El Coordinador Federal de IU, Cayo Lara, ha criticado el
decreto sobre los desahucios elaborado por el Gobierno por considerarlo “un
traje a medida de la banca”, ya que ha señalado que cumple las peticiones que
hizo la semana pasada Asociación Española de Banca (AEB), que se comprometió a
paralizar los desahucios durante los dos próximos años “en aquellos casos en
que concurran circunstancias de extrema necesidad”.
El dirigente federal ha manifestado en rueda de prensa que
el Ejecutivo y los bancos han tenido una “responsabilidad inducida” en los
suicidios que han tenido lugar hasta el momento debido a los desahucios, si
bien ha destacado que “a partir de ahora tendrán responsabilidad directa, con
premeditación y alevosía” debido a que ya conocen el problema y el Gobierno ha
elaborado un decreto con el objetivo de solucionar esta situación.
Asimismo, Lara ha acusado a la banca ha “chantajeado” al
Gobierno de cara a la redacción del decreto aprobado la semana pasada, por lo
que se ha preguntado si las deudas de las entidades financieras rescatadas con
dinero público son “buenas” mientras las de las hipotecas son “malas”.
“Vamos a seguir trabajando para que el poder político esté
por encima del poder de la banca española. Ya está bien que sea la banca la que
esté marcando los destinos de este país”, ha subrayado después de anunciar que
la semana próxima el grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el PP mantendrán
una reunión en el Congreso de cara a la tramitación parlamentaria.
Así, ha explicado que durante el pasado Pleno de la Cámara Baja la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se dirigió a él para
pedirle conocer las propuestas de Izquierda Unida sobre el problema de los
desahucios, tras lo cual le llamó el portavoz ‘popular’, Alfonso Alonso, de
cara a fijar un encuentro.
De este modo, el dirigente de IU ha indicado que será el
martes de la semana que viene, 27 de noviembre, cuando, antes o después de la
reunión de la Junta
de Portavoces del Congreso, se reunirá con responsables del Grupo Popular. “Le
haremos llegar nuestra opinión”, ha señalado.
Sobre si cree que el Ejecutivo tendrá en cuenta las
sugerencias de IU de cara a la aprobación del decreto, Lara ha respondido que
esto “depende del Gobierno, de los 186 diputados del PP y de lo que
sensibilizados que se sientan ante este problema”.
En cualquier caso, ha remarcado que su intención es pedir al
PP que en la negociación sobre el asunto se incluya a todos los grupos
parlamentarios y también a las asociaciones de afectados por los desahucios, al
tiempo que hará hincapié en que sus “líneas rojas” serán los ciudadanos y no la
banca.
“Es la banca la que ha fijado una vez más las líneas rojas
que el Gobierno no debe traspasar. El decreto generó muchas expectativas, pero
no resuelve los problemas de la mayoría de la gente que hace frente a un
desahucio”, ha denunciado Lara, para quien la moratoria de dos años es “muy
restringida” y a “la inmensa mayoría” de las personas que pueden verse
afectadas por un desahucio “no le alcanzan las 'bondades' de este decreto”.
Además, el dirigente de IU ha lamentado que la medida del
Ejecutivo tiene “un claro carácter temporal”, ya que no recoge cambios
legislativos, tanto en la
Ley Hipotecaria como en la de Enjuiciamiento Civil.
Por ello, ha demandado que el decreto sea modificado en el
Congreso para que sea retroactivo a la hora de introducir la dación en pago,
que una vivienda se pueda transformar en alquiler social a petición del dueño,
que se promueva un parque de viviendas de alquiler social con todas aquellas
que pasen a formar parte del 'banco malo' y que se modifiquen las citadas leyes
y elaborar otra de rango orgánico que garantice el derecho a una vivienda
digna.
En cualquier caso, Lara ha dicho estar “convencido” de que
los jueces seguirán paralizando desahucios, por lo que espera que, ante esta
situación, el Gobierno decida suspender de forma automática todas las órdenes.
Por otra parte, el coordinador federal de IU ha exigido al
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ordene a las comunidades autónomas
gobernadas por el PP que no apliquen el euro por receta ni cualquier otro tipo
de “repago” en la sanidad pública y que, en el caso de Cataluña, interponga un recurso
de inconstitucionalidad de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado.
Así pues, Lara ha mostrado su “solidaridad” con las
protestas que está protagonizando estos días el personal sanitario porque, a su
juicio, las privatizaciones en el ámbito de la sanidad pretenden “convertir un
derecho en un negocio.
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