El Parlamento Andaluz ha otorgado hoy, a instancias de
IULV-CA y con el voto favorable del PSOE, el reconocimiento oficial de víctimas
a los afectados por el robo de hijos o hermanos y por las adopciones ilegales
realizadas durante los años comprendidos entre 1940 y 1990 en Andalucía.
Se ha expresado también la voluntad del Parlamento para que
el Tribunal Superior de Justicia acceda a la apertura de los archivos del
Tribunal Tutelar de Menores, archivos eclesiásticos y de las clínicas donde se
realizaron las sustracciones y entregas.
“Se da un paso más en las demandas que desde asociaciones y
colectivos así como fuerzas políticas que vienen denunciando la pasividad con
la que Gobierno del Estado y gobiernos autonómicos han abordado las exigencias
de Verdad, Justicia y Reparación” ha señalado Alba Doblas, diputada de IULV-CA
portavoz en la Comisión
de Justicia del Parlamento andaluz.
Los casos de bebés
robados en España
Los casos de bebés robados en España, desde hospitales
públicos y desde los privados pertenecientes a la Iglesia católica, no han
parado de salir a lo largo de estos años. Las denuncias, tal y como recoge la PNL aprobada, ascienden a 300
mil casos de bebés robados en el periodo comprendido entre los años 40 y 90.
Doblas ha defendido que se trata de “madres jóvenes a las
que se les decía que su hijo o hija había muerto y los casos de la posguerra
cuando los golpistas se hicieron con los hijos e hijas de las presas
republicanas” lo que ha juicio de Izquierda Unida es un claro ejemplo de violencia de género
El PP “alterado con
la propuesta” considera que robar un niño a su madre “no es violencia de
género”
El Grupo parlamentario Popular en voz de su portavoz, ha
justificado la abstención del Grupo por el “contenido ideológico” de la PNL. A juicio del Grupo
Popular las asociaciones y colectivos que atienden a las ya víctimas - según el
Parlamento andaluz – “no se sienten reflejados” si se encuadran estos hechos
dentro de la violencia de género, porque según afirmó “no afectaba solo a
madres, sino también a padres y hermanos, no se ejercía abuso de poder y no era
manifestación del poder del hombre sobre la mujer”.
Esta valoración de la derecha, a juicio de la diputada
Doblas “responde a la misma razón por la que se persiguió al Juez Garzón, la
imposibilidad ideológica del PP de reconocer la dictadura franquista como tal”.
Asimismo el portavoz del PP realizó una crítica feroz a la
vinculación, defendida por IULV-CA, de estos hechos con la dictadura
franquista, lo que, a juicio del grupo de la derecha, suponía introducir una
“cuestión ideológica inaceptable”, así como negó que en la posguerra se
realizasen robos de niños a las presas políticas del régimen golpista.
Igualmente, el portavoz del PP consideró “inaceptable” la
vinculación que IULV-CA hace entre la Iglesia y los robos de niños. El portavoz del PP
destacó, además, la “colaboración” de los obispados en el esclarecimiento de
los hechos, afirmación que fue rechazada ostentosamente por los integrantes de
los demás grupos.
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