, de clase, étnica,
generacional...), enfrenta hoy distintas tensiones que dificultan su
superación. Por citar solo algunas de ellas:
Hay un discurso público “normalizado” de rechazo de la
violencia de género, si bien es cierto, que convive con discursos de la élite y
populares coincidentes, que aún justifican, sirviendo de caldo de cultivo, unos
más evidentes y abiertos, otros, la mayoría, más sutiles. Estos últimos no
ocupan titulares de periódicos y no por ello son menos efectivos. Esta
deslegitimación “pública” de la violencia de género, contrasta con un aumento
de la presencia de la violencia en sus diferentes manifestaciones, como forma
de relación en nuestra sociedad, como escena presente, ficticia o real, pero
presente.
Se normaliza una consideración parcial de aquello que
comprende la violencia de género. Hay acuerdo en el rechazo “público” a las
formas más brutales de la violencia de género, sin embargo, se continua
limitando su ámbito al de la pareja, invisibilizando otras formas de violencia
de género, digamos por ejemplo el acoso sexual, este mismo en el ámbito
laboral, la violencia simbólica o la obligación a ejercer la maternidad contra
nuestra voluntad, que implican las restricciones que el PP ha planteado en
cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Acaso no es violencia
obligar a ser madre a una mujer que no ha decidido serlo? Esa violencia no solo
se invisibiliza, sino que se ejerce, legalmente, por parte del Estado,
estigmatizando y negando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
personales e intransferibles, a las mujeres.
El conjunto de poderes públicos, unánimemente acuerdan
“luchar contra la violencia de género, en tanto que lacra social” que diría
cualquiera de las mociones aprobadas en los ayuntamientos en estos días que
rondan el 25 de noviembre. Ese acuerdo unánime no tiene su justo traslado en
forma de políticas y acciones concretas y efectivas. Si la violencia de género
es “una de las mayores lacras de nuestra sociedad”, ¿por qué no es una
prioridad política y presupuestaria? No es una prioridad presupuestaria, porque
no es una prioridad: así de sencillo. Porque no es una prioridad, se han
recortado en todos los niveles de la administración los presupuestos destinados
para 2013 a
la construcción de condiciones de vida igualitarias entre hombres y mujeres.
Por ello se ha recortado un 15,67% de los presupuestos para la igualdad del
gobierno central, representando con respecto al presupuesto consolidado un
ridículo 0,0108%. Porque no es una prioridad, y porque en el fondo, muchos
siguen pensando(actuando) que la violencia patriarcal responde a casos
particulares y no a un problema social, colectivo, que se llama patriarcado.
El discurso de la igualdad se ha hecho institucional. Mejor
dicho, los feminismos y sus activistas han conseguido que los presupuestos de
la igualdad sean incorporados en la agenda política, en todas las declaraciones
mundiales, locales, regionales. Son sin duda, objetivos de la década, del siglo
y del milenio. Sin duda una conquista que lleva a sus espaldas años de luchas.
Sin embargo, del dicho al hecho...ya se sabe. Frente al discurso de la igualdad
institucionalizado, nos topamos con la realidad de la desigualdad. Y ahí
andamos, “entre el techo de cristal y el suelo pegajoso”.
Saskia Sassen, socióloga norteamericana sostenía la tesis de
la “feminización de la supervivencia” en su análisis sobre la globalización
neoliberal y el impacto de esta en las mujeres. Su análisis es demoledor y nos
es útil para entender cómo las políticas neoliberales perpetúan el papel
subalterno de las mujeres, cuando provocan la situación actual de exclusión y
desempleo y desmantelan los servicios públicos que cubren las necesidades
sociales (la sanidad, la educación, los servicios sociales...), haciendo recaer
con mayor peso, sobre estas, el trabajo de cuidados, invisible, no remunerado,
que habría de estar socializado. Algunas compañeras hablan de la Revolución del Tupper,
que con toda su carga simbólica, sitúa con extrema claridad, el rol central que
adquiere la mujer trabajadora en el sostenimiento de las redes sociales y
familiares en una situación económica y social de empobrecimiento masivo y de
abandono por parte de los poderes públicos de aquel viejo principio de proveer
de felicidad a lxs miembros de la comunidad.
La privatización o eliminación de los servicios de apoyo a
las mujeres que sufren violencia, la situación económica que viven la mayoría
de las personas y que opera como impedimento en la autonomía y libertad en la
toma de decisión sobre el divorcio o la denuncia de violencia, o la nueva
regulación de las tasas judiciales, que impedirá que las mujeres con menos
recursos, la mayoría, se decidan a denunciar la violencia, son las acciones
políticas concretas que se están desarrollando por parte del gobierno central,
en connivencia con los mandatos de la Troika. Eso sí, han puesto en marcha una campaña
de sensibilización, con su spot, sus famosos y todo.
Cierro esta breve reflexión, sobre el decir y el hacer, con
tres pinceladas de la última medida de las tasas judiciales, porque violenta el
principio de justicia universal, acentuando la existencia de una justicia para
lxs pobres y otra para lxs ricos. Justicia, para la que pueda pagársela. El
establecimiento de estas tasas vendrá a agravar la desigualdad entre las
propias mujeres, entre las que puedan permitirse costearse la justicia y las
que no. Los divorcios se pagarán a partir de 300 euros más el 0,5% de lo que se
solicite. Si hay recurso posterior, lo cuál es bastante habitual, se pagará a
partir de 800 euros. También se pagará si se recurre el régimen de custodia o
cualquier otra medida. Que duda cabe que estas tasas judiciales actuarán de
elemento disuasorio para que las mujeres denuncien situaciones de violencia.
Mientras tanto, desde el gobierno continuarán diciéndonos a las mujeres que
denunciemos, que no tengamos miedo.
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